JALISCO
El tránsito sin retorno a la justicia digital: Se requiere un sistema judicial anticorrupción independiente

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //
El Estado de Jalisco fue la cuarta entidad en aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, un año después de aprobada, dentro del periodo de cumplimiento a lo establecido en ella, se integró un Sistema Estatal Anticorrupción y se trazaron actividades institucionales para investigar, prevenir y sancionar actos de corrupción, como un sistema ampliamente articulado por instituciones públicas; entre ellas, en representación del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura.
Desde su puesta en operación, se han implementado diversas estrategias para facilitar la prevención e identificación de los actos de corrupción en la administración pública que importa obligaciones a todos los sujetos obligados del Estado a tener en consideración para el manejo interno de las instituciones.
Sin embargo, encontramos retos muy importantes que permanecen firmes y que pareciera que no se hace mucho por atenderlos, como lo es la impunidad que se deriva de las conductas corruptas.
La organización impunidata, conceptualiza a la impunidad como una falta de sanción ante una conducta irregular que genera una responsabilidad penal, civil, administrativa o de Derechos Humanos y sus perpetradores escapan de toda investigación, detención, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas.(IMPUNIDATA, 2020)
El índice Global de Impunidad (IGI-MEX, 2019), establece que México es más impune que hace dos años, pues el 99% de los delitos denunciados permanecen impunes, al interior, Jalisco ocupa el lugar número 13° debiendo señalarse que mientras la media en el país es de 69.84% en Jalisco lo es del 69.69%.
En ese tenor, para efectos del análisis del presente rubro se debe resaltar la correlación que guarda la percepción social de las formas de corrupción e impunidad, traducidas en resumen en la falta de una cultura de legalidad, la falta de confianza ciudadana y la opacidad en los procedimientos judiciales, lo que incide directamente en la merma en la competitividad del país, al traer aparejadas conductas típicas como Peculado, Cohecho, Tráfico de influencias y otras prácticas clientelares.
A partir de las anteriores referencias se puede establecer la magnitud del reto que enfrenta no solo Jalisco, sino también México y el mundo entero, por lo que el lesivo fenómeno de la corrupción debe analizarse a la luz de la relación Agente corrupto-Agente corruptor, es decir, debe equipararse con un engrane que funciona como parte de una maquinaria que se lubrica con una intensa cadena de actos en los que intervienen tanto el que lo realiza materialmente como el que lo incita, lo facilita o se beneficia de él.
La sociedad percibe entonces a la corrupción y sus consecuencias, como la impunidad y el uso político de la justicia, como las principales causas de la ineficacia de la justicia.
ACCIONES QUE SE DEBEN EMPRENDER
En atención a ese escenario, resulta necesario emprender acciones que reviertan esa tendencia, siendo algunas de las medidas enunciativas más no limitativas, las siguientes:
Es urgente impulsar reformas normativas a mediano plazo de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus reglamentos, asimismo se deben elaborar manuales de operación, flujogramas de la correcta actividad jurisdiccional, diseño, operación y sistemas necesarios para implementar el uso cabal de las tecnologías de la información en plataformas de seguimiento de tocas y quejas en materia de combate a la corrupción en las que el usuario pueda interactuar en su implementación y seguimiento.
Es obligada una estrategia de vinculación interinstitucional con enfoque multidisciplinario por parte de las autoridades locales en el ámbito de sus competencias en coordinación cercana y permanente con la ciudadanía, para la identificación, seguimiento sanción y erradicación de prácticas de corrupción en la vida pública del Estado de Jalisco.
Es necesario emprender acciones transversales y coordinadas entre los órganos de la institución que garanticen la calidad de los procesos y tramites jurisdiccionales a través de la incorporación de medios tecnológicos que permitan el monitoreo de indicadores precisos como lo son el número de quejas y denuncias presentadas en contra de servidores públicos del Poder Judicial del Estado por presuntos actos de corrupción, las acciones y recomendaciones así como el grado de cumplimiento o de adhesión a las mismas por parte de la autoridad competente en la materia, en donde el ciudadano participe decididamente.
Es prioritario promover por todos los medios un amplio catálogo de buenas prácticas en materia de combate a la corrupción, como podrían ser las campañas de concientización y socialización de la cultura de la legalidad.
Es un reto pendiente el impulsar de inmediato la apertura de canales efectivos de comunicación, que generen un clima de confianza y transparencia, es decir, se debe apostar por generar indicadores de medición con un sistema de seguimiento en tiempo real que permita medir de manera constante y permanente los trabajos que se realizan.
En resumen, para combatir el grave flagelo de la corrupción en la administración de justicia, se requiere de un sistema propio, articulado a partir de un marco jurídico eficientado y homologado con las reformas federales y locales anticorrupción, el uso y aplicación de las tecnologías de la información en cada uno de los procedimientos judiciales y administrativos que permitan su concentración, clasificación y consulta a través de plataformas claras completas y abiertas a la interacción de la sociedad organizada, que la ciudadanía se organice para dar seguimiento a ese sistema judicial anticorrupción y sea parte además de la substanciación de las quejas y procedimientos administrativos abiertos en contra de servidores públicos judiciales.
Se requiere de un sistema judicial anticorrupción sustentado bajo los principios de Independencia, entendida como la garantía judicial instaurada para asegurar la probidad en las actuaciones judiciales mediante el sometimiento de los impartidores de justicia a la constitución y las leyes, sin tomar en cuenta injerencias de factor ajeno alguno, ya sea estatal o particular, que pudiera distorsionar su criterio puramente jurídico y, en consecuencia, subordinar el derecho a intereses incompatibles con el bien público; Imparcialidad, para que se juzgue con rectitud, omitiendo designio anticipado o prevención a favor o en contra de las partes para evitar ventajas o privilegios que la ley no permita, superando los prejuicios que puedan incidir indebidamente en la apreciación de los hechos y en la valoración de las pruebas, así como en la interpretación de la ley; y Objetividad, esto es, actuar con serenidad y equilibrio interno, desprovisto de perjuicios para emitir fallos orientados en el derecho y no en función de su modo personal de pensar o sentir. Tratar con respeto a los ciudadanos, escuchar con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialogar con razones y tolerancia para tomar decisiones buscando siempre la realización del derecho.
Un sistema judicial anticorrupción que incorpore transversalmente:
Las reformas judiciales en armonización legislativa
Para que se eliminen las potenciales condiciones de actos irregulares desde la relación entre poderes públicos.
Desarrollar propuestas de iniciativas de creación y reforma de legislación estatal que puedan mejorar el funcionamiento de la institución y sobretodo la aplicación de la justicia según su especialidad, con la participación de las barras y colegios de abogados y notarios entre otros grupos organizados.
Implementar por ley mecanismos de participación de las barras y colegios de abogados, litigantes y la ciudadana en general en los proyectos de mejora de los procedimientos de tramité administrativo judiciales.
Imponer a los organismos especializados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la obligación de realizar estudios e investigaciones comparativas entre instituciones similares en el país y el extranjero que nos permitan dimensionar el rendimiento de nuestras propias instituciones de justicia.
Generar las modificaciones legales necesarias para motivar el respeto y auténtico cumplimiento de la carrera judicial prevista por la Ley, como único mecanismo de permanencia y promoción como servidor público judicial.
Es decir, que la participación ciudadana en los procesos de homologación, creación y reforma de la legislación en materia de justicia sea una realidad para enriquecer los trabajos legislativos con opiniones acerca de las dificultades de litigantes y usuarios en aspectos procesales que con su mejora, darían agilidad y oportunidad a la resolución de las controversias jurídicas de los jaliscienses.
La rendición de cuentas como principio ineludible
Propiciando la creación de un Observatorio Ciudadano del Poder Judicial, en el que la participación plural de operadores del derecho y sociedad en general, permita medir en tiempo real el funcionamiento a detalle de la institución y sus funcionarios, generando informes, reportes y denuncias en su caso.
Dando vida a una Contraloría Social o Ciudadana, para que en cada uno de los tribunales de justicia del Poder Judicial sea incorporado un órgano denominado Contraloría Social o Ciudadana que se integraría en forma honoraria, esto es sin cobro de sueldos, por representantes de la sociedad organizada (colegios , cámaras, universidades) y un representante de cada institución que conocerá de las quejas que los ciudadanos podrán presentar ante ellos directamente sobre actuaciones anómalas de empleados y funcionarios públicos judiciales en el ejercicio de sus funciones, desahogando los procesos que podrán culminar con amonestaciones públicas o privadas, suspensiones o destituciones impuestas por las propias instituciones además de las respectivas denuncias penales.
Porque un elemento indispensable para contar con Poder Judicial eficiente y honesto es sin duda la colaboración y confianza de la sociedad en sus instituciones jurisdiccionales, que requieren no sólo del profesionalismo, honestidad y capacidad en las actuaciones y resoluciones de los tribunales, también se hace necesario un sólido y amplio flujo interactivo de información para que se conozca y retroalimente la importante función de administrar justicia. Porque poner a disposición de la sociedad, la información del trabajo y la administración y aplicación de los recursos públicos, no solo es un imperativo legal, también debe ser una actitud permanente en las dependencias oficiales de cualquier nivel de gobierno dado que en ello estriba uno de los reclamos más álgidos de los jaliscienses a sus instituciones.
Estar abiertos a atender y proporcional cualquier necesidad de información que no comprometa la seguridad jurídica de las partes y la violación de sus derechos, es una responsabilidad que debe asumirse por las instituciones judiciales sin restricciones ni evasivas.
Transitar sin retorno a la justicia digital
Facilitando el acceso a la justicia mediante la utilización de las más modernas herramientas y figuras jurídicas que inhiban actos de corrupción e impunidad.
Implementando autenticas plataformas de gestión judicial que permitan dar seguimiento en línea del estatus de cada uno de los asuntos de los que conocen tantos jueces como magistrados.
Mediante mecanismos administrativos que aseguren mantener informados a los usuarios y operadores del derecho de las más recientes reformas federales y estatales y la forma en que los órganos jurisdiccionales las perciben para uniformar criterios de interpretación.
Con plataformas electrónicas que registren el tramite y cada una de sus etapas de los procesos de queja en contra de los servidores públicos para que abiertamente se conozca el resultado y las razones que llevaron a ello.
Porque el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las actividades cotidianas y la implementación de herramientas electrónicas para la gestión judicial, debe ser una constante en los órganos jurisdiccionales, a fin de acercar la justicia a la sociedad y generar mejores controles que inhiban conductas irregulares.
Promoviendo la cultura de la legalidad
Virtud a que en la medida que los jaliscienses conozcan las responsabilidades, alcances y facultades del Poder Judicial, estarán en posibilidades de evaluar, reclamar y reconocer con conocimiento y justificación el desempeño de jueces y magistrados en una retroalimentación simultanea permanente y virtuosa. Porque en conjunto, una cultura de la legalidad facilita enormemente al estado y a la sociedad diseñar con tranquilidad y confianza el trazo que debe seguir rumbo al desarrollo al que legítimamente se aspira.
Porque mediante la utilización de las utilerías tecnológicas más novedosas para difundir el accionar jurisdiccional y la comunicación de las actividades, funciones, necesidades, limitaciones y novedades de los órganos del poder judicial, se facilitarán gradualmente la socialización y el reconocimiento de la importancia de la difícil función de administrar justicia.
La consolidación del estado de derecho pasa forzosamente por la participación activa e infranqueable de todos los componentes de la sociedad jalisciense, es por ello que reitero la apertura del modelo de gobernanza a todas las aportaciones, críticas y comentarios, siempre serán bienvenidas.
ENTREVISTAS
Es hora del drenaje profundo, plantea el CICEJ

Por Gabriel Ibarra Bourjac //
La solución integral de fondo a los problemas de las inundaciones que enfrenta y sufre la metrópoli cada temporal de lluvias es la implementación de un drenaje profundo, un proyecto de infraestructura magna que manejaría exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado de drenaje actual.
Este sistema, inspirado en proyectos exitosos como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans), requiere una inversión estimada de 20,000 a 25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12 a 15 años.
La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), Mirna Avilés, así lo precisa en entrevista con Conciencia Pública y señala que el CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo ya el pago de estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
“Esto no es algo nuevo, el estudio lo hizo en 2017 el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ya hay incluso los análisis de las cuencas, los análisis de dónde podría ser drenaje semiprofundo, en dónde puede ser profundo, ya hay un análisis completo”.
“Entonces, lo que hay que hacer es animarse a dar el paso, porque creo que recursos siempre vamos a necesitar, pero alguien se tiene que animar a dar el primer paso. Como sociedad y como ciudad no nos merecemos esta infraestructura, pero también no nos merecemos la falta de toma de decisiones”, precisa Mirna Avilés, experta en temas hidráulicos.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica; no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que también permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) enfrenta cada temporal de lluvias un desafío recurrente: inundaciones que generan pérdidas humanas, daños al patrimonio y caos en la vida cotidiana de sus más de 5 millones de habitantes.
La combinación de una infraestructura hidráulica obsoleta, con tuberías de hasta 70 años, y un crecimiento urbano desordenado ha convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ingeniera Mirna Avilés, ha señalado que este problema no radica en la escasez del agua, sino en una gestión deficiente que requiere soluciones integrales y de largo plazo.
La normalización de las inundaciones, con 570 puntos críticos identificados por la Universidad de Guadalajara y 363 por el Imeplan, evidencia la urgencia de actuar para evitar que la ciudad colapse ante lluvias atípicas agravadas por el cambio climático.
El CICEJ, bajo el liderazgo de Avilés, propone un enfoque transformador que trasciende las soluciones parciales, como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, que, a pesar de inversiones millonarias, no han resuelto el problema de raíz.
La solución del CICEJ no se limita a la infraestructura. Avilés aboga por una gestión hídrica integral que combine infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, con la rehabilitación de colectores obsoletos y la regulación del crecimiento urbano.
La urbanización descontrolada, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración, ha aumentado la velocidad de los escurrimientos, saturando los drenajes.
El CICEJ propone incorporar soluciones basadas en la naturaleza, priorizando al ciudadano y al medio ambiente, para recuperar el equilibrio del ciclo urbano del agua. Este enfoque requiere una visión metropolitana, ya que las acciones aisladas por municipio no abordan la interconexión de las cuencas y subcuencas de la ZMG.
El CICEJ lleva más de dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones específicas, incluyendo estudios de preinversión realizados en 2017 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Este modelo, desarrollado en colaboración con gobiernos, universidades y organismos operadores, busca superar la falta de continuidad en las políticas hídricas, que reinician cada sexenio o trienio. Avilés destaca la necesidad de personal técnico en la toma de decisiones y la búsqueda de financiamiento internacional, dado que los temas hídricos son prioritarios a nivel global.
La ZMG, como la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural, no puede seguir postergando decisiones que garanticen su resiliencia frente a las lluvias.
La propuesta del CICEJ, encabezada por Mirna Avilés, representa una oportunidad histórica para transformar la ZMG en una ciudad preparada para los retos del cambio climático y el crecimiento demográfico.
El drenaje profundo, junto con una planificación metropolitana integral, no solo mitigaría las inundaciones, sino que posicionaría a Jalisco como líder en gestión hídrica. Con el respaldo del gobierno estatal, federal, municipal y fondos internacionales, este proyecto podría garantizar agua, seguridad y desarrollo sostenible, evitando que las lluvias sigan siendo una amenaza para los ciudadanos. El CICEJ, comprometido con esta visión, no quitará el dedo del renglón hasta que estas soluciones se materialicen.
¿Qué plan integral a mediano y largo plazo proponen los expertos para enfrentar esta problemática y evitar que el caos se agudice?
CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli cercana a los 6 millones de habitantes.
¿Se tiene estimado cuánto sería la inversión?
En 2017, el estudio del IMTA estimó una inversión de 18,000 millones de pesos, pero debe actualizarse debido a la urbanización de zonas verdes y cambios en subcuencas. La inversión podría alcanzar 20,000-25,000 millones de pesos, implementada en etapas durante 12-15 años, similar a proyectos internacionales como el drenaje profundo de Tokio (proyecto Jikans, 18-20 años).
Mirna Avilés precisa con plena convicción: “Es esencial iniciar, aunque sea por fases, para evitar soluciones aisladas que no resuelven el problema estructural”.
¿Cómo se implementaría un proyecto integral para abordar las inundaciones recurrentes en la ZMG, considerando los más de 500 puntos críticos identificados por la UdeG y los más de 300 por el Imeplan?
La solución debe ser integral, analizando los flujos de agua en la cuenca metropolitana, identificando trayectorias, puntos de captación y desahogo. Las discrepancias entre los 570 puntos críticos (UdeG) y 363 (Imeplan) reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que requiere un plan unificado.
La presidenta de CICEJ, explica que muchos puntos críticos no solo son por escurrimientos, sino por fallas en la infraestructura actual (fugas, socavones por reblandecimiento de suelos).
Las lluvias atípicas por el cambio climático podrían colapsar la ciudad si no se actúa. Un plan metropolitano debe priorizar la rehabilitación de infraestructura y la gestión integral de cuencas.
La ZMG debe equilibrar el ciclo urbano, evitando desechar el agua de lluvia rápidamente y promoviendo su infiltración local para mantener el ciclo natural, afectado por la urbanización y el cambio climático.
¿Por qué se ha priorizado el transporte, como el macrobús, sobre la infraestructura hídrica en la ZMG, y cómo pueden las autoridades darle mayor atención a la problemática del agua, que ha sido relegada frente a otros temas?
La infraestructura hídrica ha sido relegada porque no es visible y “no da votos”, a diferencia de proyectos como el macrobús. Sin embargo, la falta de soluciones ahora “quita votos” al poner en riesgo vidas y patrimonios.
Las lluvias se han convertido en una amenaza para la ciudadanía, lo que exige decisiones a largo plazo, aunque impliquen un costo político.
El gobierno estatal, con líderes como Pablo Lemus, Ernesto Marroquín, Antonio Juárez Trueva y Mario López, muestra disposición a escuchar y entender el problema, lo que representa una oportunidad para actuar.
¿Quién debe dar el primer paso para implementar estas soluciones?
El gobierno estatal debe liderar, con apoyo federal, municipal, de la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel mundial, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar proyectos de gran escala.
El CICEJ participa en un plan estatal hídrico 2024-2030 con visión a 25 años, que evitará reiniciar cada sexenio o trienio, marcando una ruta clara.
¿Espera que las autoridades tomen decisiones pronto, especialmente ante eventos como el Mundial?
Se espera que las autoridades diseñen un plan integral, no solo paliativos para el Mundial, sino una infraestructura duradera que beneficie a la ciudadanía a largo plazo.
El CICEJ no cejará en su labor de impulsar soluciones, trabajando con gobiernos y ciudadanos, ya que los profesionistas, como ciudadanos, también viven estas problemáticas.
PUNTOS FUNDAMENTALES: SOLUCIONES INTEGRALES A MEDIANO Y LARGO PLAZO
- Modelo de gestión hídrica: El CICEJ lleva dos años trabajando en un modelo de gestión hídrica para Jalisco, con 82 acciones, incluyendo la continuidad de estudios para un drenaje profundo.
- Estudios previos: En 2017, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) realizó estudios de preinversión que analizaron cuencas y propusieron drenajes semi-profundos y profundos.
- Toma de decisiones: Es urgente que las autoridades den el primer paso, respaldadas por personal técnico que entienda las necesidades y soluciones.
- Colaboración intersectorial: El CICEJ ha trabajado con el Gobierno del Estado, Gobierno Federal, universidades y organismos operadores en mesas de trabajo para diseñar soluciones basadas en conocimiento existente.
- Financiamiento: Se requieren recursos internacionales para proyectos hídricos, dado que la ZMG es la segunda ciudad más importante de México y un referente cultural (mariachi, tequila). La falta de acción no es aceptable para una metrópoli de 6 millones de habitantes.
JALISCO
Es hora del drenaje profundo

Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //
Guadalajara, una metrópoli que merece infraestructura de vanguardia.
La Zona Metropolitana (ZMG), con más de 5 millones de habitantes, es un referente cultural y económico de México, hogar del mariachi y el tequila, y candidata a ser sede de eventos globales como el Mundial de Fútbol.
Sin embargo, cada temporal de lluvias revela una verdad incómoda: su infraestructura hidráulica está al borde del colapso. Socavones, inundaciones y pérdidas patrimoniales son síntomas de un sistema obsoleto que no resiste el crecimiento urbano ni el cambio climático.
¿Es hora de pensar en grande, con una obra magna como el drenaje profundo que transformó la Ciudad de México entre 1967 y 1975 o el proyecto Jikans de Tokio? La respuesta es un rotundo sí.
En entrevista con Conciencia Pública, Mirna Avilés Mis, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), presenta una propuesta técnica y ambiciosa: un drenaje profundo para gestionar exclusivamente el agua pluvial, aliviando la presión sobre el sistema combinado actual.
Este proyecto, respaldado por estudios de preinversión del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) de 2017, realizados bajo el gobierno de Aristóteles Sandoval, requiere una inversión de 20,000 a 25,000 millones de pesos a ejecutarse en 12 a 15 años.
“No es algo nuevo; ya hay análisis completos de cuencas, drenajes semiprofundos y profundos”, afirma Avilés, destacando que el CICEJ lleva dos años desarrollando un modelo de gestión hídrica con 82 acciones específicas.
UNA CRISIS HÍDRICA QUE NO PUEDE ESPERAR
La ZMG enfrenta inundaciones recurrentes que afectan la movilidad, la seguridad y la calidad de vida. La Universidad de Guadalajara identifica 570 puntos críticos de inundación, mientras que el Imeplan reporta 363, evidenciando la falta de un enfoque metropolitano unificado.
Proyectos como los vasos reguladores del Dean y San Rafael, impulsados por el exgobernador Enrique Alfaro con una inversión cercana a los mil millones de pesos, han sido paliativos insuficientes.
La infraestructura hidráulica, con tuberías de hasta 70 años, está rebasada por el crecimiento urbano desordenado, que ha eliminado áreas verdes esenciales para la infiltración y acelerado los escurrimientos.
Recientes incidentes ilustran la gravedad del problema. En 2024, un macrosocavón en avenida López Mateos, la vía de mayor circulación de sur a norte, paralizó la ciudad. En julio de 2025, hace unos días, otro socavón en la colonia El Bethel, en el cruce de avenida Malecón y calle Sidón, midió 20 metros de largo, 8 de ancho y 5 de profundidad. El colapso de un colector pluvial de 2.44 metros de diámetro, con más de 20 años de antigüedad, arrastró tres vehículos, incluyendo uno con una familia.
Aunque no hubo víctimas fatales, la imagen de un auto volcado con las llantas al cielo, junto a un camión materialista y otro de transporte, es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura.
El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), responsable de estos sistemas, enfrenta una crisis financiera, administrativa y técnica que agrava la situación.
LA PROPUESTA DEL CICEJ: UNA VISIÓN TRANSFORMADORA
La solución de Avilés y el CICEJ trasciende los parches temporales. El drenaje profundo no solo descargaría agua hacia destinos como la barranca, sino que permitiría regenerar parte de este volumen para nuevas fuentes de abastecimiento, promoviendo una economía circular del agua.
El proyecto se complementa con infraestructura verde, como jardines de lluvia y superficies permeables, y la regulación del crecimiento urbano para recuperar el equilibrio del ciclo hídrico. Avilés subraya que las discrepancias entre los puntos críticos identificados por la UdeG y el Imeplan reflejan enfoques municipales fragmentados, lo que exige un plan metropolitano integral que analice flujos, captación y desahogo de agua.
El CICEJ propone un modelo colaborativo que involucre al gobierno estatal, federal, municipal, la academia y asociaciones civiles. Los temas hídricos son prioritarios a nivel global, y Jalisco puede acceder a fondos internacionales para financiar esta obra.
El plan estatal hídrico 2024-2030, con visión a 25 años, busca superar la discontinuidad de políticas que reinician cada sexenio. Avilés insiste en que la falta de acción es inaceptable para una metrópoli de la importancia de la ZMG, que no merece una infraestructura obsoleta ni la inseguridad que generan las lluvias.
EL LIDERAZGO QUE GUADALAJARA NECESITA
El liderazgo debe recaer en el gobernador Pablo Lemus, quien, junto con alcaldes metropolitanos como Verónica Delgadillo de Guadalajara, debe priorizar la gestión hídrica. Delgadillo, durante su campaña, expresó interés en modernizar la infraestructura hidráulica, pero al asumir el cargo se enfrentó a la magnitud del problema y la escasez de recursos, lo que la llevó a postergar el tema.
Sin embargo, la crisis no puede esperar. Las inundaciones no solo causan pérdidas materiales, como en Zapopan recientemente, sino tragedias humanas, como las muertes en túneles vehiculares por corrientes imparables.
Avilés enfatiza que el drenaje profundo requiere voluntad política y decisiones técnicas, no políticas. “Alguien debe animarse a dar el primer paso”, afirma, señalando que la falta de mantenimiento sistemático y la urbanización descontrolada han convertido el agua de lluvia en una amenaza en lugar de un recurso.
La ZMG no puede seguir dependiendo de soluciones parciales que no abordan la interconexión de cuencas y subcuencas. Un llamado a la acción.
ENTREVISTAS
Miguel Monraz: Peligrosa la Ley de Telecomunicaciones

Por Mario Ávila //
El diputado federal del PAN, Miguel Ángel Monraz, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, expresó preocupaciones sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, particularmente por la falta de autonomía del Consejo Regulador de Telecomunicaciones, que reemplazó a la Agencia de Transformación Digital como órgano rector.
Según Monraz, los cinco consejeros, nombrados por la presidenta Claudia Sheinbaum y ratificados por la mayoría de Morena en el Senado, carecerán de independencia. La fracción 1 del artículo 23 permite su remoción por decisión presidencial sin un despido justificado, lo que, en su opinión, genera miedo e inseguridad.
“Trabajarán con la guillotina en el cuello”, afirmó, cuestionando si podrán actuar libremente o si los apercibimientos por incumplir derechos de audiencias serán usados para silenciar críticas al gobierno.
Monraz criticó que esta falta de autonomía no garantiza equilibrios entre lo público y privado ni equidad para inversionistas en telecomunicaciones, lo que podría incumplir requisitos del T-MEC.
Comparó el consejo regulador con la Cofetel de 1995, considerando la ley un retroceso de 30 años, aunque evitó un mayor retroceso al descartarse la Agencia de Transformación Digital propuesta originalmente.
En cuanto al polémico tema de la geolocalización, Monraz propuso una reserva, desechada en tribuna, para exigir una orden judicial clara para su uso. El artículo actual remite a lineamientos del consejo, lo que genera ambigüedad y riesgos de espionaje.
“Si no te espía esta ley, lo hará la de la Guardia Nacional o la de Inteligencia”, advirtió, cuestionando la seguridad de los datos biométricos de los ciudadanos y recordando el hackeo al sistema del Ejército como ejemplo de vulnerabilidad.
A pesar de reconocer que el 90% de la ley retoma la legislación de 2014, Monraz destacó enmiendas positivas, como la eliminación del artículo 109, que calificó de “ridículo y agresivo” contra portales digitales, y los artículos 201 y 202 sobre censura previa, gracias a la presión de periodistas, sociedad civil y legisladores.
Sin embargo, advirtió que persisten normas que permiten controlar y vigilar a medios y ciudadanos, limitando la libertad de expresión. Monraz expresó preocupación por la intolerancia de Morena, citando casos como la sanción económica y la obligación de disculparse impuesta a una ciudadana en Sonora por criticar al presidente del Congreso en redes sociales, la detención de un periodista en Tequila por hacer su trabajo, el hostigamiento a un periodista en Campeche por parte de la gobernadora, y la “Ley Censura” en Puebla.
También mencionó el caso de un ciudadano que enfrentó a un diputado de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y fue obligado a disculparse tras un proceso judicial. “Todos esos son de Morena”, sentenció, señalando un patrón de represión.
El legislador subrayó que, aunque la ley incluye avances, los riesgos de control y vigilancia persisten. Los ciudadanos y medios enfrentan un entorno donde las críticas al gobierno pueden ser castigadas, y la falta de claridad en regulaciones como la geolocalización amenaza la privacidad. Monraz llamó a garantizar un equilibrio que proteja tanto los derechos de las audiencias como la libertad de expresión, sin permitir que el gobierno utilice la ley para intimidar o espiar a la ciudadanía.
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