Derechos, ¿para quién?

Opinión, por Miguel Ángel Anaya Martínez //

Estamos en el primer puente del año, la cuesta de enero se ha alargado y, sin embargo, el inicio del 2022 ha pasado rápido, noticias van y vienen. Comenzamos el año con los acontecimientos en Ucrania, las tensiones entre Rusia y Estados Unidos tienen puesta la mirada de todo el mundo.

A nivel local tenemos nuestras propias problemáticas, desde el ejecutivo se señalan periodistas que no adulan al Presidente, la violencia en nuestro país se mantiene igual o peor, la economía avanza lento, la crisis sanitaria ha venido a acentuar la desigualdad y a mostrar fallas en el sistema de salud… y a pesar de ello el puente es una manera de celebrar y recordar que tenemos una constitución que protege nuestros derechos, al menos en el papel.

Si le damos un vistazo a los derechos básicos de las y los mexicanos encontraremos que en el artículo 3 se establece que son obligatorias la educación básica y la media superior, esto quiere decir que para cualquier ciudadano sería un derecho y obligación terminar la preparatoria, sin embargo, el promedio actual de estudios en México es de 9.9 años, además, habrá que recordar que se calcula que con la pandemia se perdieron casi dos años de estudios efectivos, por lo que el promedio de estudios de los mexicanos podría estar alrededor de los 8 años, esto quiere decir que una persona en México estudiaría en promedio hasta segundo de secundaria; por si fuera poco 628 mil jóvenes han dejado la escuela a causa de la pandemia ¿Qué estamos haciendo para garantizar su derecho a la educación?

Por otro lado, el artículo 6 nos habla de la libertad de expresión, pero esta no se garantiza. Desde el año 2000 a la fecha, se han documentado 149 asesinatos de periodistas en México. En el actual sexenio van 29 periodistas asesinados, ¿Cómo hablar de libertad de expresión cuando las voces críticas son obligadas a callar? por este motivo toman aún mayor relevancia las declaraciones del titular del ejecutivo increpando a periodistas.

La libertad de expresión aplica para todos los ciudadanos, pero ver el grado de violencia hacia quienes ejercen la profesión de transmitir las noticias y los hechos nos permite contextualizar como vamos en este tema.

El artículo 11 nos menciona “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia”, ¿cómo le explicamos este derecho a las personas que viven en comunidades tomadas por la delincuencia organizada? Hay ciudadanos que para trasladarse de un lugar a otro tienen que hacerlo a determinadas horas, pagar derechos de piso o incluso arriesgar su vida. Solo en 2021 se interpusieron 1,121 denuncias por asaltos o robos en las carreteras del país, teniendo en cuenta que en México 9 de cada 10 delitos no se denuncian, podemos darnos una idea de la magnitud de este problema.

Finalmente hablemos del derecho a la salud, éste en general va ligado al acceso a la seguridad social, en México casi el 60% de la población económicamente activa trabaja desde la informalidad, por lo que no cuenta con registro en el IMSS; a nivel nacional, entre 2018 y 2020, se observó un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud, éste pasó de 16.2% a 28.2%, lo cual representó un aumento que va de 20.1 millones de personas a 35.7 millones en solo dos años. En este periodo 15.6 millones de mexicanos más reportaron no estar afiliados, inscritos o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada.

La Carta Magna en su artículo 1 nos dice que todos estamos protegidos por los derechos que ella contiene, que todos somos iguales, sin embargo, esto no es así, en muchas comunidades los derechos básicos de cualquier persona no están garantizados, como siempre, las personas en situación de pobreza o marginación son las más afectadas, en la vida diaria de los mexicanos los derechos no aplican para todos ni aplican todo el tiempo. Diría Quino en las historietas de Mafalda: “En este mundo todos somos iguales, ¿pero iguales a quién?”