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Aprueban Plan B de la reforma electoral en la Cámara de Diputados; oposición acusa simulación y recortes
Por Redacción Conciencia Pública
Transcripción de texto a voz
En medio de un intenso debate político, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general el llamado “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de Morena, sus aliados y el apoyo clave de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue avalado con 377 votos a favor y 102 en contra, alcanzando mayoría calificada, lo que permitió avanzar en modificaciones a la Constitución en materia de integración de ayuntamientos, límites al gasto público y remuneraciones de funcionarios electorales.
La aprobación se dio tras meses de negociación y ajustes, luego de que la propuesta original de reforma electoral no lograra los votos necesarios en el Congreso, obligando al oficialismo a replantear su estrategia mediante una versión más acotada.
Entre los principales cambios aprobados destaca la reducción en el número de regidurías en los municipios, estableciendo un máximo de 15 integrantes por ayuntamiento, con el objetivo de disminuir costos en la operación de los gobiernos locales.
Asimismo, se fijaron límites al presupuesto de los congresos estatales, los cuales no podrán exceder el 0.7% del gasto total de cada entidad, en línea con la política de austeridad promovida por el gobierno federal.
Otro de los puntos relevantes es la reducción progresiva del presupuesto del Senado, que deberá disminuir hasta en un 15% en los próximos años, así como ajustes a los salarios y prestaciones de funcionarios de organismos electorales.
El dictamen también establece restricciones a beneficios adicionales como seguros privados o regímenes especiales de retiro para autoridades electorales, alineando sus ingresos a los límites constitucionales del servicio público.
Sin embargo, quedaron fuera temas clave que generaron mayor controversia en la propuesta original, como la modificación a la revocación de mandato, que fue eliminada para lograr consensos incluso dentro del bloque oficialista.
Durante la discusión en el Pleno de San Lázaro, legisladores de oposición —PAN, PRI y MC— criticaron la iniciativa, al considerar que se trata de una reforma limitada, con errores técnicos y sin impacto real en el fortalecimiento del sistema democrático.
Incluso, algunos diputados señalaron que el Plan B representa una “simulación legislativa”, al no abordar de fondo problemas estructurales del sistema electoral, como la representación proporcional o el financiamiento a partidos.
En contraste, el bloque oficialista defendió la reforma como un paso necesario para reducir privilegios de la clase política y avanzar hacia un modelo más austero y eficiente en el uso de recursos públicos.
El proceso legislativo del Plan B refleja las tensiones dentro del propio oficialismo, ya que algunos aliados, como el Partido del Trabajo, habían mostrado reservas sobre ciertos puntos, obligando a modificar el contenido original.
A nivel político, la aprobación de esta reforma marca el cierre de una batalla legislativa iniciada a principios de 2026, en la que el gobierno federal buscó transformar el sistema electoral, pero terminó concretando cambios mucho más limitados de los inicialmente planteados.
Con su aval en la Cámara de Diputados, el Plan B avanza como una reforma de alcance moderado que prioriza el ajuste presupuestal y la reorganización institucional, pero que mantiene abierto el debate sobre el futuro del sistema electoral mexicano.
