– Opinión, por Gerardo Rico

Se le llegó a considerar como una de las zonas de mayor producción de maíz en el país en la década de los 50, cuando el gobernador Agustín Yañez buscó que alcanzara el millón de toneladas y aunque no alcanzó la meta, las cifras rondaron las 750 mil toneladas. Los siguientes gobernadores mantuvieron esta dinámica y se afirma que el gobernador Juan Gil Preciado fue nombrado secretario de Agricultura y Ganadería del gobierno federal por el impulso dado a la producción agropecuaria.

Sin embargo, en los primeros años de la década de los 90 la historia cambió, el panorama agrícola se complicó frente a la presión urbana de la ciudad. La agricultura ya no fue una actividad primaria y de subsistencia para la mayoría de los campesinos del poblado de Tesistán, los habitantes se emplearon en la industria, en los servicios que se multiplican en el pueblo y en el área metropolitana de Guadalajara.

El mercado inmobiliario fue el factor principal para la transformación del entorno físico y cultural. Para que los ejidatarios pudieran enajenar sus derechos sobre la propiedad, tenían que contar con el dominio pleno de la misma y se originó la especulación. De este modo, el poblado de Tesistán como efecto de la metropolización y expansión de la ciudad de Guadalajara, acumuló procesos que incrementaron la vulnerabilidad y precariedad de la calidad de vida de sus habitantes.

Durante la semana que recién pasó nos enteramos que el Tribunal de Justicia Alternativa (TJA) aprobó la construcción de 17 mil viviendas en Valle de los Molinos. Las diferencias legales se originaron en la primera administración del actual gobernador Pablo Lemus Navarro, como presidente municipal de Zapopan cuando frenaron a la constructora Casas Javer, orignaría de Monterrey Nuevo León, el proyecto de construcción de vivienda.

A través de la Sextra Sala del TJA que encabeza Paloma Romana Magallanes de la Rosa, se otorgó el permiso para un desarrollo más que consta de miles de viviendas en esa zona. De proceder la mencionada urbanización, se afectarían dos áreas naturales como el bosque del Nixticuil y cerros que se encuentran dentro de la zona de la barranca del Río Santiago.

Impactaría de manera directa en el cerro del jacal de Piedra, parte del corredor metropolitano que une el área natural protegida del bosque del Nixticuil, San Esteban. El Diente, con los ecosistemas del área protegida de la barranca de los ríos Santiago y Verde y la sierra de Tesistán, de acuerdo al Comité de Defensa del Bosque del Nixtiquil.

Hay que destacar que con el cambio de uso del suelo, la dispersión de la forma urbana, la terciarización de la actividad económica, la distancia y acceso a la ciudad y la diversidad de apropiarse del territorio, originaron que se triplicara la población en las últimas décadas, precisa el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social Occidente (CIESAS)

En el poblado el uso mixto del suelo (agrícola, urbano-privado-social) creó un entorno propicio para la especulación. El mercado inmobiliario compuesto de actores locales (ejidales y pequeña propiedad) y metropolitanos (inmobiliarias) transformó las dinámicas económicas de la zona periurbana. Los campesinos no tuvieron más que entrar a las dinámicas de la vorágine del mercado inmobiliario, en términos de “ganar, ganar”.

La contaminación de agua

La demanda de agua actualmente es crítica pues cada vez es más escasa su disponibilidad en cantidad y calidad, condición que empeora por la mala gestión del agua por parte del SIAPA. Esta situación trae por consecuencias la contaminación del agua subterránea y manantiales, el agua se contamina con lixiviados, se secan e interrumpen las corrientes superficiales, se desecan cuerpos de agua, se construyen pozos clandestinos.

Urgen atender la condición de escasez de agua, debido a la presencia de contaminación en niveles altos de las aguas superficiales del Río Blanco y del Arroyo Milpillas trayendo afectaciones al ciclo hidrológico. En la actualidad estas condiciones de contaminación afectan a la mayoría de los arroyos y barrancas que son tratados como vertederos de aguas negras y residuos sólidos, tanto de usos domésticos como industriales.

La extracción excesiva de agua subterránea en Tesistán, impulsada por el crecimiento urbano e industrial, ha sobreexplotado acuíferos, reactivado grietas en Nextipac y contaminado cauces usados para riego, según el Estudio Justificativo para la declaratoria de área de protección hidrológica de Zapopan.

Más allá de dictámenes jurídicos, de posicionamientos políticos y de intereses inmobiliarios, la situación en Valle de los Molinos tiende a convertirse en un caos, si es que aún no se llega a eso. Cifras actualizadas contabilizan a más de 90 mil habitantes, más los que se acumulen. La especulación inmobiliaria simplemente ha llevado al límite a quienes habitan en esa zona del área conurbada de Guadalajara.

– Conciencia con Texto, por José Carlos Legaspi Íñiguez

Le tomamos la palabra a Fernández Noroña para descubrir qué es o a qué le llamamos lujo y, en contraparte, qué es la pobreza extrema. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la pobreza debe medirse con enfoque multidimensional. No se trata sólo de la carencia de liquidez económica, como nos tienen acostumbrados a considerarla.

Claro que el ingreso económico influye para ser pobre o darse algunos lujos. El ingreso mensual por persona debe ser suficiente para cubrir el costo de la canasta básica, que incluye: vivienda, alimentos, salud, educación, transporte y vestido, entre los más importantes.

Quienes no pueden satisfacer plenamente estas necesidades se hallan en la pobreza; quienes no tienen ninguno de estos satisfactores cubiertos están en pobreza extrema.

Quienes tienen más que satisfechos estos rubros, con residencias en cotos o colonias de privilegio y, además, pueden pagar servidumbre, guardaespaldas, automóviles del año, ropa de marca, relojes de pulsera de cientos de miles de pesos, teléfonos celulares de 50 o 60 mil pesos, comidas en restaurantes de platillos y vinos de miles de pesos, membresías de clubes exclusivos, viajes en primera clase, hoteles de 15 mil a 30 mil pesos por noche, tener acciones bursátiles o negocios de ingresos millonarios, están en la gama del lujo.

Cuando aquellos que cubren esos gastos con dinero no proveniente de sus salarios o negocios legítimos, sino de origen oscuro, turbio y, muy probablemente, por sus maniobras políticas, entonces caen en el renglón de la sospecha, por la dilapidación, el derroche y el desprecio a las personas que no pueden siquiera tener para alimentarse medianamente.

No solo es la falta de dinero lo que CONEVAL tiene como indicador de pobreza en México. Las carencias sociales son también parte de esta denominación: rezago educativo. Cuando en los hogares no hay, de acuerdo con las edades de los integrantes, niveles de educación, se entiende que hay pobreza en esas casas.

Si no hay seguridad, como indicativo de tranquilidad para transitar por las calles; para tener trabajo estable, para no ser víctimas de la violencia, tanto de delincuentes como de policías, entonces hay pobreza; cuando existen índices que sobrepasan las “tasas medias”, como las de los asesinatos, las desapariciones forzadas, los feminicidios, las extorsiones, los secuestros, los cobros de piso, los despojos de propiedades, las invasiones a fincas o terrenos, entonces hay pobreza.

La falta de atención médica de calidad, el nulo acceso a los servicios de salud pública, la escasez de medicinas, de camas en hospitales, de hospitales mismos y de prevención de enfermedades, deriva en la pobreza. La falta de vivienda de calidad, con servicios básicos como agua potable, drenaje, vías de acceso, transporte público, alumbrado o energía eléctrica, es sinónimo de pobreza y de pobreza extrema.

Para que Fernández Noroña no siga con sus preguntas estúpidas, para engañabobos, o sus peticiones cínicas sobre lo que debe o no considerarse “lujo”, está claro que todo lo contrario a las carencias que envuelven a la pobreza y a la pobreza extrema debe considerarse como “lujo”.

Hay personas que pueden darse esos y más lujos. Algunos por sus negocios lícitos. A quienes se critica acremente son a personajes que no hace mucho andaban casi de indigentes y hoy que ostentan algún puesto de poder no pueden ni han demostrado que, con sus ingresos, tengan la solvencia para pagar esos excesos.

Más bien, hay “sospechosismo” en torno a cómo hacen para tener esas cantidades exorbitantes de dinero que, por lo que se ve, no les preocupa dilapidarlo, despilfarrarlo y todavía, presumirlo como si procediera de ingresos legítimos.

O lo que es lo mismo actúan en contra de la ideología de su partido y sus guías morales al violar el principio aquel de “ejercer el poder con humildad y austeridad”, sino con la desvergüenza que caracteriza a los pillos, a los hampones, a los gandallas y, además, menospreciar las críticas sociales cuando se les “cacha en la maroma” y afanarse en minimizar y menospreciar las críticas generalizadas con planteamientos que, antaño, eran todo lo contrario a lo que hoy realizan sin recato alguno.

Los índices de pobreza sean de CONEVAL, del Fondo Monetario Internacional o de la ONU, pueden comprobarse o debatirse con un solo elemento: la realidad.

Nuestra verdad como país es que hay personas incapaces de cubrir sus necesidades básicas. Millones de mexicanos enfrentan pobreza, falta de servicios médicos, medicinas, educación y apoyo oficial, lo que provoca la muerte de niños, jóvenes y ancianos, y limita su desarrollo.

No tienen apoyo oficial para desarrollarse como mexicanos de bien, porque sufren discriminación por sus condiciones económicas, sociales o por su procedencia genética.

Hay cientos de miles de desaparecidos, de fosas clandestinas, de analfabetas, de desnutridos, de desempleados, de enfermos y de migrantes que prefieren buscar en Estados Unidos, aun con la campaña de Trump en su contra, lo que aquí no hallan.

Por eso, como dicen los enterados, las estadísticas son como los bikinis: muestran lo interesante, pero ocultan lo esencial.

– Opinión, por Miguel Anaya

Zapopan se ha convertido en un laboratorio de vicios urbanísticos: autorizar desarrollos habitacionales sin prever la ciudad que los debe sostener. La reciente aprobación judicial para levantar 17 mil viviendas en el norte del municipio, en una zona ya desbordada como Valle de los Molinos, es un ejemplo perfecto de cómo se repite la misma receta de ocasiones anteriores: más casas, menos ciudad.

El contexto no es menor. Desde hace una década, el crecimiento habitacional en el norte del municipio se ha vendido como la solución a la necesidad de vivienda asequible. Y es cierto, miles de familias encontraron ahí un patrimonio al que de otra forma difícilmente habrían accedido.

Pero el costo social y urbano ha sido alto: saturación vial, transporte público insuficiente, escuelas que no alcanzan, servicios de salud escasos, agua que se corta constantemente. En suma: colonias enteras que funcionan como ciudades dormitorio, desconectadas de la metrópoli, sin infraestructura adecuada y con la calidad de vida hipotecada.

Que hoy se pretenda sumar 17 mil casas más, es decir, cerca de 60 mil personas adicionales, no es una buena noticia. Es una sentencia. Un lugar ya rebasado no resuelve sus problemas metiendo más gente; lo empeora. Y esa es exactamente la dinámica que enfrentará Zapopan si este proyecto prospera.

La polémica es aún mayor porque, a diferencia de otras veces, la autorización no vino del gobierno municipal, sino de una magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.

Un tribunal que, en teoría, debería garantizar el orden legal, terminó otorgando un permiso que invade competencias municipales, que desoye el ordenamiento territorial y que incluso toca áreas naturales protegidas. Un fallo administrativo y jurídico con consecuencias sociales de enorme calado.

Aquí cabe la pregunta incómoda: ¿por qué seguimos replicando lo que no funciona? La ciudad sabe, porque la experiencia lo grita, que estos modelos generan problemas que después resultan carísimos de corregir: ampliaciones urgentes de avenidas, construcción tardía de escuelas, obras millonarias de agua potable. Es un círculo vicioso donde los desarrolladores cobran primero y la sociedad paga después.

Lo más grave es que seguimos confundiendo construir edificios con construir ciudad. Una vivienda es solo un cascarón si no hay un tejido urbano que la sostenga: calles seguras, transporte eficiente, áreas verdes, escuelas, agua garantizada. Sin eso, lo que se ofrece no es futuro, es un laberinto de problemas.

Los gobiernos estatal y municipal han prometido dar la batalla legal, con una disparidad de criterio entre lo que han hecho y a lo que se oponen hoy. Seguramente esto será motivo de acalorados debates. Pero el fondo de la discusión es más profundo: ¿quién está decidiendo cómo crecen nuestras ciudades? ¿Los gobiernos y sus planes de desarrollo, los tribunales o las inmobiliarias?

Al final, la ironía es inevitable: en los discursos oficiales se habla de sustentabilidad, de ciudades inteligentes, de movilidad verde… y en la práctica seguimos levantando fraccionamientos en medio de la nada, sin agua ni transporte. Pareciera que lo único inteligente es el negocio. Y en ese juego, Zapopan corre el riesgo de convertirse en lo que tantas veces criticamos: un gigantesco dormitorio con pretensiones de ciudad.

Ojalá prime la cordura y la planeación a largo plazo; los zapopanos merecemos decisiones serias y pensadas para las próximas generaciones.