Réplica pública a la columna de Daniel Emilio Pacheco: Las cuñadas del poder

Con el derecho que me asiste y de acuerdo a la legislación vigente, solicito el derecho de réplica a la columna de Daniel Pacheco, por lo que solicito sea íntegramente publicada en los mismos términos de dicha columna:

Réplica pública

La columna publicada por Daniel Emilio Pacheco no es un ejercicio de periodismo: es un texto construido a partir de insinuaciones, medias verdades y omisiones deliberadas para instalar una narrativa que no resiste el contraste con los hechos.

Primero.
El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo no tiene facultades para contratar personal ni asignar plazas. Esa es una atribución exclusiva de la administración del Congreso del Estado. Presentar como “nepotismo sindical” decisiones administrativas que corresponden al propio Congreso es, en el mejor de los casos, ignorancia del funcionamiento institucional; en el peor, una manipulación consciente de la información.

Segundo.
Cuando surgieron señalamientos respecto de personas con vínculos familiares que laboraban en el Congreso, esas personas presentaron su renuncia de inmediato. No hubo simulación ni protección alguna. Tomaron la decisión precisamente para evitar cualquier conflicto de interés y cerrar de raíz un tema que pretendía usarse para desviar la discusión de fondo con respecto a la aplicación del escalafón.

Tercero.
El llamado “Programa de Movilidad Laboral” no es una “chistera”, como intenta caricaturizar el columnista. Es un mecanismo transparente que permite ordenar ascensos y mejorar condiciones salariales de trabajadores con trayectoria y antigüedad, algo que durante años fue negado en el Congreso por la discrecionalidad con la que se manejaban las plazas.

Cuarto.
El verdadero tema que se intenta ocultar con este tipo de columnas es otro: desde 2020 el sindicato ha impedido que las plazas que quedan vacantes por jubilación se repartan discrecionalmente entre grupos políticos o intereses particulares. Gracias a esa defensa del escalafón, decenas de plazas no han podido utilizarse como botín político.

Ese es el fondo del conflicto.

Quinto.
La columna pretende presentar como “escándalo” conversaciones privadas descontextualizadas y filtradas con evidente intención política. Lo que omite decir es que el sindicato ha sostenido públicamente la misma postura desde hace años: que las plazas deben respetar el escalafón y que los trabajadores deben tener derecho a la movilidad laboral.

Sexto.
También resulta revelador que el texto pretenda legitimar una convocatoria a asamblea promovida bajo presiones externas hacia trabajadores del Congreso. El sindicato tiene estatutos y procedimientos claros, y la vida interna de la organización no puede ser manipulada desde la administración, ni desde intereses ajenos a los trabajadores.

Finalmente.
La columna intenta demeritar la imagen del dirigente sindical para evitar discutir el tema real: la defensa del escalafón frente a la discrecionalidad en el manejo de plazas públicas, en derecho de los trabajadores para su mejora de condiciones laborales y salariales.

Ese debate no se resuelve con adjetivos ni con literatura política simple. Se resuelve con hechos.

Y los hechos son claros: durante años las plazas del Congreso se utilizaron con discrecionalidad. Hoy existe un sindicato que ha decidido defender los derechos laborales de los trabajadores y exigir que esas plazas se asignen conforme a reglas claras.

Eso es lo que realmente incomoda.

Lo demás —las insinuaciones, los ataques personales y las columnas construidas al servicio de intereses políticos— no cambia una realidad: el sindicato seguirá defendiendo el escalafón, la legalidad y los derechos de sus trabajadores.

César Íñiguez González, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo del Congreso de Jalisco