OPINIÓN
Elección del nuevo presidente del STJE: Magistrados ante la oportunidad histórica del cambio en la justicia
Análisis del magistrado Luis Enrique Villanueva //
El próximo martes se celebrará sesión plenaria extraordinaria en que las actuales magistradas y magistrados que integramos el órgano de gobierno del Supremo Tribunal de Justicia, elegiremos mediante el voto directo a quien fungirá como Presidente tanto del Tribunal Superior como del Consejo de la Judicatura y también del Poder Judicial de Jalisco.
Quienes tomaremos la decisión, estamos ante una oportunidad histórica de superar las intromisiones tradicionales de otros poderes y determinar por nosotros mismos el rumbo que deseamos para la impartición de justicia en la entidad.
Debe entenderse que ya no es aceptable que los intereses partidistas influyan en el Poder Judicial, que el Supremo Tribunal es un órgano técnico altamente especializado con una labor fundamental para el desarrollo de los jaliscienses, que desde la previsión constitucional no admite injerencia alguna y que por su propia naturaleza debe mantenerse alejado de esas intromisiones clásicas de un pasado que ya ha sido superado.
La política partidista tiene claramente su espacio de desarrollo en el Poder Legislativo, sus desvaríos, acuerdos y desencuentros adquieren un sentido y justificación solo ahí por ser el espacio de representación política por excelencia, pero cuando esa política partidista se intenta mezclar en el Poder Judicial se vuelve toxica, venenosa y dañina.
Por fortuna, una golondrina no hace verano, de tal manera que no debe ser un obstáculo para que las y los magistrados capaces, independientes, responsables y comprometidos con su institución, tomen una decisión centrada solo en lo que más le conviene al Poder Judicial de Jalisco a partir del comparativo de proyectos, perfiles y trayectorias de los aspirantes.
Por ello, me he dado a la tarea de analizar la problemática de la justicia en la entidad, que ha sido ampliamente analizada, razonada y contextualizada en un documento, elaborado en conjunto con diversos profesionales multidisciplinarios, al que se denominó Modelo de Gobernanza Judicial, el cual una vez redactado comenzó a difundirse en diversos y variados foros que permitieron su perfeccionamiento y socialización.
El Modelo de Gobernanza Judicial que se propone, contiene una amplia serie de propuestas de solución a las dificultades que enfrenta el sistema judicial en nuestra entidad, ordenando las alternativas a través de dos grandes programas que en conjunto suman 32 proyectos.
No escapó al análisis realizado por los expertos y especialmente de quienes conocieron ya la propuesta, la viabilidad y posibilidades reales de implementación que tiene cada uno de los proyectos, porque en su conformación se consideraron las capacidades económicas, de recursos humanos y materiales ya existentes, además de contemplar las experiencias de otros tribunales estatales y federales de diversos grados y materias, de tal manera que la oferta del Modelo no es un catálogo de ideas imposibles, sino una contundente, sustentada, real e inmediata alternativa para motivar el cambio de fondo que requiere específicamente el Poder Judicial de Jalisco, es decir, un traje a la medida con indicadores de cumplimiento y evaluación.
Se destaca la orientación ciudadana del Modelo en cuestión, en donde el jalisciense es origen y destino, facilitando y exigiendo su participación en cada uno de los proyectos desde su implementación hasta su evaluación y sanción correspondiente.
Una virtud adicional es que la composición de los programas tiene concatenación con el combate a una problemática específica, destacando por ejemplo que para el grave problema de la corrupción y la impunidad que se atribuyen al Poder Judicial se tienen a la vez la implementación de varios proyectos como el Observatorio Ciudadano, la Contraloría Ciudadana, la Plataforma Digital de Seguimiento de Denuncias, entre otros que en conjunto componen un Sistema Judicial Anticorrupción que no solo cumple con las exigencias de la ley al respecto, sino que va más allá al incorporar la participación ciudadana en los procesos de sanción a las conductas irregulares incoadas, desde la denuncia hasta la ejecución de la pena, destacando que para la puesta en marcha del sistema no se requiere inversión presupuestal alguna toda vez que el marco normativo del tema ya está confeccionado, se cuenta con las plazas y perfiles adecuados y el compromiso de participación de los sectores productivos y sociales a quienes ya se ha presentado la propuesta.
CONTRA LA OPACIDAD
La opacidad y falta de rendición de cuentas que se atribuye a las instituciones judiciales se combate, en el Modelo, a través de proyectos como una autentica plataforma informática que, aun mejor que en los tribunales federales, permitirá no solo consultar en tiempo real el proceso de resolución de cada uno de los asuntos de su conocimiento, sino también evaluar el cumplimiento a tiempo de las responsabilidades que le corresponden a cada una de las diversas áreas que participan en el tránsito de un expediente o toca, lo que limitaría en automático las posibilidades de tardanza, omisiones o conductas irregulares; proyecto que se debe acompañar de una profunda revisión y una adecuada modificación de las estructuras administrativas del Poder Judicial para darles orden y eficiencia a fin que identifiquen la trascendencia de la función jurisdiccional y adquieran el compromiso con las instituciones judiciales para facilitarles las herramientas, registro, control y manejo de la información propia de su desempeño para su publicación y actualización, permanente y oportuna; así como la conformación de un legítimo plan general del crecimiento y desarrollo del Poder Judicial a inmediato, corto, mediano y largo plazo, que incorpore los programas de acción con sus tiempos, objetivos, indicadores y metas, para que sus formatos y estructuras, al ser de acceso público, sean también evaluados a cada momento con la posibilidad de interactuar con el ciudadano para sus sugerencias, comentarios y en su momento acciones de corrección y mejora, pero además para que la sociedad organizada pueda tener una referencia precisa a la hora de confrontar lo publicado con el contenido de los informes de labores y así facilitarle la toma de decisiones.
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
Está claro que el proyecto propuesto también contempla promover la profesionalización y actualización del personal judicial, para lo cual se debe contar primero con un diagnóstico actualizado de las necesidades de capacitación y profesionalización que los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Jalisco necesitan. Además, crear el Instituto de Capacitación y Profesionalización del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que englobe todas las direcciones, comisiones y escuelas judiciales, con la finalidad de que el Consejo de la Judicatura y el Supremo Tribunal de Justicia, trabajen en conjunto para capacitar a todo el personal judicial en actualizaciones constantes y formación permanente, para dar respuesta a los nuevos modelos judiciales en los cuales Jalisco muestra un gran rezago y del mismo modo que solo exista una dependencia por órgano; también, contar con un sólido grupo de formadores altamente capacitados (entre otros ex Jueces y ex Magistrados) que repliquen su experiencia desde un enfoque teórico-práctico, centrado preferentemente en estudio de caso; y también generar y actualizar un programa de capacitación y profesionalización en los diversos ámbitos, instancias y modalidades, a partir de programas educativos virtuales, presenciales, semiescolarizados y mixtos, con un desarrollo exponencial de recursos informáticos y aplicativos en inteligencia artificial, este último basado en algoritmos para proyección y redacción de autos, acuerdos y sentencias en línea que aseguren el doble beneficio de garantizar al justiciable la continuidad expedita de la impartición y administración de justicia, aún en casos de grave contingencia, como la que actualmente enfrentamos, al mismo tiempo que se comparte la infraestructura necesaria para asegurar la calidad y la cobertura de los programas formativos dirigidos a los procesos de ingreso, promoción y permanencia para que se de seriedad y continuidad a la carrera judicial en Jalisco.
HACIA LA JUSTICIA DIGITAL
El Modelo de Gobernanza Judicial propone una estrategia inaplazable para replantear las formas y modalidades de administrar justicia en Jalisco, iniciando de inmediato el tránsito a la Justicia Digital, aplicando estrategias de innovación sectorizadas y planeando racional y estratégicamente la implementación de aplicativos informáticos, para que de manera natural sean también instrumento cotidiano de la relaciones entre gobierno y gobernados, así como entre tribunales y justiciables, se propone que mediante un plan estratégico, la implementación sistemática de la justicia digital puede ser una realidad, modernizando el equipamiento y contando con el suficiente para reunir y procesar la vasta demanda de administración de información que implica, armonizando y completando la precaria legislación existente en las diversas materias, actualizando los procesos judiciales y ajustándolos gradualmente al uso de las tecnologías de la información, contando con el presupuesto necesario y principalmente con el involucramiento de la ciudadanía en cada uno de los procedimientos y en el seguimiento de su sanción y ejecución.
En general, el Modelo ha contemplado todos y cada uno de los problemas que impiden el crecimiento y desarrollo adecuado de la impartición de justicia en el Estado, estudiando su origen, confrontando alternativas y generando los proyectos que le den solución, implementando controles y evaluación de cumplimiento con la participación de la sociedad con el ánimo principal de recuperar su confianza en las instituciones públicas.
La aspiración que tengo para presidir el Supremo Tribunal de Justicia, que ya he expresado en otras publicaciones, como se ha expuesto, está sustentada en un sólido proyecto, profesional y sistemático con todas las posibilidades de ser implementado a la brevedad y dar resultados inmediatos y medibles para provocar el cambio que todos esperamos, intención que la he hecho pública porque creo profundamente que la apertura y publicidad de las acciones y trabajos de quienes integramos el Poder Judicial de Jalisco debe ser el primer paso para superar la opacidad que se atribuye a la justicia y una invitación respetuosa a la participación de la comunidad en los asuntos judiciales.
Reitero, está en las magistradas y los magistrados y solo en ellos, la oportunidad de provocar el cambio de fondo, gradual, significativo y sostenido que requiere la impartición de justicia en Jalisco. Dejemos de lado las inercias políticas externas que no nos corresponde adoptar, seamos parte de la generación que rescate al Poder Judicial y marque su rumbo exitoso para recuperar los primeros lugares en el concierto nacional.
Compañeras y compañeros magistrados, ofrezco poner mi mayor esfuerzo y representarlos con toda dignidad, estamos ante una grave situación de operación y credibilidad institucional, pero también tenemos una única y enorme oportunidad de cambiar las cosas, sé que se puede, juntos hagamos que suceda.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
Lo que antes se murmuraba en voz baja, hoy resuena en los pasillos de Morena: una fractura interna que enfrenta a los seguidores de la presidenta Claudia Sheinbaum con los leales al exmandatario Andrés Manuel López Obrador, liderados por su hijo, Andrés López Beltrán.
El epicentro de esta pugna se encuentra en la dirigencia del partido, donde la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y el secretario de organización, Andrés López Beltrán, protagonizan un choque que refleja tensiones más profundas.
Un episodio que ha avivado el fuego es el reciente viaje de López Beltrán a Japón, un hecho que ha desatado críticas por contradecir el discurso de «austeridad republicana» que su padre predicó incansablemente, citando a Juárez como estandarte.
Este escándalo pone en evidencia las dificultades de mantener la congruencia entre los ideales de la Cuarta Transformación (4T) y las acciones de sus líderes. El momento es definitorio tanto para el movimiento como para el gobierno.
Desde su toma de posesión, Claudia Sheinbaum ha enfrentado el desafío de consolidar su liderazgo en un escenario donde su antecesor dejó estratégicamente colocados a incondicionales, con la aparente intención de mantener influencia.
Sin embargo, el poder no admite reparticiones, y la presidenta ha comenzado a mover sus piezas para gobernar con autonomía, buscando desmantelar las barreras que limitan su autoridad.
En este contexto, Luisa María Alcalde emerge como una figura clave. Su decisión de alinearse con Sheinbaum marca un punto de inflexión en Morena. Alcalde, una de las figuras más sólidas de la 4T, cuenta con una trayectoria impecable: desde su liderazgo juvenil en el movimiento hasta su paso por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Gobernación y ahora la presidencia de Morena.
Su incorporación al círculo cercano de Sheinbaum es, sin duda, un acierto estratégico, comparable a un «fichaje estelar» en términos futbolísticos. Su misión inmediata será limitar la influencia de López Beltrán en la estructura partidista, un reto que pondrá a prueba su habilidad política.
Otro movimiento significativo se dio en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), donde Omar Reyes Colmenares, hombre de confianza de Omar García Harfuch, reemplazó a Pablo Gómez, un histórico líder de la izquierda mexicana. Gómez, ahora encargado de coordinar la reforma electoral por instrucción de Sheinbaum, deja un puesto clave en la lucha contra el lavado de dinero.
Este cambio ha generado especulaciones sobre posibles acuerdos con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, dado el papel crucial de la UIF en el seguimiento de flujos financieros ilícitos provenientes del narcotráfico, el huachicoleo de combustible y el fraude fiscal transfronterizo.
En el ámbito legislativo, el panorama es más complejo. La influencia de López Obrador persiste a través de figuras como Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, ambos leales al expresidente.
Sheinbaum, visiblemente incómoda con esta dinámica, enfrenta el desafío de reconfigurar estos espacios para alinearlos con su visión de gobierno, una tarea que se antoja ardua. Lo que estamos presenciando es una lucha por el poder en el corazón de la 4T: una presidenta que busca consolidar su liderazgo y un expresidente que, desde las sombras, parece resistirse a ceder el control.
El desenlace de este enfrentamiento definirá el rumbo de Morena y del país en los próximos años. Pronto veremos quién prevalece en este juego de estrategias y lealtades.
-Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La vida pende de un hilo tan delicado que, en un instante, puede romperse. Hoy compartimos risas, palabras y momentos con seres queridos; mañana, esos instantes podrían ser el último eco de nuestra existencia.
La muerte, impredecible y silenciosa, no avisa, como nos lo recordó la trágica pérdida de Carlos Ramírez Powell, politólogo y colaborador de Conciencia Pública, quien falleció en un accidente de bicicleta. Su partida abrupta nos confronta con la fragilidad de la vida y el valor de cada instante.
Conciencia Pública ha vivido dos épocas, la primera de ellas de 1987 a 1995, fueron poco más de 300 ediciones, iniciando publicación mensual y al poco tiempo se convirtió en semanario. Y la segunda época a partir del 2009 hasta hoy, con la presente edición, son 801 ediciones, entre los dos tiempos suman más de 1,100 ediciones.
Esto viene a colación a propósito de cómo llegó Carlos Ramírez Powell a las páginas de Conciencia y la amistad que entre ambos iniciaría y que trascendería en el tiempo, formando parte de estas dos épocas de nuestro semanario.
DANIEL CAMACHO Y LA ÚLTIMA PIEDRA
Quiero recordar que a Carlos lo conocí gracias a Daniel Camacho, quien hizo sus primeros trotes en el mundo del periodismo desde las páginas de Conciencia y hoy estelar cartonista de Reforma.
El pasado sábado, temprano y muy conmocionado Daniel me mandó un mensaje para recordarme aquel episodio de cómo Carlos llegó a Conciencia para escribir cada semana su artículo que publicamos y que llevó por nombre “La última piedra”. Así lo platica: “Recuerdo que estábamos Carlos y yo en un cafecito de Av. La Paz y le dije ponle nombre a la columna. Y me respondió algo así como “ha chirrión…pues como decía Jesús el que esté libre de culpa que aviente la primera piedra, pregúntale a Gabriel si le puedo poner “la última piedra”. Esto es expresión de la chispa y profundidad que distinguió a Carlos.
Así fue. Y así se mantuvo hasta el cierre de Conciencia Pública de su primera etapa, cuando nos agarró fuera de base la devaluación del 95, producto del error de diciembre de Zedillo y Jaime Serra Puche.
Camacho, joven inquieto en aquella época, estudiante de derecho, abrió las páginas de Conciencia Pública para jóvenes talentosos que soñaban con trascender en el mundo de la política y poder plasmar aquí sus inquietudes en el tránsito por encontrar su vocación. Por citar algunos casos, así llegaron Alberto Uribe y Rogelio Campos, que luego darían el paso a la administración pública y al complejo mundo de la política.
Daniel llegó a cultivar una relación estrecha con Carlos Ramírez, que la mantuvo a pesar de la distancia y de cambiar su residencia de Guadalajara por la Ciudad de México donde se ha movido como pez en el agua en el mundo de los intelectuales, su mundo, donde consolidó su vocación.
Carlos también formó parte de la segunda etapa de Conciencia a partir de abril del 2009. Se integró al proyecto como integrante del Consejo Editorial y lo hizo con esa generosidad que lo distinguía para volver a publicar “La última piedra”, analizando temas de geopolítica, la problemática del petróleo, advirtiendo que México se convertiría de productor a importador de petróleo.
En una entrevista que aquí publicamos, expresó: “La exportación termina durante este sexenio y el dinero fue mal empleado, no se invirtió en transporte masivo: todo para el automóvil. El modelo de movilidad con base en el automóvil agoniza y México no ha comenzado siquiera a pensar en qué es lo que lo van a sustituir”.
LAS LUCES DE CARLOS
En el periodismo, caminamos con paso firme, sorteando obstáculos para informar, analizar y dar voz a la realidad. Carlos, con su pluma aguda y su mirada crítica, fue un ejemplo de esa vocación. Sus colaboraciones en Conciencia Pública dejaron una huella imborrable, con análisis que iluminaban las complejidades del entorno político y social de Jalisco y México.
Su trabajo, siempre riguroso, reflejaba un compromiso con la verdad y la reflexión profunda, una pasión que compartía con quienes, como él, han hecho de esta revista un espacio de pensamiento crítico.
El lunes pasado celebramos la edición 800 de Conciencia Pública, un hito que reúne las voces de quienes, como Carlos, han plasmado su visión del mundo en estas páginas. Cada artículo, entrevista y análisis es un testimonio de la lucha por comprender y transformar la realidad, aun sabiendo que nuestro tiempo es limitado.
La muerte de Carlos nos recuerda que, en este oficio, cada palabra cuenta, cada idea es un legado. No sabemos cuándo llegará nuestro final, pero sí podemos decidir cómo vivir cada día: con propósito, con valentía, como él lo hizo.
Su ausencia duele, pero su vida nos inspira. En este frágil sendero entre la vida y la muerte, su “Última Piedra” sigue resonando, recordándonos que el periodismo, como la vida, es un acto de resistencia y creación. Honramos su memoria reafirmando nuestro compromiso con un periodismo que ilumina, como él lo hizo, en línea con los valores de verdad.
-Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Hay historias que condensan en un solo expediente toda la descomposición de un sistema. El caso de Israel Vallarta Cisneros es una de ellas. Después de casi veinte años de prisión, el 31 de julio de 2025 una jueza federal ordenó su liberación al concluir que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró comprobar las acusaciones.
Vallarta había sido acusado de liderar la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, pero lo que en realidad evidenció su expediente fue el uso sistemático del montaje mediático, la tortura y las violaciones al debido proceso como herramientas de control político.
El calvario comenzó el 9 de diciembre de 2005, cuando Vallarta y su entonces pareja, Florence Cassez, fueron detenidos en el rancho “Las Chinatas” en Tlalpan, Ciudad de México. La Agencia Federal de Investigación (AFI), bajo el mando de Genaro García Luna, montó una recreación del operativo ante las cámaras de televisión. Tres víctimas de secuestro fueron “rescatadas” frente a los reflectores, en un espectáculo cuidadosamente guionizado que fue presentado como prueba de eficacia policial.
El 10 de febrero de 2006, García Luna reconoció que la detención y el rescate habían sido montados. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Francia protestó por el trato a Cassez, su ciudadana, y tras años de litigio la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación en enero de 2013, al considerar que su proceso estaba viciado de origen. Vallarta, en cambio, quedó hundido en la maquinaria judicial.
Durante años, Vallarta denunció torturas para arrancarle confesiones y la fabricación de pruebas. La reciente sentencia de la jueza Mariana Vieyra Valdés, Tercera de Distrito en Materia Penal del Estado de México, le dio la razón: el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso invalidaron las pruebas en su contra. Vieyra anuló los testimonios de las víctimas, obtenidos bajo coacción, así como el parte informativo de la captura, las diligencias de reconocimiento en cámara Gesell y la confesión ministerial rendida bajo tortura en 2005. Incluso desechó las declaraciones de David Orozco Hernández “El Géminis” y Dither Camarillo Palafox “Tauro”, quienes confesaron ser miembros de “Los Zodiaco” pero no ratificaron sus dichos ante el juez.
El fallo es contundente: “Se advirtió un efecto corruptor en el proceso derivado de la escenificación ajena a la realidad, que violentó los derechos de los inculpados y de las víctimas”. Vieyra recordó que el montaje fue auspiciado por medios de comunicación nacionales e internacionales, lo que contaminó el proceso de manera irreversible.
Pero mientras Vallarta pasaba casi dos décadas en prisión, los responsables directos de esas ilegalidades siguieron escalando posiciones o disfrutando de la impunidad. Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, y Francisco Javier Garza Palacios, ambos exdirectores de la AFI, fueron señalados por Vallarta como los principales responsables de su calvario. También Jorge Rosas García, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de la SEIDO, y el exprocurador general Daniel Cabeza de Vaca. Algunos enfrentan procesos por otros delitos, pero ninguno ha rendido cuentas por el montaje que destruyó la vida de Vallarta.
Al salir del penal del Altiplano, Vallarta pidió perdón a las víctimas de los secuestros que se le atribuyeron. No por aceptar una culpa inexistente, sino porque entendía que ellas también fueron violentadas por la manipulación de las autoridades. “Las víctimas que son víctimas, porque hay algunas que no lo son, que se sientan lastimadas y agredidas, yo les ofrezco una disculpa, no por mí, sino por las acciones de los malos policías, que por sacar un trabajo que no hicieron, utilizaron las mentiras”, dijo.
Aseguró que no se esconderá ni abandonará el país. También adelantó que analiza interponer una demanda contra el Estado mexicano por los daños ocasionados por casi veinte años de prisión. “Si prospera la de tortura, pues le van a dar de 3 a 4 años a Cárdenas Palomino; yo estuve 20, ¿cómo que no es válida la balanza, ¿no?”, cuestionó. Vallarta lo tiene claro: su caso no es un triunfo, es apenas el reconocimiento tardío de una injusticia monumental.
El caso Vallarta es más que un expediente judicial: es la radiografía de un sistema que privilegia la narrativa sobre la verdad. En mayo de 2024, tras 18 años, se cerró la instrucción del juicio, y en julio la FGR pidió 430 años de prisión por delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
La cifra era tan absurda como simbólica: una condena ejemplar para encubrir el fracaso institucional. Pero el castillo de naipes se derrumbó: la jueza concluyó que las pruebas eran insostenibles y absolvió a Vallarta.
El contraste con el caso Cassez es brutal. La Suprema Corte la liberó en 2013 por las mismas irregularidades, pero dejó a Vallarta en prisión. La diferencia era política y mediática: Francia presionó por su ciudadana; Vallarta era mexicano y pobre. La doble moral del Estado quedó exhibida.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a anticipar en 2021 que Gobernación podría solicitar la liberación de Vallarta si encontraba elementos suficientes. La Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, anunció en 2019 que revisaría el caso. Pero pasaron seis años más antes de que un tribunal actuara.
La liberación de Vallarta no repara el daño, pero deja varias lecciones. La primera: el montaje mediático como herramienta de control sigue vigente. La segunda: las instituciones mexicanas, incluidas la FGR y el Poder Judicial, operan más como engranajes de simulación que como garantes de justicia. La tercera: mientras no haya consecuencias para los funcionarios que fabrican culpables, la historia se repetirá.
El caso Vallarta debe ser un parteaguas, pero el pesimismo es inevitable. La FGR ya ha demostrado que prefiere salvar la cara antes que reconocer errores. Los políticos, de cualquier partido, siguen usando la seguridad pública como espectáculo. Y los medios que transmitieron el montaje en 2005 apenas si han hecho un mea culpa.
El sistema judicial mexicano está enfermo, y el expediente Vallarta es su radiografía más cruel: un hombre destruido, víctimas revictimizadas, instituciones deslegitimadas. Nada de esto es nuevo. Lo grave es que todo sigue igual.
La pregunta incómoda es cuántos Vallarta más existen en prisión, sin cámaras ni embajadas que exijan su liberación. Y lo peor: a quién le importa. Porque en un país donde el espectáculo sustituye a la ley, la justicia no llega. Se administra, se negocia o, en el mejor de los casos, se concede como una gracia tardía.
En X @DEPACHECOS
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