Masculinidad, poder y dinero público

Luchas Sociales, por Mónica Ortiz

En medio de la polémica se encuentran actualmente los gobiernos estatal y municipales de Guadalajara y Zapopan, tras el presunto financiamiento y uso de logotipos oficiales en un evento privado enfocado en masculinidades con un marcado corte espiritual católico.

Aunque existen versiones encontradas —incluida la negativa del Gobierno Municipal de Guadalajara—, el caso ha encendido alertas sobre el posible uso de recursos públicos en iniciativas que podrían responder más a intereses políticos que al bienestar general.

Este tipo de apoyos, especialmente en contextos preelectorales, abre la puerta a cuestionamientos sobre la relación entre el poder público, los sectores empresariales y la porosidad del Estado laico frente a agendas confesionales. Todo ello sin dejar de lado un punto de fondo: el contenido mismo del evento que, en una época marcada por la defensa de la libertad de pensamiento y los derechos humanos, difícilmente puede considerarse socialmente progresivo o incluyente.

En este sentido, como ciudadanos críticos debemos entender que, si bien en una sociedad democrática es válido hablar, promover y pertenecer a las ideas que cada quien decida, la mezcla entre política y recursos públicos es un asunto completamente distinto, pues abre la puerta a posibles actos de corrupción.

El uso de dinero público por parte de gobiernos locales y ayuntamientos, así como la promoción de eventos —aunque sean de carácter privado—, debe sujetarse a estrictos principios de ética pública y transparencia.

Asimismo, en el ámbito cultural, las autoridades encargadas de la administración de la ciudad tienen la responsabilidad de cuidar el contenido de los eventos que impulsan o difunden a través de sus secretarías u oficinas de cultura, recordando que el patrimonio cultural de una ciudad no debe confundirse con el proselitismo de una visión única del mundo.

En este caso particular, resulta cuestionable que un congreso cuyo eje central gira en torno a una supuesta “crisis de la masculinidad”, atribuida al avance del libre pensamiento, los derechos humanos y el debilitamiento de estructuras tradicionales —incluso desde una visión respaldada por sectores religiosos—, pueda considerarse un evento cultural.

Bajo esta lógica, la pregunta es inevitable: ¿cuál sería la justificación para promoverlo desde las instituciones públicas?

El Fearless Congress 2026 se presenta como un congreso de masculinidades enfocado en el desarrollo personal y la espiritualidad; sin embargo, en el fondo sostiene una narrativa sobre una supuesta “crisis del hombre moderno” y plantea como solución el retorno a valores tradicionales con un claro sustento religioso.

Su cartelera, integrada por figuras mediáticas, líderes espirituales y conferencistas motivacionales, refuerza este discurso a través de temas que van desde la sanación emocional hasta la redefinición del rol del hombre en la familia y la sociedad, lo que lo ubica más en el terreno ideológico que en uno propiamente cultural o académico.

A las autoridades en funciones, en todos los niveles de gobierno, les corresponde no solo administrar, sino también cuidar con rigor los contenidos que promueven en Jalisco.

No se puede permitir que, bajo el disfraz de eventos “familiares” o “para todo público”, se impulsen agendas con carga política o ideológica utilizando recursos e imagen institucional.

En el caso del Fearless Congress 2026, resulta indispensable cuestionar de fondo la intención del evento y, sobre todo, exigir absoluta transparencia sobre los motivos y justificaciones de su promoción oficial.

Gobernar implica trazar límites claros: saber qué se respalda, para qué y con qué recursos. Más aún cuando se trata de dinero público y de la imagen de una entidad que ya enfrenta un severo desgaste internacional por problemas como la violencia, las desapariciones y la inseguridad.

Resulta no solo cuestionable, sino profundamente irresponsable, que las autoridades opten por posicionarse como promotoras de discursos religiosos o narrativas sobre supuestas “masculinidades en crisis”, en lugar de concentrarse en atender las verdaderas urgencias del estado, que poco tienen que ver con este tipo de gastos simbólicos.

En este contexto, la entidad enfrenta problemas urgentes y profundamente delicados que deberían ser la prioridad, más aún ante la exposición internacional que se avecina.

Sin embargo, estos temas terminan convertidos en combustible para la confrontación política: las distintas corrientes no siempre buscan resolver, sino exhibir errores y capitalizarlos electoralmente. Esa es, en buena medida, la lógica de la oposición: señalar, elevar el tono y reforzar su posición frente a sus militantes.

Lo positivo es que exista ese contrapeso; lo preocupante es que, con frecuencia, la crítica se reduzca a estrategia y marketing político rumbo a la siguiente elección.

En este escenario, lo verdaderamente relevante es que la ciudadanía, sin ataduras partidistas, evalúe con seriedad el actuar de sus gobiernos y haga un balance real de cada administración para decidir su voto. Porque, al final, tanto en estos eventos como en las urnas, el objetivo sigue siendo el mismo: influir en la voluntad de los ciudadanos.