Promesa, no regla: La ficción del mérito en el servicio público

A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Hay ficciones que los sistemas necesitan para sostenerse. No porque sean verdaderas, sino porque resultan útiles: ordenan expectativas, legitiman jerarquías y, sobre todo, ofrecen una narrativa tranquilizadora sobre cómo deberían funcionar las cosas. Una de las más persistentes en el servicio público es la idea de que el mérito define quién avanza, quién se mantiene y quién crece dentro de las instituciones.

Se nos ha repetido hasta el cansancio que quien sabe más, quien trabaja mejor y quien se prepara con mayor disciplina eventualmente encuentra su lugar; que el esfuerzo, tarde o temprano, se traduce en oportunidades reales.

Pero basta con mirar con un poco de honestidad para entender que esa narrativa no describe la regla, sino, en el mejor de los casos, una excepción.

El servicio público no funciona como una meritocracia pura, sino bajo una lógica mucho más compleja, donde factores como la cercanía, la visibilidad, la oportunidad política e incluso la capacidad de adaptarse a ciertas dinámicas informales pesan tanto —o más— que la preparación técnica o el criterio profesional. El mérito no desaparece, pero deja de ser el factor decisivo.

Esto no significa que no existan perfiles valiosos en posiciones relevantes. Los hay, y muchos. En realidad, son ellos quienes sostienen el funcionamiento institucional todos los días. Pero su presencia no desmiente el problema; lo hace más evidente. Porque cuando el mérito logra abrirse paso, suele hacerlo a pesar del sistema, no gracias a él.

No es que el sistema premie consistentemente a los mejores, sino que, en ocasiones, algunos de ellos logran avanzar dentro de un entorno que no necesariamente está diseñado para favorecerlos.

El problema de fondo no es que existan casos de mediocridad en posiciones de responsabilidad —eso es inevitable en cualquier organización—, sino que el propio sistema permite, facilita e incluso reproduce esos resultados.

En entornos donde la permanencia depende más de la lealtad que del desempeño, donde la cercanía sustituye a la evaluación objetiva y donde la visibilidad se confunde con capacidad, el mérito deja de ser un criterio real de selección y se convierte en un discurso: un discurso útil para justificar decisiones que en realidad responden a otras lógicas.

Hay, además, un fenómeno particularmente inquietante. No se trata solo de que personas con capacidades limitadas lleguen a posiciones de poder, sino de que muchas de ellas creen genuinamente que están ahí por mérito. Esta convicción no es un detalle menor. Cuando la falta de capacidad se combina con la certeza de legitimidad, desaparece cualquier espacio para la autocrítica. El problema deja de ser individual y se vuelve estructural, porque ya no hay conciencia de la distorsión, sino una normalización de la misma. En ese punto, el discurso del mérito deja de describir la realidad y comienza a justificarla.

En este contexto, la idea de una carrera pública clara, ascendente y basada en el esfuerzo individual se parece más a un ideal que a una realidad. Se sigue formando a generaciones enteras bajo la premisa de que el trabajo constante será recompensado de manera proporcional, cuando en la práctica el trayecto institucional se parece mucho más a un espacio de negociación permanente, donde el acceso a ciertas posiciones depende de factores que rara vez se dicen abiertamente, pero que todos terminan por reconocer.

El costo de sostener esta ficción es alto. Cuando el mérito deja de ser un criterio real, no solo se afecta la percepción de justicia dentro de las instituciones; también se deteriora la calidad de las decisiones públicas. Se inhibe la crítica interna, se desincentiva la innovación y se consolida una cultura que privilegia la estabilidad sobre la mejora. Las instituciones no colapsan, pero se estancan: funcionan, operan, cumplen… pero dejan de evolucionar.

Además, esta dinámica genera un efecto particularmente corrosivo: la normalización de la distancia entre lo que se dice y lo que realmente ocurre. Se sigue hablando de mérito, de profesionalización y de carrera pública, mientras en la práctica se consolidan mecanismos paralelos que responden a otros criterios. Esta brecha no solo desgasta a quienes forman parte del sistema, sino que también erosiona la legitimidad de las propias instituciones.

Aceptar esta realidad no implica resignación; implica claridad. Porque el problema no es creer en el mérito como principio —difícilmente podría cuestionarse su valor—. El problema es asumir que el sistema, tal como está diseñado, lo garantiza.

Mientras esa confusión persista, el mérito seguirá ocupando un lugar incómodo: será, al mismo tiempo, una exigencia en el discurso y una variable secundaria en la práctica. Una promesa que ordena expectativas, pero que rara vez define resultados. Y quizá ahí está la mayor contradicción: no en que el mérito no exista, sino en que se invoca constantemente en un sistema que, en los hechos, ha aprendido a funcionar sin él.