La popularización de las “acciones afirmativas”: Hablando de discriminaciones

Opinión invitada, por Edgardo Padilla (*)

Hace poco más de veinticinco años comenzó a popularizarse, en los círculos académicos y políticos, el término acciones afirmativas. Se presentó como una fórmula moderna y elegante para equilibrar la participación de sectores históricamente rezagados.

Sin embargo, para muchos, este concepto también implica una forma distinta de discriminación: una que, con la intención de corregir desigualdades, termina por apartarse del principio básico de igualdad ante la ley. Digo esto con respeto y en el mejor ánimo de reflexión, porque en la vida las oportunidades rara vez se regalan; normalmente hay que salir a buscarlas, construirlas y disputarlas.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco emitió recientemente los lineamientos para la próxima contienda electoral. Con base en estadísticas, estudios antropológicos y análisis demográficos, determinó una acción afirmativa específica: en ocho municipios del estado donde nunca ha gobernado una mujer, la candidatura a la presidencia municipal deberá ser exclusivamente femenina. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco elevó aún más el criterio, señalando que no solo deberá ser mujer, sino que además deberá pertenecer a un grupo considerado vulnerable: mujeres indígenas, con discapacidad o integrantes de la diversidad sexual.

Estas decisiones parten de la premisa de que los hombres han dominado históricamente el poder político. No obstante, conviene matizar esa afirmación: ni son todos los que están, ni están todos los que son.

Dentro del universo masculino también existen múltiples formas de vulnerabilidad: jóvenes sin redes de apoyo, personas con discapacidad, hombres indígenas, integrantes de la diversidad sexual y, en general, ciudadanos sin acceso a recursos económicos o capital político. La realidad social y política es mucho más compleja que una división estricta por género.

Si observamos la historia de la humanidad occidental, encontramos que los privilegios han estado asociados no solo al género, sino también a factores como la clase social, el origen étnico, la apariencia física y las redes de influencia. Quien nace en un entorno económico sólido y con acceso a educación y contactos tiene una ventaja evidente. En cambio, quienes carecen de estas condiciones deben recorrer un camino mucho más largo. Esta lógica se reproduce en múltiples ámbitos, incluido el laboral y el político. Basta imaginar a dos personas igualmente capaces compitiendo por un mismo puesto: con frecuencia, factores ajenos al mérito inclinan la balanza.

La política, en la práctica, dista de ser un terreno ideal donde imperen exclusivamente la democracia y los derechos humanos. En la vida real conviven intereses económicos, favoritismos, alianzas estratégicas y estructuras de poder que influyen decisivamente en la selección de candidaturas. Muchas veces, los cargos de elección popular parecen venir “etiquetados” desde antes de iniciar el proceso: designaciones familiares, respaldos empresariales o gremiales, acuerdos internos e incluso favores personales. En ese contexto, la competencia política se convierte en una carrera compleja que exige estrategia, tiempo, resistencia y, por supuesto, talento.

Por ello, la trayectoria política no es una fila ordenada donde basta esperar turno para ser atendido. Quienes logran avanzar sin padrinazgos ni privilegios son pocos, y el esfuerzo que deben invertir suele ser mucho mayor.

El llamado patriarcado, entendido como sistema de poder, no solo excluye a las mujeres; también deja fuera a la gran mayoría de los hombres que carecen de acceso a los círculos de influencia.

La imposición de cuotas rígidas —como la exigencia de que en determinados municipios la candidatura deba recaer exclusivamente en una mujer— plantea interrogantes importantes. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Zapopan. La vida política activa de una persona puede extenderse alrededor de cuarenta y cinco años, durante los cuales quizá existan quince oportunidades reales para competir por la presidencia municipal.

Alcanzar esa posibilidad implica atravesar procesos internos complejos dentro de los partidos, construir una carrera pública y convencer posteriormente a la ciudadanía. Para quienes han dedicado décadas a esa trayectoria, la imposición de una regla que elimina de golpe su posibilidad de competir puede percibirse como una decisión profundamente injusta.

Pero la afectación no solo recae en quienes aspiran al cargo. También impacta a la ciudadanía, que ve limitada su posibilidad de elegir entre el conjunto completo de perfiles disponibles. El liderazgo, la experiencia y la capacidad de gobernar se construyen con el tiempo, con la trayectoria y con la interacción directa con la sociedad durante las campañas. Alterar ese proceso de forma artificial puede distorsionar la competencia democrática. Resulta paradójico que estas decisiones provengan, en ocasiones, de personas que nunca han participado directamente en una contienda electoral ni han realizado campaña puerta por puerta. Es como pretender explicar al alfarero cómo moldear el barro sin haberse ensuciado las manos.

Existe, además, otro fenómeno digno de reflexión. Desde hace décadas, los partidos tradicionales ya contaban con mujeres en cargos públicos: regidoras, diputadas y funcionarias que transitaban de un puesto a otro dentro de los mismos círculos de poder. Esta dinámica no ha desaparecido. Hoy, en distintos partidos, algunas de las voces más firmes en defensa de las acciones afirmativas son mujeres que han ocupado repetidamente cargos de elección popular. Esto plantea una pregunta incómoda: ¿se están abriendo realmente las oportunidades para todas las mujeres, o solo para quienes ya pertenecen a las élites políticas?

En el fondo, el debate no gira exclusivamente en torno al género, sino al ejercicio del poder. El acceso a los espacios públicos sigue estando condicionado por estructuras, redes y privilegios que trascienden la división entre hombres y mujeres.

¿Cuántos años faltan para que la igualdad jurídica se traduzca en igualdad real? En el papel, la igualdad existe. En la vida cotidiana, aún estamos lejos de alcanzarla. La condición humana, con sus virtudes y defectos, sigue siendo el mayor desafío.

Por Edgardo Padilla (*)
Tiene Maestría en Derecho Electoral.