NACIONALES
Niñez en tiempo de coronavirus
Opinión, por Miguel Ángel Anaya //
El viernes pasado se conmemoró el día del niño en México y al igual que el día de la mujer, este día no es (o no debería ser) solamente un festejo. En un principio, a nivel mundial se eligió el primer día de junio de 1925 para conmemorar a las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra Mundial, más adelante la ONU declaró el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño, ya que en esa fecha se firmó de la Declaración de los Derechos de las Niñas y de los Niños.
En México, esta celebración se lleva a cabo desde 1925 y se eligió el 30 de abril porque en ese día el gobierno de nuestro país aceptó la ratificación de la Declaratoria de Ginebra sobre los derechos de los menores, misma que buscaba la protección y desarrollo infantil y que fue redactada por la Liga de las Naciones.
Si esta conmemoración fue planteada para recordar a las víctimas infantiles de cualquier tipo de violencia y para hablar sobre el derecho de las y los infantes a tener una vida con desarrollo pleno, en nuestro país deberíamos echar un vistazo de cómo nos encontramos en este tema, seguramente podemos hacer las cosas de mejor manera. Hay que recordar que derechos como la educación, la salud, la vida libre de violencia o a la inclusión se vieron afectados (¡de por sí!) por la crisis sanitaria mundial que se vive y durante la cual los derechos de los menores fueron desplazados a segundo plano.
Comencemos por el acceso a la educación, en este punto podemos decir que en México alrededor de 4 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela, además otros 600 mil están en riesgo de abandonarla por diversos factores, tales como la falta de recursos, la lejanía de las escuelas y la violencia. Por si fuera poco, el cierre de las escuelas motivado por la pandemia vino a imposibilitar la educación escolar de una gran cantidad de menores que no cuentan con acceso a internet. Al día de hoy, no tenemos una idea clara del número de infantes que no han podido tomar clases de manera virtual.
Es importante señalar que las y los menores que viven en comunidades indígenas enfrentan retos aún más grandes para asistir a la escuela, el no hablar español como lengua materna, el no tener un centro de estudios cercano; la discriminación y la marginación, entre muchos otros. Hay que ver las cosas como son y es obvio que si muchos no cuentan con una escuela en su comunidad o energía eléctrica en sus viviendas, mucho menos tendrán recursos para comprar una computadora o pagar el acceso a internet cada mes. Los que han perdido este año de formación seguramente no lo recuperarán jamás, en estas condiciones la brecha de la desigualdad aumentará.
Continuemos por el tema de la salud. Si bien en nuestro país la mayoría de las y los menores tienen acceso a un sistema de vacunación que les permite prevenir diversas enfermedades, cuando enfrentan un problema de salud grave, a la mayoría les resulta imposible acudir a un hospital. Como lo hemos comentado en semanas anteriores, más de la mitad de la población económicamente activa de nuestro país, trabaja desde la informalidad, por lo que sus familias se encuentran desprotegidas ante algún accidente o enfermedad que requiera atención hospitalaria.
La crisis sanitaria que nos invade desde 2019 vino a complicar el escenario general y aunque la mayoría de las víctimas mortales del coronavirus no son principalmente infantes, esta enfermedad ha impactado severamente a la niñez mexicana. Al día 26 de abril de este año, se contabilizaban más de 215 mil fallecimientos por COVID-19. Se estima que el 42% de las víctimas ocupaban el lugar de proveedores familiares, es decir, más de 90 mil familias se quedaron sin su principal fuente de sustento económico. Miles de infantes quedaron en situación de orfandad; es claro que no se ha desarrollado una política pública que los proteja.
Finalmente podemos hablar de cómo el descuidar nuestros recursos naturales, la contaminación y la falta de acciones para combatir el cambio climático están vulnerando los derechos de los niños ya que son los principales afectados por enfermedades relacionadas a la falta de agua de calidad -cómo diarrea o salmonela-, la falta de alimentos sanos o enfermedades pulmonares que impiden su sano crecimiento.
Después de lo expuesto anteriormente, cabe hacer distintas reflexiones: ¿Qué estamos haciendo para proteger a la niñez de nuestro país? ¿Somos conscientes de la cantidad de menores de edad que diariamente ven vulnerados sus derechos? A más de un año del inicio de pandemia ¿En dónde quedaron las acciones que debieron garantizar la protección del interés superior de la niñez? Evidentemente faltan proyectos concretos que garanticen el desarrollo pleno de nuestro niños.
El escritor Graham Greene alguna vez mencionó que “Siempre hay un momento en la infancia cuando la puerta se abre y deja entrar al futuro”. Preparemos el mejor porvenir para las niñas y los niños de nuestro país, defendamos sus derechos.
–Por Mario Ávila
Obras de arte y muchos otros objetos de valor, al menos 188 bienes muebles, desaparecieron de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la víspera del cierre de una era que termina este domingo 31 de agosto a las 24 horas.
Según información del periodista Rivelino Rueda para Milenio, con base en una auditoría interna con folio DAIA/2024/27, entre los objetos extraviados en las oficinas de los ministros, se enlistan equipos de comunicación, colecciones de arte y otros bienes de alto valor, siendo las oficinas de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández las más afectadas, al contar con 78 objetos no localizados.
El informe revela que en total la SCJN cuenta con 17 mil 706 activos fijos valorados en 1,300 millones de pesos, de los cuales 4 mil 500 son equipos de comunicación y 674 corresponden a colecciones de arte, con un valor aproximado de 511 millones de pesos.
Entre los ministros más afectados, además de Piña, destacan los despachos de Ríos Farjat, Gutiérrez Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Laynez Potisek, Ortiz Ahlf y Pérez Dayán.
– Por Francisco Junco
Habitantes de Tepoztlán salieron a las calles este viernes para protestar afuera de la vivienda del senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña.
La casa, valuada en casi 12 millones de pesos, fue señalada por los vecinos como un ejemplo de cómo las tierras comunales han sido vulneradas por intereses políticos y económicos.
Los inconformes recordaron que la zona donde se ubica la propiedad es considerada terreno comunal y, por tanto, no puede ser vendida ni traspasada sin el aval de la asamblea de comuneros.
“Aquí no se puede vender ni se puede traspasar si no es por acuerdo de asamblea de los comuneros”, expresó uno de los manifestantes en un video que circuló en redes sociales.
El predio, de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, generó controversia desde finales de agosto, cuando se reveló que Fernández Noroña lo adquirió a crédito. Aunque el legislador buscó minimizar el tema, sus confrontaciones con periodistas que difundieron la información alimentaron aún más la polémica.
Durante la protesta, los colonos colocaron carteles en los alrededores de la vivienda y advirtieron que no permitirán que se pasen por alto los derechos agrarios de Tepoztlán.
También exigieron revisar el procedimiento mediante el cual se realizó la transacción, señalando que cualquier compra sin autorización de la asamblea resulta ilegal.
El reclamo coincidió con el cierre del periodo de Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que en esa misma semana fue asumido por Laura Itzel Castillo.
Para los manifestantes, el hecho de que un representante popular esté involucrado en una operación cuestionada representa una contradicción con su papel como legislador.
Hasta el momento de la manifestación, Fernández Noroña no había ofrecido una postura oficial frente a las demandas de los colonos.
Los habitantes, por su parte, anunciaron que continuarán con acciones de presión y aseguraron que la defensa de sus tierras comunales no está sujeta a partidos ni coyunturas políticas, sino al respeto
NACIONALES
Sugiere la diputada Dolores Padierna al PRI, relevar con suplentes, a «Alito» y agresores
– Por Mario Ávila
En un intento de bajar el nivel de hostilidad que se respira en la Comisión Permanente del Poder Legislativo, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sugirió a los militantes del PRI, que sean los diputados y senadores suplentes, sustituyan en el cargo al presidente Alejandro Moreno «Alito» y a los cuatro legisladores del tricolor que agredieron el miércoles al presidente, Gerardo Fernández Noroña.
La legisladora, que fue el personaje más cercano a Fernández Noroña en el momento de la agresión, ya que desempeña el papel de secretaria de la Mesa Directiva, relató en tribuna el odio que se veía en el rostro y en el puño de Alejandro Moreno, cuando embestía al presidente del Senado, por lo que nunca dudó en intervenir y se mantuvo en medio de ambos.
Decidí meterme -dijo-, para tratar de evitar que el presidente del Senado y presidente de la Comisión Permanente del Congreso de La Unión, no sufriera un golpe artero que hubiera tenido consecuencias mayores.
Y es que desde que comenzó la sesión el día de ayer -abundó- había una intentona de parte de las bancadas de la derecha, de agredir, de irrumpir como lo han estado haciendo, pero ese día con mayor razón, vi el odio, el intento de agredir con fuerza y cuando volteé a ver la cara del senador con el puño directo a la cara del presidente del Congreso de La Unión y decidí interponerme para que no pasara a mayores.
Desde la tribuna, en lo que fue la última sesión de la Comisión Permanente, Dolores Padierna, lanzó un exhorto a la PGR para que haga la investigación pertinente y cumpla con su responsabilidad.
Pero a la vez anticipó que en la Cámara de Diputados, a través de su grupo parlamentario harán un llamado al Comité de Ética y ante la Comisión de Decanos, para que analice el caso «porque no puede permitirse que diputados anden con esas ínfulas de porros en el Congreso».
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