Que la gente tome las armas: Balazo en el pie de «Alito» Moreno

A título personal, por Armando Morquecho Camacho //

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la violencia se entiende como el uso intencional de la fuerza o el poder físico (de hecho o como amenaza) contra uno mismo, otra persona, una comunidad o un grupo, y que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos y trastornos en el desarrollo de una persona.

Ciertamente, la violencia es un fenómeno social bastante complejo, pero también, es una realidad de la cual, como seres humanos no podemos huir, ya que ésta ha estado presente en toda nuestra historia y también ha generado heridas profundas en el tejido social, que hasta la fecha, no han podido sanar.

Por ello, erradicar la violencia o bien, controlarla, debe ser el pilar de cualquier proyecto de nación, ya que sin seguridad, los ciudadanos no somos ni seremos capaces de desarrollarnos libremente y toda una estructura política, gubernamental, económica y social, corren un gran riesgo, ya que si la política de seguridad fracasa y las autoridades son incapaces de cumplir con los principios básicos del contrato social, cualquier país, corre un gran riesgo de caer inmerso en un caos social alimentado por la inseguridad que produce un Estado fallido.

En el caso en concreto de nuestro país, creo que si tratamos de ser objetivos y una vez analizados los números, que son crudos, la realidad de México en términos de violencia e inseguridad es alarmante, ya que cada vez es más frecuente ver expresiones de violencia en cualquier entorno, y esto va desde la violencia que genera el crimen organizado, el bullying en las escuelas o internet, hasta la violencia que podemos encontrar en el tráfico, donde cualquier altercado vial puede terminar en una pelea, en el hogar con la violencia de género o el maltrato infantil, o bien, en cualquier otro espacio, como un estadio de futbol.

Por esta razón, me llama mucho la atención que la oposición, que dice conocer los problemas de México, proponga una reforma a la Ley de Armas para que las nuevas disposiciones de ésta permitan, por un lado, que los miembros del ejército puedan regresar a sus casas con sus armas de gran calibre para que puedan defenderse de mejor manera, y por otro lado, que permita también a la ciudadanía adquirir armas de mayor calibre para defender sus hogares, a su familia y sus negocios del crimen organizado, lo anterior, bajo el argumento de que vivimos en un Estado fallido.

De esta propuesta tan rara, hay mucho que decir, pero creo que lo primero y más importante que debemos señalar es la incongruencia de la oposición, que cuando le conviene, dice estar del lado de las instituciones, la democracia y el Estado, pero por el otro lado, su propuesta más importante e innovadora para atender la falta de Estado y los problemas de inseguridad que esto genera, es menos Estado, menos justicia, y más vigilantes anónimos que anden por las calles haciendo justicia por mano propia ante la ausencia de la autoridad.

En ese orden de ideas, yo me pregunto: si la solución a los problemas de inseguridad en México era tan sencilla como permitir que la gente pueda dormir con un arma de gran calibre debajo de la almohada para así poder llenar de balazos a quien entre a nuestra casa, entonces ¿por qué no se le ocurrió a nadie antes?

Pero al margen de todo esto, creo que esta propuesta es una gran oportunidad para que alguien le recuerde al diputado federal, Alejandro Moreno, que la violencia como fenomeno social tiene muchos rostros tal y como lo mencioné al inicio de esta columna, y aunado a esto, si tomamos en cuenta el contexto de inseguridad de México en el que los feminicidios, los asaltos, los altercados viales con desenlaces lamentables y la violencia doméstica están a la orden del día, probablemente darle a los miembros del ejército la oportunidad de llegar a casa con rifles de asalto o a un padre de familia la oportunidad de dormir con una 9mm, no parece ser una buena idea.

Para aclarar un poco esto tomemos el caso de Estados Unidos, ya que según datos de la CDC, en los últimos dos años, nuestros vecinos han registrado la tasa de homicidios con armas de fuego más altas desde 1994.

Asimismo, entre 2019 y 2020, la tasa general de homicidios con armas de fuego aumentó alrededor del 35%, mientras que en el 2020, el 79% de los homicidios y el 53% de los suicidios se produjeron con armas de fuego, siendo los condados con mayor nivel de pobreza, los que más aportaban a esta estadística.

Pero en el caso específico de los homicidios, del 2019 a la fecha, la tasa subió de 4.6 muertes a 10.5 muertes por cada 100,000 habitantes, y lo más preocupante de estos aumentos, es que se produjeron en mayor proporción entre niños y hombres de 10 a 44 años de edad.

Esto aunado a las dos matanzas más recientes, demuestra, que aun y sin la presencia del crimen organizado, Estados Unidos es un país violento cuyos índices en este rubro han aumentado exponencialmente gracias a una legislación permisiva y burda en materia de armas que brinda a la ciudadanía libre acceso a cualquier tipo de arma.

La violencia nunca se terminará con mayor circulación de armas en la calle, al contrario, eso solamente será un detonante que provocará que en un país como el nuestro, donde la irritabilidad de la ciudadanía y el malestar social tan arraigado, cualquier altercado vecinal, podría terminar en un baño de sangre, y ojo con esto, porque luego no vaya a salir la senadora Josefina Vazquez Mota, tal y como lo propuso con los linchamientos, con que quiere reformar el Código Penal para que éste contemple el asesinato con pistola 9 mm. porque sorprendentemente (para ella) esto no está contemplado.

Lo he dicho en muchas ocasiones, la oposición tiene un gran reto. Ciertamente el 2024 no será un camino en el parque para Morena, pero si creen que pueden arrazar fácilmente con la estructura electoral de los guinda, también están muy equivocados.

La oposición tiene que tomarse en serio su papel, y si en realidad buscan consolidarse como una alternativa para la ciudadanía, deberían de abordar la solución a la violencia con propuestas que impliquen grandes e importantes reformas tanto en nuestras instituciones encargadas de impartir justicia, como en los centros penitenciarios de nuestro país donde el concepto de readaptación social está más olvidado que las promesas de campaña del 2021.