Rancho Izaguirre: solo las prendas hablan

Opinión, por Iván Arrazola

A un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, el caso continúa rodeado de incertidumbre. Lo único que parece hablar con claridad son las prendas de vestir, los zapatos y los objetos personales encontrados en el lugar. Esos objetos silenciosos se han convertido en el testimonio más contundente de lo que pudo haber ocurrido en ese sitio, mientras las autoridades siguen sin ofrecer una explicación clara sobre cuántas personas estuvieron ahí ni cuál fue su destino.

La seguridad pública —que debería ser una prioridad para cualquier gobierno— volvió a verse rebasada por los hechos. Diversos indicios señalan que desde 2021 las autoridades estatales tenían conocimiento de actividades sospechosas en la finca; sin embargo, no actuaron con la diligencia necesaria. Posteriormente, en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional ingresó al inmueble y la Fiscalía de Jalisco asumió el control del predio, tampoco se garantizó su resguardo adecuado. Precisamente estas omisiones son señaladas en la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en su recomendación múltiples irregularidades en la investigación. Según el organismo, la Fiscalía del Estado de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses omitieron realizar el procesamiento técnico adecuado de las evidencias y no aseguraron correctamente el sitio. Estas omisiones derivaron en violaciones a derechos fundamentales como la legalidad, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.

La Comisión detectó fallas en la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, etiquetado y traslado de evidencias, elementos fundamentales para garantizar la cadena de custodia. De hecho, al revisar el expediente, la CNDH no encontró registros que acreditaran el aseguramiento de varias prendas ni los documentos correspondientes de cadena de custodia.

Las irregularidades también alcanzaron el manejo de los vehículos encontrados en el lugar. No se localizaron dictámenes periciales que demostraran que hubieran sido sometidos a un análisis técnico completo, y tres de ellos incluso fueron sustraídos meses después del aseguramiento del inmueble. Estos hechos evidencian fallas graves en la preservación del sitio y en la conducción de la investigación.

Ante estas irregularidades, la CNDH solicitó a la Fiscalía de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer una disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos. También recomendó actualizar los protocolos de actuación para la preservación de lugares de intervención, el manejo de la cadena de custodia y el procesamiento técnico de indicios.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que existe un avance del 64.44% en el procesamiento integral del lugar, que han sido detenidas 47 personas y que continúan ejecutándose órdenes de aprehensión. En el ámbito local, incluso fue detenido el presidente municipal del municipio donde se ubica el rancho, a quien la Fiscalía imputa los delitos de delincuencia organizada y omisión. De acuerdo con la investigación, el funcionario presuntamente tenía conocimiento de las actividades que se realizaban en el lugar y no actuó para impedirlas.

De las diez personas detenidas en el rancho en septiembre de 2024, todas fueron sentenciadas a penas superiores a 114 años de prisión. Las condenas se dictaron por los delitos de homicidio calificado y desaparición cometida por particulares.

Sin embargo, a pesar de estos avances judiciales, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿cuántas personas pasaron por ese lugar y qué ocurrió con ellas? Mientras la Fiscalía General de la República sostiene que el rancho funcionaba como un campo de entrenamiento criminal y no como un sitio de exterminio —como sostienen los colectivos de madres buscadoras—, la investigación no ha logrado ofrecer pruebas concluyentes que despejen las dudas.

En este contexto, el caso también ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad de las distintas instituciones. La recomendación de la CNDH se concentra principalmente en las autoridades locales, sin profundizar en el papel que pudieron haber tenido las instancias federales en la investigación o en el seguimiento del caso. Incluso se ha criticado la decisión del entonces fiscal general de permitir el ingreso de periodistas y colectivos al rancho cuando aún se recababan pruebas, lo que pudo comprometer la preservación de la escena.

Así, el Rancho Izaguirre se ha convertido en un símbolo de la crisis institucional que enfrenta México en materia de desapariciones. Las fallas en la preservación del lugar, las deficiencias en la investigación y la falta de coordinación entre autoridades reflejan un sistema incapaz de ofrecer respuestas rápidas y contundentes.

Mientras tanto, lo único que permanece como evidencia visible son las prendas, los zapatos y los objetos encontrados en el sitio. Esos objetos —que pertenecieron a personas con nombre, historia y familia— siguen siendo, hasta ahora, los únicos que hablan con claridad sobre el horror que pudo haber ocurrido en ese lugar.