Por Luis Enrique Villanueva Gómez //

El Poder Judicial del Estado de Jalisco requiere de una amplia, profunda y urgente reforma que además de fortalecerlo, le permita también acercarse a la ciudadanía en aras de recuperar su confianza y promover su participación activa en las tareas judiciales, desarrollando, en conjunto, planes y programas de acción, viables y productivos.

Es claro que se requiere una reforma urgente de mucho mayor alcance, porque la planteada recientemente esta focalizada solo a facilitar el nombramiento de las vacantes en los órganos del Poder Judicial, cuando lo que se requiere son herramientas sólidas que propicien su plena apertura a la sociedad; que combatan de raíz la corrupción y la impunidad; que permitan al ciudadano conocer cómo y quién le resuelve su juicio; que lo obliguen a integrarse por los mejores profesionistas; que permitan que Jalisco vuelva a ser referente de la investigación y el desarrollo jurídico, pero especialmente que el Poder Judicial sea capaz y esté en posibilidades, por si mismo, de ajustar y planear su crecimiento y desarrollo, como un auténtico poder del Estado, independiente y autónomo.

Estoy convencido que la renovación profunda que se requiere, debe partir desde dentro, debe proponerla e iniciarla quien la pondrá en marcha y logrará su consolidación, así como a nivel federal lo ha realizado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que en un acto de madurez política ha hecho suya la propuesta el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador.

La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial requiere que tenga plena independencia y autonomía en el manejo de sus recursos económicos, por lo que se hace necesario conocer el estado actual de los ingresos y presupuesto asignados a la impartición de justicia en Jalisco, anticipándose que se requiere un proyecto muy amplio que rediseñe integralmente su arquitectura procesal, estructural y social.

CONTAMINACIÓN Y CONTROL POLÍTICO

Para nadie es un secreto la mala imagen que la sociedad mexicana, incluido Jalisco desde luego, tiene de las instituciones y la administración de justicia, por lo que es urgente recuperar la imagen de un Poder que otorga un servicio público fundamental para el Estado y los jaliscienses, dado que en la medida que ésta mejore, en esa misma proporción se beneficiarán los ciudadanos.

Pero si socialmente no se le concede el trato debido a la impartición de justicia, políticamente tampoco es así, porque basta analizar tan solo los montos y el proceso de asignación presupuestal para darse cuenta que el Poder Ejecutivo y el Legislativo influyen contundentemente para que el Poder Judicial cuente con un presupuesto insuficiente, supeditado a gestiones injustificadas que derivan necesariamente en compromisos insanos adquiridos para con otros poderes y factores de decisión.

Sumándose al inadecuado control de las instituciones judiciales, se tiene la forma en que se designa a los integrantes del máximo órgano del Poder Judicial, esto es, los magistrados designados tienen que pasar un proceso de elección que toma en consideración factores ajenos a la experiencia y carrera judicial como premisa determinante, lo que redunda en un Poder Judicial más cercano al interés político y alejado por completo de la voluntad ciudadana, acarreando en su actuar errores trascendentales y malas prácticas que merman la ya de por si deteriorada imagen y confianza en la justicia.

LUGAR 29 NACIONAL PRESUPUESTO POR HABITANTE

Esa inadecuada sujeción política y la dependencia absoluta del presupuesto asignado como única fuente de ingresos del Poder Judicial lo han llevado a ocupar el lugar número 29 entre las entidades del país en cuanto a la cantidad que se destina a impartición de justicia respecto al número de sus habitantes, esto es, de los 32 entidades que componen el país, Jalisco apenas supera a Chiapas, Hidalgo y Puebla en la cantidad que se destina por habitante para tareas Judiciales.

La planeación del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial requiere que tenga plena independencia y autonomía en el manejo de sus recursos económicos, por lo que se hace necesario conocer el estado actual de los ingresos y presupuesto asignados a la impartición de justicia en Jalisco, anticipándose que se requiere un proyecto muy amplio que rediseñe integralmente su arquitectura procesal, estructural y social.

En la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, se contaron 119 millones 530 mil 753 habitantes en México¹, ubicando a Jalisco en la posición número cuatro con el mayor número de habitantes, después del Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, por lo que se aprecia lejano e incongruente que siendo el cuarto estado más poblado y ocupando alternadamente el segundo y tercer lugar en cuando a la importancia de su economía, Jalisco sea el vigésimo noveno lugar de una lista de 32, en el que con apenas $228.00 pesos dista mucho de la media nacional que se sitúa en $337.00 pesos y bastante retirado del lugar número uno que ocupa la Ciudad de México con $774.00 pesos.

ABAJO DE LA MEDIA EN PRESUPUESTO PARA JUSTICIA

Si el presupuesto destinado a la justicia por habitante es incongruente e inconcebible, de igual manera lo es que en un comparativo nacional entre los recursos que cada entidad destina del presupuesto global al Poder Judicial, Jalisco se ubique en el lugar 21, con apenas el 1.46% destinado a la administración e impartición de justicia, porcentaje que contrasta sobremanera con la media nacional de 1.71% y más penoso aún cuando se compara con entidades como Nuevo León (2.14%), Querétaro (2.35%), San Luis Potosí (2.62%), Ciudad de México (2.77%) o Chihuahua (2.92%) que ocupan los primeros lugares.

Es decir, hay en Jalisco una percepción equivocada, a la luz del comparativo con otras entidades, respecto de la importancia que tiene destinar recursos públicos al sistema de justicia, sin que pase desapercibida la posibilidad que sea en todo caso, una situación calculada como efecto de las injerencias políticas que resulten convenientes a intereses ajenos a la impartición de justicia.

JUSTICIA MALTRATADA PRESUPUESTALMENTE

Ahora bien, si en un análisis nacional no se ven resultados alentadores, al interior de la entidad tampoco los hay, puesto que basta con analizar el comportamiento del presupuesto del Estado en relación a la asignación por poderes para determinar que no es prioridad la administración e impartición de justicia y si la propia norma regulatoria les permite un juego de conveniencia en cuanto a su monto, los resultados ponen en evidencia al maltrato presupuestal que históricamente ha recibido el Poder Judicial en Jalisco.

Veamos, en las últimas dos administraciones locales y la que va de la actual, puede apreciarse que nunca se ha superado el porcentaje del 1.47% que respecto del presupuesto global se destinó al Poder Judicial en el año 2015 dos mil quince, oscilando en porcentajes intermedios donde el menor asignado lo fue en el año 2006 con apenas el 1.22%, ubicándose en promedio entre los años 2006 al 2020 en el 1.34%.

ERARIO INSUFICIENTE

En ese mismo sentido, entrando al ejercicio específico del gasto judicial, es de apreciarse que desde hace muchos años los diferentes órganos conformantes del Poder Judicial destinan sus presupuestos anuales en más de un 90 % para sueldos y salarios, lo que lleva a que el restante 10 %, apenas sea suficiente para solventar las necesidades más apremiantes de materiales, servicios o mobiliario, lo que hace imposible destinar recurso alguno para el mantenimiento de inmuebles, el equipamiento tecnológico o la planeación de su crecimiento acorde a las demandas sociales.

Esto es, el presupuesto que se otorga al Poder Judicial para el Estado de Jalisco es insuficiente y no ha aumentado respecto del promedio de los últimos 15 años.

Así, es de todos conocidas las lamentables condiciones en que se encontraban los juzgados penales antes de la reforma al sistema y las que todavía enfrentan con las mejoras y acondicionamiento de que fueron objeto, puesto que no tienen certeza de la continuidad del servicio eléctrico, sufren las goteras e inundaciones en temporadas de lluvias y hay serias dificultades para generar versiones electrónicas de las actuaciones por la obsolescencia de los programas y las limitaciones de los equipos.

En las demás materias ubicadas en la denominada Ciudad Judicial, se sabe que desde su puesta en marcha presenta carencias y falta de mantenimiento en baños, salones y patios, sin dejar de observar que a más de cinco años de operación aún sigue en obra negra el tercer piso del edificio sin que se vislumbre el menor interés por construir nuevos juzgados o instalaciones relativas a la administración de justicia o acaso para aprovechar el espacio para instalaciones administrativas como capacitación y profesionalización.

No debe dejar de mencionarse las paupérrimas condiciones en que se tiene a los juzgados foráneos que son los beneficiarios de los equipos obsoletos y mobiliario en desuso dejados por los juzgados del primer distrito judicial que en un último intento pretenden que sirvan para impartir justicia en las regiones del interior del estado, en una política que más que austeridad parece de ocultar las carencias y necesidades alejándolas de los tribunales de la capital.

Por si no fuera suficiente la imposibilidad financiera de cubrir sus necesidades básicas y planear su ampliación, el Poder Judicial de Jalisco debe enfrentar el natural crecimiento sin pausa de las demandas de justicia acumulando cargas de trabajo que amenazan con desbordarlo, haciendo insuficientes el número de juzgados y salas existentes.

SALAS INSUFICIENTES Y CONCENTRADAS

Por otra parte, acercar los servicios públicos de justicia a las regiones del estado, es un asignatura que no se ha cumplido, al existir municipios y zonas en las que los usuarios, litigantes y personal judicial deben desplazarse grandes distancias para acceder al tribunal que les compete, retrasando y encareciendo la justicia, sin que pase desapercibido que la totalidad de salas de segunda instancia encuentran ubicación en la capital del estado, lo que obstaculiza sobremanera el acceso a ellas y encarece el servicio para quienes viven en municipios del interior de la entidad.

Efectivamente, la justicia en apelación está concentrada en el Área Metropolitana de Guadalajara en salas colegiadas, lo que provoca que cualquier recurso de alzada promovido en el interior del Estado implique el traslado oficial como privado de documentos y personas, encareciendo la justicia en contravención a los principios constitucionales que la conciben como completa y gratuita, de ahí que deba retomarse un viejo anhelo del Poder Judicial para contar con salas regionales de segunda instancia ubicadas en puntos estratégicos del territorio estatal que sean concentradoras de población y de demanda de justicia.

En suma, el presupuesto limitado ha provocado un deterioro aún mayor en la impartición de justicia derivado de las nuevas obligaciones legales que le han sido asignadas sin el consecuente incremento en el presupuesto, impactando al Poder Judicial en un déficit que ya ha puesto en riesgo el pago de los salarios del personal, es decir, su operatividad por falta de pago y de insumos; son deplorables las condiciones en que laboran la mayoría de los juzgados que están fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, mixtos e incluso especializados y orales de nueva creación; existen juzgados donde el personal actual es insuficiente dadas las cargas de trabajo que reciben, aunado a la carencia generalizada de material, equipo e instalaciones dignas.

CONSTRUYAMOS GOBERNANZA JUDICIAL

Por ello es que debe convocarse a juezas, jueces, magistradas, magistrados, Congreso del Estado, al Ejecutivo Estatal, a las y los operadores del derecho y a la sociedad organizada a que se instalen mesas de trabajo en las que podamos compartir propuestas de solución y marquemos la ruta de su implementación a corto, mediano y largo plazo.

Al efecto, pongo a disposición un Modelo (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) realizado por especialistas, que fue discutido, debatido y retroalimentado por expertas y expertos de diversas áreas del conocimiento, que contiene un detallado diagnóstico resumido en un árbol de problemas y un árbol de objetivos, complementados con programas y proyectos de implementación.

Es realmente urgente contar en Jalisco con un Poder Judicial solido, independiente, autónomo pero de igual manera cercano, moderno, transparente, profesional y humano.

Un Poder Judicial que ofrezca el mejor servicio con la más alta calidad en el país, que se convierta en el principal promotor de la inversión productiva del estado y, especialmente, que sea el orgullo de todos los jaliscienses.