Transporte público: Negocio de unos cuantos particulares financiado con dinero público

Por Daniel Emilio Pacheco // 

“Vamos a tener una tarifa adecuada y pago electrónico unificado, vamos a mejorar en términos de tiempo la rutas y frecuencias para que éstas sean eficientes, vamos a tener más seguridad con un sistema de supervisión y monitoreo permanente de la Secretaría de Transporte y Seguridad para la mejora del modelo, va a haber información abierta y combate a la corrupción, un modelo financiero y de operación que dé como resultado calidad en el servicio y vamos a tener sobre todo articulación entre todos los medios de transporte”, prometía el 24 de julio de 2019 el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

A más de un año del aumento del transporte público anunciado ese día, por el Gobernador de Jalisco, el prometido avance no se ve reflejado en el servicio, pero, sí se pueden conocer los beneficios económicos que los transportistas han recibido y el gasto que en la Secretaría de Transporte se ha realizado para implementar el cobro mediante la tarjeta de pago electrónico “Mi Transporte”.

El Gobierno del Estado ha destinado 600 millones de pesos a fondo perdido para apoyar a los transportistas con 80 mil pesos por unidad, con el fin de lograr la modernización del transporte urbano, según el anuncio del secretario del Transporte, Diego Monraz:

“En este año -2019- habrá una inversión de 600 millones de pesos que servirá para por fin darle la vuelta a este gran adeudo para tener rutas con tecnología, monitoreadas”.

Así pues, con dinero público, ¡se apoya un negocio privado! Pues las unidades de transporte solo benefician económicamente a sus dueños, ¿Por qué se les debe regalar dinero para que modernicen el servicio que dan?

Y aún más, el negocio es redondo. El 11 de mayo de 2020 el periódico El Informador da cuenta de que, “la empresa EB Jalisco, una de las cuatro proveedoras autorizadas para vender los equipos de prepago, tiene como representante al gerente Hugo Maximiliano Higareda Macías, quien está ligado a 10 rutas de transporte que eligieron a esa compañía para comprar las máquinas. También Óscar Higareda Macías (relacionado con la Ruta 380) le compró.

En otras palabras, con el subsidio entregado por el Gobierno de Jalisco se beneficiaron como transportistas, equiparon sus unidades y el dinero público lo destinaron a la proveedora del servicio a la que están ligados o son propietarios”.

Pero el apoyo a los transportistas también incluye dinero para renovar sus unidades de transporte público, con ese fin, el Gobierno de Jalisco por medio del programa “Mi Transporte”, autorizó el otorgamiento del apoyo económico a los dueños de unidades del transporte público en las Áreas Metropolitanas de Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán de Morelos.

Originalmente se había proyectado un presupuesto por 440 millones de pesos, sin embargo, en plena pandemia, se decidió modificar la bolsa en beneficio de los transportistas y podría llegar hasta 594 millones de pesos.

Aquí viene otro “detallito”, el Gobierno de Jalisco ha estado usando para beneficiar a los transportistas los recursos asignados del Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial, mismo que recibe y administra el dinero obtenido por foto multas.

El fideicomiso se creó originalmente para acciones de seguridad vial y movilidad sustentable, además de ser la opción por medio de la cual se podría apoyar a las víctimas de accidentes en los que participa el transporte público, lamentablemente, el fideicomiso ha terminado siendo usado para que los concesionarios del transporte público migren al modelo ruta-empresa, sin que tengan que invertir de sus recursos.

PAGAN ESTUDIOS MILLONARIOS

Por si fuera poco el dinero público despilfarrado por el Gobierno de Jalisco lo regalado a los dueños del transporte público, los gastos de estudios de consultoría son escandalosos en una administración que cuenta con personal para realizar el trabajo, pero prefiere pagar por fuera sus “estudios”, así fue como se le adjudicó vía la Secretaría de Transporte, en julio de 2019, por concepto de consultoría correspondiente al proyecto denominado «Estudio ejecutivo, diagnóstico y propuesta de soluciones del Sistema Interoperable de Recaudo (SIR) propuesto para el Estado de Jalisco, Secretaría del transporte», al participante denominado «Sistemas Inteligentes de Transporte, A.C, un monto de $2’900,000.00 (dos millones novecientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para realizar dicho estudio.

En mayo de 2020, la Secretaría de Transporte solicitó de nueva cuenta la contratación de asesorías sobre el manejo del recaudo. Nuevamente la ganadora fue la empresa Sistemas Inteligentes de Transporte A.C., a la que ahora pagaron tres millones 582 mil pesos para que hiciera los estudios.

LA RECOMENDACIÓN DE CEDH SOBRE TARIFA

Y aún con todo el dinero entregado a dueños de transporte público, y estudios carísimos pagados a empresas consultoras, el transporte público en Jalisco no mejora, así lo demuestra la RECOMENDACIÓN 21/2020 19 de julio 2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, dirigida al secretario del transporte del Estado y al director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, pues de las investigaciones practicadas por este organismo se evidenció que en el acuerdo ST/DGTP/323/2019 se autorizó acceder al cobro de la tarifa de 9.50 pesos, ya que el Sistema Integrado del Transporte Público estaba cumpliendo satisfactoriamente los requisitos y condiciones citados en el acuerdo de la sexta sesión ordinaria, en el sentido de que las unidades de transporte público de Sitren se apegaban a la norma técnica del transporte público para su uso; sin embargo, ello no se reflejó en su totalidad, como se corroboró en las investigaciones de campo realizadas por personal de esta Comisión a diversas unidades del transporte público que circulan por la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), así como por las constantes quejas referidas por las personas usuarias, constatando que subsiste una deficiente prestación del servicio en varias unidades que cobran tarifa de 9.50 pesos.

GARANTIZAR EL CAMBIO

“En coordinación con Siteur, se debe garantizar a las personas usuarias del transporte público el cambio fraccionario, si el pago es en efectivo y excede los 9.50 pesos. De ser necesario, modificar las máquinas receptoras de pagos para que otorguen el cambio correspondiente, y entretanto que, verifique la legalidad del proceso actual para recabar el dinero excedente del pago del pasaje y su destino final”, dice entre otros señalamientos el documento, además de pedir, “aunque el fiscal especial en el combate a la corrupción no es una autoridad involucrada en los hechos, por sus facultades y atribuciones se le solicita que inicie una investigación relacionada con la recolección, monto y destino final del excedente de 50 centavos que resulta del pago que realizan las personas usuarias del transporte público en las unidades del Siteur y rutas empresa, al no aportar la tarifa exacta; y se determine si hay elementos constitutivos de un delito”.

ACEPTAN RECOMENDACIÓN

La respuesta por parte de la Secretaría de Transporte y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) respecto a la recomendación 21/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), es aceptarla, y argumentan que, “ya que la gran mayoría de los puntos que señala o bien ya están subsanados o en proceso de solución, con proyectos y acciones planteados desde el inicio de esta administración”.

“En la Secretaría de Transporte y Siteur no somos ajenos a estas observaciones, las cuales teníamos detectadas desde diciembre de 2018 y hemos atendido en un proceso gradual”.

“Prueba de ello es que logramos recuperar la rectoría del estado sobre el servicio, migrar al 100 por ciento del modelo hombre-camión al empresarial, reestructurar de rutas con criterio técnico, instalar equipo de recaudo en todas las unidades y consolidar un verdadero sistema de pago electrónico, entre otros. Por lo que en todos los procesos se han escuchado las voces de usuarios y de asociaciones civiles para mejorar las condiciones del transporte público”.

Así pues, con dinero público se invierte en un negocio privado, se gasta en estudios que justifiquen las ocurrencias que podrían ser resueltas con personal propio y se habla en medios de comunicación de un irreal servicio de transporte público, mientras el robo de cada moneda de 50 centavos enriquece más a unos cuantos.

¿Qué hace que un reducido grupo de servidores públicos decida beneficiar por sobre todo a los empresarios camioneros? ¿Cuál es su motivación para entregarse con todo al llamado “pulpo camionero”?