JALISCO
Incierto en Jalisco el futuro de las Escuelas de Tiempo Completo: Diputada Gaby Cárdenas, de MC, se une a demanda de salvamento; gobernador guarda silencio
Por Mario Ávila //
Mientras que a nivel nacional la desaparición del programa de las escuelas de tiempo completo, ha sido tema relevante en las altas esferas de la política, por un lado denunciando corrupción y por otro aportando opciones de solución, en Jalisco el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, guarda un misterioso silencio, lo que genera incertidumbre para alrededor de 95 mil alumnos de más de 900 escuelas del nivel básico que ya operaban con este programa educativo de horario extendido.
Y mientras en entidades como Tlaxcala y Querétaro sus respectivos gobernadores han anunciado que asumirán el costo que implique la continuación de la operación del programa, en Jalisco el mandatario hace mutis, aunque el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes y los diputados de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, se han pronunciado por la continuación del programa, pero no tienen mucha claridad sobre de dónde podría utilizarse dinero para mantener este programa educativo.
Concretamente la diputada Gabriela Cárdenas contesta así cuando se le pregunta de si puede garantizar que las escuelas de tiempo completo no desaparecerán en Jalisco: “No bueno, el Presidente de la República ya las desapareció. Nosotros tendríamos que trabajar en generar un modelo para Jalisco que subsane el abandono federal”.
Incluso, más que los actores políticos del partido naranja, quienes más han hecho por salvar el programa son los propios afectados, tanto maestros como padres de familia. Incluso ya han promovido amparos haciendo valer el principio del interés superior de la niñez, e incluso ya hay una resolución de las autoridades judiciales.
De acuerdo a lo dicho por el maestro Flavio Mendoza, hay un desacato del presidente y de la Secretaría de Educación Pública. “No cumplieron en 2021 con dar recursos a los componentes dos y tres que es donde nos trasladaron en el presupuesto, al tomar esa determinación este año que ya cerró hay un desacato, tendría que haber alguna sanción. El tema sigue corriendo su curso”.
Y adelantó: «En el estado vamos a promover amparos para maestros desde la visión laboral, de los niños principalmente y de la afectación a los padres de familia, que ya no tendrán la oportunidad de dejar a sus hijos mientras están trabajando. Se están violentando tratados internacionales de derecho del niño, están violentando leyes estatales y federales de la protección del derecho de niños, niñas y adolescentes, están violentando el marco constitucional, porque en su ley reglamentaria establece la continuidad de tiempo completo, obliga al Congreso a otorgar más presupuesto no a reducirlo, hay una trasgresión a un marco legal que deriva del constitucional».
El 28 de febrero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el acuerdo por el que se elimina a las Escuelas de Tiempo Completo del programa La Escuela es Nuestra, las cuales beneficiaban a 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes con aprendizaje, deporte y alimentación. El programa inició en 2008, el gobierno de Felipe Calderón, y actualmente 27,063 escuelas operaban bajo el esquema de Tiempo Completo.
Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dicho sobre los motivos de la extinción del programa: “Se encontró que había malos manejos, se entregaban los fondos a gobiernos estatales y no bajaban. Nada más les voy a dar un dato, estaban queriendo que les entregáramos el presupuesto de las Escuelas de Tiempo Completo de 2020 que estaban cerradas por la pandemia, ¿a qué niños les iban a dar alimentos?”, comentó.
Y abundó en lo que suena a un contrasentido: “La Escuela de Tiempo Completo no desaparece, solo que se va a entregar directamente a los padres y madres de familia. Se atendían 20,000 instalaciones, escuelas, y la Escuela es Nuestra a 68,000 y ahora se va a incrementar a 100,000 escuelas y se va a incluir lo de la Escuela de Tiempo Completo”.
Desde el Senado, Damián Zepeda Vidales (PAN), urgió al gobierno de Morena para que reinstaure el programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuya desaparición afecta a 3.6 millones de niñas y niños, y en especial a aquellos en zonas indígenas.
Y sentenció: “La cancelación va en contrasentido del interés superior de la niñez, por eso aplaudo la decisión de mantener las Escuelas de Tiempo Completo en el estado de Querétaro”, resaltó.
Por su parte el diputado federal de Morena y líder de la CNTE, Azael Santiago Chepi, calificó a las escuelas de este programa como un fraude desde la tribuna de San Lázaro y criticó a quienes ahora “vienen a defender un programa que fue un fraude como Enciclomedia, como la entrega de supuestas tabletas y laptops a los alumnos, Escuelas al 100, un auténtico fraude. Como dijeran en mi pueblo, pura robadera”.
YA SON DEMASIADOS EMBATES CONTRA LA NIÑEZ: GABY CÁRDENAS
Para la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriel Cárdenas, eliminar el programa de Escuelas de Tiempo Completo representa un retroceso en los derechos de los niños y las niñas, y sentenció que ya son demasiados los embates del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador en contra de los niñez y las mujeres.
«Habrá que recordar que primero nos quitaron las estancias infantiles, esas guarderías de Sedesol en donde se brindaban cuidados a niñas y niños, para que las madres trabajadoras pudieran salir a trabajar dejando a sus niños en un lugar seguro», dijo.
«Y ahora con este tema de las Escuelas de Tiempo Completo que eran escuelas que estaban ubicadas en zonas con altos índices de desigualdad con el objetivo de disminuir este rezago, el abandono, dándoles un esquema en el que se incluía la alimentación, es decir un lugar en donde los niños recibían al menos un alimento caliente al día».
«En este programa en específico le quitaron a Jalisco 375 millones de pesos desde hace dos años con el pretexto de la pandemia, pero ahora simplemente lo borraron diciendo el mismo pretexto de siempre, que había corrupción en el programa y que ahora le darán ese apoyo directo a las familias, la excusa de siempre», abundó la diputada local.
Expuso que en su opinión apostarle a la niñez no es un gasto, es una gran inversión que reditúa en el futuro «y tendremos que seguir trabajando para que nuestra prioridad en Jalisco sean las niñas y los niños. Y este tema es muy preocupante, porque he escuchado historias de niños que se van a la escuela con el estómago vacío, no pueden aprender, no tienen energía. A dónde los van a mandar. Hay que recordar que el lugar más inseguro para la niñez es el hogar y eso de dar dinero directamente a las familias, también pone a los niños en una situación de vulnerabilidad, por aquello del abuso sexual infantil. Hay que ver las cifras nada más para darnos cuenta de la aberración de lo que está pasando y no nos podemos quedar callados».
La propia legisladora zapopana, presentó en el pleno de la LXIII Legislatura local un exhorto «para que de la mano con el secretario de Educación Jalisco, se haga un llamado a la Federación y que nos mande ese dinero, porque no podemos permitir que nada más les de amnesia y se lleven el dinero y que pase como todos los programas que han ido desapareciendo poco a poco».
«No vamos a ser cómodos porque en Jalisco está siendo afectado, chéquense este dato, en Jalisco el gobierno federal le da a un estudiante 13 mil pesos por niña, niño o joven y en Baja California o en cualquier otro estado la federación invierte 30 mil pesos por cada uno».
«¿Por qué ese desdén a Jalisco, por qué nos tratan así? Eso no lo podemos permitir y por las madres trabajadoras de Jalisco seguiremos insistiendo en nosotros tratar de subsanar esta ausencia y abandono del Gobierno Federal y también estamos trabajando con Mexicanos Primero, porque también no nada más se vale señalar, hay que ver nosotros qué vamos a hacer desde el Congreso y desde el Gobierno del Estado”.
A la pregunta de que si el gobernador Enrique Alfaro se pronunciará como algunos gobernadores que han expresado que con o sin el apoyo federal el programa continuará, la diputada Gaby Cárdenas planteó: «Seguramente lo hará en los próximos días, pero el secretario de educación con su instrucción ha estado trabajando intensamente para que regrese este recurso y nosotras desde el Congreso haremos lo propio y seguiremos haciendo la labor que nos corresponde».
También se le cuestionó: ¿Podemos afirmar que las escuelas de tiempo completo no van a desaparecer en Jalisco?
Y la respuesta fue contundente: “No bueno, el presidente de la República ya las desapareció. Nosotros tendríamos que trabajar en generar un modelo para Jalisco que subsane el abandono federal”.
Pero a la vez hizo un compromiso: “Nosotros no vamos a quitar el dedo de renglón, y vamos a emplearnos a fondo para dar solución. Es un tema que no vamos a soltar, tampoco fue un tema que nosotros hubiéramos esperado, fue una decisión como todas las que toma el presidente de la República, de cómo amaneció y se va contra los niños, mañana contra las mujeres, etcétera. Habría que revisar el presupuesto que de entrada ya está aprobado, podríamos buscar una modificación presupuestal y habrá que ver de dónde lo sacamos, los ingresos del Estado son los mismos, habrá que ver de dónde podríamos sacar más recursos”.
– Por Francisco Junco
La diputada de Morena Brenda Carrera García, presentó una propuesta que busca tipificar con claridad la fabricación de pruebas materiales falsas para inculpar a una persona en un proceso judicial.
La legisladora advirtió sobre el vacío jurídico que actualmente permite que este tipo de conductas no tengan una sanción específica en el Código Penal del Estado.
Carrera García explicó que el artículo 168 del Código Penal vigente contempla conductas como declarar falsamente ante la autoridad, simular pruebas para exculpar, incurrir en falsedad como perito o realizar llamadas falsas al 911.
Sin embargo, subrayó que no existe sanción expresa para quien “con el propósito de inculpar a alguien de un delito, simule pruebas materiales en su contra”, lo que deja sin protección a personas inocentes frente a acusaciones fabricadas.
La legisladora sostuvo que la impunidad es el telón de fondo de este problema.
Recordó que, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, de cada diez delitos denunciados en Jalisco apenas el 8.4% llegan a investigación y menos del 1% termina en una sentencia efectiva. “Esto evidencia que el sistema de justicia privilegia la inacción sobre la justicia”, expuso.
Como ejemplo de la gravedad del fenómeno, relató el caso de un conductor de plataforma digital que fue amenazado con denuncias falsas de acoso por parte de una usuaria.
El chofer logró demostrar su inocencia únicamente porque grabó la conversación; de lo contrario, pudo haber enfrentado una condena injusta.
También mencionó situaciones en las que hombres, aprovechando su posición económica, fabrican testigos y hechos falsos para obtener la custodia de los hijos o privar de la libertad a su pareja.
“Muchos hombres o mujeres hoy reciben un castigo injusto o están privados de su libertad porque se falsearon los hechos. Eso no puede suceder más sin recibir un castigo ejemplar”, declaró Carrera García. Agregó que fabricar pruebas falsas vulnera derechos fundamentales como la defensa, la verdad y la seguridad jurídica, por lo que urge endurecer las sanciones.
La diputada concluyó que la iniciativa busca proteger al inocente, fortalecer la institucionalidad y desincentivar las prácticas deshonestas que minan la confianza pública.
“Presentamos este decreto porque consideramos que la ley debe estar al nivel de la problemática real y defender los derechos fundamentales de las personas. Nadie debe enfrentar consecuencias bajo acusaciones falsas sustentadas en pruebas fabricadas”, puntualizó.
– Por Mario Ávila
Con la certeza de que a Jalisco no le faltará agua, el diputado Ricardo Monreal dijo respaldar el plan hídrico de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende la construcción del acueducto de la Presa Solís que llevará agua León, Guanajuato.
En visita a Jalisco donde tuvo lugar la cuarta reunión plenaria de la Primera Circunscripción, con la presencia de 52 diputados federales de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, Monreal Avila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura dijo conocer el tema regional en donde hay una aparente polémica por la construcción del acueducto en la Presa Solís.
Sobre el tema expuso: “Yo diría a la gente de Jalisco que no debe de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum, ha indicado que se haga un plan hídrico nacional, porque el compromiso y el propósito de ella es dotar de agua potable a los lugares donde no existe y quiere dotar de agua a la región de Jalisco, pero también compartir la responsabilidad con la infraestructura nueva a otras entidades federativas”.
Y abundó: “Nosotros como grupo parlamentario, vamos a respaldar el plan hídrico y obviamente vamos a propugnar porque a Jalisco no le falte agua, pero hay que sanear el organismo que está en Jalisco, estoy enterado de algunas cosas… porque esa una decisión del Estado, no quisiera meterme a eso, pero en el tema federal sí hay toda la intención de la presidenta de la República de crear infraestructura y garantizar el agua en lugares donde actualmente no la tienen”.
– Por Francisco Junco
El escándalo en torno al auditor superior del estado de Jalisco, Jorge Ortiz Ramírez, llegó hasta el Senado de la República, donde legisladores de Morena y del PAN exigieron su renuncia tras revelarse, a través de una solicitud de transparencia, que no cuenta con el título de doctor que presume en su currículum.
Para los senadores, se trata de un engaño grave que mina la credibilidad de la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos.
El senador panista, Mario Vázquez, fue enfático al señalar que una falta de este tipo deslegitima el trabajo de la Auditoría Superior.
“¿Qué calidad obtendrían sus observaciones, sus hallazgos, de quien preside esta función tan importante como es la auditoría y la revisión de las cuentas de los municipios y del estado? ¿Qué calidad moral y qué calidad profesional pueden tener los resultados del trabajo de este señor, que no tiene ningún escrúpulo en autoadjudicarse un título académico que no le corresponde?”, cuestionó.
El senador panista añadió que “la mentira no puede ser el sello del servicio público” y subrayó que el caso amerita la salida inmediata de Ortiz Ramírez.
“El servicio público debe ser abierto, limpio, sin mayor interés que el favorecer al bien común y a la población en México. Si mienten en este tipo de situaciones, obviamente también mienten a la ciudadanía cuando informan. Le mienten a la gente pensando que por su supuesta trayectoria académica tienen méritos para estar en esa posición. Eso es muy lastimoso”, advirtió.
El legislador blanquiazul incluso hizo un llamado a la dignidad del propio auditor: “Es una actitud de autorreconocimiento, para que ellos mismos renuncien, si no se da el caso de que los den de baja en la función que ostentan.
Que renuncien por dignidad, si es que les queda algo de dignidad, y dejen que gente preparada y que pueda acreditar sin mentiras su trayectoria profesional cumpla esas funciones”.
Desde Morena, el senador Emmanuel Reyes Carmona coincidió en que el caso no sólo es un problema ético, sino también económico, pues distorsiona el mercado laboral público al desplazar a perfiles competentes y generar costos elevados por decisiones mal fundamentadas.
“Me pronuncio porque ningún nombramiento de alta responsabilidad avance sin constancia pública de cédula y comprobación documental. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes toman decisiones sobre sus recursos, seguridad o salud”, declaró.
Reyes Carmona fue más allá al proponer medidas estructurales y señaló que la verificación obligatoria de títulos en el Registro de Profesiones antes de cualquier nombramiento, sanciones administrativas y penales contra quienes se ostenten con documentos falsos, y auditorías periódicas de credenciales en los tres órdenes de gobierno.
“El Estado y los servidores públicos tenemos la obligación de poner a la vista los registros, porque de otra manera, ¿cómo pueden confiar en nosotros?”, sentenció.
En medio de esta polémica, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco difundió en sus redes sociales una publicación con la imagen de un título expedido por el Instituto Nacional de Administración Pública, en el que se acredita a Jorge Alejandro Ortiz Ramírez como Doctor en Administración Pública.
“Ante alusiones relativas a su grado académico, ponemos a su disposición el siguiente título que acredita al Auditor Superior del Estado de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, como doctor en Administración Pública”, señala el post de redes sociales, aunque el asunto es la solicitud de la cedula profesional, no del titulo.
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