Ayotzinapa: Crimen de Estado, caso de impunidad y verguenza; «no hay indicios de que normalistas estén vivos», Encinas

Opinión, por Pedro Vargas Ávalos //

A una altitud de 1344 metros sobre el nivel del mar, y a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Tixtla, (estado de Guerrero), a cuya municipalidad pertenece, se ubica Ayotzinapa; la localidad está al borde de la Carretera Federal 93, su mejor vía de comunicación, ya que la une con la mencionada Tixtla, así como con Chilapa y Tlapa hacia el este; al oeste, a una hora, está la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo: según el Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ese pequeño vecindario tenía una población de 84 habitantes, de los cuales la mitad son mujeres y la otra porción, hombres.

Por cierto, el nombre es de origen nahoa, significando “Río de las calabacitas”, de “ayotl” calabaza, “tzin” (diminutivo) y “apan”, rÍo. Para algunos, más bien significa “río de las tortugas”, pues “ayotl” también tiene ese sentido, en cuyo caso la partícula “tzin” podría tener el concepto de “reverencia”, es decir, lugar donde se venera a la tortuga. Por su situación geográfica, esta acepción podría ser correcta. Empero, la primera mencionada, es la que más aceptación tiene.

Históricamente se asegura que es uno de los lugares donde caló la idea del Rayo del Sur, (Don José María Morelos), quien en sus “sentimientos de la nación” de 1813, incluía uno sobre que debería aumentarse el jornal del pobre, para que mejore sus costumbres, y lo aleje de la ignorancia, la rapiña y el hurto. ​Esa exhortación del Siervo de la Nación, -Morelos- fue la que indujo al potentado Don Sebastián de Viguri, tixtleño dueño de la entonces finca rústica, para desprenderse de una de sus más valiosas haciendas y repartirla entre sus peones, entre 1815 y 1818. La codicia y los malos gobiernos, permitieron que para 1862 fueran despojados esos campesinos; y aunque Juárez ordenó se les restaurara, todo quedó en buenas intenciones.

Rescatados los terrenos por el ayuntamiento de Tixtla, el año de 1931, por iniciativa de los profesores Rodolfo A. Bonilla y Raúl Isidro Burgos, se logró establecer en ellos la Escuela Normal que hasta ese momento funcionaba precariamente en la cabecera municipal; así surgió la que sería Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que fue bautizada con el nombre del maestro Burgos. De este centro educativo surgieron dos célebres líderes de los años sesenta y setenta del siglo pasado: Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas (fundador del Partido de los Pobres); ellos organizaron y concientizaron a los campesinos sobre sus derechos, sosteniendo sus ideas, primero con esfuerzos cívicos y finalmente con las armas. Son pues, junto al gran Morelos, los inspiradores de los alumnos de ese plantel.

La situación de vida de esos muchachos los pinta Elena Poniatowska: “La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre, pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos. Su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suetercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todos son prendas de pobre.” (Discurso en el zócalo, 26-10-2014)

Por lo anterior, es que los estudiantes de esa escuela normal, siempre están en pie de lucha. Y los caciques y jefes del crimen locales, con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, invariablemente prestos para reprimirlos. Muchos son los hechos represivos que allí han pasado, con saldos cruentos por lo general, y también, ordinariamente cobijados por la impunidad y causando gran dolor. El corolario se registró el 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, en la ciudad de México.

En total, ese día fatal, seis personas fueron asesinadas, tres de ellas estudiantes, hubo 20 lesionados −uno con muerte cerebral− y resultaron “detenido-desaparecidos” de manera forzosa 43 jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa: desde entonces se dijo que esos hechos, configuran crímenes de lesa humanidad y son una vergüenza para México. La versión oficial del gobierno de Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, señaló que grupos de sicarios y policías corruptos del municipio de Iguala fueron los responsables de los sucesos de esa noche y que los 43 jóvenes, una vez detenidos por la policía, por orden del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, del PRD, y de su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos vinculados con el crimen organizado, fueron entregados a miembros del Cartel Guerreros Unidos, quienes se encargaron de torturarlos, asesinarlos e incinerarlos en un basural de Cocula (población del estado de Guerrero) arrojando sus restos en el río San Juan. Investigaciones posteriores y el testimonio de los sobrevivientes responsabilizan a fuerzas municipales, estatales y federales en conjunto con sicarios narcos, porque el narcotráfico está casi apoderado de toda esa Entidad.

Lastimosamente, en vez de buscar la verdad y hacer justicia, el gobierno federal de Peña Nieto, urdió un relato oficial de la masacre y una verdad jurídica, la cual le permitiría evadir su responsabilidad en los hechos y librar posibles demandas de todo tipo. Esa fue la “verdad histórica”, que dio a conocer el procurador del país, Jesús Murillo Karam, el 28 de enero de 2015. Pero no convenció ese punto de vista. Ni a estudiantes, ni a ciudadanos y mucho menos a expertos. Estos, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que provenían de varios países, refutaron la “verdad histórica” afirmando: a) Los normalistas de Ayotzinapa NO fueron quemados en el Basurero de Cocula; b) las policías de Iguala y Cocula, en la detención y desaparición de los estudiantes, también fueron apoyados por elementos del ejército y la policía federales, y c) el gobierno de Peña Nieto no sólo no quiere cooperar con los equipos internacionales de investigación, sino que trabaja para ocultar evidencias y dar por cerrado el caso.

La lucha por buscar la verdad prosiguió. Y se redobló al arribar al poder federal el presidente Andrés Manuel López Obrador. Frases como, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”; “Ayotzinapa somos todos”; “¿Dónde están?”; “Ayotzinapa en pie de lucha”; “Ayotzinapa vive, el Estado ha muerto”; “Fue el Estado”; “Donde están nuestros hijos”; “No estamos todos, nos faltan 43”, son locuciones que a cada momento desde ese ya lejano 2014 se han esgrimido en busca de justicia. El primer mandatario recibió a los padres de los desaparecidos y les prometió llegar a la verdad, cayera quien cayera. Y hace dos años hubo un primer informe de la Comisión que se creó con ese fin, encabezada por Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación y que se llama Comisión para la Verdad y el acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa: se supo que el grupo internacional se sumaba, y que había muchas nuevas pruebas, todo desmintiendo la repudiada “verdad histórica” de Murillo Karam.

Finalmente, el 18 de agosto reciente, hubo una reunión del primer mandatario y los principales miembros de su gabinete, con los padres de los 43 estudiantes, representantes de los grupos de apoyo nacional y externo, de la ONU, el Fiscal General y todos aquellos que tienen importancia para saber la verdad de los sucesos.

El encuentro fue “doloroso” dijo Encinas. Y en la inmediata conferencia de prensa se estableció: a) No existen indicios para afirmar que los normalistas estén vivos; b)Testimonios acreditan que fueron arteramente ultimados y desaparecidos por Guerreros Unidos; c) Autoridades federales y locales supieron en tiempo real de la situación y no actuaron; d) Se ocultaron hechos, alteraron escenas del crimen y se escondieron vínculos de autoridades con el grupo criminal; e) a los alumnos se les separó en al menos tres grupos; f) la verdad histórica, fue una acción urdida desde el poder; g)hubo encubrimientos desde lo más alto de la autoridad; h) han fallecido o han sido ejecutadas 26 personas clave para obtener información, 14 integrantes de Guerreros Unidos, tres familiares de Guerreros Unidos, dos integrantes del grupo delictivo gente nueva, 7 testigos o involucrados que fueron activistas, funcionarios y policías entre ellos Mario Salgado Casarrubias, ex líder de los Guerreros Unidos; finalmente, i) hay pruebas para inculpar a 33 funcionarios de los tres niveles y militares, pero el expresidente Peña aún no: las indagaciones van del 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta descubrir quién construyó la verdad histórica y quién ordenó que ésta se haya implementado. (La Jornada, 19-agosto-022)

El subsecretario Encinas finalizó: La desaparición de los 43 normalistas “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes de Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones diversas del Estado mexicano”.

Y culmina con lo siguiente: “Hoy hemos presentado un informe de avances de las investigaciones, estando conscientes de que todavía tenemos un trabajo, una tarea larga por delante. No estamos cerrando, como alguien lo ha señalado, la investigación, sino con toda esa investigación continúa, continuará, hasta que encontremos toda la verdad, encontremos a los muchachos y se castigue a los responsables”.

El día 19, siguiente al informe antedicho, se aprehendió a Jesús Murillo Karam, el exprocurador que urdió la “verdad histórica”; luego la Fiscalía General de la República, en twitter, informó: la FGR “obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa en Iguala, autoridades de Guerrero; policías estatales, policías municipales y 14 miembros del grupo Guerreros Unidos, vinculados al caso Ayotzinapa”.

Los pasos para saber qué pasó y quién participó en los macabros hechos de Ayotzinapa, van adelante, a pesar de los opositores al régimen actual, que nada creen y todo critican. Sin embargo, como dice un principio inconcuso: La verdad nos hará más libres. Y eso es lo que esperamos todos los mexicanos, para evitar que ese caso tan doloroso, sea amparado por la impunidad.