Corrupción de la anticorrupción

Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

“El pueblo se cansa de tanta pinche tranza”, era consigna repetida en las manifestaciones de oposicionistas, y es un elemento reiterado en la retórica presidencial que ha ofrecido acabar con la corrupción,” barriéndola como las escaleras, de arriba para abajo”, y no creo que haya un mexicano que no esté de acuerdo con ese propósito.

Como tema de campaña, resultó de excelente rentabilidad y en consecuencia está presente diariamente en el discurso oficial repleto de símbolos, como la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, alrededor de cuya construcción, se dijo, existía una gran corrupción; en la investigación sobre la llamada “estafa maestra” así como en la extradición de connotados políticos y servidores públicos, acusados de cometer ilícitos en el ejercicio de sus funciones.

Lo lamentable es, que al discurso y la nota periodística no le siguen acciones que permitan ver que el combate a la corrupción va en serio, sino que solo es instrumento para mantener la popularidad y la aceptación del Presidente de la República. Los resultados obtenidos no van de acuerdo con la proclama y se percibe la utilización de la justicia para fines político electorales y hasta para cumplir venganzas personales.

Se canceló un aeropuerto, a un costo que habrá de pagarse durante varias administraciones, y no hay una sola acusación que persiga la corrupción denunciada desde la campaña electoral. Se encarceló por la estafa maestra a Rosario Robles y no hay ninguna acusación sobre quienes suscribieron contratos y ejecutaron en los hechos las presuntas desviaciones; se concentraron las compras y además de causar desabasto de medicamentos y otros insumos gubernamentales, se burla la ley de adquisiciones y se privilegia la asignación directa y sin concurso, de obras y contratos de suministro aplicando además sanciones administrativas selectivamente, se congelan miles de cuentas pero no se abren carpetas judiciales por no presentar elementos suficientes para la investigación.

Mucho ruido y pocas nueces en el combate a la corrupción, pues en los hechos, ésta sigue cabalgando a lomos de nuevos jinetes. Cuando menos dos miembros del gabinete no pueden transparentar el origen de sus propiedades y otro más es señalado por asignar obras directamente en la refinería de Dos Bocas a compadres y amigos del cónyuge. Se adquieren directamente, “por emergencia”, respiradores y equipo a precios fuera de mercado; se mueren 8 personas en hospital de Pemex por aplicar medicamentos adulterados y no se sabe siquiera a quien se compraron, menos que exista una investigación y así podemos seguir señalando actos que debieran ser motivo de persecución y no lo son y por si fuera poco, el INEGI informó que los actos de corrupción en la vida cotidiana aumentaron durante 2019 al afectar a 15,732 por cada cien mil habitantes, contra 14,635 en 2017.

Rosario Robles está encarcelada por omisión, por hacerse de la vista gorda ante la estafa maestra, ¿Quién tendría que estar en la cárcel por no ver lo que sucede en Dos Bocas, en las licitaciones a modo y en asignaciones directas?

Pero el colmo viene en el asunto de Odebrecht y Agronitrogenados, en torno a los cuales se ha levantado una burbuja informativa desconcertante y, a la vez, preocupante por el uso político de la justicia. En el primero, los sobornos o “prestaciones” hechas a Emilio Lozoya, se han querido vincular a su uso en campañas políticas, todas auditadas por cierto sin observaciones graves en cuanto a rebase de topes o uso ilegal de aportaciones privadas, y en el segundo por el daño patrimonial causado en la compra a sobre precio de la empresa e instalaciones, cuyo monto es cuando menos cuatro veces inferior al daño causado a las finanzas públicas por la cancelación del NAIM. Desconcierta que tanto el gobierno como el acusado, estén tornando una causa judicial, endeble procesalmente, en una componenda política con el fin de obtener beneficios mutuos. El acusado, directamente señalado en Brasil de haber recibido millones de dólares, ofrece abrir otra causa, por soborno, a quienes recibieron dinero para aprobar la reforma energética y a cambio recibe un trato preferencial y una posible absolución. Una negociación de la justicia en la cual el castigo queda sujeto a la raja política que se le pueda sacar a sus testimonios. El acusado pasa a ser acusador a cambio de beneficios para él y su familia en una negociación que utiliza la ley para fines evidentemente políticos, especialmente cuando viene una contienda electoral, en la que por lo visto, la corrupción seguirá siendo bandera.

No hay que sancionar, hay que exhibir, de eso se trata no de hacer justicia, y mientras tanto, las penas se negocian, la justicia es selectiva, vengativa con los contrarios, benévola y hasta ciega con los afines, los corruptos corrompen por el criterio de oportunidad y la impunidad galopa en la 4T. Componendas políticas como antes, como ahora, pura tranza pues.