JALISCO
El tránsito sin retorno a la justicia digital: Se requiere un sistema judicial anticorrupción independiente
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
El Estado de Jalisco fue la cuarta entidad en aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, un año después de aprobada, dentro del periodo de cumplimiento a lo establecido en ella, se integró un Sistema Estatal Anticorrupción y se trazaron actividades institucionales para investigar, prevenir y sancionar actos de corrupción, como un sistema ampliamente articulado por instituciones públicas; entre ellas, en representación del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura.
Desde su puesta en operación, se han implementado diversas estrategias para facilitar la prevención e identificación de los actos de corrupción en la administración pública que importa obligaciones a todos los sujetos obligados del Estado a tener en consideración para el manejo interno de las instituciones.
Sin embargo, encontramos retos muy importantes que permanecen firmes y que pareciera que no se hace mucho por atenderlos, como lo es la impunidad que se deriva de las conductas corruptas.
La organización impunidata, conceptualiza a la impunidad como una falta de sanción ante una conducta irregular que genera una responsabilidad penal, civil, administrativa o de Derechos Humanos y sus perpetradores escapan de toda investigación, detención, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.(IMPUNIDATA, 2020)
El índice Global de Impunidad (IGI-MEX, 2019), establece que México es más impune que hace dos años, pues el 99% de los delitos denunciados permanecen impunes, al interior, Jalisco ocupa el lugar número 13° debiendo señalarse que mientras la media en el país es de 69.84% en Jalisco lo es del 69.69%.
En ese tenor, para efectos del análisis del presente rubro se debe resaltar la correlación que guarda la percepción social de las formas de corrupción e impunidad, traducidas en resumen en la falta de una cultura de legalidad, la falta de confianza ciudadana y la opacidad en los procedimientos judiciales, lo que incide directamente en la merma en la competitividad del país, al traer aparejadas conductas típicas como Peculado, Cohecho, Tráfico de influencias y otras prácticas clientelares.
A partir de las anteriores referencias se puede establecer la magnitud del reto que enfrenta no solo Jalisco, sino también México y el mundo entero, por lo que el lesivo fenómeno de la corrupción debe analizarse a la luz de la relación Agente corrupto-Agente corruptor, es decir, debe equipararse con un engrane que funciona como parte de una maquinaria que se lubrica con una intensa cadena de actos en los que intervienen tanto el que lo realiza materialmente como el que lo incita, lo facilita o se beneficia de él.
La sociedad percibe entonces a la corrupción y sus consecuencias, como la impunidad y el uso político de la justicia, como las principales causas de la ineficacia de la justicia.
ACCIONES QUE SE DEBEN EMPRENDER
En atención a ese escenario, resulta necesario emprender acciones que reviertan esa tendencia, siendo algunas de las medidas enunciativas más no limitativas, las siguientes:
Es urgente impulsar reformas normativas a mediano plazo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos, asimismo se deben elaborar manuales de operación, flujogramas de la correcta actividad jurisdiccional, diseño, operación y sistemas necesarios para implementar el uso cabal de las tecnologías de la información en plataformas de seguimiento de tocas y quejas en materia de combate a la corrupción en las que el usuario pueda interactuar en su implementación y seguimiento.
Es obligada una estrategia de vinculación interinstitucional con enfoque multidisciplinario por parte de las autoridades locales en el ámbito de sus competencias en coordinación cercana y permanente con la ciudadanía, para la identificación, seguimiento sanción y erradicación de prácticas de corrupción en la vida pública del Estado de Jalisco.
Es necesario emprender acciones transversales y coordinadas entre los órganos de la institución que garanticen la calidad de los procesos y tramites jurisdiccionales a través de la incorporación de medios tecnológicos que permitan el monitoreo de indicadores precisos como lo son el número de quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado por presuntos actos de corrupción, las acciones y recomendaciones así como el grado de cumplimiento o de adhesión a las mismas por parte de la autoridad competente en la materia, en donde el ciudadano participe decididamente.
Es prioritario promover por todos los medios un amplio catálogo de buenas prácticas en materia de combate a la corrupción, como podrían ser las campañas de concientización y socialización de la cultura de la legalidad.
Es un reto pendiente el impulsar de inmediato la apertura de canales efectivos de comunicación, que generen un clima de confianza y transparencia, es decir, se debe apostar por generar indicadores de medición con un sistema de seguimiento en tiempo real que permita medir de manera constante y permanente los trabajos que se realizan.
En resumen, para combatir el grave flagelo de la corrupción en la administración de justicia, se requiere de un sistema propio, articulado a partir de un marco jurídico eficientado y homologado con las reformas federales y locales anticorrupción, el uso y aplicación de las tecnologías de la información en cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos que permitan su concentración, clasificación y consulta a través de plataformas claras completas y abiertas a la interacción de la sociedad organizada, que la ciudadanía se organice para dar seguimiento a ese sistema judicial anticorrupción y sea parte además de la substanciación de las quejas y procedimientos administrativos abiertos en contra de servidores públicos judiciales.
Se requiere de un sistema judicial anticorrupción sustentado bajo los principios de Independencia, entendida como la garantía judicial instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales mediante el sometimiento de los impartidores de justicia a la constitución y las leyes, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea estatal o particular, que pudiera distorsionar su criterio puramente jurídico y, en consecuencia, subordinar el derecho a intereses incompatibles con el bien público; Imparcialidad, para que se juzgue con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor o en contra de las partes para evitar ventajas o privilegios que la ley no permita, superando los prejuicios que puedan incidir indebidamente en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas, así como en la interpretación de la ley; y Objetividad, esto es, actuar con serenidad y equilibrio interno, desprovisto de perjuicios para emitir fallos orientados en el derecho y no en función de su modo personal de pensar o sentir. Tratar con respeto a los ciudadanos, escuchar con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia para tomar decisiones buscando siempre la realización del derecho.
Un sistema judicial anticorrupción que incorpore transversalmente:
Las reformas judiciales en armonización legislativa
Para que se eliminen las potenciales condiciones de actos irregulares desde la relación entre poderes públicos.
Desarrollar propuestas de iniciativas de creación y reforma de legislación estatal que puedan mejorar el funcionamiento de la institución y sobretodo la aplicación de la justicia según su especialidad, con la participación de las barras y colegios de abogados y notarios entre otros grupos organizados.
Implementar por ley mecanismos de participación de las barras y colegios de abogados, litigantes y la ciudadana en general en los proyectos de mejora de los procedimientos de tramité administrativo judiciales.
Imponer a los organismos especializados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la obligación de realizar estudios e investigaciones comparativas entre instituciones similares en el país y el extranjero que nos permitan dimensionar el rendimiento de nuestras propias instituciones de justicia.
Generar las modificaciones legales necesarias para motivar el respeto y auténtico cumplimiento de la carrera judicial prevista por la Ley, como único mecanismo de permanencia y promoción como servidor público judicial.
Es decir, que la participación ciudadana en los procesos de homologación, creación y reforma de la legislación en materia de justicia sea una realidad para enriquecer los trabajos legislativos con opiniones acerca de las dificultades de litigantes y usuarios en aspectos procesales que con su mejora, darían agilidad y oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas de los jaliscienses.
La rendición de cuentas como principio ineludible
Propiciando la creación de un Observatorio Ciudadano del Poder Judicial, en el que la participación plural de operadores del derecho y sociedad en general, permita medir en tiempo real el funcionamiento a detalle de la institución y sus funcionarios, generando informes, reportes y denuncias en su caso.
Dando vida a una Contraloría Social o Ciudadana, para que en cada uno de los tribunales de justicia del Poder Judicial sea incorporado un órgano denominado Contraloría Social o Ciudadana que se integraría en forma honoraria, esto es sin cobro de sueldos, por representantes de la sociedad organizada (colegios , cámaras, universidades) y un representante de cada institución que conocerá de las quejas que los ciudadanos podrán presentar ante ellos directamente sobre actuaciones anómalas de empleados y funcionarios públicos judiciales en el ejercicio de sus funciones, desahogando los procesos que podrán culminar con amonestaciones públicas o privadas, suspensiones o destituciones impuestas por las propias instituciones además de las respectivas denuncias penales.
Porque un elemento indispensable para contar con Poder Judicial eficiente y honesto es sin duda la colaboración y confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requieren no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia. Porque poner a disposición de la sociedad, la información del trabajo y la administración y aplicación de los recursos públicos, no solo es un imperativo legal, también debe ser una actitud permanente en las dependencias oficiales de cualquier nivel de gobierno dado que en ello estriba uno de los reclamos más álgidos de los jaliscienses a sus instituciones.
Estar abiertos a atender y proporcional cualquier necesidad de información que no comprometa la seguridad jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una responsabilidad que debe asumirse por las instituciones judiciales sin restricciones ni evasivas.
Transitar sin retorno a la justicia digital
Facilitando el acceso a la justicia mediante la utilización de las más modernas herramientas y figuras jurídicas que inhiban actos de corrupción e impunidad.
Implementando autenticas plataformas de gestión judicial que permitan dar seguimiento en línea del estatus de cada uno de los asuntos de los que conocen tantos jueces como magistrados.
Mediante mecanismos administrativos que aseguren mantener informados a los usuarios y operadores del derecho de las más recientes reformas federales y estatales y la forma en que los órganos jurisdiccionales las perciben para uniformar criterios de interpretación.
Con plataformas electrónicas que registren el tramite y cada una de sus etapas de los procesos de queja en contra de los servidores públicos para que abiertamente se conozca el resultado y las razones que llevaron a ello.
Porque el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión judicial, debe ser una constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar la justicia a la sociedad y generar mejores controles que inhiban conductas irregulares.
Promoviendo la cultura de la legalidad
Virtud a que en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea permanente y virtuosa. Porque en conjunto, una cultura de la legalidad facilita enormemente al estado y a la sociedad diseñar con tranquilidad y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente se aspira.
Porque mediante la utilización de las utilerías tecnológicas más novedosas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunicación de las actividades, funciones, necesidades, limitaciones y novedades de los órganos del poder judicial, se facilitarán gradualmente la socialización y el reconocimiento de la importancia de la difícil función de administrar justicia.
La consolidación del estado de derecho pasa forzosamente por la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, es por ello que reitero la apertura del modelo de gobernanza a todas las aportaciones, críticas y comentarios, siempre serán bienvenidas.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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