Crisis hídrica y ambiental en Tlaquepaque: Reabren investigación en Arroyo Seco

Por Francisco Junco

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, denunció una crisis hídrica y ambiental en el Arroyo Seco, atribuida a descargas ilegales de aguas residuales, posibles actos de corrupción y violaciones a derechos humanos presuntamente vinculadas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

De acuerdo con información del propio Ayuntamiento, el gobierno municipal ha interpuesto 15 denuncias, tanto penales como administrativas, contra el organismo operador, derivadas de la detección de múltiples irregularidades en la red hidráulica y sanitaria que impactan directamente a diversas colonias del municipio.

Entre los hallazgos más recientes destacan cinco nuevos puntos de descargas ilegales, identificados tras trabajos de inspección realizados por Protección Civil y Bomberos en coordinación con el área de Medio Ambiente municipal, lo que amplía el alcance de afectaciones previamente documentadas.

Las zonas señaladas incluyen a Adolf B. Horn Jr., en su cruce con el Arroyo Seco; Camino a Santa Cruz del Valle; las calles San Jorge y San Ignacio, en la colonia Parque de Santa Cruz del Valle; avenida Acueducto con calle Juárez, así como el fraccionamiento Villa Fontana.

En el cruce de Adolf Horn y Arroyo Seco se documentó inicialmente la presencia de una tubería, seguida posteriormente por una descarga continua de aguas negras en forma de cascada, presuntamente proveniente del municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

En su momento, la alcaldesa informó que acudió personalmente al sitio la noche del 23 de marzo, acompañada de un notario público, con el objetivo de dar fe de las condiciones detectadas y documentar las irregularidades observadas en campo.

El Arroyo Seco, una de las principales cuencas del municipio, nace en el Bosque La Primavera y recorre aproximadamente 13 kilómetros dentro de Tlaquepaque, atravesando puntos como avenida López Mateos y Periférico Sur, Adolf B. Horn, Toluquilla, Villa Fontana y Santa Cruz del Valle, hasta su conexión con el sistema del Acueducto Chapala.

A lo largo de este trayecto se han identificado afectaciones directas en al menos 10 colonias, derivadas de descargas ilegales y fallas en la infraestructura hidráulica.

Las denuncias interpuestas incluyen señalamientos por delitos ambientales, negligencia y falta de mantenimiento en distintos puntos del sistema, así como posibles violaciones al artículo cuarto constitucional, relacionado con el derecho a un medio ambiente sano.

En este contexto, el caso no solo se limita a una problemática local, sino que plantea implicaciones de alcance metropolitano en materia de salud pública, gestión del agua y responsabilidad institucional.

En Villa Fontana se denunció la existencia de una conexión clandestina realizada por el SIAPA, que habría vinculado drenaje sanitario a infraestructura de cárcamos construida por el Ayuntamiento para el manejo de aguas pluviales, alterando su funcionamiento original.

Como consecuencia de esta intervención, se reporta que el sistema comenzó a desfogar aguas residuales hacia la vía pública, situación que fue reconocida por el propio organismo operador durante mesas de trabajo.

En el ámbito jurídico, la presidenta municipal anunció lo que calificó como un triunfo relevante, luego de que una jueza de control revocara la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida previamente por la Fiscalía en una denuncia por delitos ambientales.

La resolución se sustenta en el principio pro natura, derivado de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obliga a la autoridad ministerial a reabrir la investigación, realizar estudios técnicos y evaluar de manera integral los daños ambientales y a la salud pública.

El fallo también ordena revisar el sistema completo de la cuenca Arroyo Seco–El Ahogado, lo que amplía el alcance de la investigación más allá de los puntos específicos inicialmente denunciados.

Esta audiencia se llevó a cabo el 19 de marzo, misma fecha en la que estaba prevista la comparecencia del entonces director del SIAPA ante el Congreso del Estado, la cual finalmente no se concretó.

En paralelo, la alcaldesa señaló que, ante la falta de respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobierno municipal presentará una queja ante la instancia nacional, al considerar posibles violaciones al derecho a un medio ambiente sano.

En términos de cobertura del servicio, se informó que actualmente 66 colonias reciben agua limpia a través de 22 pozos municipales, mientras que 227 colonias dependen del suministro operado por el SIAPA.

Sobre la calidad del servicio, Pérez Segura afirmó que “cerca del 80 por ciento del territorio administrado por el SIAPA presenta problemas de falta de agua, agua sucia o ambas”, lo que refleja, según su postura, una problemática generalizada.

Ante este escenario, el municipio ha implementado medidas emergentes, como la instalación de 49 cisternas con capacidad de 10 mil litros y la operación de 24 pipas, que han distribuido más de 11 millones de litros de agua de manera gratuita.

Adicionalmente, se reportó una inversión superior a 200 millones de pesos en el Plan Maestro contra las Inundaciones 2026, que contempla obras de desazolve, limpieza e infraestructura complementaria para mitigar riesgos asociados.

“No podemos seguir contando con plantas de tratamiento con tecnología de hace 40 años, que únicamente agregan cloro y utilizan mecanismos obsoletos. No existe un sistema adecuado para tratar metales pesados”, subrayó Pérez Segura.

La presidenta municipal se refirió al cambio reciente en la dirección del SIAPA, señalando que los ajustes administrativos deberán traducirse en resultados concretos, y añadió: “Los cambios pueden ser positivos, pero no podemos hablar de logros hasta ver resultados. No se trata de cambiar a la persona que administre el desastre, sino de que quien llegue, llegue a resolverlo”.