Una reforma a la medida

Opinión, por Iván Arrazola

La narrativa de combate a los privilegios que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum ha abierto un nuevo capítulo con la presentación de su llamado “Plan B”, concebido como una alternativa tras el fracaso de su iniciativa original de reforma electoral.

Aquella propuesta incluía la reducción del número de senadores, la disminución del financiamiento a los partidos políticos y la modificación del sistema de representación proporcional; sin embargo, no logró el consenso necesario para prosperar en el Congreso.

En este contexto, el nuevo planteamiento parece responder más a una lógica de reposicionamiento político que a un rediseño de fondo. Los cambios en las reglas del juego electoral difícilmente son neutrales; por lo general, están influidos por los intereses de quienes ejercen el poder. Por ello, resulta fundamental que en su construcción participen diversas fuerzas políticas, algo que no se ha observado en la elaboración de estas propuestas. En este caso, la insistencia en impulsar una reforma tras una derrota legislativa no solo busca mantener la narrativa de combate a los privilegios, sino también evitar el costo político que implicaría reconocer una derrota.

De hecho, el fracaso inicial evidenció fisuras al interior de la coalición gobernante, algo poco común en un contexto de mayoría legislativa. Ante ello, la presidenta decidió no replegarse, sino replantear su estrategia bajo el argumento de que se trata de un compromiso con el “pueblo de México”. Sin embargo, esta nueva versión parece diseñada para no afectar los intereses de los partidos aliados y, en cambio, concentrarse en la reducción de recursos en los órganos de representación local.

Uno de los elementos más llamativos del Plan B es la falta de un diagnóstico y una visión integral. En lugar de ello, se observan medidas fragmentadas que responden más a un ánimo de ajuste político inmediato. Por ejemplo, la propuesta de homologar el número de regidores en los municipios (de 7 a 15), limitar el presupuesto de los congresos locales al 0.7 % del gasto estatal o reducir percepciones en órganos electorales se plantea sin un análisis profundo de las funciones sustantivas que desempeñan dichas instituciones. Las reformas institucionales deben considerar no solo los costos, sino también las capacidades y funciones del aparato estatal, particularmente en sistemas democráticos complejos.

Un punto particularmente crítico es la propuesta de flexibilizar la revocación de mandato para que pueda realizarse en el segundo o tercer año de gobierno. En México, la experiencia de revocación de mandato con López Obrador mostró ya ciertos problemas: aunque la mayoría de los votantes optó por la continuidad presidencial, la participación fue de solo el 17 por ciento.

No obstante, la nueva propuesta abre la puerta a que este mecanismo sea utilizado estratégicamente. En un escenario donde la presidenta cuenta con altos niveles de aprobación, la revocación podría convertirse en un instrumento de movilización electoral que beneficie a su partido en elecciones intermedias, tanto en el Congreso como en las gubernaturas en disputa.

Este escenario implicaría, además, una campaña política permanente. Aunque la presidenta ha señalado que no habría promoción en radio y televisión, la realidad es que otros espacios —como las conferencias mañaneras y las giras presidenciales— funcionan como plataformas de comunicación política de alto impacto. El control de la agenda pública puede generar ventajas indebidas en contextos electorales, afectando la equidad en la competencia.

A ello se suma la estrategia partidista de Morena de adelantar la definición de candidaturas a gubernaturas, lo que en la práctica equivale a extender los periodos de campaña, diluyendo las reglas formales del proceso electoral. Esta combinación de factores —uso intensivo de recursos comunicativos, adelanto de candidaturas y rediseño institucional— apunta a una reconfiguración del terreno de competencia política.

En consecuencia, la narrativa de combate a los privilegios pierde credibilidad. Más que una reforma orientada a fortalecer la democracia, lo que se observa es un rediseño selectivo que podría favorecer la consolidación de su partido.

Finalmente, el argumento de la austeridad —con un supuesto ahorro de 4 mil millones de pesos destinados a gobiernos locales— carece de claridad operativa. No se especifican los mecanismos de distribución ni los criterios de asignación, lo que introduce dudas sobre su viabilidad y transparencia. En este sentido, la austeridad parece más un recurso discursivo que un componente estructural de la reforma.

El Plan B no se presenta como una reforma integral del sistema electoral, sino como un ajuste estratégico que busca redefinir las reglas del juego en función de las necesidades políticas del régimen.

Bajo esta lógica, la reforma deja de ser un instrumento para fortalecer la democracia y se convierte, más bien, en una herramienta de ingeniería política orientada a consolidar el poder. Por ello, el calificativo de “reforma a la medida” no solo resulta pertinente, sino que sintetiza con claridad la racionalidad que subyace a la propuesta.