El fin de las pensiones doradas: Reforma busca frenar los abusos en el sistema de retiro

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos

Toda persona que trabaja tiene como meta final lograr una pensión o, como popularmente suele decirse, una jubilación. Tal idea es sustento del principio universal que busca el retiro laboral —lo que conlleva un ingreso y asistencia estables— de los trabajadores; ese es el tiempo de celebrar los logros de una vida productiva, el momento para valorar lo vivido y, de forma invariable, afrontar nuevas opciones.

Es oportuno aclarar que, aunque las dos palabras (pensión y jubilación) suelen usarse como sinónimos, no lo son. La pensión es una prestación económica periódica que protege a los trabajadores —o a sus beneficiarios— ante situaciones como vejez, invalidez, enfermedad o fallecimiento. El pago que recibe el pensionado o sus beneficiarios es una entrega mensual generada por haber cumplido los requisitos de cotización a la seguridad social o a ciertos planes de retiro.

En cambio, la jubilación es una percepción que se otorga a una persona que, cumplido el ciclo laboral que la ley prevé, deja de trabajar por su edad y obtiene una pensión. Es decir, todo retirado recibe una pensión, aunque no sea jubilado; pero todo jubilado es, necesariamente, pensionado.

En México funcionan principalmente dos sistemas para pensionarse —además de los correspondientes a las fuerzas armadas y a entidades federativas, como el Instituto de Pensiones de Jalisco o los sistemas universitarios—. Uno es el del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a los trabajadores del sector privado, y otro es el del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, destinado a los servidores públicos federales.

El primero prevé el retiro con base en dos leyes sustantivas: la del organismo de 1973 —ya derogada— y el ordenamiento vigente desde 1997. En el régimen de la ley de 1973 se respetaron los derechos de los afiliados durante su vigencia, y tanto la institución como el Estado mexicano responden por su cumplimiento.

En el sistema vigente desde 1997, la base son las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), hoy en día pilar del sistema financiero y de la seguridad social del país. Este esquema sustituyó gradualmente el modelo de pensiones de beneficio definido por un sistema de cuentas individuales administradas por instituciones financieras especializadas.

A casi tres décadas de su implementación, el sistema posee recursos históricos y ha ampliado su cobertura formal; sin embargo, también ha dejado al descubierto una realidad preocupante: millones de trabajadores podrían llegar a la vejez sin una pensión suficiente o incluso sin pensión.

Los servidores del gobierno federal, regulados normalmente por la ley del ISSSTE y por disposiciones especiales de organismos descentralizados para efectos de pensiones, han creado las llamadas “pensiones doradas”, que consisten en montos extraordinarios en favor de algunos exfuncionarios. Destacan, entre otras empresas públicas, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Banco de México y algunas instituciones financieras públicas, así como la desaparecida compañía Luz y Fuerza del Centro.

Esas superpensiones han sido señaladas como un privilegio totalmente abusivo dentro del sector público: muchas superan incluso el salario del titular del Poder Ejecutivo federal. Esta anomalía no solo representa una afrenta para los trabajadores del país, sino también para los propios empleados del sector público; además, constituyen un derroche millonario que afecta las finanzas públicas.

La secretaria anticorrupción de la actual administración, Raquel Buenrostro, se encargó de levantar la alfombra que cubría las pensiones doradas del sistema federal. Lo anticipó a finales del año pasado y lo presentó con mayor detalle en la conferencia matutina del 18 de febrero reciente. Allí señaló que, en el recuento de las pensiones más altas del Gobierno federal, algunas resultaron francamente exorbitantes.

Un ejemplo lo ofrece la extinta Luz y Fuerza del Centro, con poco más de 14 mil extrabajadores, de los cuales 9 mil 457 —casi el 70 por ciento— reciben una pensión que oscila entre los 100 mil y el millón de pesos mensuales; incluso hay casos que superan ligeramente esa cifra. Además, se subsidia gran parte del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que representa unos 2 mil 400 millones de pesos adicionales al año.

Otro caso es el de la Comisión Federal de Electricidad, con más de 54 mil personas jubiladas del régimen de confianza, a quienes se les pagan cerca de 41 mil millones de pesos anuales. De ese total, 2 mil 199 reciben montos superiores al salario de la presidenta de la República, lo que implica casi 4 mil 500 millones de pesos adicionales.

Y podríamos seguir mencionando otros entes del sistema descentralizado federal con jubilados que perciben pensiones hasta 39 o incluso 140 veces superiores al ingreso promedio nacional, lo que ha reavivado el debate sobre la necesidad de eliminar estos esquemas de retiro desproporcionados.

Ante esta situación, el gobierno decidió impulsar una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de ajustar a la legalidad esos pagos. La propuesta plantea que las jubilaciones de altos funcionarios no superen el 50 por ciento de la remuneración de quien presida el gobierno federal.

De acuerdo con la iniciativa, la medida aplicaría únicamente a funcionarios de confianza en organismos descentralizados y empresas paraestatales, por lo que no afectaría a trabajadores sindicalizados ni a integrantes de las fuerzas armadas. Se estima que con esa modificación constitucional se podría generar un ahorro cercano a cinco mil millones de pesos anuales, recursos que se destinarían a programas sociales y de bienestar.

El Senado de la República aprobó recientemente la reforma por unanimidad. Como afirmó el coordinador panista Ricardo Anaya, no es posible defender semejantes abusos.

Tras ese paso, se revelaron listas de organismos que realizan los pagos más elevados: Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) y Nacional Financiera.

Entre los casos más polémicos figuran nombres como José Ángel Gurría o el de Óscar Espinosa Villarreal, exregente del antiguo Distrito Federal y exsecretario de Turismo, quien creó un sistema de pensiones dentro de Nacional Financiera que posteriormente lo benefició.

Parte de lo aprobado establece que todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas por la fracción IV del artículo 127 constitucional deberán ajustarse al límite establecido, incluso aquellas otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto.

Esto significa que miles de jubilados del sector público verán reducidas sus pensiones para ajustarlas al salario de la presidenta de la República, lo que implicará reducciones considerables en algunos casos.

Como luz al final del túnel, esa reforma también se aplicará a los organismos paraestatales de las entidades federativas y los municipios, con lo cual los organismos locales podrán rebajar las cuantiosas pensiones doradas de carácter estatal.

Recordemos que hace algunos años, durante el gobierno de Enrique Alfaro, se intentó ajustar a la baja algunas pensiones elevadas en Jalisco; sin embargo, varios beneficiarios obtuvieron amparos judiciales que frenaron la medida.

Ahora, con la modificación constitucional, esos recursos legales tendrían menos posibilidades de prosperar, lo que permitiría aplicar la reducción también en los institutos locales.

En pocas palabras, si se alcanza el objetivo planteado, el fin de las pensiones doradas —entregadas de manera desproporcionada durante décadas— podría significar el rescate financiero de organismos como el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y, desde luego, la protección del sistema de retiro que garantiza el futuro de miles de servidores públicos.