La defensa de AMLO de los Yaquis

De primera mano, por Francisco Ruiz Quirrin //

En el libro “Crónica de la Eternidad”, su autor, Christian Duverger (un francés especializado en temas prehispánicos y de la vida de los españoles en nuestro país), confirma documentalmente que el escritor de la “Historia Verdadera” de la conquista de México, no fue Bernal Díaz del Castillo, sino el propio Hernán Cortés.

No sólo eso. Mostrando documentos, Duverger acredita el esfuerzo extraordinario de Cortés ante el emperador Carlos V, por defender a los indios del trato vil que estaba aplicando la Santa Inquisición y el Primer Virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza.

El conquistador fue un férreo defensor del mestizaje.

Son datos precisos que, los ignora, o los pasa por alto el Presidente López Obrador, cuando está más interesado en su protagonismo personal al solicitar a la corona de España una disculpa pública por el trato de los españoles a los pueblos originarios en México y en América.

Quizá el Presidente también está enterado, o pasa por alto, la consideración del maestro de las Américas, José Vasconcelos, quien aseguró que en realidad la conquista de México la llevaron a cabo los indios.

Cortés partió de Cuba y arribó a lo que ahora es Yucatán con poco más de 550 hombres. Nada más. Cuando consumó su victoria en la Gran Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, le seguían más de 150 mil. La enorme diferencia se conformaba por indígenas que odiaban a los aztecas.

Pero además, asegura el historiador José Miguel Zunzunegui, en el siglo XVI México no existía como nación y en lo que ahora es España, era un conglomerado de reinos.

No podemos entonces asegurar que el actual Presidente de México sea un conocedor de la historia nacional.

Y esta semana López Obrador vino a Sonora a ofrecer un perdón al pueblo Yaqui, por las injusticias cometidas en su contra por “el Estado mexicano” y, en compensación por ello, llevar a cabo un plan de justicia que permita restituirle tierras y agua.

En cuanto al perdón ofrecido, AMLO hizo referencia a las intenciones de exterminio en gobiernos del antepasado. En efecto, durante el “porfiriato”, se trató de exterminar a los yaquis a fines del siglo XIX y se les deportó a Yucatán y Oaxaca en la primera decena del siglo XX.

A partir del decreto presidencial signado por el Presidente Lázaro Cárdenas a fines de los años treinta, por el cual los yaquis se beneficiaron con miles de hectáreas y el uso del agua para sus tierras de cultivo, los presidentes que han pasado en los últimos 70 años siempre se han preocupado por dejarles un beneficio a esa etnia.

Hace poco más de 20 años, el entonces Presidente Ernesto Zedillo, definió una vez más la demarcación territorial yaqui y les cedió una famosa “cuchilla” de terreno que había sido objeto de múltiples litigios.

En este siglo XXI, muchos yaquis rentaron sus tierras a particulares y cedieron los derechos por el uso del agua. Garantizaron de esa manera, la permanencia del fenómeno de la pobreza en sus ocho pueblos, a la par de que se han especializado en exigir a los gobiernos en turno, más y más apoyos económicos.

En los años recientes se dieron el lujo de exigir beneficios a la empresa encargada de construir un gasoducto que atraviesa todo el Estado, pero a la mayoría se opuso un grupo disidente que se dedicó a sabotear los trabajos para zanjear el terreno y colocar el tubo para el dichoso gasoducto.

Al mismo tiempo, radicalizaron su postura de bloquear la carretera internacional y exigir una cuota a transportistas y automovilistas. Gobernadores como Samuel Ocaña y Eduardo Bours, fueron enérgicos en el propósito de hacer cumplir la Ley y retiraron en su momento a los manifestantes de esa rúa federal, pero en los dos recientes sexenios, la debilidad de los gobiernos federal y local, fortalecieron la posición ilegal de los yaquis.

Hay versiones en el sentido de que han permitido infiltrar a grupos externos a la etnia y ello ha traído por consecuencia, violencia y muerte en sus pueblos. Secuestros de voceros reconocidos como Tomás Rojo, su asesinato, y el secuestro y muerte de grupos de yaquis, mantienen la zona como un polvorín.

No se duda que el Presidente López Obrador conozca de esta situación, pero la pasa por alto.

Ante el anuncio del Plan de Justicia para los Yaquis, que incluye restitución de tierras y mayor dotación de agua, desde luego que se golpea a parte del sector privado de Cajeme, pero éste último, ha guardado silencio ante la promesa de que el gobierno frene la operatividad del Acueducto Independencia, que lleva agua de la presa “El Novillo” a Hermosillo, para consumo humano.

Esta “restitución de los derechos de los yaquis” puesta en marcha por el Presidente López Obrador, tiene un tufo de la histórica expropiación de 97 mil hectáreas del Valle del Yaqui, acción llevada a cabo por el entonces presidente populista, Luis Echeverría, en el año 1976 y que provocó la organización de los empresarios contra el gobierno, incluído el apoderamiento de partidos políticos.

El caso es que sobre la mesa, está el enorme riesgo de generar una profunda división entre sonorenses. Una división mayor que la promovida por el gobernador constructor del ahora célebre acueducto, Guillermo Padrés Elías y cuyas consecuencias aún se están padeciendo.