Presentan amparo contra el Congreso por omisión en materia de transparencia

Por Mario Ávila

Transcripción de texto a voz 

Por no cumplir en el plazo de 90 días que ellos mismos se habían fijado para emitir las leyes secundarias que garanticen en Jalisco el derecho humano a la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales, el grupo de ciudadanos “Compromiso Jalisco” presentó un juicio de amparo en contra del Congreso del Estado de Jalisco.

La solicitud fue presentada este mediodía por el maestro Rubén Alonso González, con el propósito de que, a través de la intervención del Poder Judicial Federal, se logre la restitución de un sistema normativo que garantice los derechos de toda la colectividad jalisciense, en cumplimiento con el principio de progresividad de los derechos humanos.

Cabe destacar que, en la historia de Jalisco, no se ha identificado la promoción de un amparo por “omisión legislativa” ante la inacción del Congreso del Estado.

En la demanda, elaborada con la colaboración del “Observatorio para la Transparencia e Integridad Social” (OTIS) de la UNIVA, se recuerda como elemento clave que el Poder Legislativo de Jalisco estableció, en el Decreto 29842/LXIV/25 —mediante el cual actualizó la Constitución local conforme al nuevo modelo federal de acceso a la información—, un plazo de 90 días “para realizar las reformas a las leyes estatales que se requieran”.

Dicho plazo venció en la segunda semana de enero pasado, ya que el decreto de reforma constitucional fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 16 de octubre de 2025.

En el escrito de demanda se señala que, con esta “omisión legislativa”, se vulneran los artículos 1°, 6° y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 4° y 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco; los artículos 1, 2, 12 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como los artículos 1, 2 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), entre otras disposiciones de carácter convencional de las que México y Jalisco forman parte.

Además, se expone que, “con la extinción del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), el 30 de noviembre de 2025, no existe una autoridad garante que asegure el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en posesión de sujetos obligados; sin una autoridad garante, no hay ante quién acudir para la interposición de quejas o recursos”.

Asimismo, en la demanda se advierte que “las nuevas autoridades garantes que establece el nuevo modelo constitucional de acceso a la información y protección de datos personales se encuentran jurídicamente inoperantes, al no contar con normas específicas que definan sus atribuciones y facultades, lo que impide el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados”.