OPINIÓN
Ni policía del mundo ni líder: Estados Unidos, al borde de la crisis
A título personal, por Armando Morquecho Camacho //
La pandemia y el gobierno de Donald Trump fueron punta de lanza para Estados Unidos, pero esto no en el buen sentido de la palabra. A raíz de que estos dos fenómenos aparecieron, penetraron y se instauraron en la sociedad, muchas cosas han cambiado para Estados Unidos en distintos sentidos.
De entrada, a raíz de la administración trumpista que irrumpió en la vida política de Estados Unidos, el detrimento de la influencia del país en el panorama internacional ha sido notorio sobre todo en la tarea de gestión de crisis tanto económicas como de seguridad en el resto del mundo.
Recordemos que anteriormente, cualquier declaración o postura de la Casa Blanca respecto a un problema en particular, era motivo suficiente para encender alarmas, ya que cada palabra era un pequeño adelanto de las medidas que se emprenderían para alinear a esos gobiernos conflictivos cuyas acciones amenazaban con el orden mundial.
De hecho, algunos detractores de Estados Unidos, con el afán de burlarse, bautizaron al país como la policía del mundo, sin embargo, lejos de ser una burla, este apodo no era nada más que una forma de reiterar el poder e influencia del país en el resto del mundo.
Hoy no es así, todo lo contrario, cada vez es más frecuente que las declaraciones o bien, las posturas de la Casa Blanca respecto algún problema no sean tomadas en serio y que estas inclusive sean rebatidas por los gobiernos a los que van dirigidas.
Estados Unidos, ni policía ni líder. Hoy Estados Unido es Jack del Titanic tratándose de aferrar a la puerta de madera sobre la que flota Rose.
Pero esto no es de sorprenderse, Donald Trump, en muchos sentidos, fue un gobernante sumiso. Su profundo interés en salvaguardar las finanzas de sus empresas fue tan grande, que cedió terreno político a China y a Rusia en muchos sentidos.
Esto es así, que incluso Rusia, confiados de que Trump ganaría nuevamente, cocinó lentamente un plan para invadir Ucrania y extender su influencia en la región, plan que seguramente hubiera pasado desapercibido de concretarse el triunfo Republicano, y aunque este plan avanzó con o sin Trump, Putin tomó una decisión basándose en las heridas de Estados Unidos.
Mientras que China no solo creció económicamente, sino que su influencia política creció de sobremanera y también comenzó a trazar proyectos expansionistas al aprovechar su condición económica para incidir en la política interna de Taiwan y de Hong Kong.
Asimismo, retomaron con orgullo y dejaron de esconder su política autoritaria y privativa de derechos humanos, misma que pasó desapercibida por el entonces mandatario de Estado Unidos que estaba muy ocupado atacando a la prensa y a las minorías.
De hecho, el crecimiento de China en el espectro político ha sido tan grande, que ahora el gobierno chino tiene el valor de amenazar con derribar el avión de Nancy Pelosi si éste entra a Taiwan, país en conflicto con China debido a los intereses expansionistas del Gobierno que busca una reunificación con la isla democráticamente gobernada.
No obstante, aunque Trump no se hizo con la reelección, le hizo el trabajo sucio a Putin y a Xi Jinping, dejándole a Joe Biden una nación debilitada económica y socialmente, ya que por si fuera poco, pese a la derrota, Trump estaba decidido en dar la última estocada a la nación intentando boicotear el proceso electoral dañando así profundamente la democracia y a las instituciones que sostienen a la nación.
Por el otro lado, el populismo Trumpista y la pésima gestión de la crisis sanitaria, le abrieron camino al COVID-19 que no solo costó muchas vidas, sino que también tuvo un gran costo económico para Estados Unidos, que hasta la fecha y ante una recesión inminente, sigue pagando las facturas del populismo.
Ahora bien, en lo que respecta a Joe Biden, aunque su gestión de la pandemia fue excelente, las cosas han cambiado, ya que a diferencia de cuando llegó a la Casa Blanca, la pandemia es la menor de las preocupaciones de los ciudadanos estadounidenses.
Al contrario, lo que hoy les preocupa es la crisis económica, la falta de empleo y los costos tan elevados de la gasolina que se deben en gran medida a esa guerra en Europa que Estados Unidos ha sido incapaz de controlar.
Hoy Joe Biden tiene muchos frentes abiertos, que en su mayoría son internos y demuestran una falta de control político del presidente y su equipo respecto a los problemas nacionales e internacionales.
Un claro ejemplo de ello es la migración y la fallida reforma migratoria, para la cual no encontró apoyo, ni en la mayoría de su partido que hoy se encuentra dividido, una vez más por las posturas ideológicas radicales de personajes como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez que cada vez se alejan más del centro pragmático e ideológico del partido.
Por otro lado, la crisis no se limita a la que atraviesa el presidente en su propio partido, sino que también involucra el sentir de la ciudadanía, que aunque ésta muestra un gran rechazo hacia Joe Biden, también le brinda un panorama claro a los demócratas, ya que las estadísticas muestran que el problema no es el partido, sino Joe Biden en particular.
Estados Unidos está herido, su liderazgo está debilitado y su influencia política es tenue, y probablemente corregir esto tomara mucho tiempo, por eso la responsabilidad de Joe Biden es tan grande.
Pero cuando hablo de responsabilidad, no me refiero que debe corregir el rumbo para garantizar la reelección, ya que la gente lo ha dejado claro: es muy viejo para ser presidente, de ahí la inconformidad ciudadana con Biden pero no con el proyecto demócrata.
En ese orden de ideas, Joe Biden debe buscar terminar su administración con dignidad, de tal forma que cuando entregue la candidatura demócrata a la presidencia, existan condiciones óptimas para ganar y también, para gobernar.
Por esto mismo, no podemos perder de vista las audiencias sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021, éstas serán un parteaguas para el futuro político de Estados Unidos, ya que será durante este proceso, cuando las instituciones de este país decidirán si opta por defender el sistema democrático y de justicia, o si se doblegará ante el Trumpismo y su nocivo populismo, que aunque no es seguro que sea él quien aparezca en la boleta, seguramente será alguien que lo represente a la perfección, al fin y al cabo, el Partido Republicano tiene dueño, y este tiene nombre y apellido.
CARTÓN POLÍTICO
Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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LAS CINCO PRINCIPALES:
Arranca el Sistema Estatal de Participación Ciudadana en Jalisco
La corrupción urbanística: Valle de los Molinos y Colomos III
– Los Juegos del Poder, por Gabriel Ibarra Bourjac
La autorización del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) para construir 17,000 viviendas en Valle de los Molinos y la presión de desarrolladores para levantar una torre de 15 pisos en Colomos III amenaza la sostenibilidad de Jalisco, evidenciando un sistema donde los intereses privados prevalecen sobre el bien público.
El gobernador Pablo Lemus, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, al igual que la presidenta municipal de Guadalajara enfrentan una batalla jurídica contra desarrolladoras, mientras la sociedad exige proteger el patrimonio natural.
¿Es irreversible esta situación? ¿Qué revela sobre el desarrollo urbano en Jalisco?
COLOMOS III: UN PULMÓN EN PELIGRO
El Bosque Los Colomos, un Área Natural Protegida vital para el agua en Guadalajara, enfrenta una seria amenaza si el TJA accede a la demanda de la empresa Paseo Pabellón S.A. de C.V. para que construya 140 departamentos en Colomos III. Lemus ha jurado impedir esta obra, calificándola de atentado ecológico.
El TJA suele justificar sus fallos por omisiones de los gobiernos municipales, como no entregar información a tiempo, un ejemplo de lo que el especialista Jesús Ibarra llama la “mafia del ladrillo”. Este patrón, donde ayuntamientos fallan y tribunales favorecen a constructoras, pone en riesgo el derecho a un medio ambiente sano.
Lemus insiste en que Colomos III es una zona de protección hidrológica, pero el fallo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que ordenó devolver 5.7 hectáreas de Colomos III a particulares, representa un revés para el gobierno de Jalisco.
Jurídicamente, la decisión no es irreversible: el gobierno y el Ayuntamiento pueden recurrir a amparos federales o revisiones extraordinarias, argumentando el impacto ambiental y la violación de planes parciales que prohíben urbanizar esta área. Sin embargo, la lentitud burocrática y omisiones pasadas han permitido avances de desarrolladores, complicando la defensa del bosque.
VALLE DE LOS MOLINOS: UN DESASTRE INMINENTE
En Zapopan, el TJA autorizó 17,000 viviendas en Valle de los Molinos, una zona frágil en infraestructura y recursos hídricos. Frangie advierte que este megaproyecto, que duplicaría la población con 65,000 habitantes, colapsaría servicios y agravaría inundaciones y cambio climático al reducir la filtración de agua.
Lemus respalda esta postura, prometiendo frenar el desarrollo. El Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Zapopan limita la urbanización en esta área, y un amparo colectivo, coordinado con la Consejería Jurídica, busca revertir la autorización del TJA, priorizando el interés público y la sostenibilidad.
UN SISTEMA CORRUPTO Y LEYES LAXAS
Ambos casos reflejan un “triángulo de corrupción urbanística” entre el TJA, ayuntamientos y el Congreso de Jalisco. Omisiones municipales, como no proporcionar información completa, permiten fallos favorables a desarrolladoras, mientras el Congreso no ha fortalecido leyes ambientales ni revisado la designación de magistrados del TJA.
El ambientalista Miguel Magaña Virgen alerta que esta urbanización descontrolada convierte a Jalisco en una “isla de calor”, afectando el equilibrio ecológico y la calidad de vida.
El Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030 prioriza la agenda ambiental, pero casos como Colomos III y Valle de los Molinos prueban la capacidad del gobierno de Lemus para pasar de palabras a hechos.
Paula Bauche, titular de Semadet, subraya que el medio ambiente es una prioridad, especialmente para los jóvenes, y promete trabajar por un Jalisco sustentable. Sin embargo, el desafío es equilibrar el desarrollo económico con la preservación del patrimonio natural.
LA LUCHA POR EL BIEN COMÚN
Lemus, Frangie y Vero Delgadillo enfrentan un desafío monumental. La vía jurídica, con amparos respaldados por estudios técnicos, es la herramienta inmediata para frenar estos proyectos. La Consejería Jurídica, liderada por Tatiana Anaya, coordina estrategias con Zapopan y Guadalajara, involucrando a la sociedad civil para fortalecer la defensa.
Colectivos ciudadanos y propuestas como la del PRI Jalisco, que exige información pública y movilizaciones, refuerzan la presión social para proteger estas áreas.
Más allá de los tribunales, Jalisco necesita transformar su modelo de desarrollo urbano. Fortalecer planes parciales, regular la designación de magistrados y fomentar la participación ciudadana son clave para evitar que intereses privados prevalezcan.
La sociedad jalisciense, como actor crucial, debe mantener el activismo para defender el agua, los bosques y el derecho a la ciudad. Como ciudadanos, debemos preguntarnos: ¿permitiremos que el lucro de unos pocos destruya el patrimonio de todos?
No hay que bajar la guardia. Luchas como las que encabeza Laura Haro, activista defensora del medio ambiente, son muy loables, esa ha sido su bandera desde que se inició en el activismo social y que ha cambiado convertida en lideresa política.
Los casos de Valle de los Molinos y Colomos III exponen un sistema que favorece a desarrolladoras sobre el bien público. Lemus y Frangie, con el apoyo de la Consejería Jurídica, luchan por revertir estas decisiones mediante amparos y presión ciudadana, alineados con el Plan Estatal 2024-2030. La sociedad debe permanecer vigilante para garantizar un Jalisco sustentable, donde el medio ambiente y el interés público no sean negociables.
– Crónicas de Pacheco, por Daniel Emilio Pacheco
Un niño preguntó en la marcha por qué su padre estaba en la lona y no en casa. La madre, con la voz rota por el cansancio de tres años, respondió lo que la Fiscalía de Jalisco calla desde el primer día: “porque aquí no buscan a nadie”.
Esa escena, tan breve como brutal, explica lo que ocurrió el 30 de agosto en Guadalajara: cientos de familias arrastrando fotografías en lugar de abrazos, nombres en carteles en lugar de voces en la mesa, retratos colgados en pancartas en lugar de vivos.
El escenario fue la avenida Chapultepec, convertida en galería macabra: paredes humanas de cartón y lona con rostros que se repiten como si fueran estampas de un álbum interminable. Colectivos de nombres luminosos —Luz de Esperanza, Madres Buscadoras de Jalisco, Corazones Unidos en Búsqueda, Entre el Cielo y Tierra— marcharon con la resignación activa de quienes saben que no habrá Estado que los acompañe. Más brigadas de madres con palas que ministerios públicos con oficio. Más plegarias y consignas que sentencias.
El archivo 15,838 es el verdadero expediente del estado. Así debería llamarse: “Caso Jalisco”. Son más de quince mil ochocientas treinta y ocho personas desaparecidas. No es un número: es la nómina macabra de un gobierno que tolera el secuestro permanente. Es el catálogo del fracaso institucional. Marta Leticia García, de Entre el Cielo y Tierra, lo resumió con precisión quirúrgica: “Cada 30 de agosto que pasa, las cifras siguen aumentando sin que haya medidas reales de prevención ni sanciones”.
El dato no miente: Jalisco concentra casi una tercera parte de los desaparecidos del país. Supera a Tamaulipas, a Veracruz, a Guanajuato. Si esto fuera un campeonato, Jalisco sería líder absoluto en la tabla del horror. Y las autoridades, en lugar de pedir disculpas, presumen avances que no existen, sentencias que se cuentan con los dedos de la mano, búsquedas que se hacen más en comunicados que en terrenos.
En medio de la marcha, familiares de desaparecidos sostenían las fotografías de sus hijos, padres, esposos y amigos. Algunos con años de búsqueda que no han dado frutos. Años de puertas cerradas en la Fiscalía.
El comentario es generalizado: “Voy a pedir informes de la investigación y siempre es lo mismo, casi yo tengo que hacer la investigación para llevarles pruebas a ellos”, denuncian los familiares de los desaparecidos. La frase es un dardo en el corazón del sistema: el Estado obliga a las víctimas a convertirse en detectives improvisadas.
No es exageración. Madres que pagan investigadores privados, familias que rastrean llamadas, colectivos que cavan con picos comprados en ferreterías de barrio. Mientras tanto, la Fiscalía, con presupuesto millonario, produce carpetas de papel mojado.
Entre 2018 y 2024, Jalisco apenas consiguió 35 condenas por desaparición cometida por particulares y ocho por desaparición forzada. En 2025, suman nueve sentencias. Haga cuentas: con más de quince mil casos, la impunidad roza el 99.9%. Dicho en lenguaje llano: desaparecer en Jalisco es un delito de bajo riesgo, casi un negocio seguro.
Los nombres ya forman un rosario: rancho Izaguirre, La Vega, Las Agujas. Cada sitio descubierto añade más cuerpos a la lista, más bolsas negras al conteo. Espacios donde la tierra se convierte en archivo, donde la pala sustituye al expediente. Cada hallazgo, lejos de ser un triunfo de la Fiscalía, es la confirmación de su fracaso. No encuentran vivos; encuentran muertos. Y casi nunca por ellos mismos, sino por las familias que insisten en buscar.
Héctor Flores, de Luz de Esperanza, lo dijo sin rodeos: “Encontramos a nuestros hijos despedazados, torturados o esclavizados en vida”. La palabra “esclavitud” no es metáfora: es literal. En los testimonios se documenta el reclutamiento forzado para sicariato, para la producción de drogas, pero también para la pizca de aguacate, de limón, de caña. Mano de obra gratuita para el crimen. El desaparecido convertido en jornalero, en recurso explotable, en herramienta descartable.
El contraste es grotesco. Mientras miles de familias buscan a sus seres queridos, la Fiscalía apenas acumula expedientes como si fueran objetos perdidos. Más que ministerio público, parece la Oficina Nacional de Extraviados. “Se le perdió un hijo, vuelva en seis meses”, parece ser la consigna tácita. La ironía duele: la institución creada para proteger a las personas funciona como bodegón de papeles sin salida.
Y cuando detienen a algún sospechoso, el resultado es igual de indignante: pruebas débiles, carpetas mal integradas, jueces que liberan. El caso de Teuchitlán fue emblemático: policías municipales que operaban como escoltas de criminales. ¿Qué puede esperar el ciudadano cuando la patrulla es taxi de secuestro?
La justicia se vuelve simulacro: se detienen “sospechosos” para la foto, se filtran comunicados que hablan de avances, pero la realidad es que la impunidad se recicla una y cuando la marcha llegó a Palacio de Gobierno, las paredes de cantera fueron cubiertas con lonas de desaparecidos. La sede del poder convertida en muro de acusaciones. Cada rostro colgado era una denuncia silenciosa: usted, señor gobernador, no busca. Usted, señor fiscal, no previene. Usted, señor Estado, no sanciona.
La imagen fue brutal: el poder custodiado por policías, rodeado de fotografías de sus propios fracasos. Un espejo incómodo que no puede maquillarse con ruedas de prensa.
El clamor no fue solo un acto de memoria, fue un interrogatorio político: ¿Dónde están? ¿Quién los desapareció? ¿Quién se beneficia de su ausencia? Preguntas que la Fiscalía archiva en la gaveta equivocada. Preguntas que ningún funcionario se atreve a responder.
Mientras tanto, la sociedad mira de lejos, como si el dolor ajeno no fuera una advertencia propia. Pero la desaparición no es un problema de colectivos: es un crimen de lesa humanidad que erosiona la estructura del Estado. Hoy son las madres las que cavan, mañana serán comunidades enteras las que entierren su confianza en las instituciones.
Jalisco arde en la paradoja: tierra del tequila y de la innovación tecnológica en los discursos oficiales, pero territorio de fosas clandestinas en la realidad. Valle del Silicio en los folletos de inversión, pero valle del silencio en las fiscalías. Estado de modernidad en el eslogan, pero estado de madres con palas en el campo.
Con 15 mil desaparecidos, lo que se tambalea no es solo la seguridad pública, sino la idea misma de Estado. Porque un gobierno que no busca a sus ausentes es, él mismo, un gobierno desaparecido.
En X: @DEPACHECOS
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