Por Daniel Emilio Pacheco //

El caso de acoso y hostigamiento que en este momento es “la nota”, en Jalisco, es el del alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, quien recibió, el año pasado, una denuncia de acoso y hostigamiento contra una trabajadora municipal por parte del director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez.

El alcalde terminó acosando a la empleada del Ayuntamiento, cuando ésta acudió a una reunión de “mediación”, pues al intervenir como «mediador» entre ambas partes, Sergio Quezada se desbordó en adjetivos calificativos hacia la empleada, y en la plática terminó minimizando los dichos y las acciones del director Efraín Martínez Íñiguez, incluso sugirió que ella le otorgara el perdón.

Todo lo anterior lo llegamos a conocer por una grabación de la plática de “medición” a la que convocó el presidente municipal, y que hizo pública el periódico MURAL, en su edición del 5 de febrero.

En su descargo y a manera de disculpa de su parte, el presidente municipal dijo al periódico MURAL, este sábado 6 de febrero, que lamentaba el vocabulario usado y que él solo quería conciliar: «Únicamente (cuento) con la voluntad que en ese momento prevalecía de llegar a una conciliación…lamento profundamente el vocabulario que utilicé pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona y menos de una autoridad municipal, y que mi propósito de conciliar lo único que propició fue agudizar aún más el problema».

Dice en su video de aclaración Sergio Quezada que el caso de acoso y hostigamiento municipal por parte del director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, contra la empleada del ayuntamiento ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.

Y aquí es precisamente donde inicia la realidad que enfrentan las víctimas de acoso y hostigamiento que trabajan en el gobierno municipal, estatal o federal luego de denunciar, los casos se archivan, no proceden, a los señalados se les cambia de turno, de departamento o de dependencia y no pasa nada.

La investigación del periódico MURAL deja claro que, en el caso del director de Padrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íñiguez, “la denuncia que presentó la víctima ante la Unidad de delitos de violencia contra las mujeres en razón de género en marzo del 2020 no prosperó, mientras que el Órgano de control interno decidió archivar la queja”.

ACOSO EN EL IJA

Insinuaciones, invitaciones a cenar y hasta tocamientos, además de frases insultantes y de menosprecio, es de lo que acusó a Pedro Carbajal en rueda de prensa, Bárbara Baeza, ex directora de comunicación social del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), en agosto de 2018.

“Manifiesto que todas las represalias que yo he venido sintiendo de parte del director son porque me atreví a denunciarlo públicamente. Ahora bien, soy mamá de dos jovencitas, soy divorciada, el sostén de mi familia. Dentro de las supuestas negociaciones que me llegaron a hacer diferentes personalidades, me ofrecían mes y medio de salario para irme del Instituto y cambiarme de plaza perdiendo mi antigüedad, a lo cual les comenté: Al hostigador que está quebrantando a la institución donde supuestamente hay justicia alternativa lo siguen premiando, dejándolo dentro y a cargo de una institución y a mí que soy la víctima, la violentada, que he demostrado con pruebas, me hacen un ofrecimiento de mes y medio…o quizá tres meses para dejarme en la calle después de 7 años de estar trabajando para la institución. Es inconcebible”, lamentó Bárbara Baeza

ACOSO EN AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

El 9 de marzo de 2020 se dio a conocer el acoso sexual que sufren empleadas del Ayuntamiento de Guadalajara por parte de Salvador Gómez Torres, un funcionario municipal que presume su amistad con el Gobernador de Jalisco. El caso llegó a la Contraloría Ciudadana Independiente a través de dos denuncias de mujeres, al que señalan como acosador sexual, desde la administración pasada, al enviarles material pornográfico y sugerirles mejoras salariales si accedían a sus peticiones, en aquel entonces como jefe de Parques y Jardines.

“El contralor tapatío Enrique Aldana informó que, tras recibir la denuncia contra Gómez Torres, y con apoyo del Instituto de las Mujeres se realizó una intervención durante ocho días en la dependencia donde se encontraba el servidor público señalado, quien, de acuerdo con reportes de nómina, terminó siendo reubicado como jefe de unidad departamental A en la Dirección de Pavimentos, con sueldo bruto mensual de 41 mil 574 pesos”, MURAL 27 de noviembre de 2020.

ACOSO EN JUZGADOS FEDERALES

Durante 2019, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reportó seis investigaciones por acoso laboral o sexual entre sus trabajadores, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió cuatro denuncias. Entre las sanciones por estas causas destaca ese año la de un juez federal adscrito a Zapopan, Jalisco, también destituido de su puesto e inhabilitado una década para ejercer cargos públicos, pues fue encontrado culpable de acoso sexual.

ACOSO EN FISCALÍA DEL ESTADO

Cynthia Espinoza, el 22 de junio de 2020, acusó al agente del Ministerio Público de nombre Jesús, de quien sufrió acoso sexual el 26 febrero del 2019, lo cual también derivó en hostigamiento laboral, hasta que la dieron de baja, incluso de manera irregular, denunció.

«Al estar laborando en la Fiscalía del Estado, en el área de trata de personas, sufrí por parte de un agente del Ministerio Público, del cual su nombre es Jesús Corona Hernández, un acoso sexual, del cual derivó en un acoso laboral por parte de las autoridades superiores».

«Se violaron mis derechos laborales constitucionales, ya que su servidora fue despedida injustamente por denunciar dicho delito contra este funcionario, quien ya tenía una denuncia tipificada por acoso sexual», señaló Cynthia Espinoza.

ACOSO EN AYUNTAMIENTO DE TLAJOMULCO

Rodolfo Flores González, coordinador de Participación Ciudadana y Construcción de Comunidad de Tlajomulco, fue denunciado ante la Fiscalía del Estado por el delito de acoso y hostigamiento sexual, esto se hizo público el 30 de julio de 2020.

El Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga informó que actualmente se realiza una investigación al respecto por parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

«Por tal motivo, el funcionario señalado solicitó la separación de su cargo, a fin de que no se entorpezca el proceso de investigación», informó el Gobierno municipal.

ACOSO EN “JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO”

Tres becarias del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, presentaron, el pasado 15 de mayo de 2020, una denuncia por delitos de acoso y hostigamiento sexual en contra de ellas, cometido por Ulises Chávez Flores, subdelegado y encargado del Registro Agrario Nacional (RAN) en el Estado de Jalisco.

“Este tipo entró a trabajar al Registro Agrario Nacional en este sexenio y hemos sido víctimas del abuso del poder, y desde el día que llegó, nos asedio continuamente, nos ordena ir todos los días a su oficina, donde nos sienta en un sillón y él se sienta muy cerca de nosotras, nos ha intentado besar o tocar”, se lee en una de las denuncias realizada por las estudiantes de derecho.

Las denuncias presentadas por las tres jóvenes quedaron registradas en las carpetas de investigación número: 36889/2020, 36909 /2020 y 36922/2020 ante la Unidad de Investigación de “Delitos Contra las Mujeres y Delitos en Razón de Género”, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco.

Las tres jóvenes jaliscienses dijeron desconocer si hay otros casos de acoso, en dicha oficina, pero se armaron de valor y señalaron:

“Estamos hartas, de este hostigamiento sexual, no queremos que haya ni una mujer más viviendo este infierno, queremos que se haga justicia, que enfrente a la procuraduría de justicia donde levantamos las denuncias penales correspondientes, que no se quede impune su delito, que este señor no siga trabajando con ese alto nivel de poder, porque abusa de él y lo que hoy nos está pasando a nosotras, mañana le puede suceder a muchas más”, señala una de las estudiantes afectadas.

Los casos de acoso y hostigamiento sexual que se hacen públicos es un número mínimo en comparación con lo que ocurre en las oficinas de gobierno. La ley es muy clara al respecto:

Párrafo reformado del DOF 20-01-2009

I. Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia;

II. Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al Agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina, y los patrones machistas que generaron su violencia;

III. Evitar que la atención que reciban la Víctima y el Agresor sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia;

IV. Evitar procedimientos de mediación o conciliación, por ser inviables en una relación de sometimiento entre el Agresor y la Víctima;

En muchas ocasiones, la famosa mediación que se intenta dar en las oficinas de gobierno para que no trascienda el caso, termina en amenazas y una revictimización.

Todos los casos de acoso y hostigamiento que hemos leído en este artículo dejan en claro que en el estado de Jalisco no existe un organismo garante de los derechos las víctimas, ni un protocolo aplicable en los casos donde se denuncia a los jefes en las oficinas de gobierno. Por ello, cada nuevo caso de acoso y hostigamiento terminan siendo una novedad efímera y, no un caso que marque una diferencia, un punto final, una jurisprudencia, un ejemplo ante el cual cualquier funcionario se la piense antes de decir “palabras bonitas” a sus compañeras de trabajo.

¿Alguien hará algo con este tema en Jalisco? Más allá de pintas y marchas, las mujeres en este estado necesitan la correcta aplicación de la ley que sirva de escarmiento, y no el efecto mediático que trate de traer reflectores y simpatías a las políticas y los políticos que buscan llamar la atención.