– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco

Movimiento Ciudadano en Jalisco ya abrió el telón de su renovación interna con la elección de 64 nuevos coordinadores municipales en la vieja casona de Av. La Paz. En apariencia, un ejercicio de normalidad partidista: discursos de unidad, promesas de cercanía con la gente, rostros nuevos para el escaparate y la certeza de que el partido naranja seguirá marcando la pauta en la política local.

Una postal impecable para las páginas de los diarios amigos… pero un espejismo apenas capaz de ocultar las fracturas internas que corroen al partido naranja. Pues, bajo el barniz del entusiasmo, se esconde un mapa con claroscuros que la dirigencia difícilmente podrá negar.

Los números de la elección de 2024 fueron generosos en sus bastiones metropolitanos: Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco volvieron a confirmar la hegemonía emecista. En la capital, 308 mil votos aseguraron la continuidad; Zapopan, con 323 mil sufragios, consolidó la plaza más codiciada del estado; y Tlajomulco refrendó, una vez más, su condición de vivero político del grupo alfarista con 94 mil papeletas a su favor. Una trinidad metropolitana que otorga poder y recursos, pero que no resuelve la fragilidad en el resto del estado.

Porque más allá del brillo urbano, MC perdió terreno en Puerto Vallarta —joya turística entregada al PVEM en sociedad con Morena—, cedió Ciudad Guzmán, enclave agroindustrial del sur, y vio escaparse Tepatitlán, bastión alteño que durante años se pensó inmune a los embates opositores. En Tlaquepaque y Tonalá, el retroceso fue aún más doloroso: en el primero, los 109 mil votos no alcanzaron para retener la presidencia municipal; en el segundo, apenas 47 mil sufragios lo relegaron a un segundo lugar incómodo detrás de Morena. Un tropiezo estratégico en el oriente metropolitano que desnuda la vulnerabilidad del proyecto.

Mirza Flores, encargada de administrar esta renovación interna, habla de “liderazgos de territorio, cercanos a la gente”. El discurso suena bien, pero la tarea es monumental: reconstruir la cohesión de un partido que, en su expansión, ha multiplicado corrientes, intereses y pleitos internos. Porque el problema no es solo perder municipios: es perderlos mientras el partido se enreda en disputas de candidaturas, pugnas entre cuadros y una dirigencia que debe demostrar que puede arbitrar sin fracturar.

Los números distritales tampoco ayudan: de 20 distritos locales, MC apenas ganó 6; de los federales, ninguno y los plurinominales fueron para los exfuncionarios que necesitaban fuero y los “liderazgos” escogidos. Esto significa que, aunque controla alcaldías claves, su voz legislativa es reducida y carece de peso real en el Congreso federal.

Un contraste brutal: músculo en los municipios, anemia en las cámaras. Y esa asimetría no se corrige con discursos ni asambleas, sino con operación política en campo, con la capacidad de seducir al votante rural, al comerciante alteño, al campesino del sur que aún ve en el naranja una marca citadina, aburguesada y distante.

Pero lo verdaderamente corrosivo no está en las urnas, sino en los pasillos. La disputa Alfaro–Lemus ha dejado de ser un rumor y se ha convertido en un hecho palpable. Enrique Alfaro se resiste a entregar el control de candidaturas y cuadros, mientras Pablo Lemus mueve sus piezas con paciencia quirúrgica, tejiendo su propia red de operadores que responden solo a él. Entre ambos, Mirza Flores aparece como árbitro incómodo, obligada a conciliar lo irreconciliable: mantener la disciplina de un ejército que ya no reconoce un solo general.

El grupo Alfaro–Lemus sabe que esta es su última gran prueba antes de 2027. Si logran ordenar candidaturas y mantener la paz interna, MC llegará con posibilidades de sostener el gobierno estatal. Pero si insisten en los métodos de imposición y en los arreglos de cúpula, el costo será alto: perderán distritos clave, y con ellos, la capacidad de negociar en el Congreso y de sostener el control territorial.

Los cuadros históricos, los que alguna vez creyeron en la “ola naranja” como una alternativa fresca, se encuentran marginados o desplazados por nuevas caras que responden a intereses de grupo. La operación interna dejó cicatrices: candidaturas impuestas, militantes que sienten haber sido utilizados y un éxodo silencioso hacia Morena y el PVEM que ya se empieza a notar en las regiones.

En política, decía siempre la vieja guardia, no basta con administrar victorias: hay que blindarlas. Movimiento Ciudadano gobierna hoy con holgura en las ciudades, pero su debilidad en la periferia y en el interior del estado es evidente. Las plazas que perdió en 2024 son recordatorio de que el poder es un animal volátil: se escurre por las rendijas más pequeñas y muerde cuando menos se le espera.

La renovación municipal, que en el discurso se vende como ejercicio democrático, en los hechos es un intento de tapar grietas con retórica. En lugar de cohesión, lo que se advierte es una carrera por controlar posiciones rumbo al 2027. Cada comité local es, en realidad, una ficha en el tablero de negociación entre Alfaro y Lemus.

La batalla del 2027 no se jugará únicamente en los edificios de avenida Hidalgo o en los mítines de funcionarios públicos en la Casa Ciudadana. Se librará en los tianguis de Tonalá -donde el Ayuntamiento ha prendido focos rojos-, en los talleres de Arandas -Cuando se habla de la inseguridad que hay en las carreteras de la zona-, en los mercados de Lagos de Moreno -Al momento de hablar de un nuevo ejecutado o desaparecido- y en las colonias populares de Tlaquepaque -Explicando por qué el SIAPA no otorga el servicio que cobra: agua-. Ahí, donde los discursos sobran y lo que cuenta son los servicios públicos, la seguridad y la cercanía real de quienes gobiernan.

La verdadera batalla de 2027 no será contra Morena ni contra el PVEM. Será contra sí mismo. Porque, como tantas veces en la historia política de este país, los partidos no caen por la fuerza del adversario, sino por la podredumbre que incuban dentro.

Hoy MC es un cascarón brillante en la superficie, pero carcomido por dentro. Se vende como movimiento fresco, pero huele ya a partido viejo: facciones enfrentadas, candidaturas negociadas en lo oscurito y un liderazgo que se desgasta en administrar pleitos en lugar de ganar territorios.

Si no corrigen el rumbo, el espejismo de unidad que hoy pregonan se desmoronará al primer soplo de la contienda. Y entonces, la historia no hablará de una derrota electoral, sino de un suicidio político en cámara lenta. Una crónica que, como tantas en la política mexicana, no se escribirá con tinta… sino con epitafios.

En X: @DEPACHECOS

– Opinión, por Miguel Anaya

¡Ah, López Mateos! Esa arteria que todos los tapatíos aprendimos a temer a la hora de salir de casa. Lo que antes era un simple trayecto entre Zapopan y Tlajomulco se ha convertido en un acto de paciencia y resistencia, digno de medallas para quienes logran atravesarla sin perder la cordura. Y ahora, la propuesta de construir un segundo piso sobre la avenida promete resolver este drama… o al menos darle un nuevo nivel.

La idea no es nueva en el mundo urbano. La Ciudad de México, orgullosa y criticada por sus segundos pisos, nos ha mostrado que elevar el tránsito puede, en teoría, descongestionar la calle inferior. En la práctica, siempre aparece la famosa ley de Murphy del tráfico: “Si construyes un segundo piso, se encontrará la forma de congestionar arriba y abajo”.

La idea de que más carriles, aunque sean a veinte metros de altura, pueden mejorar los tiempos de traslado, suena muy convincente si uno ignora el pequeño detalle de que todos seguiremos necesitando entrar y salir de López Mateos en algún momento, creando cuellos de botella constantes.

Los defensores del proyecto pintan un panorama brillante: coches flotando sobre el caos, flujo vehicular constante, mercancías moviéndose como en una coreografía perfecta. Incluso se habla de impulso económico, como si un segundo piso pudiera arreglar de golpe la productividad de la ciudad y el humor de los conductores. Claro, la movilidad es parte esencial del desarrollo económico, pero ¿A qué tipo de movilidad aspiramos?

En la planeación de calles, no todo es color de cielo despejado. La construcción de una infraestructura de esta magnitud implica costos que podrían hacer llorar a cualquier presupuesto gubernamental. Estudios de factibilidad, impacto ambiental, ruido, vibraciones y, por supuesto, el inevitable caos durante la obra: semanas, meses, quizás años de atascos peores que los actuales. Mientras tanto, los vecinos de la avenida y los comerciantes deberán practicar yoga urbano para soportar las molestias diarias.

El debate social no se queda atrás. Algunos urbanistas critican la medida: construir más vialidades para autos perpetúa la dependencia del automóvil y deja de lado alternativas más sostenibles como el transporte público eficiente y la recuperación del sistema barrial.

Otros, en cambio, celebran la modernidad y la promesa de velocidad. Entre tanto, los ciudadanos promedio, esos que conocen cada bache y cada semáforo de memoria, simplemente esperan que no se les olvide dónde estacionar la paciencia.

Al final, la construcción de un segundo piso sobre López Mateos es un acto de fe en que más infraestructura vial generará menos estrés, menos tiempo perdido y más eficiencia. Una fe que, como cualquier otra, tiene sus riesgos y sus ironías: prometen eficiencia, y lo que en realidad se obtiene es algo similar, pero en otro nivel. Habrá que ver si el futuro nos hace levitar, o si solo nos enseña que el tráfico, al igual que el tiempo y la paciencia, no se elevan tan fácilmente.

No se trata de criticar por criticar. Es evidente que López Mateos necesita una solución; nadie en su sano juicio disfruta pasar horas atrapado en un tramo de seis kilómetros que parece eterno. El punto es que esa solución debe ser para todos, no solo para quienes circulan en automóvil.

Debe considerar a quienes viven a lo largo de la avenida, a los comerciantes que dependen del tránsito peatonal y vehicular para sacar adelante a su familia, y evidentemente, a quienes se trasladan en transporte público o bicicleta.

Elevar carriles no resolverá los problemas de movilidad diaria ni mejorará la calidad de vida de la zona, si solo se toma en cuenta una solución pensada desde la visión del automovilista.

– A título personal, por Armando Morquecho Camacho

Imagina un mundo donde nadie tema quedarse sin un hogar, sin atención médica o sin la oportunidad de educarse. Un mundo donde el progreso económico sea un puente hacia la equidad, no un abismo que separe a unos de otros. Ese es el ideal que dio vida al estado de bienestar, un contrato social nacido en el siglo XX para sanar las heridas de guerras, crisis económicas y desigualdades profundas.

Hoy, en un contexto de globalización acelerada, hiperconexión digital y avances tecnológicos que transforman la vida a un ritmo vertiginoso, este modelo enfrenta preguntas urgentes, principalmente ¿qué significa el estado de bienestar en un mundo donde la inteligencia artificial redefine el trabajo, las plataformas digitales reconfiguran las relaciones sociales y las economías están más interconectadas que nunca?

En su esencia, el estado de bienestar es un compromiso colectivo para proteger a los más vulnerables y fomentar la cohesión social. Surgió en un momento histórico de reconstrucción, cuando países como los nórdicos, Reino Unido o México, con sus sistemas de salud y educación pública, apostaron por garantizar derechos básicos y redistribuir la riqueza.

No se trataba solo de aliviar la pobreza, sino de construir sociedades donde el progreso beneficiara a todos. Pero el mundo ha cambiado. La globalización ha tejido una red de interdependencia económica, pero también ha profundizado desigualdades dentro de los países.

Las nuevas tecnologías, como la automatización y la inteligencia artificial, están remodelando el mercado laboral, mientras que la hiperconexión digital crea nuevas formas de inclusión, pero también de exclusión. En este escenario, el estado de bienestar debe evolucionar para seguir siendo relevante, no solo como proveedor de servicios, sino como un mediador de oportunidades en un entorno donde las reglas cambian constantemente.

El impacto de la tecnología en el empleo es uno de los mayores desafíos. La automatización amenaza con reemplazar una parte significativa de los trabajos actuales en la próxima década, según estimaciones internacionales.

Esto reduce los ingresos fiscales que sostienen los sistemas de bienestar y, al mismo tiempo, aumenta la demanda de apoyo social, como subsidios por desempleo o programas de capacitación, lo que nos obliga a preguntarnos ¿cómo financiar un estado de bienestar cuando el mercado laboral se encoge?

Algunas propuestas, como la renta básica universal, sugieren garantizar un ingreso mínimo para todos, independientemente de su situación laboral. Países como Finlandia han experimentado con esta idea, pero su implementación requiere decisiones audaces, como gravar a las grandes tecnológicas, principales beneficiarias de la automatización. Este debate pone en evidencia la necesidad de un estado de bienestar que no solo redistribuya recursos, sino que también regule el impacto de las innovaciones tecnológicas para que sirvan al bien común.

La globalización, con su promesa de interconexión, también plantea retos. Las economías están más entrelazadas que nunca, pero esta interdependencia ha generado tensiones. Las cadenas de suministro globales, por ejemplo, pueden colapsar ante crisis como pandemias o conflictos geopolíticos, afectando la capacidad de los estados para proveer servicios esenciales.

Además, la competencia económica global presiona a los gobiernos a reducir impuestos corporativos, lo que limita los recursos disponibles para financiar el bienestar. La solución no está en cerrar fronteras económicas, sino en diseñar políticas que equilibren la apertura al comercio global con la protección de los derechos sociales. Esto implica fortalecer sistemas fiscales que prioricen la redistribución y la inversión en sectores clave como la salud y la educación, asegurando que los beneficios de la globalización lleguen a todos.

La digitalización, otro pilar de la modernidad, transforma la forma en que trabajamos, nos comunicamos y accedemos a servicios. Sin embargo, también ha creado nuevas brechas. En un mundo donde el acceso a internet es casi tan esencial como el acceso al agua, millones de personas, especialmente en regiones como África Subsahariana o América Latina, siguen desconectadas o sin las habilidades necesarias para navegar el entorno digital.

Esta brecha tecnológica es una nueva forma de desigualdad que el estado de bienestar debe abordar. No basta con proveer infraestructura; es crucial invertir en educación digital y regular a las grandes plataformas para evitar que concentren poder económico y social. Un estado de bienestar moderno debe garantizar que la tecnología sea un vehículo de inclusión, no un obstáculo que margine aún más a los vulnerables.

¿Por qué sigue siendo crucial el estado de bienestar en este contexto? Porque actúa como un amortiguador frente a las crisis. La pandemia de COVID-19 mostró que los países con sistemas de bienestar sólidos pudieron responder mejor, ofreciendo apoyo económico, atención médica y protección a los más afectados. También porque fomenta la cohesión social en un mundo cada vez más polarizado.

Cuando las personas sienten que el sistema las respalda, es menos probable que caigan en narrativas divisivas. Además, el estado de bienestar es clave para aprovechar las oportunidades de la globalización y la tecnología.

Países como Dinamarca han demostrado que un sistema flexible, combinado con educación continua y apoyo a la innovación, puede generar economías competitivas y sociedades equitativas. En un mundo donde el cambio es constante, el estado de bienestar debe ser un motor de adaptación, no solo un proveedor de seguridad.

Reimaginar el estado de bienestar en el siglo XXI exige audacia. Los gobiernos deben explorar nuevos modelos de financiación, como impuestos a la riqueza digital o a las emisiones de carbono, para sostener sistemas que respondan a las realidades actuales. También deben priorizar la educación y la capacitación continua, preparando a las personas para un mercado laboral en transformación. Y, sobre todo, deben fomentar un diálogo global sobre el bienestar, reconociendo que los desafíos de la globalización no respetan fronteras.

El estado de bienestar no es solo un conjunto de políticas; es un reflejo de nuestros valores colectivos. En un mundo hiperconectado, donde la tecnología y la globalización pueden tanto unir como dividir, debe ser un faro de equidad, un recordatorio de que el progreso verdadero solo es posible cuando nadie queda atrás. Reimaginarlo no es solo una necesidad práctica, sino un imperativo moral para construir un futuro más humano.