El «fiscal carnal», Clemente Castañeda olvidó a Jalisco: La fiscalía autónoma una vez más se queda en el papel

Por Mario Ávila //

¿Y en Jalisco por qué Movimiento Ciudadano no ha impulsado una fiscalía autónoma y un fiscal que sirva, como lo pregonó y demandó a nivel federal el senador Clemente Castañeda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se opuso?

Porque lo que a nivel federal Clemente Castañeda ha demandado, a nivel local lo ha ignorado, a pesar de que Movimiento Ciudadano tiene mayoría desde el 2018 en el Congreso del Estado.

LA DEJAN IR

Los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, dejaron escapar una nueva oportunidad de darle a Jalisco una Fiscalía realmente autónoma y como desde hace más de un lustro, el tema solo se pone sobre la mesa, se plantea, se discute, pero finalmente se desecha.

La premura que había para ratificar la propuesta del gobernador, tras la renuncia intempestiva del Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, fue el motivo por el que tres partidos políticos se acordaron que existe esta deuda con Jalisco y Morena, PAN y Hagamos presentaron sendas iniciativas para darle la autonomía que necesita la Fiscalía y la que de hecho ya tiene, pero solo en el papel, es decir en la Constitución Política del Estado de Jalisco, falta reconocer esta autonomía también en las leyes secundarias.

Sin embargo, las propuestas de PAN y Morena, presentadas a través de las diputadas Mirelle Montes y Ángela Gómez Ponce, fueron solo de mero trámite, como hacer ver que no se habían olvidado del asunto, pero en todo momento estuvieron dispuestos a votar y aprobar primero la designación de Luis Joaquín Méndez Ruiz, que ejercía en previo el cargo de Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal, y fue propuesto por el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Jalisco, mientras que la iniciativa del diputado Enrique Velázquez, de la fracción parlamentaria de Hagamos, estaba condicionada a aprobarse primero, antes de caer en la trampa de la premura, para seguir con una Fiscalía subordinada plenamente al poder Ejecutivo.

Lo cierto es que dos votos no pesaron y se dejó escapar otra oportunidad para darle autonomía a la Fiscalía del Estado como se ha intentado desde el 2016 con proyectos como el Sistema Estatal Anticorrupción, el proyecto #FiscaliaQueSirva e incluso, la necesidad y hasta obligatoriedad de empatar las leyes en Jalisco con la norma constitucional federal.

Vale la pena recordar que desde el 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó el artículo 102, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado de Jalisco que instituyó a la Fiscalía General de la República como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio.

El 20 de mayo de 2021 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió la Ley de la Fiscalía General de la República como organismo público autónomo; pero en el ámbito local fue en el 18 de julio de 2017 que se publicó en el Periódico Oficial el “Estado de Jalisco” el decreto 26408/LXI/17 que reformó el artículo 53 párrafo 3 de la Constitución Política del Estado de Jalisco para establecer la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

El artículo tercero transitorio de dicho decreto estableció que la reforma al artículo 53 iniciaría su vigencia en la misma fecha en que cobraran vigencia las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, necesarias para su implementación.

El 05 de diciembre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el decreto 27214/LXII/18 que abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Jalisco contenida en el Decreto número 24395 y expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco. La propia Ley dispuso en su artículo cuarto transitorio que las modificaciones dispuestas en ese decreto, no eran las suficientes y necesarias para el cumplimiento de la reforma constitucional que confirió autonomía constitucional a la Fiscalía.

PRIMERO LAS REFORMAS, DESPUÉS EL NUEVO FISCAL: HAGAMOS

El diputado integrante de la fracción parlamentaria de Hagamos y vocal de la Comisión de Seguridad, Enrique Velázquez, manifestó que la petición de su partido era que antes del nombramiento del nuevo fiscal, el Legislativo apruebe estas reformas.

Se trata de poder adecuar -dijo-, el Sistema Estatal Anticorrupción a la reforma que se hizo en 2021 a la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción para poderla adecuar para que el nombramiento no sea únicamente por este periodo, sino que pueda ser por siete años, como lo estipula ley, es una buena oportunidad.

Y abundó: “En el esquema de seguridad actual, sí requiere que la procuración de justicia, que es lo que hace la Fiscalía, esté totalmente despegada de las órdenes de Palacio de Gobierno, de Casa Jalisco, que sea un fiscal que haga bien su trabajo y que cuide su nombre, su prestigio y que alguien que esté convencido de que va a ser de acuerdo a sus condiciones, su preparación, su esquema, su formación el que haga un plan”.

La propuesta de Morena, presentada por la diputada Ángela Gómez Ponce consiste en modificar la naturaleza jurídica de órgano centralizado de la Fiscalía del Estado para dotarla de autonomía en términos del artículo 116, fracción novena de la Constitución Federal y 53 de la Constitución del Estado de Jalisco.

Sin embargo la reforma se aprovecha para dar a la actuación de la Fiscalía, un enfoque de derechos humanos, tanto de las personas imputadas como de las víctimas o de las personas ofendidas; así como se incluye la perspectiva de género, de interculturalidad y de protección integral de la niñez y adolescencia en su actuación.

Por su parte la legisladora panista, Mirelle Montes indicó que “un Fiscal no debe estar sometido al capricho del poder, por lo que es urgente establecer la autonomía; una Fiscalía que está sujeta al capricho del poder, y no al anhelo de justicia de las víctimas”.

Por eso -abundó-, presentamos una iniciativa que consolide la verdadera autonomía de la Fiscalía, que sí tenga autonomía para defender a las mujeres violentadas, que sí tenga autonomía, y que les dé respuesta a las familias de los desaparecidos. La sociedad hoy exige que Jalisco cuente con una Fiscalía verdaderamente autónoma, que no utilice a la justicia como el brazo de operación política. La trampa de los tramposos no puede reflejarse en una autonomía disfrazada, que en los hechos sólo defiende los intereses de unos cuantos y no de todo un Estado.

A CLEMENTE CASTAÑEDA SE LE OLVIDÓ PROMOVER AL FISCAL AUTÓNOMO

Lo que a nivel federal Clemente Castañeda ha demandado, a nivel local lo ha ignorado donde Movimiento Ciudadano tiene mayoría desde el 2018.

El contexto era la posibilidad de que el entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y sus aliados designaran a un fiscal carnal, así como a las piezas centrales del Sistema Nacional Anticorrupción mediante el procedimiento que en aquel entonces establecía la ley.“A nuestro juicio, eso lejos de ser un avance en materia de lucha contra la corrupción de fortalecer la autonomía de la Fiscalía, es francamente un retroceso”. Debido a que no se ha aprobado la nueva ley orgánica de la Fiscalía, que establece la autonomía de la institución, se corre el riesgo de que se designe al «Fiscal carnal».

Movimiento Ciudadano había ganado las elecciones en Jalisco para gobernador y en su proyecto de Refundación, bien pudo haber puesto el ejemplo de que aquí se gobierna diferente, dando el paso para adecuar todo el marco jurídico y se cristalizara ese anhelo de Castañeda de que no se designen “fiscales carnales en los estados del país”.

En conferencia de prensa desde el Senado de la República, Clemente Castañeda en su calidad de Vicecoordinador del Grupo de Senadores de Movimiento Ciudadano presentó el 11 de octubre de 2018 la propuesta del colectivo por “Una Fiscalía que sirva”, enumerando una serie de propuestas.

1. Garantizar la participación de la sociedad civil especializada en el proceso de designación del fiscal. Se crearía una Comisión de Designaciones que integrarían la lista de los candidatos a fiscal que aprobaría el Senado por las dos terceras partes y con esto se evita cualquier tentación de nombrar un fiscal carnal.

2. Se establece la obligación del Senado de realizar comparecencias en audiencia pública con los aspirantes a fiscal.

3. Se prevé que la Suprema Corte pueda intervenir en las designaciones del fiscal si, por cualquier razón, el Senado omite sus atribuciones. En el modelo actual, si el Senado omite sus atribuciones, quien designa es el Ejecutivo directamente.

4. Se plantea que la remoción del fiscal también lo pueda hacer el Senado de la República y no quede en manos exclusivamente del Ejecutivo.

5. Se eleve a rango constitucional las fiscalías especializadas que serían no sólo las de delitos electorales y la de anticorrupción, sino también las de derechos humanos y las de asuntos internos; los nombramientos de los fiscales se harían también por el mismo senado.

6. Se crea un Consejo del Ministerio Público Plural y especializado que evaluaría y vigilaría el funcionamiento de la propia fiscalía.

7. Se plantea un transitorio para que las entidades federativas adecúen sus constituciones para que no haya “fiscalías carnales en los estados”.