La ley y el orden, amnistía o impunidad

Opinión, por Por Ricardo H. Plascencia Mariscal //

Históricamente en nuestro país cuando se han promulgado leyes de amnistía, han sido para efectos de sanar las heridas hechas por el estado cuando ha habido hechos o movimientos sociales y cerrar un círculo de situaciones complicadas en el ámbito de la violación de derechos humanos cometidos por el estado mexicano.

La Organización de la Naciones Unidas, a través de la oficina del Alto comisionado para los derechos humanos define la amnistía como: “Medidas jurídicas que impiden el enjuiciamiento penal y, algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal especifica cometida antes de la aprobación de la amnistía o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada”.

Desde sus campañas políticas, el actual Presidente de México, mencionó la necesidad de promover una ley de amnistía para que en ámbito federal pudieran obtener su libertad las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes, en los siguientes supuestos: aborto, homicidio, delitos contra salud, por cualquier delito, a personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, o el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad de más de cuatro años, y por el delito de sedición.

De inicio, no me parece erróneo decretar una ley de amnistía en los términos como los establece esta ley vigente, por virtud de que actualmente se encuentran rebasadas en su cupo los centros de reclusión en el país, por ello urgiría a generar acciones para mitigar el numero de internos en las cárceles; por lo tanto esta ley vendría “como anillo al dedo” para tales efectos.

Sin embargo, creo que esta ley es innecesaria, pues el estado mexicano cuenta con un gran acervo normativo para que con voluntad se haga justicia a los grupos vulnerables, o bien a quienes hayas sido procesados en forma injusta, o para generar mayor protección a los grupos indígenas; pero por lo contrario el Presidente Andrés Manuel López Obrador, más que pretender o sanar heridas, sigue decidido en mostrarle al mundo, que en nuestro país lo que él dice se hace. Se considera que La ley de amnistía es a todas luces una jugada política para referirse como una promesa de campaña cumplida, y no para realmente proteger a los grupos vulnerables, grupos indígenas y demás, pues solamente es de aplicación obligada en el ámbito federal, por lo tanto, faltaría que cada uno de los estados legislara al respecto para efectos de que se homologara dicha ley e impactara armoniosamente en todo el país, ya que algunos de los delitos previstos por dicho ordenamiento legal, son castigados por los códigos penales de cada estado en la república mexicana.

Las leyes de amnistía en nuestro país siempre se han hecho para beneficiar a aquellas personas que han cometido delitos políticos. No para los que roban, o peor a un para el produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el artículo 193 del Código Penal Federal, sin la autorización correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud; o bien al que Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el referido artículo, aunque fuere en forma momentánea o en tránsito, o posea los narcóticos descritos según lo prevé el Código Penal Federal dicho código punitivo. Además la reciente ley aprobada, olvidó tocar un tema importantísimo como lo es la reinserción social, por las características de los delitos que se incluyen y el tratamiento posterior a su liberación de los activos de los delitos contra salud.

El flagelo del narcotráfico se puede ver fuertemente beneficiado en nuestro país, precisamente a consecuencia de la publicación de esta Ley de Amnistía, pues la droga llega a los consumidores a través de los narcomenudistas, y muchos de ellos nunca han sido detenidos, o aparentan estar en pobreza extrema, por lo tanto, están dadas las condiciones para en forma impune, muchas personas argumentando que fueron obligadas por grupos de la delincuencia organizada a externar esas conductas que son castigables por el ordenamiento penal. En este caso preciso, también para golpear a la industria del narcotráfico también se debe de barrer las escaleras de abajo hacia arriba.