JALISCO
Pleito jurídico y mediático: Licitación de patrullas en Guadalajara, ¿amparado en un oficio de notificación falso?
Crónicas de Pacheco por Daniel Emilio Pacheco //
“Lo que se hace es y lo digo tácitamente, comprar una suspensión al magistrado por parte de alguna sociedad anónima, para interponer esta suspensión, evitar el proceso de alguna licitación pública o de la construcción de un edificio, para después ir a solicitar a las empresas ganadoras una indemnización a cambio de quitar esta suspensión”, explicó Pablo Lemus a Gricelda Torres Zambrano vía entrevista telefónica, en Notisistema.
El presidente municipal de Guadalajara se refería a la situación legal que presenta la licitación pública LPN 010/2021, lanzada el pasado 7 de diciembre, por parte del Comité de Adquisiciones de Guadalajara.
Licitación que favoreció a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V., quien realizó la propuesta más cara: 786 millones de pesos, es decir, 300 millones arriba de las propuestas hechas por las otras empresas participantes.
Los resultados de la licitación han sido cuestionados por parte de la fracción edilicia de MORENA, encabezada por Carlos Lomelí, quienes han dicho:
“Que de acuerdo a las características de las unidades y equipo que pretenden arrendarse, se realizó una cotización por precio unitario y se considera que, aún considerado el precio más alto en el mercado y por cantidad unitaria y no flotilla, el gobierno de Pablo Lemus pagará 792 millones 261 mil 796 pesos en tres años por este arrendamiento, sin embargo por la cotización que se hizo, el costo pudiera ser de 459 millones 472 mil 821 pesos, lo que generaría un ahorro de 332 millones 788 mil 975 pesos si las unidades se adquirieran de contado.
Esto quiere decir, agregó, que la empresa ganadora está muy por encima en el precio. Incluso, otra empresa que concursó en la licitación ofrecía 40% menos del gasto establecido en el estudio de mercado.
El estudio se realizó debido a que no se ha transparentado la información del proceso de licitación ni tampoco se cuenta con el contrato”, señalaba el Coordinador de las y los Regidores de Morena en Guadalajara.
Carlos Lomelí abundaba en los datos oscuros del pedimento de patrullas en Guadalajara al decir:
“Para poder operar esta cantidad y los otros tipos de vehículos con los que cuenta la Comisaría, de acuerdo a las jornadas de trabajo, se requería un estado de fuerza de 1,700 elementos, pero ante las recomendaciones de utilizar tres elementos por cada unidad, el número de policías deberá ser superior a los 4 mil elementos, por lo que existe un déficit.”
El Dr. Lomelí Bolaño indicó que este proceso contenía candados, y las unidades a adquirir, principalmente las pick up, estarían violando el Reglamento General de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, ya que se prohíbe transportar personas en la caja de estos vehículos.
Y pidió en rueda de prensa que, el presidente Municipal transparente la licitación más grande de su administración.
“Parece que la peste más funesta sigue enfermando a Guadalajara, que es la corrupción”, indicó el Dr. Lomelí Bolaños.
La situación legal de la licitación pública LPN 010/2021, se complicó cuando se presentó una demanda en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, es el Magistrado de la Cuarta Sala Unitaria, quien cuenta lo que pasó con esa demanda y la solicitud de suspensión que se le agregó:
“La cosa concreta es que, el 15 de diciembre a mí me llega la demanda a la 1:15 pm, esa demanda con la que juega la sala superior, no traía solicitud de incidente de suspensión, a las 2:00 pm se presenta un escrito en alcance a esa demanda y me solicitan la suspensión, yo la resuelvo el día 15 y toda vez que por cuestiones ilegales, la gran mayoría de las autoridades no permiten que el cumplimiento de la ley, que las notificaciones se ve hasta las 19:00 como lo marca la ley de Justicia administrativa, ellos cierran las puertas a los notificadores a las 2:30 de la tarde o 3 de la tarde dependiendo la dependencia, pero no más de ahí, por esa razón y porque además la ley me concede la posibilidad de hacerlo, habilité día horas, días y horas inhábiles para que el actuario notificara el acuerdo del incidente de suspensión y la admisión de la demanda, el día, el día, este, 16, lo cual hacía aconteció”.
“Pero, aquí hay un parteaguas, que es el trascendente, que es en donde, de dónde nace esta ira este rencor y este odio en contra de mi trabajo y de toda mi actividad que realizo, eh como funcionario en la administración de justicia, el día 15 a las 14:40 fuera de las, el horario de las 2:30 donde el Ayuntamiento de Guadalajara ya no recibe notificaciones, recibe un oficio firmado por el actuario donde notifica, que habían negado la suspensión de un juicio, totalmente imposible física, material y jurídicamente, porque la demanda yo la tenía, nunca llegó a las manos de la Sala Superior y con ese documento, es en el que se respalde el Comité de Adquisiciones y el hoy presidente de Guadalajara para decir que ellos actúan en la legalidad y que yo me excedí en mi funciones, si yo me hubiera excedido en mis funciones, pues, sin tener demanda invento un incidente de suspensión y notifico, como ellos así lo hicieron y yo todo lo que tengo, lo tengo debidamente respaldado, tengo los originales, que nunca han estado en poder de la Sala Superior y lo único que sí acontece es que, ese oficio falso del 15 de diciembre es su respaldo para llevar a cabo la licitación cuestionada y por otro lado existe un amparo donde el juez ordena, que no remita los autos a la Sala Superior, porque nunca los he remitido”.
“La Facultad de atracción a la que se refieren, este es un tema interesante que deben de escuchar porque esto no se vale legislativamente, buscó el fin de que cuando se presenta una demanda en el Tribunal de Justicia Administrativa, el secretario de acuerdos informa al presidente qué demandas tienen sesgo político y económico, y, en base a esa cuestión el presidente decide si se lleva a la atracción esa demanda y cuando eso acontece, para que vean otro aspecto favorable a mi trabajo, cuando eso acontece, esa demanda a mí me la entrega la Sala Superior 15 días después de haberse recibido, si esta demanda, de la licitación, hubiese estado en esa situación de la facultad de atracción pues nunca hubiera intervenido, es así de sencillo, entonces ahora que diga la gente y sobre todo los peritos en derecho, ¿en dónde están las omisiones de mi parte? por cumplir con mi deber”, señala el magistrado Armando García, en entrevista con JONAS y Mario Muñoz, en Radio Metrópoli
Lo señalado por el Magistrado García Estrada, permite darnos cuenta que, la licitación de los vehículos para la policía de Guadalajara se fundó en documentos falsos, el oficio firmado por el actuario donde notifica que se habían negado la suspensión, lo que complica el proceso donde se señala que, el Ayuntamiento de Guadalajara está pagando a sobreprecio la adquisición de 290 camionetas de doble cabina, motor 3.3 y 3.6 L V6, modelo 2022, que deben ser entregadas con equipamiento, con barreras, torretas, roll bar, banca central, GPS, pintadas y rotuladas. Donde además se debe considerar el mantenimiento correctivo y preventivo en las unidades, así como dos cambios de llantas por unidad durante la vigencia del contrato, que es hasta 2024.
Ya se está volviendo costumbre que en los tribunales aparezcan y desaparezcan oficios de notificaciones falsos, o completamente realizados fuera del proceso legal debido, ¿Así es como quieren refundar la impartición de justicia en Jalisco?
En Twitter: @DEPACHECOS
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
Respaldaría Sheinbaum el drenaje profundo pero es responsabilidad estatal y municipal
