Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac //

La elección para renovar el Poder Judicial Federal, celebrada este domingo el 1 de junio de 2025, fue presentada por Morena y la 4T como un hito de democracia directa. Sin embargo, el proceso, justificado con el discurso de un Poder Judicial corrupto y elitista, ha generado más dudas que certezas.

La baja participación ciudadana y las múltiples irregularidades sugieren que el objetivo real podría ser el control político de una institución clave para el equilibrio de poderes en México.

BAJA PARTICIPACIÓN: DESCONFIANZA Y DESINFORMACIÓN

Las encuestas de Infobae y El Economista anticipaban una participación de entre el 8% y el 23%, y el INE confirmó un 12% (unos 12.06 millones de votantes de un padrón de 100 millones). Esta abstención histórica no respalda la narrativa de Morena de un apoyo popular, sino que refleja desconfianza y falta de legitimidad. Una encuesta de Enkoll mostró que el 77% de los mexicanos no conocía a ningún candidato, evidenciando una desinformación generalizada.

La complejidad de las boletas, con 3,400 candidatos para 881 cargos y 60 distritos electorales (según la Universidad Iberoamericana), dificultó el voto informado, especialmente en zonas rurales con acceso limitado a información.

El diseño del proceso también parece haber sido opaco. La ausencia de debates públicos y la distribución de «acordeones» –listas de candidatos oficialistas– sugieren manipulación para favorecer a Morena. Estas prácticas, denunciadas por analistas, minaron el voto libre y desincentivaron la participación. La abstención masiva no es apatía, sino una protesta silenciosa contra un sistema que no garantiza transparencia ni equidad.

IRREGULARIDADES: UN PROCESO VICIADO

La jornada electoral estuvo marcada por irregularidades que refuerzan la percepción de un proceso diseñado para beneficiar a Morena. Reportes de El Universal e Infobae documentaron acarreo de votantes, compra de votos y distribución de «acordeones» por los «servidores de la nación». Estas acciones, lejos de ser aisladas, parecen coordinadas para controlar el Poder Judicial.

Además, hubo cargos «sin competencia», con candidaturas únicas en 51 posiciones federales, como en Durango (49 candidaturas para 49 cargos, según Integralia), lo que reduce la elección a una formalidad y cuestiona su pluralidad.

La complejidad del conteo, con casillas atendiendo hasta 2,250 electores (el triple que en elecciones ordinarias), generó dudas sobre la integridad del proceso. El INE enfrentó un desafío logístico sin precedentes, y la tardanza en los resultados —estimaciones para el 3 de junio en el caso de la Suprema Corte y el 5 de junio para el Tribunal Electoral— alimentan especulaciones sobre posibles manipulaciones.

EL DISCURSO DE LA CORRUPCIÓN

Morena justificó la elección señalando corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, un discurso que resuena con una ciudadanía harta de la impunidad. Sin embargo, el análisis no resiste un escrutinio crítico. El Índice Global de Impunidad 2025 coloca a México en el último lugar de 69 países, y problemas como la falta de juzgados, la sobrecarga de casos (un juez mercantil en Monterrey maneja 15 mil casos, según Rubén Moreira) y la necesidad de capacitación persisten. Pero la solución propuesta no ataca estas raíces, sino que politiza el Poder Judicial. La presencia de candidatos alineados con la 4T, según El País, sugiere una captura institucional disfrazada de participación popular, más que una verdadera democratización.

IMPACTO EN LA DEMOCRACIA MEXICANA

La baja participación y las irregularidades tienen graves implicaciones. La abstención masiva refuerza la percepción de que las elecciones no son confiables para el cambio institucional. La manipulación del proceso amenaza la independencia judicial, pilar del equilibrio de poderes.

Si el Poder Judicial queda subordinado al Ejecutivo y Legislativo, ambos dominados por Morena, México podría deslizarse hacia un sistema de partido hegemónico, similar al viejo PRI, como advirtió PortalGuanajuato.mx.

La polarización también se ha profundizado. Mientras Claudia Sheinbaum defiende la elección como un hito democrático, críticos como Enrique Krauze y Javier Laynez Potisek la califican de «farsa» y «golpe de Estado». Esta división debilita la confianza en las instituciones y dificulta los consensos necesarios para abordar los problemas reales del sistema judicial.

UN EXPERIMENTO FALLIDO CON COSTOS ALTOS

La elección judicial del 1 de junio de 2025 no democratizó el Poder Judicial ni combatió la corrupción. Se convirtió en un ejercicio de control político que deja al sistema judicial más vulnerable. La baja participación y las irregularidades no son fallas accidentales, sino síntomas de un proceso diseñado para favorecer a Morena sobre los principios democráticos.

México necesita una reforma judicial que fortalezca la independencia, la capacitación y los recursos, no que lo someta al poder político. La factura será alta: un Poder Judicial debilitado, una democracia erosionada y una ciudadanía desencantada. La pregunta es si la sociedad mexicana exigirá una transformación real o si este episodio marcará un retroceso autoritario más profundo.

Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco //

La elección del Poder Judicial era, para Morena Jalisco, la oportunidad de ensayar lo que jamás ha podido articular con éxito: una estructura cohesionada, una movilización real, y un mensaje político claro. Pero como si de una tragicomedia se tratara, el guion ya estaba escrito. Porque en Morena Jalisco, ganar sigue siendo un accidente, no un plan. Y perder, una costumbre refinada a fuerza de simulación.

Desde la Ciudad de México llegó, otra vez, la señal. La dirigencia nacional apuntó a un nombre muy conocido en Jalisco Leonel Cota Montaño a quien lo volvieron a instalar como operador político.

Y junto a él, el incombustible Alfonso Ramírez Cuéllar. Correcaminos de la 4T, devorador de kilómetros, coleccionista de reuniones. Uno que parece estar siempre en campaña y nunca en territorio. Ambos, encargados de orquestar una elección interna con aroma de encuesta nacional, pero con la organización de una kermés sin comité.

La tropa local, esa que presume liderazgo y acarreo, se diluyó como siempre. Chema Martínez, cuya fama de gran operador quedó reducida a un murmullo; Alejandro Peña, diputado que no destacó por su estructura; y los de siempre, Carlos Lomelí y Claudia Delgadillo, que otra vez jugaron al solitario. Morena Jalisco, como en cada proceso, se convirtió en un archipiélago de egos.

Y es que no solo no se pusieron de acuerdo. Peor: se pisaron entre ellos.

En plena efervescencia del voto judicial, apareció el nombre de Fernando Delgadillo González, hermano de la excandidata Claudia Delgadillo. Compite por la magistratura laboral en el Distrito Judicial 1, y su candidatura aparece —curiosamente— en los acordeones que circulan en los chats morenistas. La conexión no es casual: fuentes internas afirman que Claudia es la operadora en los distritos 1 y 4, junto a Eduardo Almaguer, su abogado de campaña y estratega jurídico.

Pero los acordeones son la metáfora perfecta del desorden. Porque ni siquiera entre los grupos de Morena se pusieron de acuerdo en quiénes son «los buenos». El acordeón del grupo Delgadillo excluye a Yasmín Esquivel, ministra aún en funciones de la 4T, con quien Claudia tuvo un desencuentro en su última visita a Guadalajara. También desaparecieron a Sara Herrerías y armaron su lista con nombres que nadie reconoce como oficiales.

Lomelí, por su parte, solo incluye a las tres ministras actuales —Batres, Ortiz y Esquivel— y completa con perfiles propios. De los hombres, igual: cada quien tiene su santa lista. En resumen, Morena Jalisco produjo no una sola línea de voto, sino varias versiones piratas, como si cada grupo tuviera su propio Poder Judicial en mente.

Ni los diputados locales ni los federales hicieron gran cosa, más allá de asistir a los eventos que organizó la dupla Cota-Cuéllar. Los presidentes municipales guardaron silencio, quizás porque no entendieron, quizás porque no quisieron participar. Y la Universidad de Guadalajara —ese socio necesario en cualquier intento de estructura electoral— falló como pocas veces.

Carlos Trejo, el operador universitario, no solo entregó tarde los nombres de los candidatos, sino que no logró movilizar a nadie. La universidad está casi de vacaciones, los centros universitarios en manos de funcionarios nuevos sin control territorial, y con un desinterés tal que, siendo viernes previo a la elección, la mayoría de los diferentes equipos universitarios no habían recibido las indicaciones claras para operar el voto.

De los sindicatos, solo el del IMSS parece haber cumplido con el guion. Su candidata aparece en casi todos los acordeones. Pero fuera de eso, ni la Sección 47 del SNTE que fiel al estilo de esta administración está desaparecida, ni otros gremios han tenido un papel relevante. Se suman a la lista nacional como quien firma asistencia, pero no participan, no inciden, no mueven.

Así, la elección del Poder Judicial —que en otros estados se convirtió en una muestra de músculo político— en Jalisco se volvió otra escena patética de Morena perdiendo la oportunidad de ganar con contundencia.

Mientras tanto, el PAN ha aprovechado la coyuntura para aceitar su maquinaria. Sus liderazgos históricos —conservadores pero funcionales— han hecho lo que mejor saben: operar con disciplina. Movimiento Ciudadano, por su parte, sigue dividido. El pleito entre el grupo de Lemus y el de Alfaro no se ha curado, y en lugar de capitalizar la elección, se refugiaron en la crítica al proceso como pretexto de su inmovilidad.

Pero si Morena Jalisco es incapaz de articular algo tan básico como una línea común de votación, ¿qué se puede esperar para el 2027? ¿Otra vez la improvisación, otra vez los candidatos puestos desde la Ciudad de México, otra vez los liderazgos rotos?

En Jalisco, una vez más, Morena muestra su capacidad para perder ganando. Porque, aunque consiga algunas posiciones, lo hace sin rumbo, sin liderazgo real, sin estrategia. No hay plan, solo inercias.

Se dirán ganadores, pero, será por lo que a nivel nacional se estructuró, en lo regional se pulverizará el voto por no respetar acuerdos.

Quizás el verdadero problema de Morena Jalisco no es la derrota. Es la costumbre. Porque aquí, cada proceso es un simulacro. Cada liderazgo, un caudillo en miniatura. Y cada victoria, una oportunidad desperdiciada.

En política, como en la guerra, la estrategia lo es todo. Y Morena Jalisco sigue peleando sin mapa, sin brújula y lo peor: sin memoria.

En X @DEPACHECOS

Opinión, por Miguel Anaya //

Vivimos en una modernidad superficial, un mundo donde el dinero parece comprarlo casi todo —influencia, atención, acceso—, sin embargo, hay una frontera que, tarde o temprano, se le impone incluso a los más ricos: el poder del Estado. Esa frontera la encontró recientemente Elon Musk, uno de los hombres más adinerados del planeta, cuando renunció de manera sorpresiva al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dentro del gobierno de Donald Trump.

Lo que en su momento pareció una jugada audaz —un titán de la innovación tecnológica incorporado al aparato gubernamental para modernizarlo— terminó revelando una verdad incómoda: el gobierno no es una empresa. Y no puede, ni debe, funcionar como una.

Desde su llegada al cargo, Musk se propuso transformar la administración pública como si se tratara de una de sus compañías: menos burocracia, más automatización, reducción de costos, enfoque en resultados medibles. Bajo esta visión, logró ejecutar una serie de reformas rápidas: eliminó miles de plazas administrativas, digitalizó procesos, promovió recortes presupuestales y redujo el gasto federal en más de 160 mil millones de dólares. Para muchos, esto representó una revolución silenciosa.

Pero esa eficiencia tenía un costo. Los despidos masivos afectaron el funcionamiento de programas sociales, los recortes alcanzaron a áreas sensibles como salud, educación y protección ambiental, y muchas decisiones se tomaron sin consultar a los actores locales o sin evaluar el impacto en comunidades enteras, generando descontento entre miles de ciudadanos, entonces, el Estado, que no opera bajo la lógica de rentabilidad, comenzó a mostrar señales de tensión.

La ruptura definitiva con Trump no se produjo solo por cuestiones ideológicas, sino por una divergencia de prioridades. Mientras Musk insistía en seguir apretando el cinturón fiscal, el presidente presentó una reforma fiscal con fuertes reasignaciones que, desde la perspectiva del empresario, anulaba todo lo logrado por el DOGE.

Para Musk, esto es un error financiero. Para Trump, es una estrategia política. Y ahí radica una de las diferencias centrales entre la lógica empresarial y la política: una empresa puede sacrificar servicios si eso mejora sus finanzas; un gobierno no puede desentenderse de sus ciudadanos en nombre de la austeridad o la eficiencia fría de los números.

En una entrevista posterior a su renuncia, Musk lo dijo sin rodeos: “Hay cosas con las que no estoy del todo de acuerdo… y no puedo comprometerme con decisiones que contradicen los principios de eficiencia que defiendo.” Sus palabras eran el eco de una frustración creciente: en el mundo corporativo, el liderazgo es vertical. En la política democrática, el poder se negocia, se limita y se contrapone.

La raíz del conflicto va más allá del desacuerdo entre dos figuras con egos enormes. Es una tensión profunda y estructural: la que existe entre la lógica del mercado y la justicia social. Musk intentó gestionar el gobierno como si fuera Tesla o SpaceX, donde sus decisiones son incuestionables y toda gira en torno al rendimiento. Pero el Estado tiene otra naturaleza.

Un gobierno no está hecho para generar utilidades ni para complacer a los inversionistas. Su función es servir a todos —ricos y pobres, productivos y vulnerables, visibles e invisibles— bajo principios de equidad, legalidad y justicia. La eficiencia, por sí sola, no puede ser el único criterio. ¿Cómo se mide la utilidad de una política de salud pública que salva vidas, pero no genera ingresos? ¿Cómo se justifica un recorte que ahorra millones de dólares, pero deja a miles sin acceso a educación?

El Estado es un facilitador social. No busca maximizar beneficios individuales, sino garantizar que exista un piso mínimo de derechos, oportunidades y seguridad para todos. Y eso implica tomar decisiones complejas, muchas veces lentas, que equilibran intereses, contextos, historias y necesidades humanas.

Actualmente, los magnates tecnológicos parecen rozar la omnipotencia. Pero incluso ellos, como Musk, deben enfrentarse al hecho de que el Estado democrático no es una herramienta privada. No es un negocio, no es una marca, no es una app. Es una construcción colectiva, imperfecta pero esencial, que se sostiene sobre leyes, consensos y el principio de que todos somos iguales ante la norma.

La salida de Musk es una lección de política para todos, ojalá los líderes locales acusen de recibido.