La pala como espejo: Madres que buscan, Estado ausente

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

María Guadalupe Camarena Rodríguez no estudió criminalística. Tampoco tiene rango, placa ni presupuesto institucional. Lo que tiene —lo único que le quedó después de que policías de Ocotlán desaparecieran a cinco de sus hijos en 2019— es una pala, una convicción y la certeza de que, si ella no busca, nadie busca.

Cinco hijos. No uno. Cinco.

Uno se pregunta cuántos hijos debe perder una madre mexicana antes de que el Estado decida que el asunto merece atención urgente. La respuesta, a juzgar por los hechos recientes en Jalisco, parece seguir siendo la misma de siempre: más de los que ya perdió.

Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum aseguraba ante la prensa que el Estado no está involucrado en las desapariciones forzadas, en Jalisco al menos 340 policías habían sido presentados ante jueces precisamente por ese delito, cometido entre 2018 y 2026. Trescientos cuarenta. No es un error tipográfico ni una exageración opositora. Es el registro oficial de un estado cuyo gobierno pertenece a la misma coalición política que encabeza la señora presidenta.

La aritmética es incómoda. Pero la aritmética no miente, aunque los funcionarios tengan esa habilidad tan cultivada.

Ivonne Gutiérrez buscaba al padre de su hija en el Cerro del Totole, municipio de Tequila, cuando encontró una pista concreta: un pantalón de mezclilla que el escuadrón canino K9 marcó con insistencia. El perro escarbó. El terreno olía a persona. Los perros tienen esa ventaja sobre ciertos servidores públicos: no mienten y no piden mando y conducción antes de actuar.

Ivonne notificó al Ministerio Público. No le hicieron caso. Le escribió al fiscal Saúl Arámbula. Tampoco. A la Vicefiscalía, que le respondió que lo iba a comentar. Comentar, como si comentar fuera sinónimo de investigar. Como si las palabras tuvieran el peso de los hechos.

Entre tanto, alguien removió el terreno con maquinaria pesada. Hubo indicios de incendio.

Hay palabras que, en boca de un funcionario, significan exactamente lo contrario de lo que parecen decir. “Investigaremos” suele ser una de ellas.

En Tlajomulco, los Guerreros Buscadores de Jalisco localizaron en días recientes once bolsas con restos humanos en el fraccionamiento Alta California, más un cuerpo joven —de alrededor de 18 años— en Hacienda de Santa Fe, enterrado con una evolución cadavérica de tres semanas.

Sus familiares llegaron al sitio antes que cualquier perito oficial. El colectivo había solicitado a la Fiscalía que revisara el terreno desde agosto de 2025. Ocho meses de insistencia para que se pudiera intervenir.

La vicefiscal de Personas Desaparecidas informó que los trabajos de construcción en la zona no interfieren con la búsqueda. Muy tranquilizador. Las once bolsas con restos humanos, por su parte, no parecieron opinar al respecto.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada concluyó que en México este delito constituye un crimen de lesa humanidad y solicitó que el caso fuera llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. La presidenta Sheinbaum rechazó el informe: lo consideró parcial, desactualizado, contaminado por ONG perversas que lucran con el dolor ajeno.

La encuesta nacional ENVIPE del INEGI —organismo gubernamental, difícilmente acusable de tendencias opositoras— estima que las desapariciones reales son 2.7 veces mayores que el registro oficial. Data Cívica llegó a la misma conclusión por una ruta distinta.

Uno no necesita ser analista de la ONU para entender que algo no cuadra. Basta con saber dividir. Y mi madre, a base de coscorrones, a mí me enseñó.

La tesis oficial de los simpatizantes aspirantes de Morena —que las desapariciones han venido descendiendo desde 2018— funciona muy bien como argumento de tribuna. Como descripción de la realidad, tiene el problema de que no coincide con los datos del propio INEGI ni con las fosas que siguen apareciendo en Jalisco cada semana.

Hay una escena que ilumina esta situación mejor que cualquier estadística. Kitzia Citlalli Montes Sandoval desapareció en Autlán. Sus familiares acudieron al Ministerio Público a denunciar la desaparición. No les quisieron tomar la denuncia. Tuvieron que encontrar ellos mismos el cuerpo en el predio Las Nueces, el 31 de marzo. Y entonces sí —con el cadáver ya localizado— la Vicefiscalía informó que revisará el actuar de los funcionarios.

El procedimiento institucional en Jalisco, tal como se desprende de los hechos documentados, parece ser el siguiente: esperar a que las madres y los familiares encuentren a sus muertos y, después, investigar por qué la institución no los encontró primero.

Es un sistema de una originalidad notable.

También hay militares. La recomendación 34/2012 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos estableció que seis civiles de Jilotlán de los Dolores fueron desaparecidos por militares en 2010. La recomendación 54/2017 acusa al Tercer Batallón de la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Los casos de la familia Villaseñor en la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán —ocho uniformados detenidos, el segundo al mando señalado por desapariciones adicionales— confirman que el fenómeno no se circunscribe a ningún nivel específico del aparato del Estado.

No es una manzana podrida. Es el árbol.

La práctica de la desaparición forzada en México se remonta a los años sesenta. No llegó con ningún gobierno en particular ni se irá con ninguna alternancia electoral. Es una herramienta de control que sobrevive sexenios, siglas y discursos de transformación porque resulta útil y porque la impunidad que la rodea ha sido —hasta ahora— casi perfecta.

No sé si el gobierno de Sheinbaum rectificará el rumbo. Lo que sí sé —porque los números lo confirman y las buscadoras lo atestiguan con las manos llenas de tierra— es que, mientras se debate si el informe de la ONU es parcial o no, en Tlajomulco siguen apareciendo bolsas. En Tequila, siguen removiendo terrenos con maquinaria. En Ocotlán, los cinco hijos de María Guadalupe Camarena siguen desaparecidos.

Y sus madres siguen buscando. Con palas. Sin sueldo. Sin seguridad. Sin que nadie les haya pedido hacerlo. Eso se llama dignidad. También se llama evidencia. Y también —aunque a algunos funcionarios les cueste reconocerlo— se llama la verdad que el Estado mexicano todavía le debe a sus muertos.

En X: @DEPACHECOS