JALISCO
La crisis del agua: Alfaro como candidato y Alfaro como gobernador: Zapotillo, no; Zapotillo, sí
Por Mario Ávila //
El drástico cambio de opinión de Enrique Alfaro candidato y Enrique Alfaro gobernador, en el tema del abasto de agua y en particular sobre la presa El Zapotillo, es el fiel reflejo de la crisis del vital líquido que se agudiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que se mantendrá tres meses más hasta el inicio del temporal de lluvias, según advertencia hecha por el director general del Siapa, Carlos Enrique Torres Lugo.
Cientos de miles de habitantes de casi 300 colonias de los municipios metropolitanos, sufren las consecuencias de una política desatinada en materia de manejo de agua, en donde se privilegian factores como la realización de millonarias obras suntuosas, como la presa El Zapotillo y el Acuaférico, que en la realidad resultan inservibles cuando se enfrenta una escasez del vital líquido a consecuencia de un mal temporal de lluvias.
Al mismo tiempo, el gobierno estatal deja de lado la posibilidad de implementar políticas de ahorro, de cuidar las fuentes de abasto existentes, de reducir los consumos y de invertir de mejor manera los recursos púbicos, como lo han propuesto expertos que aseguran que dejaría mayores beneficios invertir 11 mil millones de pesos en un programa de renovación de inodoros y regaderas domésticas, que en la construcción de gigantescas presas, como los fallidos proyectos de Arcediano, San Gaspar y El Zapotillo, ésta última paralizada desde hace 8 años y en la que ya se han gastado 26 mil millones de pesos sin que llegue una sola gota de agua a Guadalajara.
Sin embargo, teniendo las propuestas sobre el escritorio, la autoridad estatal se empeña en mantenerse en el camino que desde hace 30 años ha dejado solo fracaso tras fracaso, la pérdida de decenas de miles de millones de pesos, comunidades afectadas y una zona urbana cada vez más sedienta.
En la reciente visita a Guadalajara del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro lo saturó con una serie de peticiones, entre las que destacaron la solicitud de apoyo para resolver el tema de las vacunas para Guadalajara, la inseguridad y la escasez de agua.
Las dos primeras se las resolvió el mandatario nacional en solo 24 horas, programando el envío de vacunas y asignando centenares de elementos de la Guardia Nacional a Jalisco, dando muestras de la existencia de una nueva relación de entendimiento y apoyo entre Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, dejando en el olvido los tiempos de las confrontaciones, las balandronadas y hasta los insultos de parte del político jalisciense.
En el tercer tema, sobre la escasez del agua, en principio se optó por realizar una rápida inversión de recursos para la terminación de la obra del Acuaférico en un par de semanas, con lo que aseguran, se mejorará la distribución del agua; pero a sabiendas de que el problema persistiría, ya que a decir de Alfaro Ramírez la solución definitiva está en la utilización del agua de la cuenca del Río Verde.
Con ello dejó entrever la necesidad de retomar la construcción de la presa El Zapotillo y de la presa derivadora de El Purgatorio, para de ahí bombear 500 metros arriba, para que luego el vital líquido pueda llegar por gravedad a la ZMG.
Es decir, muy lejos quedaron aquellas palabras de Enrique Alfaro (candidato), cuando el 9 de mayo del 2018, en pleno acto de campaña proselitista a la gubernatura de Jalisco, en un recorrido por algunas zonas del municipio de Cañadas de Obregón y ante habitantes del poblado de Temacapulín, el candidato de Movimiento Ciudadano les prometió defender sus derechos e impedir que la comunidad se inunde con las obras de la presa de El Zapotillo.
Les reiteró que el tema del abasto de agua será una prioridad en su administración y les dijo: “No vamos a permitir que se pisoteen los derechos de una comunidad como Temaca, y a partir de 80 metros cómo era el proyecto original, permite que con las obras de infraestructura adecuado, impedir que se inunde Temacapulín y no vamos a permitir que ese asunto arranque en su operación hasta que no esté garantizada la integridad y la seguridad de este importantísimo pueblo de nuestro estado, vamos a defender los derechos de los habitantes de Temaca”, expresó el entonces candidato.
Un año y tres meses después, es decir en agosto del 2019, el mismo Enrique Alfaro, pero ahora con la investidura de gobernador, se sentó con Diego Sinhué Rodríguez, gobernador de Guanajuato, para pactar la conclusión de la obra de la presa El Zapotillo.
Los mandatarios anunciaron que habían llegado a un nuevo acuerdo de distribución del agua del río Verde, a fin de que la presa El Zapotillo fuera una realidad y el agua que almacenara, se repartiría entre Guanajuato y Jalisco.
Incluso, Alfaro Ramírez difundió un video grabado en Lagos de Moreno, en el que garantiza a los jaliscienses que en esta negociación Jalisco fue el gran ganador, opinión no compartida en Guanajuato donde no sólo aseguraron que aquella entidad será la mayor beneficiada, sino que revelaron que para que Jalisco obtenga la cantidad de agua anunciada, se tendría que levantar la cortina a 105 metros de altura e inundar los tres poblados Temacapulín, Acacico y Palmarejo.
Vale la pena mencionar que tal como lo ha dicho con insistencia el presidente de la Fundación Cuenca Lerma- Chapala-Santiago, Manuel Villagómez Rodríguez, en los acuerdos de distribución del agua de la cuenca del río Verde, firmados por los gobernadores en turno, ha quedado claro que algunas dotaciones de agua son para Jalisco, pero exclusivamente para los usuarios de la región de Los Altos y nunca se ha contemplado en los proyectos de San Gaspar y El Zapotillo, agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Expone que desde 1990 en el gobierno de Guillermo Cosío Vidaurri, se hablaba de una reserva en el río de 504 millones de metros cúbicos del caudal, de los cuales 120 Mm3 serían para León, Guanajuato y el resto para Jalisco.
Pero después de eso, los acuerdos firmados por Alberto Cárdenas en abril del 95, modificados en mayo del 96 y rectificados en mayo del 97, se advierte que el agua de Jalisco sería para la región de Los Altos; justo en esa época surge la idea de represar las aguas del río Verde, primero en la región de San Nicolás y después se modifica el proyecto y se envía hacia El Zapotillo, pero en los convenios firmados por los gobernadores Francisco Ramírez Acuña y finalmente por Enrique Alfaro Ramírez, de manera directa con el gobernador de Guanajuato, se advierte que el agua asignada a Jalisco no será para la ZMG.
ALFARO VIOLA DERECHOS HUMANOS
El pasado martes 16 de marzo, un grupo de 17 académicos del ITESO se pronuncian ante la violación del derecho humano al agua por el desabasto de agua en más de 200 colonias del Área Metropolitana de Guadalajara.
Lamentan que durante las recientes semanas, “unas 200 colonias del norte y centro del Área Metropolitana de Guadalajara han experimentado cortes de agua prolongados. Algunos durante más de diez días completos. Estos cortes conllevan un profundo impacto en la vida de las personas y en el medio ambiente.
“La situación va más allá de una política racional de distribución y está provocando una latente violación al derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en su artículo cuarto, párrafo sexto, mandata: ‘Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible’.
“El desabasto que se vive actualmente muestra la ausencia de planeación para cumplir cabalmente con este derecho. Además de darse en medio de una de las mayores crisis de salud pública que hemos vivido por la pandemia de Covid-19, en la que la necesidad de tener acceso al agua es crucial para mantener las condiciones higiénicas necesarias con el objetivo de desacelerar los contagios”, se expuso mediante un desplegado y un comunicado de prensa.
Incluso los investigadores consideraron que las autoridades responsables de la gestión del agua de la ciudad, deben tomar las siguientes acciones para garantizar el cumplimiento integral del derecho humano al agua y al saneamiento:
1.- Asumir la responsabilidad pública por una deficiente gestión del agua para la ciudad, que debería estar basada en la reducción del consumo y el cuidado de las fuentes y no solamente en la construcción de obras hidráulicas. De la poca información existente sobre el origen de la actual crisis de abasto en Guadalajara, las autoridades encargadas de la administración del agua señalan al mal temporal de lluvias de 2020 como la causa de los cortes actuales, ya que las colonias afectadas dependen del agua que se acumula en la Presa Calderón, que se encuentra actualmente al 17 por ciento de su capacidad y que, por lo tanto, está prácticamente desecada junto con el río del cual depende. Culpar a las variaciones en el ciclo hidrológico, es decir a la naturaleza y sus ecosistemas, de la situación actual, anula una necesaria autocrítica por el mal desempeño público. Por ello, es necesario, en primer lugar, reducir el consumo de agua en la ciudad de Guadalajara y cuidar las fuentes que la naturaleza nos ofrece, respetando los límites que esta nos impone y subordinar la infraestructura hidráulica al ritmo del ciclo. Solo así tiene sentido construir megaobras hidráulicas.
2.- Se debe informar a la ciudadanía sobre el origen, las razones y la situación del desabasto en la ciudad. El SIAPA debe a la ciudadanía tapatía una verdadera explicación técnica, con lenguaje accesible a todas las personas, por el mal servicio que brinda en estos momentos y por las afectaciones a la vida humana y a la vida de los ecosistemas naturales. Los ayuntamientos de Zapopan, Tonalá y Guadalajara, deben exigirle al SIAPA que responda a las necesidades de las personas en el marco del convenio-contrato que tienen firmado para otorgar el servicio de agua. El desecamiento de la Presa Calderón y su río exige una explicación amplia y con lenguaje sencillo, que señale cuáles fueron las deficiencias gubernamentales en sus tres niveles (es decir, incluyendo a la Conagua que nos han llevado a esta situación).
3.- Para cumplir con el derecho humano al agua y al saneamiento se deben hacer acciones contingentes al corto plazo. Las autoridades deben implementar acciones inmediatas y no sólo presentar planes de mediano y largo plazo. Para resolver de inmediato la crisis de desabasto actual de agua y cumplir con los derechos humanos vinculados es necesario: Ampliar la capacidad logística para surtir de agua a las colonias afectadas. Se deben aumentar, de inmediato, las flotillas de pipas. Esto no es una solución integral, pero por lo menos es una solución contingente inmediata que no pueden desechar las autoridades del agua en Jalisco y Guadalajara. Detener el abuso en los precios de las pipas privadas. Ante la crisis, las pipas privadas cobran entre 700 y mil 200 pesos por llenar un tinaco de 400 a 600 litros.
4.- Se deben desarrollar e implementar transformaciones en la administración pública del agua. De conformidad con las exigencias democráticas de gobierno abierto y gobernanza, que entre otras características se basan en la transparencia, la apertura a la participación, la eficacia, la rendición de cuentas y la asunción de responsabilidades, la estructura tanto del SIAPA como de la Comisión Estatal del Agua deben de modificarse para contar con consejos ciudadanos independientes, dotados con capacidades legales y técnicas suficientes para que vigilen y contribuyan a que los principios de la gobernanza y la democracia participativa puedan llevarse a cabo en estos organismos estratégicos. Esto con el fin de superar la etapa de administración vertical, autoritaria y de mínima participación ciudadana que las ha caracterizado desde su creación y que corresponden a un periodo político que este país.
El comunicado de los expertos del ITESO concluye: “Tal como lo ha señalado el Papa Francisco en su Encíclica Laudato si (Alabado seas), es urgente la transformación de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza reconociendo entre ambas una unidad indisoluble. Ante esta crisis de abasto de la ciudad, las autoridades que manejan el agua para Guadalajara tienen la oportunidad de cambiar del paradigma de la gran infraestructura hidráulica al paradigma del sostenimiento de la vida humana y el cuidado de los ecosistemas de los cuales dependemos, en el marco del cumplimiento al derecho humano al agua y el saneamiento.
La publicación la firman los investigadores: Mario López Ramírez, Carlos Armando Peralta Varela, Susana Herrera Lima, Lydia Hernández Rivera, Marines de la Peña Domene, Agustín Verduzco Espinosa, Hugo de Alba Martínez, Heliodoro Ochoa García, Loreto Irene Soto Rivas, Francisco Álvarez Partida, José Rosario Marroquín Farrera, Rodrigo Flores Elizondo, Andrea Fellner Grassmann, Oscar Humberto Castro Mercado, Ana Sofía Macías Ascanio, Alejandra Castellanos Márquez y Bernardo Masini Aguilera.
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– Por Francisco Junco
Con el mar de fondo y el bullicio de turistas y comerciantes, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, inauguró este viernes el renovado muelle de Las Ánimas, en Cabo Corrientes.
La obra, que tuvo una inversión de 49.5 millones de pesos, promete dar un respiro a quienes dependen del turismo y mejorar la experiencia de quienes llegan a disfrutar de la costa.
El muelle luce distinto, losas nuevas, escaleras cómodas, barandales seguros y hasta un andador que conecta directo con los restaurantes y comercios de la playa.
“Es un muelle para que puedan desembarcar pangas, lanchas, yates de pequeño calado, con escaleras muy cómodas, para que, después, entren caminando directamente y puedan ir a los restaurantes (…) Vean qué chulada la playa de Las Ánimas”, dijo Lemus, sonriente, ante los presentes.
Para los locales, la obra significa más que concreto y acero inoxidable, es la oportunidad de atraer más visitantes, vender más pescado, más comida, más artesanías.
Joaquín Romero Bravo, alcalde de Cabo Corrientes, agradeció el apoyo al señalar que este muelle traerá beneficios directos a las familias que viven del mar y del turismo.
La gira del gobernador no se quedó ahí. En Puerto Vallarta, Pablo Lemus supervisó los avances del Nodo Vial Las Juntas, un proyecto clave que forma parte del plan de conexión con Bahía de Banderas y que busca aliviar el tráfico que a diario atormenta a quienes entran y salen del puerto.
Según el propio mandatario, por esa ruta circulan más de 35 mil autos cada día, de ahí la importancia de agilizar la movilidad.
El recorrido también incluyó una parada en el Estero El Salado, un área natural protegida que es orgullo de Puerto Vallarta.
Lemus invitó a la ciudadanía a visitar el lugar y valorar el manglar urbano más importante de América Latina, un espacio donde conviven cocodrilos, aves acuáticas y una diversidad de especies que mantienen vivo el equilibrio ambiental de la región.
La jornada dejó claro que el Gobierno del Estado apuesta por dos frentes, primero fortalecer la infraestructura turística y al mismo tiempo cuidar el patrimonio natural.
Entre obras de concreto y recorridos entre manglares, el mandatario reiteró que su administración seguirá apostando por proyectos que impulsen la economía sin descuidar la riqueza natural que hace de la costa jalisciense un destino único.
– Por Mario Ávila
Para el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el revés jurídico sufrido por la propiedad de 5.7 hectáreas de Colomos III, fue a causa de que algunos jueces «aprovechando sus últimos días en funciones, tratan de acabar su período corruptamente».
Lamentó que lo hagan afectando los espacios verdes, aunque sentenció tajante: «por ningún motivo permitiré que cercenen el predio de Colomos, es una batalla de colectivos a la que me uní hace muchos años».
En el tema legal, Lemus Navarro afirmó que la lucha no está perdida. «Quedan muchas instancias legales por dirimir, pero les doy mi palabra y mi compromiso, que nuestro bosque urbano se mantendrá intacto».
Días atrás, el gobernador Pablo Lemus, habló del proyecto urbano de 140 departamentos, que se pretenden construir en el polígono cercano a Patria y Acueducto, sobre lo que aseguró: «No se van a hacer, no lo voy a permitir, lo voy a impedir completamente porque eso está en una zona de protección hidrológica y tenemos que proteger a Colomos».
– Por Redacción Conciencia Pública
Todos los 30 de agosto de cada año, el mundo conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que adquiere un significado especialmente doloroso y urgente en México. Lo que a nivel global es un recordatorio, en nuestro país es una herida abierta que se agrava día a día.
Decenas de miles de personas han desaparecido, dejando un vacío inmenso y una búsqueda incansable que, en muchos casos, recae en las manos de sus propias familias.
Esta crisis humanitaria es un reflejo de la compleja y violenta realidad que vive la nación, donde la impunidad y la inacción de las autoridades han permitido que este delito persista y se expanda. En un día como este, es crucial recordar que cada cifra representa una vida, un sueño y una familia destrozada.
Jalisco, en particular, se ha convertido en el epicentro de esta crisis. El estado encabeza las listas nacionales de personas desaparecidas, una estadística alarmante que ha puesto a la región en el centro de la atención nacional e internacional. Las cifras oficiales, que superan las 15,000 personas desaparecidas, no logran capturar la magnitud del sufrimiento de quienes buscan sin descanso.
En los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la problemática se vive con particular intensidad, con miles de casos que claman por justicia y verdad. Este panorama ha llevado a que los colectivos de búsqueda en Jalisco sean de los más activos y organizados del país, asumiendo una labor que corresponde al Estado.
Glorieta de las y los desaparecidos en Guadalajara |
La desaparición forzada no es un fenómeno reciente. Si bien fue utilizada por muchos gobiernos de Latinoamérica como táctica contrainsurgente en los años 70 y 80, en el presente se ha recrudecido y se asocia principalmente con la violencia del crimen organizado, aunque también se han documentado casos con la participación de agentes del Estado como policías o soldados.
Las víctimas son, en su mayoría, hombres jóvenes, pero la problemática no discrimina y afecta a personas de todas las edades y géneros. En este contexto, las familias se enfrentan a una «doble desaparición»: la de su ser querido y la de la verdad, ya que el acceso a la justicia y a la información se ve obstaculizado por la burocracia, la corrupción y, en muchos casos, la revictimización por parte de las propias autoridades.
El desafío para las familias de los desaparecidos es monumental. Se han convertido en investigadoras, peritos, forenses y activistas, explorando terrenos peligrosos en busca de fosas clandestinas.
La lucha de los colectivos de madres buscadoras y familiares de desaparecidos no solo es por encontrar a sus seres queridos, sino también por preservar su memoria y exigir rendición de cuentas. Varios de ellos organizan marchas, misas y eventos conmemorativos para mantener viva la visibilidad del problema y presionar a las autoridades.
Estos colectivos de búsqueda, formados por madres, padres, hermanas e hijos, han demostrado una resiliencia inquebrantable ante la indiferencia y los riesgos que corren.
La crisis forense es otro de los grandes obstáculos en el camino hacia la verdad. Los institutos de ciencias forenses de todos los estados se encuentran rebasados, con miles de cuerpos sin identificar que se acumulan en sus instalaciones. Esta situación prolonga la agonía de las familias, que se aferran a la esperanza de encontrar a sus seres queridos, aunque sea para poder darles un entierro digno.
El dolor de no saber el paradero, de vivir en una incertidumbre perpetua, es una de las torturas más crueles que enfrentan. La falta de identificación y la demora en los procesos representan una forma de revictimización institucional.
Este día nota no es solo un recordatorio de una fecha, sino un llamado a la acción y a la empatía. Es una invitación a la sociedad mexicana a solidarizarse con las familias que buscan a sus desaparecidos, a exigir a las autoridades un compromiso real con la justicia y a no permitir que el silencio o el olvido se impongan.
Esta fecha nos recuerda que la lucha de los colectivos de búsqueda es, en esencia, la lucha de toda la nación por recuperar su humanidad.
ORIGEN DE LA CONMEMORACIÓN
El 30 de agosto fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010 para visibilizar este grave crimen, honrar a las víctimas y promover la búsqueda de verdad, justicia y reparación para ellas y sus familias.
La desaparición forzada es una violación de los derechos humanos que genera inseguridad y desamparo, y se utiliza para atemorizar a la población, siendo un crimen de lesa humanidad cuando es sistemática o generalizada.
Fue propuesto originalmente por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) en 1981 y posteriormente adoptado por la ONU en 2010.
La Asamblea General de la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo y el hostigamiento a testigos y familiares de las víctimas, lo que llevó a la creación de esta jornada.
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