SIAPA: bomba de tiempo y opacidad

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

Hablar del derecho humano al agua —reconocido constitucionalmente en México desde 2012 y en el ámbito internacional como un elemento esencial de la dignidad humana— implica reconocer que toda persona tiene derecho a acceder a este recurso vital. El agua es indispensable para la vida diaria y el desarrollo de cualquier actividad; por ello, su acceso en condiciones de potabilidad es una de las prioridades más importantes que las autoridades deben asumir con responsabilidad y cuidado.

Sin embargo, Jalisco atraviesa actualmente una crisis de desabasto y falta de mantenimiento preventivo cuya desatención sistemática ha colapsado el servicio. El historial del SIAPA en las últimas dos décadas está marcado por irregularidades administrativas, procesos penales y conflictos políticos. El creciente malestar ciudadano por la mala calidad del líquido evidencia que las deficiencias estructurales y la opacidad institucional del organismo representan hoy un conflicto social insostenible.

Resulta imperativo realizar un análisis crudo sobre la gravedad de la crisis que asfixia al SIAPA, un organismo que ha sido víctima de décadas de descuido y de prácticas políticas que lo usaron como botín partidista en lugar de servir a la gente. La factura de esa negligencia la pagamos hoy los jaliscienses con una emergencia multifactorial: mala calidad, desabasto, baja presión y una contaminación innegable, todo enmarcado en constantes escándalos de opacidad.

Hay que decirlo claro y fuerte: el acceso al agua es un derecho que debe garantizarse con calidad, presión suficiente y a un costo justo; hoy, lamentablemente, no tenemos nada de eso. Es una ironía ofensiva y una burla para la ciudadanía que se pretenda proyectar la imagen de una ciudad de clase mundial, lista para recibir un Mundial de fútbol, cuando el Estado es incapaz de asegurar el suministro básico de salud pública. Lo que hoy padecemos no es solo una falla técnica; es el colapso de un sistema ignorado hasta convertirse en una bomba de tiempo.

Ante el relevo en la dirección del organismo, la ciudadanía debe asumir un rol activo en la exigencia de este derecho. Es momento de poner un alto a las prácticas que han agravado la crisis hídrica. Si bien el SIAPA arrastra décadas de sombras, la coyuntura actual nos favorece: con un Mundial en puerta, la presión internacional y local es nuestra mejor herramienta para exigir que el servicio esté a la altura de la ciudad que pretendemos proyectar.

Lo más grave es la contaminación del líquido y el desabasto, pero a esto se suma otro derecho vulnerado: el derecho a saber. Esta nueva administración, recién nombrada por el Ejecutivo, mantiene la misma línea de opacidad: no informa sobre los cortes ni da la cara ante la crisis. El SIAPA no solo falla en el suministro, sino que se niega a garantizar información oportuna. Recordemos que sus escándalos mediáticos y políticos son el pan de cada día, una inercia que mantiene una crisis insostenible mientras el ciudadano sigue pagando los platos rotos.

La solución es una obligación inaplazable. Poco importa el desfile de nombres y los cambios de titulares si estos no vienen acompañados de resultados tangibles; la política de “borrón y cuenta nueva” ya no cabe en un Jalisco sediento de eficiencia. El SIAPA no puede seguir siendo el refugio de la negligencia, donde el cambio de estafeta solo sirva para administrar un desastre que ya nos rebasó.

No olvidemos que el organismo arrastra una estela de escándalos: desde el millonario desfalco del crédito de 2011 y las adjudicaciones directas a empresas “todólogas”, hasta el reciente cinismo de pagar nóminas de lujo a asesores sin perfil mientras el agua llega turbia y fétida a nuestros hogares. Entre procesos penales, “aviadores” y un desprecio total por la transparencia, la nueva administración tiene hoy la sartén por el mango o se arriesga a que esta bomba de tiempo le estalle en las manos ante los ojos del mundo.

Nuestra exigencia no es una petición caprichosa; es un reclamo legal amparado por la Resolución 64/292 de la ONU y nuestro Artículo 4.º Constitucional, que obliga al Estado a entregar agua salubre, aceptable y asequible, derechos que el organismo simplemente ignora bajo el amparo de la “politiquería”.