Crónica de una derrota anunciada: San Lázaro frena reforma electoral de Claudia Sheinbaum

Por Francisco Junco

En el tablero político de la Cámara de Diputados de México, la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum parecía destinada al fracaso antes de que comenzara la votación. Las señales eran claras: la oposición había cerrado filas para rechazarla y, dentro del propio bloque oficialista, algunos aliados advertían que no acompañarían el proyecto.

Mientras el dictamen comenzaba a discutirse en comisiones y en los pasillos legislativos, el ambiente en San Lázaro reflejaba una tensión política que iba más allá de una simple reforma técnica. Lo que estaba en juego era una modificación al sistema electoral mexicano que requería mayoría calificada.

La iniciativa presidencial buscaba, entre otros objetivos, reducir el costo del sistema electoral, modificar la integración del Congreso y ajustar algunos mecanismos de representación proporcional.

Distintas fuerzas parlamentarias, tanto de oposición como dentro de la propia coalición gobernante, manifestaron reservas sobre algunos de los cambios más profundos del proyecto. Entre ellos destacaba la propuesta original de eliminar a los diputados de representación proporcional, una medida que provocó críticas inmediatas por considerar que podía afectar el equilibrio de representación en el Congreso.

Frente a las advertencias de partidos aliados como el PT y el PVEM, el planteamiento fue matizado antes de ser presentado. La desaparición de los llamados diputados plurinominales dejó de formar parte del núcleo de la iniciativa y fue sustituida por una modificación al método de elección de estos representantes.

Sin embargo, en el terreno parlamentario, la propuesta se enfrentó a una barrera política casi infranqueable. Las bancadas de oposición adelantaron que no respaldarían cambios constitucionales sin un proceso amplio de debate.

El coordinador parlamentario del PAN, José Elías Lixa, expresó:
“Esta reforma no puede aprobarse cuando fue presentada sin diálogo suficiente con todas las fuerzas políticas. Las reglas electorales deben construirse con consenso, no imponerse desde una mayoría”.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, cuestionó el sentido político de la iniciativa:
“Lo que se nos propone no es una modernización del sistema electoral, sino un rediseño que podría terminar favoreciendo la permanencia en el poder del partido gobernante”.

Mientras la oposición consolidaba su rechazo, el bloque oficialista intentaba defender la reforma como parte de la agenda de transformación institucional impulsada por el nuevo gobierno. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, asumió la tarea de argumentar en favor de la iniciativa:
“Esta reforma busca reducir los privilegios del sistema político y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en materia electoral”.

Pero incluso dentro de la coalición que respalda al gobierno comenzaron a aparecer señales de distanciamiento. Los partidos aliados, indispensables para alcanzar la mayoría constitucional, manifestaron reservas sobre algunos aspectos del proyecto.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, advirtió que las reformas electorales deben evitar cualquier percepción de concentración del poder:
“Nosotros creemos que una reforma electoral debe construirse con el mayor consenso posible, porque se trata de las reglas de la democracia”.

Se pronunció también el dirigente parlamentario del PVEM, Carlos Puente, quien sostuvo que las transformaciones al sistema electoral requieren acuerdos amplios entre fuerzas políticas:
“Las reglas del juego democrático no pueden modificarse sin un consenso que les dé legitimidad”.

Con esas posiciones sobre la mesa, el debate avanzó hacia el momento decisivo: la votación en el pleno de la Cámara de Diputados. En el salón, el tablero electrónico se convirtió en el centro de atención mientras los legisladores emitían su voto.

Cuando el conteo final apareció en el tablero, el resultado confirmó lo que muchos anticipaban: 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención. La reforma no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

En la votación obtuvo el respaldo mayoritario de la bancada de Morena, aunque tres legisladores morenistas votaron en contra de la propuesta presidencial y además se registraron cuatro ausencias. Ese apoyo resultó insuficiente para alcanzar la mayoría calificada.

Las bancadas de oposición votaron en contra del dictamen, cerrando filas para impedir su aprobación. A este bloque se sumaron legisladores de partidos aliados del oficialismo, como el PT y el Verde, cuyos votos resultaron decisivos para que la iniciativa no alcanzara las dos terceras partes necesarias.

La derrota legislativa marcó un punto de inflexión en la discusión política sobre el futuro de la reforma electoral. Aunque el proyecto constitucional había sido rechazado, el debate sobre posibles cambios al sistema político mexicano apenas comenzaba.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó públicamente al resultado de la votación. Sostuvo que la decisión del Congreso formaba parte del proceso democrático.“No lo considero una derrota. Era importante presentar la propuesta y que cada legislador asumiera públicamente su posición frente a la ciudadanía”.

La presidenta también dejó claro que el rechazo legislativo no significaba el final del intento de reforma electoral. Ese camino fue descrito como un “Plan B”: una propuesta que buscaría avanzar en algunos cambios mediante modificaciones a leyes secundarias, las cuales requieren únicamente mayoría simple en el Congreso.

La nueva ruta legislativa implicaría replantear los alcances de la reforma y abrir un nuevo capítulo en la discusión política sobre el sistema electoral mexicano. Ahora se enfocaría en disminuir las curules en los congresos locales y en los ayuntamientos.

Así, la reforma electoral presidencial cerró su primer episodio parlamentario con el desenlace que muchos anticipaban desde el principio: una iniciativa que, desde su presentación, parecía destinada a convertirse en una crónica de la muerte anunciada en el Congreso.