Sr. Gobernador ingeniero Enrique Alfaro Ramírez
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco
Sr. Fiscal Anticorrupción del Estado de Jalisco
Señoras y Señores Empresarios de Jalisco
A la Sociedad Jalisciense

Queremos hacer del conocimiento de la opinión pública, que después de haber iniciado un proceso serio de negociación con Abraham, Masayi e Hiroko [38.73%] para concluir el conflicto en Grupo Sello Rojo, con intermediarios de calidad y donde ya se tenían grandes avances por concluir; desafortunadamente el pasado 22 de octubre estas fueron abruptamente interrumpidas.

¿Qué sucedió?

Sí, ya habíamos anunciado que en nuestro asunto íbamos a escuchar lo aberrante, lo inaudito, la ilegalidad de la ilegalidad, la corrupción viviente del sistema de justicia en Jalisco, y así fue; en esta ocasión la majestuosa Octava

Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia fue quien salió al quite de Abraham y de Masayi.

¿Y qué tiene de especial lo que sucedió?

Nada mas y nada menos que en ese Tribunal desvergonzadamente -porque es de conocimiento público-, quienes resuelven son los cuates, los históricos colaboradores de Abraham y de Masayi, pero lo más aberrante es que un TRIBUNAL CIVIL de segunda instancia, sin atribuciones ni facultades, fue el que ordenó REVOCAR expeditamente una resolución PENAL, más aún, se arroparon facultades de un Tribunal Colegiado de Circuito, es decir se sintieron Magistrados Federales; a ese grado son capaces -de todo- por salvar a su

general Abraham y a su coronel Masayi.

Sí, esa Octava Sala del Supremo Tribunal tiene de peculiar que está compuesta por Roberto Rodríguez Preciado y Felipe Sánchez Montes de Oca, el primero ha trabajado desde hace más de una década a la sombra de Abraham, juega partidos de dominó los jueves con él, departe la mesa y la sal cada que le llama, le obedece ordenes, se la debe pues; el segundo un claro colaborador del partido político en donde militaba también le obedece ordenes.

Lo extraño fue la participación de Rosa María del Carmen López Ortiz, pero al igual o no sabía lo que hacia o le convino hacerlo, de cualquier manera fue grave su participación. Estos vínculos -incluso documentados en prensa- impedían que ese Tribunal conociera del asunto, pues está totalmente comprometido, a las claras órdenes de la minoría del 38%.

Esos magistrados ordenaron dejar sin efectos las resoluciones de un Juez de Control Penal, en un trámite tramposo, inaudito, a oscuritas -ahí donde los criminales se juntan-, con tremenda expedites y sin atribuciones -art. 190 y 207 de la ley de amparo-.

Sí, el asunto debió ser conocido por una Sala Penal o un Tribunal Colegiado de Circuito, pero que importa, en Jalisco hay impunidad, mejor se lo llevaron donde hay cuates, para tenerla fácil y segura, al cabo no pasa nada -seguramente eso pensaron-.

Así, esta es una muestra más del por qué la sociedad ha dejado de confiar en el Poder Judicial del Estado de Jalisco y ha tomado el ejercicio de justicia por su propia mano, este es el ejemplo de lo dañino que resulta ser el sistema de CUOTAS Y CUATES, del porque esa institución esta colapsada, invadida y del por que a nivel nacional somos el claro ejemplo de la corrupción viviente, pero sobre todo donde la impunidad impera y nada pasará.

Ya quisiera cualquier ciudadano de a pie -hoy nosotros- la “justicia” y expedités que obtienen Abraham y Masayi, los favores, las prebendas; ESTA ES LA RAZÓN por la cual el 38% puede SECUESTRAR al 59% en una empresa, este es un claro ejemplo de un secuestro judicial y del porque está sucediendo.

Así, descaradamente una vez que Abraham y Masayi obtuvieron la resolución de sus cuates -de sus cuotas pues-, concluyeron las negociaciones para seguir consumando el secuestro judicial del que tanto hemos hablado.

Siempre dijimos, ELLOS NO QUIEREN NEGOCIAR, QUIEREN ROBARNOS, y así es, a la vista de todos lo pretenden lograr.

En todo este entramado de corruptelas también participó la Juez Karina Camacho Robles -un producto más del sistema de CUOTAS Y CUATES, del nepotismo-, ella trató de ocultar este atropello para tratar de consumarlo, su personal lo sabe pero además tenemos pruebas contundentes de su participación irregular -videos-, las cuales hoy lunes estaremos presentando al Consejo de la Judicatura del Estado.

Ella giró oficios y manipuló el expediente judicial -ocultando actuaciones-, todo con el fin de que nos diéramos cuenta demasiado tarde del intento de atropello; desafortunadamente no lo logró.

Tenemos también indicios de que en todo este entramado participó un despacho de abogados íntimamente ligado a un Consejero de la Judicatura; de tener más evidencia -la cual estamos integrando-, lo estaremos haciendo del conocimiento de la opinión pública, de comprobarlo, esto sería de extrema gravedad.

Señores Empresarios, señor Fiscal Anticorrupción, volvemos a llamar su atención ¿Qué les pasa?, ¿Por qué no dicen nada?, ¿Por qué no actúan?, Consejo de la Judicatura, esperamos su intervención ante evidente atropello -hoy tendrán las pruebas-, son Ustedes el órgano disciplinario y siguen las corruptelas en sus jueces, esto debe acabar.

Señor Gobernador Enrique Alfaro creemos que Usted no esta enterado, pero el proceso de negociación iba bien, se pagan trabajadores y proveedores, todo lo hicimos correctamente por el bien de la empresa Sello Rojo.

¿Cómo es posible que actores corruptos sigan interviniendo de esta manera?, nuevamente pedimos su auxilio, su intervención, esto debe acabar, queremos concluir y sacar este proceso en paz, que este atropello y secuestro judicial concluya.

Estamos preparando una rueda de prensa para exponer todo el material con que contamos, ahí daremos a conocer a los medios de comunicación más a detalle todo el entramado de corrupción de quiénes, cómo y dónde se reúnen para seguir perpetrando este secuestro judicial.

Somos el 59% del capital social ¿Cómo es posible que un 38% pueda tener secuestrada a los órganos corporativos de una empresa?, esa es la pregunta básica. Seguiremos luchando incansablemente por alcanzar justicia.

Sergio Akira González Uyeda

Representante común del 59% del capital social de Grupo Sello Rojo