Las debilidades de la presidenta

Opinión, por Iván Arrazola

Durante el periodo en que el partido Morena ha ocupado la Presidencia de la República, no se había visto envuelto en una crisis política de tal magnitud como la que se evidenció tras el rechazo de la reforma electoral y la aprobación parcial del denominado “Plan B”. En buena medida, el éxito político del movimiento ha descansado en su cohesión interna y en la construcción de un adversario común —la oposición—; sin embargo, a partir de estos episodios, esa lógica comienza a mostrar signos de desgaste y de debilidad presidencial.

En primer lugar, uno de los signos más claros de esta debilidad es la fractura dentro de la coalición gobernante. El posicionamiento del Partido del Trabajo (PT), que decidió no acompañar plenamente la iniciativa presidencial —especialmente en lo relativo a la modificación del artículo 35 constitucional sobre la revocación de mandato—, evidenció que la disciplina partidista ya no es automática. Aunque el PT manifestó su respaldo general a la reforma, su rechazo a modificar la fecha de la revocación de mandato marca un distanciamiento profundo.

No obstante, este episodio no constituye un hecho aislado, sino el inicio de una crisis más profunda. A partir de este momento, la viabilidad de futuras reformas se reduce considerablemente, ya que el precedente de desacuerdo debilita la capacidad de negociación del Ejecutivo. Además, los argumentos esgrimidos por el PT —como el riesgo de inestabilidad política ante mandatos más cortos o la protección de la participación ciudadana— reflejan una disputa narrativa que antes no se expresaba públicamente dentro de la coalición.

En segundo lugar, esta situación ha alterado los equilibrios internos de la alianza gobernante. Como ocurre en cualquier coalición, la estabilidad depende de acuerdos delicados; sin embargo, estos se han erosionado. La presidenta intentó sostener su postura apelando al rechazo ciudadano hacia figuras como los legisladores plurinominales y advirtiendo sobre el castigo del electorado a los partidos que se opusieran a sus reformas. A pesar de ello, tales argumentos no fueron suficientes para disciplinar a sus aliados, lo que pone en evidencia una pérdida de capacidad de persuasión y control político.

En tercer lugar, se observa un encarecimiento de las negociaciones políticas. El respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la iniciativa no fue gratuito y ya comienzan a surgir exigencias para reconocer el peso de ese partido, como el impulso a determinadas candidaturas en entidades clave.

En cuarto lugar, la visibilidad que adquirieron los partidos aliados durante el debate legislativo ha fortalecido de manera significativa su capacidad de presión. En este contexto, las críticas públicas han resultado particularmente relevantes. Tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde advirtieron que la reducción del financiamiento a los partidos y la eliminación de las senadurías de representación proporcional podrían propiciar un retorno a esquemas de partido hegemónico. Este señalamiento no solo debilita el discurso oficial, sino que, además, legitima el disenso interno. Esta mayor exposición mediática permite que los aliados desafíen abiertamente a la presidencia sin asumir costos políticos significativos.

En quinto lugar, comienzan a surgir tensiones en los procesos sucesorios locales y nacionales. Casos como el de San Luis Potosí o Zacatecas muestran que actores políticos relevantes dentro de la coalición podrían optar por competir fuera del partido dominante si sus aspiraciones no son respaldadas. Esto no solo fragmenta el proyecto político, sino que también reduce la capacidad de la presidenta para influir en la selección de candidaturas, un elemento central en los sistemas presidenciales para garantizar la continuidad del proyecto político.

En sexto lugar, se anticipa un debilitamiento legislativo. Es probable que en las próximas elecciones intermedias el partido gobernante pierda escaños, lo que dificultará aún más la aprobación de reformas constitucionales e, incluso, de otro tipo.

En séptimo lugar, se advierte una percepción creciente de debilidad en el equipo de gobierno. La ausencia de operadores políticos eficaces y la limitada capacidad de instancias clave —como la Secretaría de Gobernación o la propia Oficina de la Presidencia— han contribuido a proyectar la imagen de una presidenta aislada. A ello se suma que la comisión encargada de elaborar la reforma electoral, con el paso de las semanas, desapareció del debate público, lo que evidencia una clara desarticulación interna y la carencia de cuadros capaces de sostener e impulsar la agenda presidencial.

Ante este panorama, la estrategia más viable parece ser un giro hacia el pragmatismo político. Esto implica reconocer las limitaciones reales del poder presidencial, priorizar los temas en los que existe mayor probabilidad de éxito y evitar la exposición innecesaria en iniciativas que puedan derivar en derrotas políticas. Solo a través de una gestión más estratégica y menos confrontativa podría la presidenta recuperar capacidad de conducción y evitar un desgaste prematuro de su gobierno.