Grave problemática del Poder Judicial: Carece de patrimonio propio

Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez //

Quienes han tenido la necesidad de acudir a un juzgado local o a una sala colegiada de segunda instancia podrán confirmar que desde siempre, las instalaciones con las que cuenta el Poder Judicial son pequeñas, limitadas y precarias.

En materia penal se está en el cuarto año de un cambio de sistema que trajo consigo además la necesidad de modificar las instalaciones de los juzgados para adaptarlos a la nueva composición de su personal y a la operación de la oralidad en salas con equipamiento especializado en audio y video, en distribuciones y dimensiones especiales y de materiales específicos, según las disposiciones emitidas al efecto.

Para estar atendiendo la reforma en tiempo, el Poder Ejecutivo debió aportar apresuradamente los recursos presupuestales necesarios para la construcción de dichas salas de enjuiciamiento y la adecuación y equipamiento de los espacios disponibles para las oficinas del personal judicial no solo de la zona metropolitana sino de los juzgados regionales.

La premura con la que fueron construidas y adaptadas las salas de enjuiciamiento dejó algunas deficiencias que no han podido ser resueltas, no solo de instalaciones con filtraciones y fallas eléctricas, también de sistemas de registro audiovisual, además de resultar ya insuficientes para el número de audiencias que con el nuevo sistema penal ya en marcha se han venido incrementando al grado de tener saturadas las agendas de utilización.

En ese sentido, gradualmente se ha estado migrando del sistema tradicional penal al nuevo sistema acusatorio con nuevas y diferentes instalaciones, debiendo dejar funcionando aún algunos juzgados penales tradicionales para que concluyan los procesos del anterior sistema en conjunto con los de Ejecución de Penas, a los que les urge una remodelación y acondicionamiento en general.

Por su parte, los juzgados en materia civil, familiar y mercantil tradicional y oral de la zona metropolitana, fueron concentrados en la denominada Ciudad Judicial, un proyecto largamente anhelado que tuvo un infructuoso camino desde su inicio hasta su habilitación y entrega.

El proceso de construcción de la Ciudad Judicial es una nítida representación de las dificultades que ha enfrentado desde siempre el Poder Judicial del Estado de Jalisco para contar con una infraestructura inmobiliaria digna, adecuada y suficiente que dé cabida a los tribunales de primera y segunda instancia en condiciones de eficiencia y dignidad para los servidores públicos y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.

Las deplorables condiciones en que se asentaban los juzgados civiles, familiares y mercantiles de la zona metropolitana de Guadalajara, motivaron la gestión de un visionario proyecto que se planeó desde la administración del Gobernador Francisco Ramírez Acuña entre los años dos mil uno y dos mil seis, que la primera piedra la colocara su sucesor y gobernador interino Gerardo Octavio Solís Gómez en el año dos mil siete y no obstante la fuerte inversión de recursos en el periodo del mandatario Emilio González Márquez, fue hasta la administración del Gobernador Aristóteles Sandoval, específicamente el día 26 de agosto del año 2013, cuando se logró utilizar parte de la obra, inspirada, por cierto, en el modelo de la Ciudad Judicial del Poder Judicial de la Federación ubicada también en el predio “El Bajío”.

Con la habilitación de la magna obra, se dio fin al calvario en que operaban los juzgadores de primera instancia, hacinados en casonas viejas del centro de la ciudad, en las que ni siquiera puede decirse que hubieran sido acondicionadas para funcionar como oficinas, más bien apenas preparadas para colocar los escritorios y una que otra silla entre montones de expedientes apilados y en ocasiones hasta utilizados por los litigantes y usuarios como asientos para esperar el desahogo de alguna audiencia.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD JUDICIAL

Por esos motivos, la Ciudad Judicial fue un proyecto largamente anhelado por la judicatura en el que participaron, gestionando arduamente, varios presidentes del Poder Judicial ante los diversos titulares del Ejecutivo en turno, siendo en la administración del Gobernador Emilio González Márquez, donde se retomó el proyecto y realizó a la par gestiones con los municipios para ubicar los predios que mejor convinieran para la obra, siendo su actual ubicación en Zapopan, la que mejor favorecía en ese entonces.

Siendo un proyecto de largo alcance, su construcción demoró varios años, en los que se invirtieron varios cientos de millones de pesos, financiados por el Gobierno del Estado de Jalisco, dado que el Poder Judicial no tiene los recursos económicos para una obra de esa envergadura.

La aplicación del dinero presupuestado corrió en su totalidad a cargo de las dependencias del Poder Ejecutivo, esto es, a las Secretarías de Desarrollo Urbano, Secretaría de Administración y la Secretaría de Finanzas, quienes llevaron a cabo todos los procesos de licitación, su documentación y pago correspondiente, sin ingresar un solo peso a las cuentas del Poder Judicial, a quienes solo se les permitió participación con voz en algunos de los proyectos de distribución y diseño.

El predio y la obra son propiedad del Gobierno del Estado, quien a través del Poder Ejecutivo lo entregó en comodato al Poder Judicial en 2012, albergando a la totalidad de juzgados en materia civil, mercantil y familiar e incluso actualmente a los nuevos juzgados de oralidad en materia mercantil y auxiliares de la zona metropolitana.

UN TERCER PISO INCONCLUSO

Las instalaciones tienen un tercer piso inconcluso y áreas previstas para la concesión de servicios públicos como papelerías o restaurantes, así como servicios privados que aún no se implementan, dado que presupuestalmente es un proyecto inalcanzable para el Poder Judicial sin el apoyo del Ejecutivo, no obstante haber sido planteado en ya varios proyectos de presupuesto anuales.

Se ha dicho en los diversos medios de comunicación que las instalaciones de la Ciudad Judicial representan un riesgo para quienes la utilizan dado que las grietas de los pisos, la rotura de vidrios y diversas oxidaciones de metales hacen suponer que se ha estado moviendo y hundiendo por lo que frecuentemente es materia de revisiones por peritos oficiales que hasta la fecha han despejado las dudas de riesgo, sin embargo, lo que permanece son los levantamientos de lozas, los baños clausurados por falta de reparación y otros desperfectos que por añejos se han convertido ya en parte del paisaje al que se han acostumbrado ya tanto empleados como usuarios.

Sin embargo, los juzgados ubicados en el interior del Estado son motivo de un análisis diferente, porque en el área metropolitana los juzgados se ubican, como ya se enunció, en inmuebles aportados por el Poder Ejecutivo sea en el núcleo penitenciario o en la denominada Ciudad Judicial, lo que no acontece en los municipios donde se ubican los juzgados foráneos, de los que en su mayoría debe pagarse renta o ajustarse a los espacios prestados por las autoridades municipales y en casos de los juzgados menores y de paz en su mayoría no cuentan con espacios para oficina por lo que se utilizan las casas y recursos particulares de los encargados.

LOS INGRESOS PRESUPUESTALES

La insuficiencia de los ingresos presupuestales del Poder Judicial para la adquisición, adecuación y mantenimiento de su infraestructura, se ve reflejado especialmente en las condiciones que tienen los juzgados foráneos, que funcionan en espacios adaptados y reducidos, sin mantenimiento oportuno, sujetos a la negociación con los propietarios en su caso o a los vaivenes de las representaciones políticas locales en turno.

En segunda instancia, las circunstancias son similares, porque a pesar de la previsión constitucional, no se han implementado salas colegiadas regionales de apelación por falta de recursos económicos, lo que lleva a que los once tribunales colegiados de alzada y sus estructuras administrativas se ubiquen solo en dos edificios del centro históricos de la capital del Estado, en el que se aprovechan al máximo los espacios, compartiendo mobiliario modular y utilizando hasta los pasillos para completar las funciones jurisdiccionales de notificación y oficialía de partes, resultando aun así, evidentemente insuficientes para el trabajo de estudio y análisis que debe realizarse en las mejores condiciones ambientales posibles.

Como es claro, en materia de infraestructura el Poder Judicial de Jalisco, acusa serias deficiencias que impiden su adecuado desempeño, la falta de recursos para la consolidación de su patrimonio y para la adecuación y mantenimiento de los espacios que actualmente ocupa, lo han llevado a depender inexorablemente de otros poderes incluso para hacer frente a las reformas constitucionales que le asignan nuevas materias pero sin el correspondiente fondeo presupuestal.

Para el Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, es obligado generar y articular un entorno institucional que sea acorde a las necesidades y a los tiempos que exigen aumentar los estándares de calidad en la prestación de servicios fundamentales como lo es el de impartir justicia.

UN PRESUPUESTO PLURIANUAL

Lo que es factible a través de la gestión y en su momento la aprobación de un presupuesto plurianual que gradualmente le permita hacerse de sus propios inmuebles y dejar de pagar millonarias cantidades por renta de oficinas disminuyendo al mismo tiempo la posibilidad de injerencias insanas.

Necesita de inmediato, de un amplio proyecto de remodelación y adecuación de espacios que, apoyado incluso por las dependencias especializadas del Ejecutivo del Estado, le permita estar a la vanguardia en la impartición de justicia y facilitar la labor del Poder Judicial.

Urge fortalecer la concentración de los órganos jurisdiccionales, instituciones administrativas y de formación en un sólo lugar, con el fin de agilizar la gestión y el desempeño de los jueces, abogados y que los ciudadanos tengan acceso a la justicia pronta, expedita, completa e imparcial que consagra la constitución. La Ciudad Judicial es una obra que ha sido materia de muchas historias que atienden al interés político y personal de quien las emite, pero en la práctica representa un gran avance para la administración de justicia al permitirle al Poder Judicial contar con instalaciones amplias, funcionales y transparentes, aunque falta como ya se dijo, concluir la construcción del tercer nivel, estructurar un adecuado modelo de gestión de su mantenimiento a través del aprovechamiento de las áreas comerciales y de servicios, así como complementarla con un eficiente programa de modernización y dignificación permanente de equipos informáticos y bienes muebles.

Es urgente rescatar del abandono en el que se tiene a los juzgados foráneos de Primera Instancia, Menores y de Paz, tanto en materia de infraestructura como de equipamiento.

El sistema de archivo de expedientes, que se encuentra virtualmente rebasado y en algunos casos, colapsado, obliga a la implementación inmediata de un sistema de digitalización, definiendo los criterios de conservación, depuración y destrucción de expedientes y que se acompañe además por una red de archivos regionales para evitar que se concentren únicamente en la capital del Estado.

Se requiere crear una planificación estratégica para la implementación de las salas regionales de segunda instancia en los municipios más idóneos que permitan su completo aprovechamiento.

Desde luego que hay otras alternativas viables y oportunas, por ello es que queda abierta la página web www.gobernanzajudicial-jalisco.mx para recibir sus comentarios, críticas y aportaciones.