La ley y el orden: La venganza social

Opinión, por Ricardo Plasencia Mariscal //

¿Ha llegado a su limite el hartazgo de la sociedad? Los hechos sucedidos en diferentes partes del país, en donde hemos visto a ciudadanos hacerse “justicia” por su propia mano, a la luz del derecho también son delitos cuando estas conductas rebasan los límites de la legitima defensa.

El comportamiento del ser humano ante el dolor, el miedo o la sed de venganza, hacen que nos olvidemos que vivimos en el 2020 y se repitan conductas que nos remontan a la época de la barbarie, en la que se cometieron los peores crímenes, con los más altos rasgos de violencia, precisamente por venganza.

Por mandato constitucional el Estado está obligado a brindar a los gobernados seguridad y proveer justicia; vemos cómo hemos pasado de ver la impunidad del estado para reprimir al delito, a ser testigos, espectadores, de cómo la delincuencia hace gala de la impunidad al atentar contra la sociedad sin ser castigados como lo exige el derecho penal, y la misma sociedad lo reclama.

Desde hace tiempo el estado ha sido rebasado por la delincuencia, ya sea por ineptitud o por negligencia e incluso hay quienes piensan que hasta por comparsa; y el pueblo víctima y preso de la delincuencia, cansado, decide actuar, primero por su defensa, luego por venganza disfrazada de justicia.

Reza el artículo 17 Constitucional en su primer párrafo: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”. Luego entonces, por los hechos que hemos visto, sigue presente la impunidad, como ya se dijo en renglones anteriores, se están cometiendo delitos que están disfrazados de justicia, o por venganza social.

El segundo párrafo del precepto constitucional mencionado establece: «toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales».

Es preocupante que la sociedad sienta que no se cumple con ese mandato constitucional, por ello, cansada de ser víctima de la inseguridad, de la delincuencia, actúa  también violando el primer párrafo del artículo 17, creyendo que hacer justicia por su propia mano, es un acto heroico que amerita el reconocimiento de los agraviados y del pueblo en general.

Como sociedad, tenemos la oportunidad y obligación de controlar nuestra frustración, la ira, el odio y el dolor, y proponernos a avanzar y ser mejores que las anteriores generaciones, y además exigirle al estado,  a la autoridad, que en todo momento, que en todos los actos se cumpla y se haga cumplir la ley y alejarnos de esa errónea creencia que estamos haciendo justicia.

El problema es de todos, pero principalmente es responsabilidad básica del estado evitar que se imponga la ley de la selva.  El Estado tiene el monopolio de la violencia legítima para cumplir ese deber ineludible de brindar protección a su población en vidas y bienes.

Hay vacíos y si la sociedad no se siente protegida entonces no le queda de otra que recurrir a cualquier medio que tenga a su alcance para defenderse y protegerse.

Lo peor sería que intermediarios ilegales como el crimen organizado empiecen a llenar esos vacíos como ya lo han venido haciendo en algunas zonas del nuestro país.

(*) Licenciado en Derecho y con Maestría en Derecho Penal.