JALISCO
Después de cuatro años de la federal, Jalisco estrenará por fin nueva ley de desaparecidos: Pendiente la reparación del daño a víctimas
Por Mario Ávila //
El grave y creciente problema de las personas desaparecidas en Jalisco, fue atendido a medias por el Poder Legislativo, luego de que en los últimos días se aprobaron dos nuevas leyes de carácter protocolario, la Ley de Declaración de Ausencia y la Ley de Personas Desaparecidas, dejando pendiente solo la que tiene que ver con el presupuesto, con recursos públicos para el pago de la reparación del daño, es decir la Ley de Víctimas.
Prácticamente con cuatro años de retraso, Jalisco hace su aportación legislativa en la materia, luego de que desde el 17 de noviembre del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La adaptación estatal a este proceso jurídico había quedado pendiente desde la legislatura anterior y por ello además de tener como marco reglamentario la legislación federal, los diputados de la LXII Legislatura local, tuvieron que echar mano de iniciativas que se habían presentado en el pasado, como la que la diputada María del Refugio Ruiz Moreno había presentado el 10 de octubre del 2017, una iniciativa titulada Ley para Prevenir, Investigar Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares en el Estado de Jalisco.
A este trabajo de análisis se sumaron los documentos que el titular del Poder Ejecutivo presentó en tres iniciativas diferentes y la que el 21 de junio del 2018 el diputado Salvador Caro Cabrera, presentó mediante la denominada iniciativa de Ley Estatal de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
A estos trabajos habrá que reconocer la manera intensa en la que se sumaron los miembros de los colectivos de familias de personas desaparecidas, como es el caso de FUNDEJ y Por Amor a Ellas, que acompañaron de manera constante la elaboración del proyecto, asistiendo a todas las reuniones de trabajo y los foros, celebradas de manera presencial, lo mismo que a las reuniones efectuadas de manera virtual, en tiempos de la pandemia del virus SARS-CoV-2.
La Ley para la Declaración de Especial de Ausencia por Desaparición de Personas en el Estado de Jalisco, consta de 33 artículos, 8 transitorios y uno de los principios plasmados en ella, en especial en el artículo cuarto de la ley, habla de la buena fe, la celeridad, enfoque diferencial y especializado, gratuidad, igualdad y no discriminación, inmediatez, interés superior de la niñez, máxima protección y perspectiva de género, Pero resalta el tema de la presunción de vida, en donde se deja en claro: “En las acciones, mecanismos y procedimientos para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, las autoridades involucradas en el procedimiento, deben presumir que la persona desaparecida está con vida”.
La nueva ley habla de la reducción del tiempo para iniciar el procedimiento de Declaración de Ausencia, protección al patrimonio, radicación de juicios en el lugar donde sea más conveniente para los familiares, esclarecimiento de hechos y presunción de la vida.
Además de regular quienes serán los sujetos encargados de pedir la declaratoria, entre los que están los familiares directos, las personas que tengan relación afectiva inmediata con la víctima, el representante legal y la Procuraduría Social, también obliga a la Comisión de Búsqueda iniciar la localización de la persona con los datos que las personas legitimadas proporcionen sin que sea obligatorio un reporte previo, siempre y cuando el interesado declare de buena fe y prevea medidas cautelares y de protección para las víctimas, entre otras.
En el uso de la voz, la legisladora Sofía Berenice García Mosqueda dijo que: “durante muchos años las familias de los desaparecidos en Jalisco han enfrentado la indiferencia de las autoridades y de la sociedad, parece que la empatía y solidaridad llega cuando viven en carne propia la tragedia de perder a un ser querido”; hoy venció la solidaridad y responsabilidad social de este Pleno”, y añadió que hasta el 8 de diciembre del 2020 la entidad tenía el mayor número de desaparecidos con un total de 11 mil 269 casos, por lo que pidió atender a los familiares de las víctimas con mayor sensibilidad y eficacia.
La diputada Mariana Fernández Ramírez se pronunció a favor de dar apoyos a los familiares directos de policías desaparecidos y aseveró: “cuando un policía desaparece en el estado, es despedido de su dependencia porque se da por entendido que abandonó el trabajo, al día de hoy hay 60 elementos desaparecidos y las familias no han recibido un solo peso, queremos más meses de sueldo para servidores públicos a cargo de la seguridad, hoy damos una luz de esperanza a las familias de estos servidores”.
En su turno la legisladora Priscilla Franco Barba, hizo lo propio y destacó las bondades de la recién aprobada norma, la cual señaló fue realizada bajo un “fructuoso ejercicio de parlamento abierto”; agregó que: “la esencia de la ley es proteger el patrimonio de la persona que desaparece”.
Finalmente, el diputado Jorge Eduardo González Arana en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, agradeció la participación de colectivos y organismos gubernamentales en la redacción de la misma.
LEY DE PERSONAS DESAPARECIDAS
También con la aprobación unánime del pleno, recibió el visto bueno la nueva Ley de Personas Desaparecidas de Estado de Jalisco, que consta de 126 artículos, 21 artículos transitorios y 4 capítulos en los que se habla de la implementación del programa nacional de búsqueda, del programa nacional de exhumaciones e identificación forense, de los derechos de las víctimas, de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral, así como de las disposiciones generales, de la programación, de la capacitación y de las responsabilidades administrativas.
El objetivo de la nueva legislación fue establecer un Sistema Estatal de Búsqueda que coordine las acciones entre los poderes y organismos públicos estatales; participación activa de los familiares en el proceso de investigación; esclarecimiento de hechos y presunción de la vida son algunas de las nuevas disposiciones que contiene la Ley de Personas Desaparecidas de la entidad.
Además, esta nueva disposición establece la creación de una Comisión de Búsqueda que impulsará operativos para encontrar a las personas no localizadas; homologación de protocolos de investigación; se prohíbe la destrucción de cadáveres no identificados o la disposición de sus pertenencias y se instruye al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses elaborar un registro del lugar donde sean colocados dichos restos humanos.
En la sesión del pleno donde se aprobó la creación de esta ley, el legislador Jorge Eduardo González Arana, dijo: “Esta ley es la columna vertebral de uno de los problemas que aqueja al país, en Jalisco todos necesitamos de todos para salir adelante. Y el gobierno está haciendo su parte para tener un mejor Estado”.
De igual manera, la diputada Priscilla Franco Barba, hizo lo propio y destacó el ejercicio de parlamento abierto “lo que propició avanzar en la inclusión de los derechos de la víctima, la verdad y la reparación del daño”.
Durante su intervención la legisladora Erika Pérez García, exclamó “sin las familias no”, posteriormente, reconoció las aportaciones de las madres involucradas en las mesas de trabajo para la redacción de la ley”. Por su parte, el diputado Edgar Enrique Velázquez González, expuso que “no deberíamos tener en el país una ley de desaparecidos porque no debería desaparecer nadie, se debe buscar que la ruta no sea tener más leyes, sino que no haya ningún familiar desaparecido”.
Para concluir, la legisladora Sofía Berenice García Mosqueda, refirió que Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas, e hizo un llamado para “erradicar este cáncer, para que ninguna familia tenga que padecer la zozobra de no saber dónde se encuentran sus seres queridos”; a lo anterior se sumó la diputada Elizabeth Alcaraz Virgen, José de Jesús Hurtado Torres y Oscar Arturo Herrera Estrada, quienes celebraron la aprobación de la nueva normatividad bajo la consigna de “las desaparecidas y desaparecidos nos faltan a todos”.
LA TERCERA LEY SERÁ CLAVE
Sobre la tercera y última ley de este paquete de normatividad planteado en esta LXII Legislatura para atender el grave problema de la desaparición forzada, el diputado presidente de la Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Jorge Eduardo González Arana, admitió: “Falta la última ley que es la de víctimas, pero los dos primeros pasos importantes ya se dieron, primero la declaración de ausencia que va eslabonada con esta de desaparecidos y la que falta es la de víctimas que esperemos que si no en cuestión de semanas, aunque sea en medio del proceso electoral, ojalá y haya las condiciones para que en el inter, ojalá y el tema electoral no obstruya el trabajo de esta última ley”.
Pero sí -reconoció-, ya teníamos dos años en deuda con los jaliscienses con estos temas, puesto que aunque ya existía una ley general, no se aterrizaba del todo, especialmente en el tema de búsqueda, de la investigación, de dar certeza a los familiares de los desaparecidos, que la autoridad debe hacer lo correcto.
Detalló que con la Ley de Declaración de Ausencia, se trata de dar certeza a los familiares en los temas jurídicos, donde no dejan desprotegidas a las familias en el caso de que el jefe de familia esté desaparecido “y protegemos un poco más a las familias, ya se establecen protocolos muy claros en la búsqueda, en qué papel juegan de manera directa los familiares de las personas desaparecidas y también las sanciones que puede haber para los funcionaros que no hagan bien su trabajo, lo mismo en la Fiscalía, en Ciencias Forenses o en cualquier otra área, como podría ser ahora el municipio, que ya también se involucra de manera directa y se convierte en un coadyuvante en la búsqueda de personas desaparecidas. Con esto damos un paso importante y esperamos que al Ejecutivo le sea de gran utilidad para dar los resultados que los jaliscienses se merecen”.
Reconoció así mismo que una de las peticiones que de manera puntual hicieron los miembros de las organizaciones civiles de desaparecidos, que fue de los colectivos y de los familiares, “se refería a que se iniciara de inmediato la búsqueda, ya que anteriormente se tenía que pasar un lapso de 72 horas para que se pudiera iniciar una investigación y ahora el trabajo es de manera inmediata y con la precisión de que ahora no necesariamente debe ser un familiar directo debe presentar la denuncia, sino que ahora cualquier persona que se sea conocido, que tenga la información y que tenga la certeza de que está desaparecida la persona, se puede levantar la denuncia. Este es un buen primer paso, que sea la denuncia recibida de manera inmediata y que la búsqueda también sea de la misma manera.
“La otra parte es la que se incluye de manera directa a los familiares dentro del Consejo de la Comisión de Búsqueda, donde ellos ya están actuando de manera directa involucrándose en los temas de las búsquedas, en la investigación y en cualquier momento cualquier familiar pudiera solicitar cualquier tipo de información a cualquier ente público y la autoridad está obligada a dar esa información. Creo que esa es una parte importante que le da certeza y de que la autoridad está haciendo lo conducente y se está dirigiendo de manera correcta.
“Otra parte novedosa es que el municipio ya se involucra en el tema de la búsqueda y la investigación, porque anteriormente el municipio se lavaba las manos, con el argumento de que se trataba con la denuncia, ya de un asunto del ámbito de la Fiscalía, que le correspondía a otra instancia y que ellos ya nada tenían que ver en eso. Ahora ya con esta ley, incluso algunos municipios ya anticipándose a lo que ocurriría, han constituido su comisión edilicia en estos temas y la propuesta es que todos los gobiernos municipales de Jalisco pueda crear su comisión puesto que ya es una obligación actuar en estos temas en calidad de coadyuvantes, proporcionando información, facilitar la comunicación, etcétera, aunque se sabe que no recae directamente la responsabilidad en ellos, pero sí están ahora obligados a participar en temas de búsqueda y de investigación”, explicó el legislador de la bancada del PAN, Jorge Eduardo González Arana.
– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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