JALISCO
Para combatir la corrupción y la impunidad, se requiere en Jalisco de un sistema judicial anticorrupción
Opinión, por Luis Enrique Villanueva Gómez //
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Sistema Nacional Anticorrupción está previsto en los artículos 113, 127 y 134, cuyos textos establecen: a) la esencia y objeto del sistema; b) sus integrantes, y c) las bases, estructuras y funcionamiento.
La estrategia legal oficial contra la corrupción y la impunidad, se derivó del compromiso de las entidades para contrarrestar sus principales causas, factores y consecuencias y además como efecto derivado de la problemática identificada en las dependencias y entidades del sector público, organismos, empresas, contratistas y no pocas personas físicas que despliegan conductas en diversos procesos de accionar del Estado y sus ámbitos, constituyéndose en tipos penales asimilables al fraude con menoscabo al erario público, por ello es que se decidió conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, cuya primera iniciativa se presentó el día 15 de noviembre de 2012 y la última de las nueve iniciativas se presentó el 12 de febrero de 2015.
Sus antecedentes fundamentales se remontan a dos instrumentos del derecho convencional, es preciso señalar que México ha formado parte de la Convención Interamericana contra la corrupción desde que fuera signada por el Estado el 29 de marzo de 1996 y ratificada por el Senado de la Republica el 30 de octubre de 1996, en la que se acordó una estrategia de fortalecimiento de medidas preventivas contra la corrupción. Por otra parte, el 31 de octubre de 2013, México adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la que se propone una coordinación integral de medidas en las que se incorpore la responsabilidad de los sectores público, privado y social.
Para conformar y darle vida al Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció la necesidad de generar diversas normas secundarias, fue así que con fecha 18 de julio del 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación cuatro nuevas leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; cinco leyes fueron reformadas: la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; así como las regulaciones de disciplina financiera de las entidades financieras y los municipios.
El Código Penal Federal, en su Título Décimo, artículos 212 a 224, establece los delitos por hechos de corrupción en los que puede incurrir un servidor público, entre los cuales se encuentran el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores y servidoras públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, el cohecho así como el cohecho a servidores públicos del extranjero, peculado, y enriquecimiento Ilícito.
Como consecuencia y componente de la Estrategia Nacional Anticorrupción, en el año 2017, el Gobierno de Jalisco puso en marcha el marco normativo, institucional y de políticas públicas integrando un Sistema Anticorrupción para el Estado de Jalisco, que fue conformado a través de un Comité de Participación Social, la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Instituto de Transparencia, acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, estableciendo un marco normativo para atacar de lleno el mencionado problema y las consecuencias que su desarrollo provoca.
Es así como se vieron reformadas la Constitución Política del Estado de Jalisco, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y como parte de ella la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, así como la creación de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, así como la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
De la misma forma, el Código Penal para el Estado de Jalisco establece un catálogo de delitos en que incurren los servidores públicos cuando se trata de impartición de justicia, dando como resultado treinta y cuatro delitos previstos en el artículo 154 entre los que destacan el conocer negocios a sabiendas del impedimento legal para conocerlos, desempeñar algún cargo particular que la ley prohíba, litigar por sí o por interpósita persona cuando la ley les prohíba expresamente, ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan una ventaja indebida a los interesados de un negocio; entre otros.
Cabe señalar que las obligaciones y compromisos derivados de la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción, el Poder Judicial del Estado de Jalisco incumplió con la obligación de implementar un Órgano Interno de Control en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 18 de Julio de 2016, porque hasta la fecha no ha sido creado en sus términos.
Ahora bien, ¿Cuál es la posición del país y del Estado de cara a la implementación de los correspondientes sistemas anticorrupción enunciados?
En 2020 se publicó la “Encuesta Global sobre Delitos Económicos” realizada por Price waterhouse Cooper, se estableció que el tráfico de información privilegiada, el fraude fiscal, el lavado de dinero, el soborno y la corrupción, son los cinco principales y más costosos fraudes en término de pérdidas directas de activos, como dato ilustrativo, de entre las empresas encuestadas un 30% destacaron como víctimas de la corrupción. (PwC, 2020)
Al respecto, desde hace ya algunos años, diversas asociaciones ciudadanas se unieron a la estrategia de combate a la corrupción realizando regularmente mediciones y aproximaciones a la magnitud del fenómeno, una de esas mediciones sobre la percepción de la corrupción, arrojó que México reporta uno de los mayores índices de corrupción en América Latina, según el referido instrumento de medición, un 34% de los usuarios de un servicio público tuvieron que pagar para acceder a él (Transparency international, 2019).
MÉXICO LUGAR 130 DEL RANKING DE CORRUPCIÓN
De acuerdo con el mismo reporte, México se encuentra en la posición 130 de 198 países encuestados, obteniendo una calificación de 29 puntos de 100 posibles, lo que representa una tendencia a la baja de -6 puntos si se compara con los 35 puntos que obtuvo en 2014.
Por otra parte, a nivel internacional se puede establecer, según lo señala el Sustanaible Gobernance Index, que México se encuentra en el lugar número 35 de su ranking, obteniendo una valoración de 4.83 en cuanto a la calidad de las políticas públicas, un 4.77 en cuanto al sistema democrático y un 5.63 a los niveles de gobernanza.(SGI, 2019)
En ese sentido, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojaron que en Jalisco la población de 18 años y más considera que la inseguridad y la delincuencia (79.9%), así como la corrupción (55.7%) son los problemas más importantes del Estado (INEGI, 2019).
El 85% de la población considera que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes, lo que representa solo dos puntos porcentuales menos del nivel nacional que es de 87% cabe señalar que sobre la frecuencia de actos de corrupción en diversos ámbitos se obtuvo que el Poder Judicial se coloca en quinto lugar, debajo de los policías, los partidos políticos, los gobiernos estatales, el Congreso Federal y el Ministerio Público en ese orden (INEGI, 2019).
La misma encuesta reveló que en promedio 16,100 habitantes de cada 100,000 tuvieron contacto con algún servidor público y experimentaron cuando menos un acto de corrupción y la tasa de trámites en donde la población tuvo cuando menos un contacto con un acto de corrupción fue de 34,545 por cada 100,000 habitantes, lo que representa cuatro mil ochenta y nueve personas más que la tasa de incidencia Nacional. (INEGI, 2019)
En ese sentido, los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, arrojaron que durante los últimos años, 19 estados presentaron un comportamiento a la baja en materia de corrupción, siendo Jalisco uno de ellos pasando de reportar un 91.7 % en 2017 a un 85.0% en 2019 (INEGI, 2019).
Las principales entidades federativas con una percepción de corrupción “Muy frecuente” o “Frecuente” fueron: Tabasco con el 91.8%, Estado de México con 91.5% y Michoacán con el 90.4% (INEGI, 2019).
En ese tenor, es preciso señalar que de conformidad con el análisis del World Justice Project: Estado de derecho, en el caso del segundo factor evaluado que tiene que ver con ausencia de la corrupción, Jalisco obtuvo una puntuación de 0.31% con lo que consiguió el lugar número 28, a la par de los estados de Durango y Quintana Roo, particularmente el Poder Judicial obtuvo 0.35 puntos de calificación en cuanto a la ausencia de corrupción, (WJP, 2020)
Por otra parte el Ranking 2019, denominado Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, se detalla que en el Estado, el tiempo de espera para denunciar es de 113.38 minutos, mientras que la efectividad en la procuración de justicia es de un 7.8% y existe un porcentaje de 60.20% de sentencias menores de tres años (Impunidad Cero, 2019) colocándolo en la posición número 23 del ranking nacional.
Los reportes y estadísticas muestran entonces un muy ligero avance respecto de la conformación de los sistemas de combate a la corrupción.
En el ámbito de la jurisdicción, la corrupción y la impunidad tienen que ver precisamente con el proceso de la impartición y la ejecución de la justicia, que convierten al Poder Judicial del Estado de Jalisco en uno de los más señalados por actos de corrupción, superado solamente por las corporaciones policiacas de todos tipos y niveles y los partidos políticos.
En efecto, estudios que miden la percepción ciudadana hacia el Poder Judicial de Jalisco, en particular la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Púbica del (INEGI, 2019) evidenció que un 74.5 % de jaliscienses considera que los juzgadores son corruptos.
Reconociendo el carácter complejo pluricultural y multifactorial de los procesos y prácticas que caracterizan a las conductas típicas de la corrupción y la impunidad en el actuar de las instituciones, se debe reconocer también de manera muy explícita el hecho de que las apreciaciones que existen al respecto tienen una naturaleza de percepción, es decir, no tienden a la exactitud de cifras duras, por el contrario, se trata de un espectro de colocación de objetos a la luz de la opinión pública.
En ese sentido es que se ve agudizada la percepción social de la impunidad cuando se relaciona con los índices de corrupción sin castigo ni consecuencias, generando un ambiente de desconfianza y lejanía del poder público con la ciudadanía.
Para el Modelo de Gobernanza Judicial (www.gobernanzajudicial-jalisco.mx) que se propone, el desarrollo de una buena estrategia transversal de gobernanza judicial en materia de combate a la corrupción es necesaria y urgente para desentramar el origen de este fenómeno en una línea de tiempo determinada, con el objeto de lograr dimensionar el tamaño real de la problemática a tratar, realizar un análisis metódico del estado de la cuestión y con ello definir líneas de acción institucionales que logren terminar con este problema, en la medida y el tiempo que sea necesario.
Resulta adecuado y oportuno la creación de un sistema judicial anticorrupción, que incorpore al ciudadano en cada uno de sus componentes no solo para que sean privilegiados espectadores de primera fila, sino para que se conviertan en coprotagonistas de los procesos de implementación, seguimiento y evaluación, que participen de la operación de figuras como el observatorio ciudadano, la contraloría ciudadana judicial, las plataformas en línea de consulta de procesos judiciales, un proyecto de transparencia y datos abiertos, un proyecto de comunicación social responsable, un laboratorio de análisis y estudio de sentencias y la de procesos administrativos de investigación y sanción de conductas irregulares, entre otras (que serán motivo de la próxima colaboración), porque no habrá avance alguno en el combate a la corrupción sin la decidida participación social en las tareas públicas.
Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
El reciente enfrentamiento entre el gobernador Pablo Lemus Navarro y la Universidad de Guadalajara (UdeG) por la propuesta de corresponsabilidad en materia de seguridad es un capítulo más en la larga saga de tensiones entre el poder político y la máxima casa de estudios de Jalisco.
La propuesta de Lemus, que sugería destinar 200 millones de pesos del presupuesto universitario para mejorar la infraestructura de seguridad en los entornos de los planteles de la UdeG, desató una reacción contundente: un desplegado del Consejo de Rectorías que, con firmeza, recordó que la seguridad pública es una obligación constitucional del Estado, no de la universidad. Sin embargo, el desenlace —una mesa de diálogo que parece haber superado las diferencias— deja un terreno fértil para reflexionar sobre los actores, sus estrategias y las lecciones que este episodio deja para Jalisco.
Un gobernador con prisa y una universidad vigilante
Pablo Lemus, emanado de Movimiento Ciudadano, ha mostrado desde su llegada al gobierno un estilo pragmático, pero también ambicioso, que busca diferenciarse de su antecesor, Enrique Alfaro, con quien la UdeG mantuvo una relación de enfrentamientos abiertos.
Lemus, consciente de la deuda histórica en materia de seguridad —con Jalisco liderando las cifras de desapariciones en el país (15,348 casos al 31 de octubre de 2024)— propuso una solución que, en teoría, buscaba sumar esfuerzos. Sin embargo, su planteamiento de involucrar el presupuesto universitario tocó una fibra sensible: la autonomía de la universidad pública, un bastión defendido con celo por sus liderazgos.
La respuesta de la UdeG, liderada por la rectora Karla Planter, no se hizo esperar. El desplegado no solo rechazó la propuesta como una injerencia indebida, sino que subrayó que la universidad ya invierte significativamente en seguridad interna (más de mil millones de pesos desde 2013 y 222 millones aprobados para 2025). Este intercambio evidenció una vez más la capacidad de los universitarios para movilizar su autoridad moral y política, recordándole al gobierno que la universidad no es un actor subordinado, sino un contrapeso con peso propio.
El diálogo: ¿Reconciliación o tregua estratégica?
La mesa de diálogo, que incluyó a la rectora Planter, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Zoé García, y el propio Lemus, logró apaciguar las aguas. Se acordó trabajar en conjunto para fortalecer los protocolos de seguridad, retomar el programa Senderos Seguros y diseñar campañas preventivas contra las desapariciones.
Este desenlace, aunque positivo, no debe leerse como una victoria absoluta de uno u otro bando, sino como un ejercicio de pragmatismo político. Lemus, que se ha presentado como un gobernante abierto al diálogo, evitó escalar un conflicto que pudo haberle costado caro en términos de capital político.
Los Leones Negros, por su parte, reafirmaron su autonomía, pero aceptaron sentarse a la mesa, conscientes de que la seguridad de sus estudiantes es un tema que no pueden ignorar.
Poder, autonomía y la sombra de Alfaro
Este episodio deja varias lecciones. Primero, la propuesta de Lemus, aunque bienintencionada en su objetivo de proteger a los estudiantes, fue políticamente desacertada. Pretender involucrar el presupuesto universitario sin una negociación previa, subestima la historia de la UdeG como un actor político que ha enfrentado y sobrevivido a múltiples gobernadores.
Desde los tiempos de Raúl Padilla, la universidad ha sabido posicionarse como un contrapeso que no se doblega fácilmente. Lemus, aun en los primeros meses de su gestión, debe aprender que en Jalisco no se puede gobernar sin considerar a la máxima casa de estudios de Jalisco como un interlocutor clave.
Segundo, el desplegado de la UdeG no solo defendió su autonomía, sino que expuso una verdad incómoda: el Estado ha fallado en garantizar la seguridad pública, un problema que no puede transferirse a otras instituciones. La universidad, al destacar sus propias inversiones en seguridad, puso en evidencia las carencias del gobierno estatal, obligando a Lemus a recalibrar su discurso y pasar de la confrontación al diálogo.
Tercero, este choque refleja la sombra de Enrique Alfaro, cuyo enfrentamiento con la universidad por el recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales marcó un precedente de tensión. Lemus, aunque ha prometido una relación respetuosa con la universidad, parece haber tropezado con un eco de ese conflicto. La pregunta es si este episodio será un aprendizaje para construir una relación más sólida o si, como en el pasado, las tensiones resurgen ante nuevas pugnas presupuestales o políticas.
¿Y ahora qué?
El diálogo alcanzado es un paso adelante, pero no garantiza una relación sin fricciones. La Universidad de Guadalajara, con su capacidad de movilización y su influencia en la opinión pública, seguirá siendo un actor vigilante. Lemus, por su parte, deberá demostrar que su discurso de “puertas abiertas” no es solo retórica.
La seguridad en Jalisco, especialmente en el contexto de las desapariciones, requiere una coordinación efectiva entre el gobierno estatal, el federal y la sociedad civil, incluyendo a la universidad. Sin embargo, esta coordinación debe respetar los roles institucionales y evitar cualquier percepción de intromisión en la autonomía universitaria.
En el ajedrez político de Jalisco, este episodio es una jugada que no termina en jaque mate, sino en un movimiento que reconfigura el tablero. Lemus ha mostrado voluntad de rectificar, pero la UdeG ha dejado claro que no cederá en su defensa de la autonomía. Mientras tanto, los estudiantes, el verdadero centro de esta discusión, esperan resultados concretos: entornos más seguros y una universidad que siga siendo un faro de conocimiento y resistencia. Jalisco, como siempre, observa expectante.
JALISCO
Tlajo Cuida el Agua: Gerardo Quirino impulsa plan histórico para garantizar el vital líquido
Por Redacción Conciencia Pública //
El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, presentó “Tlajo Cuida el Agua”, un ambicioso plan integral para garantizar el suministro, la calidad, el uso eficiente y el saneamiento del agua en el municipio. Con una visión metropolitana y de largo plazo, este programa busca abordar una de las problemáticas más urgentes de Tlajomulco, un municipio clave de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que enfrenta retos históricos por el crecimiento poblacional y la escasez hídrica.
El plan, respaldado por una inversión histórica de 1,123 millones de pesos en colaboración con el gobierno estatal de Pablo Lemus, promete soluciones concretas para llevar agua a todos los hogares del municipio. “Agradezco al gobernador Lemus por su apoyo decidido. Esta inversión transformará cada peso en soluciones reales para que el agua llegue con calidad y cantidad a las familias de Tlajomulco”, afirmó Quirino, destacando la importancia de la coordinación con el estado para enfrentar este desafío.
“Tlajo Cuida el Agua” se basa en seis ejes estratégicos que abarcan desde el fortalecimiento del abasto hasta el reúso del agua, integrando infraestructura moderna y políticas sostenibles. René Caro Gómez, Coordinador General de Gestión del Territorio y Obras Públicas, subrayó que la corresponsabilidad ciudadana es un pilar fundamental del programa.
“No es solo un tema de la autoridad. Necesitamos que las familias adopten hábitos de consumo responsables para garantizar que las próximas generaciones tengan acceso a agua suficiente y de calidad”, explicó Caro, enfatizando la necesidad de cambiar patrones de uso para lograr sostenibilidad hídrica.
Con esta iniciativa, el municipio de Tlajomulco busca posicionarse como un referente en la gestión del agua en México, combinando inversión, tecnología y participación ciudadana. El compromiso de Quirino no solo responde a una demanda urgente, sino que también proyecta un futuro donde el acceso al agua sea una realidad para todos los habitantes del municipio.
“Tlajo Cuida el Agua” basa su estructura en los siguientes seis ejes estratégicos:
1. Abasto
El primer paso es asegurar el suministro desde pozos, plantas y acuíferos.
Acciones:
• Perforación y equipamiento de pozos
• Construcción y ampliación de plantas potabilizadoras
• Rehabilitación de redes de agua potable
• Construcción de líneas de agua y tanques elevados
2. Potabilizar
El compromiso no es solo tener agua, sino que sea limpia y segura.
Acciones:
• Operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras
• Sistema de monitoreo de seguridad en plantas
• Rehabilitación de pozos y redes
3. Distribución
El agua debe llegar a cada colonia. Distribuir es construir, conectar y mejorar.
Acciones:
• Ampliación de líneas de abastecimiento
• Construcción de tanques y bases para cisternas
• Interconexión de sistemas hidráulicos
4. Uso responsable
Cuidar el agua es tarea de todos: gobierno y ciudadanía.
Acciones:
• Eficiencia energética en infraestructura
• Modernización de instalaciones eléctricas
• Campañas de corresponsabilidad ciudadana
5. Saneamiento
Tratar el agua usada es clave para proteger ríos y ecosistemas.
Acciones:
• Rehabilitación de Plantas de Tratamiento
• Sistemas de monitoreo y control de saneamiento
6. Reúso
Aprovechar cada gota es vital. No se desperdicia ni una sola.
Acción principal:
• Implementación del programa Pipas Moradas, que reutiliza agua tratada para riego y servicios de Protección Civil y Bomberos.
En la presentación del programa “Tlajo Cuida el Agua”, estuvieron representantes de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Estatal del Agua (CEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) y del SIAPA, así como de organismos empresariales y técnicos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), de la Cámara Empresarial de la Industria de la Vivienda Jalisco (CANADEVI), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ) y del Colegio de Urbanistas del Estado de Jalisco (CUAJAC), además de los diputados locales Adriana Medina y Luis Octavio Vidrio, representantes vecinales, así como ciudadanas y ciudadanos.
EL DATO:
Montos de inversión para cada eje del Plan Integral del Agua
1. Abasto: 490 MDP
2. Potabilización: 340 MDP
3. Distribución: 48 MDP
4. Uso responsable: 75 MDP
5. Saneamiento: 163 MDP
6. Reúso: 7 MDP
Total: 1,123 millones de pesos (MDP)
JALISCO
El desafío de construir la paz en Jalisco: La violencia desborda los cinco primeros meses del gobierno de Lemus
Por Redacción Conciencia Pública //
Los primeros cinco meses de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco han sido dominados por la crisis de seguridad que provoca el accionar de la criminalidad, como secuela del gobierno de Enrique Alfaro que quedó desdibujado ante los miles de desaparecidos que se acumularon durante todo el sexenio.
El 6 de diciembre de 2024, Jesús Pablo Lemus Navarro rindió protesta como gobernador constitucional de Jalisco para el periodo 2024-2030, en una ceremonia solemne en el Congreso del Estado.
En su primer discurso como mandatario, emanado del partido Movimiento Ciudadano (MC), Lemus delineó una agenda centrada en abordar la crisis de seguridad en el estado, con un énfasis particular en el combate a las desapariciones forzadas, un problema que ha marcado profundamente a Jalisco en los últimos años.
Su mensaje, cargado de compromiso y pragmatismo, buscó tender puentes con la ciudadanía, los colectivos de víctimas y el gobierno federal, mientras prometía un enfoque colaborativo para recuperar la paz en la entidad.
ESCALADA DE VIOLENCIA
Desde que Pablo Lemus Navarro asumió la gubernatura de Jalisco el 6 de diciembre de 2024, su administración ha enfrentado una escalada de violencia que ha puesto a prueba su capacidad para cumplir con su promesa de priorizar la seguridad y la búsqueda de personas desaparecidas.
Los eventos en Teocaltiche y Teuchitlán, junto con los asesinatos de alto impacto como el del exdiputado Luis Armando Córdova y la influencer Valeria Márquez, han generado críticas sobre la efectividad de sus estrategias y han evidenciado la persistente influencia del crimen organizado.
CONTEXTO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD EN JALISCO
Jalisco lleva años siendo uno de los epicentros de la violencia en México, principalmente debido a la presencia del crimen organizado y la disputa por el control de territorios en las regiones con más de 15 mil personas desaparecidas registradas hasta mayo de 2025, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado lidera las estadísticas nacionales en este rubro.
Además, delitos como homicidios dolosos, extorsión y enfrentamientos entre grupos criminales han generado un clima de inseguridad que afecta tanto a la población como a las autoridades locales.
Bajo la administración de Enrique Alfaro (2018-2024), también de Movimiento Ciudadano (MC), se implementaron medidas como el fortalecimiento de la Policía Estatal y la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, pero los resultados fueron insuficientes para frenar la violencia, dejando a Lemus un desafío monumental al inicio de su mandato.
CRISIS EN TEOCALTICHE: ASESINATOS Y CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO
Teocaltiche, en la región Altos Norte de Jalisco, ha sido escenario de una ola de violencia atribuida a la disputa entre organizaciones criminales. Entre los incidentes más graves destacan:
Desaparición de policías: El 18 de febrero de 2025, ocho policías municipales y un civil (su chofer) desaparecieron mientras viajaban a Guadalajara para un control de confianza. Días después, los restos desmembrados de cuatro de ellos fueron hallados en la carretera Teocaltiche-Jalostotitlán. El gobernador Lemus reveló que el Centro de Mando y Control (C2) local operaba para el crimen organizado, y uno de los policías desaparecidos, el controlador del C2, estaba vinculado a grupos delictivos.
Asesinato de Juan Pablo Diego Alonzo Estrada: El 30 de marzo de 2025, el activista y portavoz del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente fue asesinado en su domicilio. Aunque Lemus descartó un móvil político y lo vinculó a presuntos antecedentes por robo de hidrocarburos, la comunidad y los colectivos acusaron al gobierno de estigmatizar a las víctimas para desviar la atención.
Asesinato de José Luis Pereida Robles: El 28 de abril de 2025, el secretario general del ayuntamiento y líder del PRI en Teocaltiche fue baleado al salir de un restaurante.
Asesinato de Cecilia Ruvalcaba: El 8 de mayo de 2025, la regidora de MC y jefa de enfermeras del hospital comunitario fue asesinada en un ataque directo dentro del nosocomio, elevando la percepción de ingobernabilidad en el municipio.
Otros hechos: El 6 de abril de 2025, cuatro personas fueron asesinadas en el Libramiento Sur de Teocaltiche, y una adolescente de 15-16 años fue ejecutada frente al CBTis 247, un caso que el gobierno clasificó como feminicidio, pero que generó críticas por minimizar su relación con la violencia generalizada.
La situación llevó a la intervención de la Policía Municipal por parte del gobierno estatal, que asumió el control de la seguridad local desde febrero de 2025, acusando a la corporación de estar infiltrada por el crimen organizado. Los residentes, desesperados, han amenazado con formar autodefensas, denunciando el abandono de las autoridades estatales y federales.
TEUCHITLÁN: EL “RANCHO DEL HORROR”
En marzo de 2025, el descubrimiento de un presunto campo de entrenamiento y exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre, en la comunidad de La Estanzuela, Teuchitlán, suceso que conmocionó al país.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuestionó que las autoridades estatales y municipales desconocieran las actividades del rancho, sugiriendo posibles vínculos con el crimen organizado.
La intervención federal en el caso, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, reflejó la desconfianza hacia las capacidades del gobierno de Jalisco para manejar la situación.
ASESINATOS DE ALTO PERFIL EN ZAPOPAN
Las últimas dos semanas han estado cargadas de asesinatos violentos en Jalisco y que han dominado la agenda pública: Teocaltiche ha sido el foco de atención por los asesinatos allí cometidos por la criminalidad y sus víctimas han sido funcionarios municipales.
La Zona Metropolitana de Guadalajara no se escapa a dicha violencia, como los dos crímenes registrados en Zapopan a plena luz del dia y el mismo día.
Valeria Márquez: El 13 de mayo de 2025, la influencer de 23 años fue asesinada durante una transmisión en vivo en TikTok en un salón de belleza en Zapopan. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como posible feminicidio, en un contexto de violencia de género y control territorial por el CJNG.
Luis Armando Córdova Díaz: Horas antes del asesinato de Márquez, el exdiputado del PRI fue baleado en un café en Zapopan, un hecho que subraya la vulnerabilidad de figuras públicas ante la violencia en áreas metropolitanas.
Estos casos, ocurridos en una de las zonas más urbanizadas de Jalisco, evidencian que la violencia no se limita a regiones rurales como Teocaltiche o Teuchitlán, sino que permea incluso en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), desafiando la narrativa de control territorial del gobierno estatal.
RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LEMUS: INTERVENCIÓN CON ACCIONES DE GOBIERNO EN TEOCALTICHE Y TEUCHITLÁN
Lemus ha intentado abordar la crisis con medidas concretas, aunque las críticas persisten por la falta de resultados inmediatos:
Estrategia de seguridad en Teocaltiche: Tras los asesinatos de Pereida y Ruvalcaba, Lemus anunció el 12 de mayo de 2025 un plan de atención integral para Teocaltiche, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz, con una inversión superior a mil millones de pesos. Este incluye intervenciones en carreteras, escuelas, hospitales y programas sociales, además de un aumento de efectivos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. También designó a Hermes Daniel Rodríguez Ortiz como nuevo encargado de seguridad en Teocaltiche, prometiendo una corporación depurada con elementos que hayan pasado controles de confianza.
Colaboración con el gobierno federal: Lemus ha enfatizado la coordinación con la Federación, asistiendo a reuniones con el Gabinete de Seguridad de Claudia Sheinbaum, como la del 18 de marzo en Palacio Nacional, donde acordó que la Fiscalía de Jalisco y la FGR investiguen conjuntamente el caso de Teuchitlán. Sin embargo, su salida por una puerta trasera para evitar a la prensa generó críticas por falta de transparencia.
Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas: Aunque creada como una medida emblemática para atender las desapariciones, ha sido cuestionada por colectivos como el de Ceci Flores, quienes denuncian la falta de avances y la cancelación de búsquedas.
Fortalecimiento policial: Lemus ha prometido modernizar la Policía Estatal y mejorar la coordinación con municipios, pero la intervención de corporaciones locales, como la de Teocaltiche, evidencia la desconfianza en las policías municipales, muchas de las cuales han sido infiltradas por el crimen organizado.
El choque de Lemus y la UdeG, un juego de equilibrios y reflexiones
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