La deuda que viene: en busca de la elección 2030

Opinión, por Ramiro Escoto Ratkovich

La Secretaría de Hacienda ha publicado un documento revelador que muy pocos han desglosado. El gobierno lo da a conocer justo en los días santos, en plena temporada vacacional que suele distraer de lo importante.

Se trata de la deuda pública proyectada para 2027, y ello representa una oportunidad para la oposición de construir una narrativa contundente rumbo a la elección intermedia, en un contexto que también advierte un ejercicio de intervención del Estado.

Sin embargo, quienes utilicen esta información también deberán plantear soluciones, porque la Federación no cuenta con recursos suficientes: los impuestos recaudados y los presupuestos en recorte ya no alcanzan.

El documento advierte que el gobierno de Claudia Sheinbaum alcanzará una deuda de 20 billones 419 mil millones de pesos, en contraste con el discurso de su antecesor, quien sostenía que el país no necesitaba endeudarse y que tampoco lo permitiría.

Ese argumento, junto con la promesa de bajar el precio de la gasolina y enjuiciar a los expresidentes, fueron pilares en la elección de Andrés Manuel López Obrador, en un camino que hoy se percibe lleno de promesas incumplidas y con recursos limitados en las arcas públicas.

La deuda que pretende el gobierno de México, en términos numéricos, equivale al 54.7% de la economía nacional y, para dimensionarlo mejor, representa una deuda de 151 mil 800 pesos por cada mexicano.

La Cámara de Diputados ya recibió el documento y será discutido en una “aplanadora” legislativa que, al identificar que el endeudamiento se destina a programas sociales —electoralmente funcionales—, probablemente lo aprobará, bajo el argumento de continuidad para quienes respaldan el proyecto. Todo ello acompañado de un discurso ya conocido: “los otros presidentes endeudaron más al país”.

Para entender la dimensión de este documento, hay que recordar que en septiembre de 2024 la deuda era de 16.7 billones de pesos, mientras que la proyección para 2027 es de 20.4 billones. Es decir, el incremento sería de 3.7 billones de pesos adicionales, sin que ello represente necesariamente un plan integral para la nación que incluya obra pública, seguridad, salud, entre otros rubros prioritarios.

No se trata únicamente de cifras: es una proyección que parece orientada a no perder la elección intermedia y a preparar el terreno rumbo a 2030, dentro del proyecto político heredado del lopezobradorismo.

Los datos también permiten otra comparación: en diciembre de 2018, la deuda se ubicaba en 10.4 billones de pesos. De cumplirse la proyección, el aumento acumulado alcanzaría los 10 billones de pesos en apenas ocho años.

Bajo esta lógica, no parece haber otra estrategia clara hacia 2027 y 2030. La construcción de apoyos a través de programas sociales se perfila como el principal mecanismo para sostener el proyecto político, ante la ausencia de un plan alternativo en materia de reforma electoral y frente a una oposición que tampoco ha logrado articular propuestas sólidas.

Así, la “legitimación” de las próximas elecciones podría depender del fortalecimiento del asistencialismo, bajo la premisa de ampliar el padrón de beneficiarios y reforzar la narrativa de que “amor con amor se paga”.

La ruta para preparar ese escenario comenzó a delinearse recientemente, cuando la presidenta anunció inversiones importantes en la compra de medicamentos y en obras para el país.

Sin embargo, también tropezó con una realidad que remite a uno de los episodios más cuestionados de la administración pasada: el tren que conecta el AIFA con Buenavista. Aquella obra, presentada en su momento como concluida, fue posteriormente matizada al señalarse que aún requería certificaciones.

Este tipo de inconsistencias ocurre en un momento en el que la credibilidad del discurso oficial enfrenta cuestionamientos, especialmente frente a datos que comienzan a contradecir la narrativa gubernamental y que podrían intensificarse en los próximos meses, rumbo a los procesos electorales.

Por ello, la deuda proyectada parece tener un carácter estratégico: debe concretarse a toda costa. De lo contrario, la designación de Sheinbaum como presidenta podría interpretarse como un fracaso del proyecto de Morena y de la llamada Cuarta Transformación.