Debate entre antivacunas y provacunas: Nuevas medidas anti COVID-19, Jalisco responde

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Uno de los temas más controvertidos en el mundo desde que inicio la pandemia ha sido el referente a las medidas sanitarias que han establecido los gobiernos del mundo para hacer frente a esta enfermedad que definitivamente nos tiene desgastados a todos psicológicamente.

El debate alrededor de las medidas ha sido recurrente y se ha ido adaptando a cada etapa de la pandemia.

Si bien recuerdan, al principio de este capítulo de emergencia sanitaria, ciudadanos de casi todos los países del mundo, especialmente en Estados Unidos, salían a marchar para manifestarse en contra del uso obligatorio de cubrebocas, algunos aseguraban que era una medida opresora y discriminatoria, esto último, refiriéndose a los establecimientos que prohibían el ingreso a quienes no portaban su cubrebocas.

Posteriormente el debate cambió y se adaptó a las nuevas medidas: a favor o en contra de la reactivación económica. En esta etapa se confrontaron aquellas personas que aseguraban que la economía del mundo debía cambiar y debía adaptarse a la vida en pandemia y otros, aseguraban que el cierre económico ya no era una opción porque los estragos generados por esta medida podrían ser irreversibles y además señalaban que debíamos iniciar un sano proceso de adaptación a la nueva normalidad.

Además, esta etapa de debate enfrentó la postura de aquellas personas que aseguraban que con un disciplinado encierro de 40 días era suficiente para acabar con el virus y de aquellas que aseguraban que los contagios jamás se iban a terminar y que por ende, el mundo no podía seguir paralizado.

Ya centrados un poco más en la actualidad, el debate volvió a mutar junto con el virus, y con Omicrón causando estragos en la salud de las personas, hoy la controversia se centra en la decisión de muchos gobiernos del mundo (incluyendo el de Jalisco) de volver la vacuna un requisito indispensable tanto para asistir a eventos deportivos y culturales, como para poder asistir al trabajo de manera presencial o bien, para poder ingresar a un país.

Siguiendo la línea que se ha trazado desde que salió el primer contagio en occidente, esta medida también ha confrontado al mundo en una pelea estelarizada por «los antivacunas y los provacunas» y al mismo tiempo, esta decisión ha llevado a las personas a cuestionar muchos conceptos relacionados con garantías individuales y con principios tan básicos como la igualdad ante la ley.

De hecho, este debate se ha intensificado sobre todo en redes sociales debido al caso en el que se vio involucrado el famoso tenista serbio Novak Djokovic a quien le fue revocada su visa ya que no contaba con un esquema de vacunación que se volvió un requisito para poder ingresar a Australia, lugar donde se celebraría uno de los torneos de tenis más importantes del mundo,

Definitivamente este es un caso que se presta para un análisis bastante interesante, no debemos olvidar que si bien es cierto que Djokovic está en todo su derecho a decidir no vacunarse, también Australia, como un país constitucionalmente soberano, tiene el derecho de establecer los requisitos que los extranjeros deben de cumplir para poder ingresar al país, pero no solo eso, también, su gobierno tiene la responsabilidad de salvaguardar la salud de todos los ciudadanos.

En ese contexto, y no muy alejados de las medidas tomadas por algunos países, las autoridades de nuestro estado presentaron hace unos días un nuevo paquete de medidas preventivas que se comenzarán a aplicar a partir del 14 de enero, mismas que indican que para poder ingresar a casinos, bares, antros, estadios, conciertos, o cualquier otro evento masivo los asistentes deberán presentar certificado de vacunación o bien, una prueba negativa tipo PCR impresa o digital.

Pero como es costumbre, estas medidas han generado mucha polémica ya que algunas personas aseguran que pedir certificados de vacunación para poder ingresas a eventos masivos es una medida discriminatoria que atenta contra la libertad de decidir vacunarse o no, mientras que otros aseguran que es una medida inútil ya que estar vacunado no es prueba de no estar contagiado.

Sin embargo, hablar de discriminación debido a este requisito carece de sentido, ya que las nuevas medidas, tal y como lo señalé anteriormente, dan la opción de presentar una prueba PCR a quienes no cuentan con un certificado de vacunación, pero esta medida también ha sido polémica debido al alto precio de las pruebas PCR.

Ciertamente las medidas son polémicas, pero realmente, toda medida impulsada por un gobierno en tiempo de crisis es polémica, es algo que no puede evitarse de ninguna manera, por ello, lo que debemos entender como ciudadanos y/o gobernados, es que no podemos cambiar el hecho de que estamos frente a un grave problema de salud que va más allá del dilema que exponen los anti vacunas.

Independientemente del debate sobre si la vacuna es o no efectiva, nuestras autoridades están obligadas a tomar las medidas que consideren pertinentes para evitar primero que nada, una saturación de los servicios hospitalarios que representa un problema en cadena, ya que en la medida en la que los hospitales se llenen de pacientes con COVID-19, el rezago en la atención de otras patologías aumentará exponencialmente y se dejará a un importante sector de la población desprotegida, en este tenor, nuestras autoridades están obligadas a buscar caminos que permitan garantizar un derecho fundamental como lo es el de acceso a la salud.

Por otro lado, es necesario entender que nuestras autoridades también están obligadas a tomar medidas para evitar la muerte de más ciudadanos y por ende, salvaguardar la integridad y la vida de la ciudadanía, y hoy por hoy, la única manera de hacerlo es estableciendo un sistema de monitoreo público que permita a nuestras autoridades, brindar la certeza de que aquellas personas que gozan de la necesaria reactivación económica no están propagando el virus, o bien, que aquellas personas que circulan por las calles, cuentan con una vacuna que disminuirá las probabilidades de enfermar gravemente.

De igual manera, volver obligatorio presentar pruebas PCR evidentemente aumenta el número de pruebas realizadas que al mismo tiempo aumenta la capacidad de detección, lo cual brinda a nuestras autoridades un mayor margen de maniobra de aislar pacientes o bien, de canalizarlos a los hospitales en el momento oportuno para evitar complicaciones.

Las medidas sanitarias han hecho que muchas personas cuestionen derechos fundamentales que son el pilar de la narrativa humanitaria y de dignidad de occidente, pero ciertamente, ese debate en medio de un crisis de salud pública carece de sentido, ya que debemos recordar que las decisiones sobre la tutela de derechos fundamentales deben estar debidamente justificadas mediante un ejercicio de ponderación de derechos, y en este caso, las medidas está más que justificadas.

Hoy la prioridad es garantizar la salud pública, no satisfacer caprichos individuales fundados en creencias meramente subjetivas, que aunque son respetables, no están por encima de la salud pública.