JALISCO
El «fiscal carnal», Clemente Castañeda olvidó a Jalisco: La fiscalía autónoma una vez más se queda en el papel
Por Mario Ávila //
¿Y en Jalisco por qué Movimiento Ciudadano no ha impulsado una fiscalía autónoma y un fiscal que sirva, como lo pregonó y demandó a nivel federal el senador Clemente Castañeda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se opuso?
Porque lo que a nivel federal Clemente Castañeda ha demandado, a nivel local lo ha ignorado, a pesar de que Movimiento Ciudadano tiene mayoría desde el 2018 en el Congreso del Estado.
LA DEJAN IR
Los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, dejaron escapar una nueva oportunidad de darle a Jalisco una Fiscalía realmente autónoma y como desde hace más de un lustro, el tema solo se pone sobre la mesa, se plantea, se discute, pero finalmente se desecha.
La premura que había para ratificar la propuesta del gobernador, tras la renuncia intempestiva del Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, fue el motivo por el que tres partidos políticos se acordaron que existe esta deuda con Jalisco y Morena, PAN y Hagamos presentaron sendas iniciativas para darle la autonomía que necesita la Fiscalía y la que de hecho ya tiene, pero solo en el papel, es decir en la Constitución Política del Estado de Jalisco, falta reconocer esta autonomía también en las leyes secundarias.
Sin embargo, las propuestas de PAN y Morena, presentadas a través de las diputadas Mirelle Montes y Ángela Gómez Ponce, fueron solo de mero trámite, como hacer ver que no se habían olvidado del asunto, pero en todo momento estuvieron dispuestos a votar y aprobar primero la designación de Luis Joaquín Méndez Ruiz, que ejercía en previo el cargo de Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, y fue propuesto por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Jalisco, mientras que la iniciativa del diputado Enrique Velázquez, de la fracción parlamentaria de Hagamos, estaba condicionada a aprobarse primero, antes de caer en la trampa de la premura, para seguir con una Fiscalía subordinada plenamente al poder Ejecutivo.
Lo cierto es que dos votos no pesaron y se dejó escapar otra oportunidad para darle autonomía a la Fiscalía del Estado como se ha intentado desde el 2016 con proyectos como el Sistema Estatal Anticorrupción, el proyecto #FiscaliaQueSirva e incluso, la necesidad y hasta obligatoriedad de empatar las leyes en Jalisco con la norma constitucional federal.
Vale la pena recordar que desde el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 102, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Jalisco que instituyó a la Fiscalía General de la República como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.
El 20 de mayo de 2021 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió la Ley de la Fiscalía General de la República como organismo público autónomo; pero en el ámbito local fue en el 18 de julio de 2017 que se publicó en el Periódico Oficial el “Estado de Jalisco” el decreto 26408/LXI/17 que reformó el artículo 53 párrafo 3 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para establecer la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
El artículo tercero transitorio de dicho decreto estableció que la reforma al artículo 53 iniciaría su vigencia en la misma fecha en que cobraran vigencia las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, necesarias para su implementación.
El 05 de diciembre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el decreto 27214/LXII/18 que abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco contenida en el Decreto número 24395 y expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La propia Ley dispuso en su artículo cuarto transitorio que las modificaciones dispuestas en ese decreto, no eran las suficientes y necesarias para el cumplimiento de la reforma constitucional que confirió autonomía constitucional a la Fiscalía.
PRIMERO LAS REFORMAS, DESPUÉS EL NUEVO FISCAL: HAGAMOS
El diputado integrante de la fracción parlamentaria de Hagamos y vocal de la Comisión de Seguridad, Enrique Velázquez, manifestó que la petición de su partido era que antes del nombramiento del nuevo fiscal, el Legislativo apruebe estas reformas.
Se trata de poder adecuar -dijo-, el Sistema Estatal Anticorrupción a la reforma que se hizo en 2021 a la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción para poderla adecuar para que el nombramiento no sea únicamente por este periodo, sino que pueda ser por siete años, como lo estipula ley, es una buena oportunidad.
Y abundó: “En el esquema de seguridad actual, sí requiere que la procuración de justicia, que es lo que hace la Fiscalía, esté totalmente despegada de las órdenes de Palacio de Gobierno, de Casa Jalisco, que sea un fiscal que haga bien su trabajo y que cuide su nombre, su prestigio y que alguien que esté convencido de que va a ser de acuerdo a sus condiciones, su preparación, su esquema, su formación el que haga un plan”.
La propuesta de Morena, presentada por la diputada Ángela Gómez Ponce consiste en modificar la naturaleza jurídica de órgano centralizado de la Fiscalía del Estado para dotarla de autonomía en términos del artículo 116, fracción novena de la Constitución Federal y 53 de la Constitución del Estado de Jalisco.
Sin embargo la reforma se aprovecha para dar a la actuación de la Fiscalía, un enfoque de derechos humanos, tanto de las personas imputadas como de las víctimas o de las personas ofendidas; así como se incluye la perspectiva de género, de interculturalidad y de protección integral de la niñez y adolescencia en su actuación.
Por su parte la legisladora panista, Mirelle Montes indicó que “un Fiscal no debe estar sometido al capricho del poder, por lo que es urgente establecer la autonomía; una Fiscalía que está sujeta al capricho del poder, y no al anhelo de justicia de las víctimas”.
Por eso -abundó-, presentamos una iniciativa que consolide la verdadera autonomía de la Fiscalía, que sí tenga autonomía para defender a las mujeres violentadas, que sí tenga autonomía, y que les dé respuesta a las familias de los desaparecidos. La sociedad hoy exige que Jalisco cuente con una Fiscalía verdaderamente autónoma, que no utilice a la justicia como el brazo de operación política. La trampa de los tramposos no puede reflejarse en una autonomía disfrazada, que en los hechos sólo defiende los intereses de unos cuantos y no de todo un Estado.
A CLEMENTE CASTAÑEDA SE LE OLVIDÓ PROMOVER AL FISCAL AUTÓNOMO
Lo que a nivel federal Clemente Castañeda ha demandado, a nivel local lo ha ignorado donde Movimiento Ciudadano tiene mayoría desde el 2018.
El contexto era la posibilidad de que el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y sus aliados designaran a un fiscal carnal, así como a las piezas centrales del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el procedimiento que en aquel entonces establecía la ley.“A nuestro juicio, eso lejos de ser un avance en materia de lucha contra la corrupción de fortalecer la autonomía de la Fiscalía, es francamente un retroceso”. Debido a que no se ha aprobado la nueva ley orgánica de la Fiscalía, que establece la autonomía de la institución, se corre el riesgo de que se designe al «Fiscal carnal».
Movimiento Ciudadano había ganado las elecciones en Jalisco para gobernador y en su proyecto de Refundación, bien pudo haber puesto el ejemplo de que aquí se gobierna diferente, dando el paso para adecuar todo el marco jurídico y se cristalizara ese anhelo de Castañeda de que no se designen “fiscales carnales en los estados del país”.
En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Clemente Castañeda en su calidad de Vicecoordinador del Grupo de Senadores de Movimiento Ciudadano presentó el 11 de octubre de 2018 la propuesta del colectivo por “Una Fiscalía que sirva”, enumerando una serie de propuestas.
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Garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de designación del fiscal. Se crearía una Comisión de Designaciones que integrarían la lista de los candidatos a fiscal que aprobaría el Senado por las dos terceras partes y con esto se evita cualquier tentación de nombrar un fiscal carnal.
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Se establece la obligación del Senado de realizar comparecencias en audiencia pública con los aspirantes a fiscal.
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Se prevé que la Suprema Corte pueda intervenir en las designaciones del fiscal si, por cualquier razón, el Senado omite sus atribuciones. En el modelo actual, si el Senado omite sus atribuciones, quien designa es el Ejecutivo directamente.
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Se plantea que la remoción del fiscal también lo pueda hacer el Senado de la República y no quede en manos exclusivamente del Ejecutivo.
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Se eleve a rango constitucional las fiscalías especializadas que serían no sólo las de delitos electorales y la de anticorrupción, sino también las de derechos humanos y las de asuntos internos; los nombramientos de los fiscales se harían también por el mismo senado.
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Se crea un Consejo del Ministerio Público Plural y especializado que evaluaría y vigilaría el funcionamiento de la propia fiscalía.
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Se plantea un transitorio para que las entidades federativas adecúen sus constituciones para que no haya “fiscalías carnales en los estados”.
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
Proponen reforma penal en Jalisco para castigar fabricación de pruebas falsas
Monreal dice sí a la construcción del acueducto de la presa Solís
Piden senadores del PAN y Morena renuncia del auditor superior de Jalisco
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