Alianzas estratégicas para mejorar la justicia

Opinión, por Luis Enrique Villanueva Gómez //

Más de un año ha pasado desde la fecha en que se acordó por los órganos de gobierno del Poder Judicial del Estado de Jalisco el cierre de actividades jurisdiccionales en nuestra entidad, por motivo de la presencia e incremento de casos de COVID-19 los órganos jurisdiccionales cerraron sus puertas, esta dinámica se mantuvo de manera constante por lo menos en los primeros nueve meses de la pandemia.

Durante este periodo, las instituciones públicas se vieron en la necesidad de implementar en la medida de sus posibilidades acciones tendientes a dar continuidad a las actividades ordinarias; sin embargo, debe de reconocerse que este proceso no fue igualitario entre las funciones del Estado. La impartición de justicia sin duda se vio afectada en gran medida por la lenta modernización y la poca innovación tecnológica que hemos enfrentado en por lo menos dos décadas.

Como lo he mencionado en anteriores colaboraciones, Jalisco se encuentra en los últimos lugares en materia de justicia digital, pero eso no debe ser condicionante para trabajar de la mano de los diferentes sectores público, privado y social; por el contrario, es una excelente área de oportunidad para generar alianzas estratégicas que nos permitan avanzar hacia la construcción de una mejor y más moderna función jurisdiccional.

Es de reconocer la labor que el Magistrado Presidente Dr. Daniel Espinoza Licón ante la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) y la Embajada de los Estados Unidos de América para gestionar el apoyo de 5 millones de dólares en equipamiento, equivalente a poco más de 100 millones de pesos, esta cantidad representa el 5.42% del presupuesto aprobado para Poder Judicial del Estado en el Presupuesto de Egresos 2021 de Jalisco.

Para lograr una inversión casi equivalente a la gestión descrita, que considere solamente dinero público, sería cercana a la suma conjunta de los presupuestos totales del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales y del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para este 2021. De ahí la relevancia de presentar proyectos viables y con resultados medibles.

El reto de impulsar la modernización en los procesos jurisdiccionales va de la mano sin duda de la reanudación total de actividades en el Supremo Tribunal de Justicia y en el Consejo de la Judicatura, y la necesaria reactivación económica en Jalisco. Si bien, los indicadores oficiales del comportamiento de la pandemia son alentadores, al igual que el avance del programa de vacunación, esto no debe confundirse con una falsa tranquilidad; las autoridades sanitarias e investigadores han señalado que la enfermedad continúa y que no se debe bajar la guardia con respecto de las medidas sanitarias. Por lo tanto, nada será como antes de marzo de 2020.

La construcción de una agenda de modernización en la administración e impartición de justicia es una tarea estratégica en atención a la relevancia social, cultural y económica del Poder Judicial, como se ha señalado por diferentes actores y colectivos, es tiempo de trabajar para sentar las bases de un Poder Judicial eficaz, eficiente, moderno, innovador, transparente y a la altura de los retos presentes y futuros de nuestro Estado.

(*) Magistrado Luis Enrique Villanueva Gómez

Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco