Sin homenajes

Opinión, por Miguel Anaya

México no es un país maldito. Tampoco es, como repiten algunos con entusiasmo trágico, un Estado fallido. Es algo más complejo: es un país que aprendió a convivir con lo que debería indignarlo todos los días.

El narcotráfico no apareció por generación espontánea ni descendió del cielo en forma de plaga bíblica. Creció donde el Estado no sembró oportunidades, floreció donde la autoridad decidió cobrar cuotas en vez de gobernar y se consolidó donde la sociedad aceptó que “así son las cosas”. No fue un rayo; fue una humedad persistente que nadie quiso secar del todo.

Durante décadas, el negocio evolucionó. Pasó de ser cultivo serrano tolerado a corporación criminal globalizada. La frontera con Estados Unidos —el mayor mercado consumidor del planeta— convirtió a México en administrador involuntario de una demanda que no creó, pero que aprendió a capitalizar. El norte puso el consumo y buena parte de las armas; el sur puso los muertos y las estadísticas.

En 2006, la declaración de guerra al narco prometió recuperar el control. Lo que vino fue la fragmentación del monstruo. Se capturaron capos y nacieron facciones. Se celebraron operativos y crecieron los territorios en disputa. La violencia dejó de ser un conflicto entre organizaciones y se convirtió en paisaje cotidiano. Porque dividir un problema sin reformar las instituciones no lo elimina: lo multiplica.

Y, sin embargo, reducir el fenómeno a balas y capos es un error cómodo. El narcotráfico también es economía paralela, movilidad social acelerada y narrativa aspiracional. Es el espejismo del dinero inmediato en un país donde el ascenso legítimo suele ser lento y frustrante.

Nos escandaliza la violencia, pero consumimos las series. Condenamos a los criminales, pero coreamos los corridos. Nos duele la corrupción estructural, pero toleramos las pequeñas mordidas cotidianas. Y así, entre indignación pública y complicidad privada, el sistema encuentra oxígeno.

Eventos como los ocurridos el 22 de febrero en Jalisco no son explosiones espontáneas de caos; son mensajes. Demostraciones de capacidad logística. Recordatorios de que el poder territorial no se evapora: se ocupa. Cuando el Estado deja espacios, alguien más los administra con fusiles y contabilidad.

México no está condenado a esta espiral. Pero tampoco saldrá de ella con discursos épicos ni con estrategias de temporada. La solución no es cinematográfica. Es aburrida. Se llama inteligencia financiera sostenida, policías locales profesionales, fiscalías independientes y jueces protegidos. Se llama castigar la corrupción pequeña con seriedad. Se llama constancia.

El problema es que la constancia no da aplausos inmediatos. No produce imágenes espectaculares para el noticiero nocturno. No genera la ilusión de victoria en seis meses. Requiere una década de disciplina institucional. Y exige algo excepcional: responsabilidad compartida.

La espiral de violencia no es destino manifiesto. Es consecuencia del método histórico. Y los métodos, a diferencia del fatalismo, pueden modificarse.

En medio de esta tensión permanente, hay que reconocer algo que suele decirse poco y discutirse mucho: las Fuerzas Armadas han cargado durante años una responsabilidad que rebasa su diseño original. Soldados que patrullan calles que no fueron pensadas como frentes de guerra. Elementos que cumplen órdenes en escenarios donde la política titubea. A ellos, y a los soldados caídos en cumplimiento del deber, corresponde un reconocimiento sobrio, sin estridencias, pero firme.

También a los civiles que quedaron heridos o atrapados en medio de fuegos cruzados les corresponde algo más que estadísticas. Les corresponde justicia. Y, sobre todo, un Estado que evite que su tragedia se repita.

Después de los terribles sucesos, un líder de transportistas resumió el sentir de muchos con una frase que no admite metáforas ni adornos: “No queremos homenajitos, queremos seguridad”. Duro, incómodo y certero. Porque los operadores de camiones asesinados o desaparecidos no necesitan placas conmemorativas; necesitan rutas seguras. Sus familias no necesitan discursos; necesitan garantías.

Ahí está la medida real de lo que debemos pedir: no épica, no simbolismo, sino seguridad concreta. Instituciones que funcionen. Autoridad que proteja sin negociar.

Exijamos que así sea.