Ómicron y la falta de Estado

Opinión, por Susana Ochoa //

Hace un año, iniciamos el 2021 con una crisis de oxígeno, literal. Las hospitalizaciones estaban en un estado crítico. Veíamos en redes sociales personas buscando tanques de oxígeno para sus seres queridos que, a falta de camas de hospital, estaban en casa con cuidados. En ese contexto de alta demanda, las empresas que rentaban tanques subieron los precios de una manera exagerada, impagable para la mayoría de la población.

Recuerdo que existía un ánimo de mucho enojo al ver cómo estas empresas estaban lucrando con el dolor y con la vida, literalmente. Recuerdo que por esas fechas publiqué un mensaje en Twitter criticando la práctica de estas empresas, recordando la importancia de la regulación del estado en estos casos y señalando que el principal objetivo de la industria privada es generar riqueza y capital. Ese mensaje generó muchísima molestia de parte de las cúpulas empresariales de Jalisco, reconozco que el fraseo no fue el mejor pero lo que dije era fundamentalmente una verdad: las empresas tienen como principal objetivo generar utilidad, por lo que no podemos conferirles a ellas el acceso a derechos básicos como vivienda, comida, salud, educación etc.

Ahora vivimos algo ligeramente similar y quizás menos crítico: el tema de las pruebas para detectar COVID. ¿Quién tiene mil pesos extras para hacerse una prueba PCR? Con la inflación, la cuesta de enero y la economía no pasa por su mejor momento, es claro que las familias no pueden absorber los costos de este tipo de pruebas que además son importantes para poder justificar la inasistencia al trabajo. “Si no me dan la incapacidad, o no voy a trabajar y no me pagan o contagio en la oficina”, es el principal reclamo de las y los trabajadores que, a falta de certeza sobre un contagio, deben arreglárselas dedicando recursos para comprar pruebas.

El IMSS por ejemplo, como una medida que celebro, permite que las y los trabajadores puedan descargar un justificante médico si presentas ciertos síntomas. ¿Pero qué pasa con quienes no son parte de un esquema formal de trabajo?, que por cierto, representa buena parte de la población: trabajadores eventuales o de plataformas de internet.

España por ejemplo, anunció que van a regular el costo de las pruebas caseras, para que no haya un lucro “excesivo” del sufrimiento y la incertidumbre. ¿Y en México? ¿Qué dicen las autoridades respecto a eso? Hay algunas medidas en lo local o la Ciudad de México que contemplaban cierto número de pruebas rápidas gratuitas, que han sido realmente insuficientes. Pero no hay noticias sobre una regulación sobre las pruebas de los laboratorios.

Con todo esto, retomo mi reflexión inicial sobre el papel del estado frente a la sociedad. El relato con el que crecimos es que el estado debe ser pequeño, que no debe interferir en nuestras libertades y que es un estorbo para el desarrollo de nuestras sociedades. Pero ese relato no se sostiene con la realidad. El acceso a nuestros derechos se ve limitado porque precisamente no hay un control democrático sobre el acceso a la vivienda, a los servicios o la salud. Ni hablar de que la crisis climática es precisamente resultado del crecimiento desmedido que los gobiernos no han querido o podido regular para que cosas básicas como el acceso al agua limpia y al aire no tóxico, sea una realidad.

¿Queremos conferirle nuestro futuro a los dueños de Amazon, Grupo Salinas, Slim? Yo creo que no. Las prácticas gandallas deben tener un control que debe ser conferido a través de mecanismos democráticos. Por eso importa tener en los espacios de toma de decisión personas que busquen defender lo público y el bien común.