Por Mario Ávila //

Ante la creciente ola de denuncias de abusos, por parte de los agentes de vialidad en complicidad con los operadores de las grúas, que ejecutan intempestivamente operativos para levantar carros mal estacionados, pero esperan a los dueños ya con el vehículo sobre la grúa para llegar a un “arreglo”, abundan las voces que claman por resolver este dilema que va en aumento.

David Gómez Álvarez, integrante del Consejo de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, planteó que son dos rutas igual de necesarias, las que se necesitan para resolver este grave problema y para poder castigar la corrupción en la que toman parte los agentes viales y los empresarios del negocio de arrastre de vehículos, la voluntad política y la denuncia ciudadana.

Lo importante -dijo-, es incentivar la denuncia ciudadana para que la gente se queje de ese tipo de abusos, pero creo que también la Secretaría de Seguridad tendría que tomar cartas en el asunto para que estas denuncias ciudadanas tengan algunas consecuencias y se puedan seguir investigando los casos ya denunciados.

A la vez -abundó-, debemos exigirle a la Secretaría de Seguridad que a través de la Comisaría Vial, intente adoptar modelos de gestión de programas que sean más transparentes, más vigilados, que haya pares y contrapesos para que ocurra menos ese tipo de complicidad. Es un tema de voluntad política y creo que ahí el secretario y los altos mandos de la Policía tendrían que entender que es una realidad la mala percepción, que ya hay muchos casos denunciados, que no es un asunto totalmente aislado ni extraordinario, que es bastante frecuente y que tendría que haber un esfuerzo institucional para combatir la corrupción, revertir esa percepción y para sancionar los casos donde se haya documentado que efectivamente ocurrió un acto de corrupción.

La ola de muestras de inconformidad se manifiesta una vez que se han generalizado en distintas zonas del área metropolitana, operativos sorpresa en los que participan policías viales respaldados por grúas, para levantar vehículos presumiblemente mal estacionados y trasladarlos al corralón, sin embargo la estrategia consiste en hacer el operativo lo más espectacular posible para que aparezcan los dueños de los automóviles y lleguen a un acuerdo económico para que bajen de las grúas a los autos ya levantados, a cambio de una jugosa recompensa que regularmente fluctúa con el criterio de “según el sapo, la pedrada”.

Las zonas más frecuentes para realizar estos operativos, entre otros, son las inmediaciones de Punto Sao Paulo por avenida prolongación Américas y las calles perpendiculares; la zona de la avenida central a las fueras del SAT, la Secretaría de Educación Pública, el Club Deportivo de Pensiones del Estado y Palcco; así como las inmediaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en avenida de Las Palmas, incluso en este último punto disponen de un terreno (corralón pirata) sobre la calle R. Michel para resguardar los autos y facilitar de inmediato a los ciudadanos infraccionados, la devolución de su vehículo.

Estas denuncias a los operativos arbitrarios, se dan en el momento en el que se ratifica en Jalisco la percepción añeja de que los más corruptos en el servicio público, son justamente los agentes de vialidad, según lo confirmó recientemente la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2021), que ratifica el desprestigio popular que se han ganado a pulso los policías viales.

Así lo refiere en entrevista para el semanario Conciencia Pública, el propio consejero David Gómez Álvarez: “Sí, diversas encuestas recientes, incluida la del propio gobierno, la del INEGI habla de que los policías viales son las autoridades públicas que tienen la peor percepción en términos de corrupción para la ciudadanía y es una percepción que se ha acentuado a través del tiempo precisamente por este tipo de actuaciones incorrectas.

“Los agentes viales tienen otros espacios y otras oportunidades donde efectivamente se prestan más a la corrupción y hay casos que están documentados en donde hay agentes viales que lo que buscan justamente es abusar económicamente del ciudadano, de los particulares, en lugar de agilizar el tráfico, detenerse en un crucero donde haya un semáforo descompuesto, lo que hacen es ignorar la situación. No hemos logrado mejorar la percepción de esta corporación y hemos perdido una corporación que aunque era muy menor, se sentía que se hacía presente en la ciudad cuando pertenecía a la otra secretaría”.

“Vemos por ejemplo los famosos choques lamineros, los famosos alcances, son percances menores que obstaculizan por horas el tráfico, se quedan esperando a los ajustadores de las aseguradoras y la policía vial no hace nada, a veces tienen que entrar al quite los elementos de otras corporaciones de policías de seguridad privada, otras autoridades e incluso se puede ver a algunos particulares agilizando el tráfico y haciendo la función que debería hacer la Policía Vial, que muchas veces pasa por el sitio y se va de largo o de plano lo evita porque ahí no hay negocio, no pueden obtener un beneficio privado”, expone Gómez Álvarez.

REGRESAR LA POLICÍA VIAL A SUS ORÍGENES

A la pregunta de si abonaría en algo que la Policía Vial vuelva a sus orígenes y deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad, el también experto en políticas públicas y en análisis político, David Gómez Álvarez, se pronunció afirmativamente: “Yo creo que funcionaría mejor si regresara a los orígenes para la cual fue concebida. Yo no veo un argumento sólido para justificar que todas las policías estén concentradas en una sola secretaría, yo creo que Transporte y Movilidad siendo un área muy compleja y muy conflictiva tiene que tener una corporación policial que justamente permita que tenga personal uniformado, armado y capacitado, para en una situación determinada, poder intervenir”.

“Lo primero que habría que decir es que hay un problema de diseño sobre la Policía Vial, me parece que la decisión de haber cambiado a la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad, a la Secretaría de Seguridad, tuvo una implicación muy negativa para la ciudad en el sentido de que se perdió a una autoridad que ponía orden en la movilidad de la Zona Metropolitana. Era una autoridad que ponía orden en la vialidad, que agilizaba el tráfico, que se encargaba de los congestionamientos; ahora en cambio hemos visto un incremento considerable en los problemas de tráfico, de los embotellamientos, de las infracciones viales, en fin, la ciudad creo que ha perdido orden en su movilidad y en su transporte, desde que se pasó esta policía a la Secretaría de Seguridad.

“Pero además ha perdido presupuesto, ha perdido relevancia y ha perdido presencia, muchas autoridades, no solo ciudadanos y particulares, se han quejado de la ausencia de los elementos de la Policía Vial en eventos masivos y en circunstancias particulares que demanda la ciudad. Y para colmo salió este tema justamente de las grúas y el desplazamiento de coches mal estacionados, que evidentemente tiene implicaciones económicas, porque es una multa grande y el costo del servicio de arrastre es muy elevado y por supuesto se presta para la corrupción.

“Entonces ahí los agentes de la Policía Vial en general, en lugar de estar cuidando que la ciudad tenga mayor orden en vialidad y transporte, hoy están presionando a los ciudadanos que cometen alguna infracción haciendo un uso irregular de un espacio en donde está prohibido estacionarse, pero evidentemente algunos se aprovechan para sobornarlos, llevarse los coches, extorsionarlos y demás, lo que ha generado una enorme molestia en la ciudadanía”, denunció el consejero.

Finalmente planteó que con el caso de los grulleros que se coluden con los agentes para incurrir en actos de corrupción, David Gómez Álvarez dijo: “Habría que sancionarlos, revisar la concesión y los términos en los que ese servicio es contratado, si es subrogados o concesionado, no sé en qué términos esté, pero evidentemente manejan vehículos, manejan mucho dinero y este tema lo tendría que revisar Contraloría del Estado, el órgano interno de control de la propia Secretaría de Seguridad y en particular tendría que haber un esfuerzo muy a fondo y comprometido de la Comisaría de la Policía Vial, para evitar este tipo de abusos que han sido denunciados, que son frecuentes y que ya son muy comunes. Es un problema que está irritando mucho a la ciudadanía”, sentenció.

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN INTEGRÓ UNA CARPETA DE OFICIO

Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, dijo haber integrado ya “por oficio” una carpeta de investigación en contra de los agentes de la Comisaría Vial que se aliaron con operadores de grúas para extorsionar a conductores, sin embargo, el funcionario titular de la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, dijo estar a la espera que las víctimas acudan a presentar formalmente sus testimonios para que se pueda enriquecer esta carpeta de investigación y llevar de alguna manera a los servidores públicos que estén obrando mal, a enfrentar la justicia. Además el Fiscal señala que no solamente se puede actuar contra los agentes de Vialidad, también sobre los particulares, si así se acredita en la indagatoria y reconoce que podrán ser grúas piratas, es decir sin pertenencia a una empresa formal, pero cada unidad tiene placa y formas de identificación, por ello siempre habrá quien deba asumir la responsabilidad.

EX AGENTE VIAL DENUNCIA EN REDES A AGRUJAL Y AGROMAC

En las redes sociales de una televisora local circula el video de una persona que se identifica como ex agente vial y quien asegura haber participado en el negocio de las grúas, confirma lo dicho por cientos de testimonios de extorción y revela: “Si, todo esto nace adentro de las oficinas operativas, el mando está coludido con el elemento, eso es real, el elemento no puede hacer esos operativos sin el respaldo del mando, es imposible sin el respaldo también del 04 de la Cabina y el 04 de la Calle, incluso refiere que estas grúas pertenecen a Agrujal y Agrumac, empresas creadas por ex agentes y ex comandantes de la extinta SVyT. Vale la pena recordar que Agrujal y Agrumac han luchado por muchos años por presionar al Gobierno del Estado para que les ceda el control y la operación de los corralones que antes manejaba el IJAS.