El escándalo como cortina: El fontanero que envenenó su propio pozo

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Hay en la política jalisciense una vocación casi artística para el escándalo de encargo: el que se fabrica no para iluminar la verdad, sino para oscurecer la propia. El jueves 26 de marzo, esa vocación alcanzó una de sus expresiones más depuradas, cuando el diputado Alberto Alfaro García compareció ante los medios de comunicación para denunciar, con gesto de ciudadano ultrajado, que el gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantiene una deuda de más de doscientos millones de pesos con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA.

El legislador llegó a su cargo por Morena. Luego encontró mejores razones para militar en el Partido Verde. Fue regidor de Tlaquepaque en 2018. Conoce, pues, los pasillos del ayuntamiento que hoy acusa con la misma soltura con que antes los habitó. En la política mexicana, nadie sabe más de los pecados de una casa que quien durmió en ella y después se fue por la puerta trasera.

Lo que el diputado Alfaro García omitió en su encendida denuncia —acaso por olvido, acaso por algo menos involuntario— es un detalle que los constitucionalistas conocen bien: los inmuebles propiedad del Estado, sean de la Federación, de los estados o de los municipios, están constitucionalmente exentos del pago de impuesto predial y de servicios públicos.

Tlaquepaque no es un deudor renuente. Es un ente público que ejerce un derecho que la propia Constitución le reconoce. La presidenta Laura Imelda Pérez Segura lo tiene por escrito, con firma y sello, en una solicitud de aclaración enviada al SIAPA —el que esto escribe tiene copia del documento—. El SIAPA nunca contestó. Quizá porque hay preguntas cuya respuesta resulta más costosa que el silencio.

Pero este episodio es apenas el primero de una trama que merece leerse con más calma, porque su verdadero protagonista no es un legislador de partido cambiante, sino el agua misma.

Semanas antes, en un juzgado federal, se ventilaba una denuncia penal interpuesta el año pasado contra el director del SIAPA, el señor Trueba, quien, al igual que el ahora diputado del Partido Verde, trabajó en el SEAPAL (Sistema de Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta), y contra el organismo que dirige hasta el 31 de marzo de 2026. La denuncia tenía que ver con descargas de aguas residuales a los arroyos de la zona metropolitana.

Alguien, de los que suelen actuar desde las sombras del gobierno estatal, había presionado al Ministerio Público federal para que le diera carpetazo al asunto. El carpetazo se dio. La historia, sin embargo, tenía un personaje inesperado: una jueza que leyó el expediente con ojos propios.

La joven jueza —no maleada— no solo revocó el carpetazo. Lo hizo invocando el principio in dubio pro natura, ese principio de derecho ambiental que obliga a resolver siempre a favor de la protección de la naturaleza cuando existe duda razonable. Más aún: ordenó ampliar la investigación a toda la extensión de los arroyos, no únicamente a los puntos de descarga que los denunciados habían señalado como los únicos relevantes. Y ordenó también investigar los daños a la salud de la población derivados de beber y usar agua contaminada. Fue, en términos forenses, una demolición elegante.

Dos horas después de concluida esa audiencia, llegó una notificación urgente: reunión de emergencia al día siguiente en la PROEPA, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, a la una de la tarde.

La reunión tenía guion. Trueba y el funcionario Marroquín habían preparado el escenario para señalar a Tlaquepaque y a Tlajomulco como los responsables de las descargas de aguas residuales a los arroyos que alimentan el canal de conducción del acueducto Chapala-Guadalajara, el mismo que lleva el agua hasta la planta potabilizadora de Miravalle. Era una acusación de calado: contaminar el agua que bebe la zona metropolitana es asunto que no admite medias tintas.

El problema, para los acusadores, es que sus acusados llegaron con fe de hechos notariales. Tlaquepaque y Tlajomulco habían levantado constancia notariada de lo que encontraron en los arroyos —el que esto escribe tiene copias de los escritos—: registros ocultos, enterrados con la deliberada intención de no ser detectados, que conectaban las descargas del propio SIAPA a los canales pluviales que desembocan en el agua que el SIAPA mismo pretende potabilizar.

La maniobra quedó documentada: se vertieron cinco mil litros de agua en un colector construido para desagüe pluvial; el resultado fue agua residual. Se usó una retroexcavadora para desenterrar un registro que alguien había amañado para pasar inadvertido. Al destaparlo y verter diez mil litros, la salida fue de agua residual. El SIAPA había conectado sus descargas a los arroyos que alimentan su propia planta de potabilización.

La metáfora se escribe sola: el fontanero que envenena su propio pozo y luego cobra por limpiar el agua.

La presidenta de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, fue el pasado viernes a la sesión de la Junta de Gobierno del SIAPA. Llegó con documentos. Le dijo al saliente director Trueba que le deseaba suerte en su nuevo encargo, pero que ese deseo no lo relevaba de las responsabilidades que pudiera tener en el ejercicio de sus funciones. Le dijo a la asamblea que las propuestas de Tlaquepaque sobre la reingeniería del organismo habían sido ignoradas o incluidas parcialmente. Anunció que presentará una demanda de juicio político cuando el Congreso reanude actividades.

Trueba, según el relato de quienes estuvieron presentes, terminó la sesión en la misma posición que lo caracterizó: altanero y prepotente. Así, pues, se entiende por qué fue destituido.

Así se entiende, en su verdadera dimensión, la rueda de prensa del diputado Alfaro García. La estrategia de quienes aún tratan de proteger al director actual del SIAPA consistía en salir a los medios con la acusación de los doscientos millones para denostar a Tlaquepaque antes de la sesión de la Junta de Gobierno: golpear al emisor para que no tocara el tema central, que no era la deuda, sino las descargas, la contaminación, los registros enterrados y la denuncia penal que una jueza, legal y acertadamente, se negó a archivar.

La operación tenía su lógica. Cuando el escándalo propio amenaza con desbordarse, lo prudente es fabricar un escándalo ajeno. El diputado tránsfuga cumplió su parte. Pero el agua sigue corriendo. Y el agua, a diferencia de los diputados, no cambia de partido.

La historia, como advirtió alguien que participó en estos hechos, continuará…

En X @DEPACHECOS