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NACIONALES

La armada transformación

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Opinión, por Luis Manuel Robles Naya //

Desde 1946, cuando el General Manuel Ávila Camacho le transfirió el poder a Miguel Alemán Valdés, los generales provenientes de la Revolución Mexicana dejaron de participar en la lucha por el poder circunscribiéndose al estricto cumplimiento de sus deberes militares.

La institucionalización del ejército vino aparejada por una profesionalización de sus cuadros, absteniéndose de participar en política, aunque una rendija quedó en el extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que abría sus puertas a militares en retiro para el desahogo de sus inquietudes políticas. Este partido fungiría después, junto con otros, como un satélite del PRI en esa simbólica oposición creada en la época del partido hegemónico.

Una experiencia personal ilustra cómo era la participación en política de los militares, ya que un general cercano a mi familia quiso ser Senador de la República por el PRI, y fiel a la disciplina castrense informó de su inquietud al General Secretario quien lo condicionó a irse al retiro para no comprometer a la institución con algún partido o facción. Ese era el compromiso de la institución, mantenerse ajeno a los vaivenes políticos, alejados de cualquier facción, partido o grupo, para poder ser garante del cumplimiento de las obligaciones democráticas contenidas en la Constitución y por ello la lealtad es el principal valor que proclaman. Lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley, pero que ha sido interpretado también como fidelidad a un principio, a una causa.

En México, la lealtad del ejército ha estado siempre con las instituciones, con el respeto a la Constitución. Invariable e independientemente del personaje o partido que ocupe la titularidad del poder ejecutivo, ellos habían sido, hasta hoy, respetuosos de la obediencia que deben al superior jerárquico, pero siempre, hasta hoy, y lo recalco deliberadamente, respetuosos de la ley y alejados de las tentaciones del poder político.

Hoy parece haber un conflicto, suponiendo que lo haya, entre la lealtad que el ejército debe a la legalidad y la obediencia obligada al superior jerárquico. Porque de no haberlo se tendría que pensar que los militares están anuentes a su participación en la administración civil, que les complace la asignación de responsabilidades meta constitucionales y que su lealtad a la legalidad, aunque suene pleonástico, se ha transformado en subordinación cómplice de un proyecto político, lo que no sucedía desde la formación de nuestro sistema republicano y democrático post revolucionario.

Más allá de las discusiones bizantinas que acontecen en las cámaras legislativas o en los medios, los hechos indican que el presidente, deliberadamente envío un proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal para la adscripción de la Guardia Civil a la Secretaría de la Defensa, sabiendo que es absolutamente inconstitucional, contrario a lo dispuesto por el artículo 21 que es categórico, “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional” y no amerita discusión. Pero si esto, además de ilegal es escandaloso, también lo es el hecho de que el General Secretario de la Defensa haya salido a cabildear, públicamente, con los partidos políticos la confirmación de esta violación constitucional. Podríamos decir en su descargo que lo hace convencido de que la autoridad civil no puede con el paquete de la seguridad pública, pero sería un pecado de ingenuidad, sobre todo cuando leemos que en un acto cívico, (13 de septiembre) el mismo Secretario de la Defensa incluye a los militares como un sector militante, ya no garante, sino participante activo: “La patria requiere de una sociedad unida, donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades para coadyuvar hacia el objetivo común que es México”.

Las fuerzas armadas, han dejado de lado su calidad de vigilantes y salvaguardas del sistema republicano, demócrata y civil que nuestra constitución proclama, para asumirse parte de un proyecto de transformación impulsado polémicamente por una corriente política, sin importarles la ilegalidad de sus actos, es decir fallando a su principio primigenio de lealtad. Esta redefinición de su papel supera su obligación de obediencia al mando superior. Por encima del cumplimiento de órdenes debe estar el respeto a la ley, y muy aparte de las simpatías políticas del General Secretario que no ha tenido empacho en convertirse en cómplice de una violación descarada a la Constitución General de la República y en hacer política con el uniforme militar puesto. Ignoro si esto es respaldado por la totalidad de las fuerzas armadas, lo que sería grave y no deseable, para la salud democrática de nuestro país.

Lo cierto es, que la presencia militar en la vida nacional es cada vez mayor y que al alto mando parece no importarle el respeto a la legalidad para darles cada vez más funciones y presupuesto fuera de la normatividad.

Si esto es consentido y ejecutado por obediencia pudiera entenderse pero no justificarse, especialmente tratándose del prestigio de la única institución que hasta hoy ha sido respetable, pese a la ignominia a la que la somete la instrucción presidencial.

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CARTÓN POLÍTICO

Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»

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Edición 805: Entrevista a Mirza Flores: «La silla del poder es prestada; no olvidemos de dónde venimos»
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NACIONALES

El PRI no acudirá al Senado a la toma de protesta de la nueva SCJN

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– Por Mario Ávila

Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI cambia de actitud y en lugar de cumplir su amenaza de manifestarse en la ceremonia del Senado donde rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anuncia oficialmente que los 13 senadores de su partido no acudirán.

El argumento, con el que justificó por adelantado la inasistencia de los senadores del PRI, fue «por congruencia política», ya que ellos consideran que el nuevo Poder Judicial es el nuevo aparato al servicio del régimen.

Tras la agresión perpetrada por Alejandro Moreno en contra del presidente de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, pidió a las autoridades garantizar el resguardo de la sede del Senado de la República.

En respuesta, desde este fin de semana, el Senado ha estado custodiado por elementos de la Guardia Nacional, lo que ocasionó que «Alito» Moreno reconsiderara su actitud y decidiera que sus senadores no acudan al trascendental acontecimiento y se limitó a calificar al gobierno de la 4T como «fachos y autoritarios».

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ENTREVISTAS

La disputa del agua entre Jalisco y Guanajuato: Debe ser un reparto justo, no uno político, Arturo Gleason

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– Por Mario Ávila

Ante la polémica surgida por la construcción del acueducto de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato, que podría reducir sustancialmente el escurrimiento de agua del río Lerma al lago de Chapala, José Arturo Gleason Espíndola, maestro en Gestión Pública y doctor en Urbanismo, plantea la necesidad de medir en tiempo real y con precisión la disponibilidad de agua, la que escurre, la que se extrae y la que llega, para que con bases científicas se pueda hacer un reparto justo del vital líquido. 

Hoy con un reparto basado únicamente en las mediciones que se realizaron en el siglo pasado, solo se tratará el tema como un reparto con tintes políticos, en donde la única determinación que existe es de quien ostenta actualmente el poder y se dejan de lado el tema científico y los datos exactos de la disponibilidad de agua, para repartir el agua con justicia a cada entidad. 

El proyecto de la construcción del acueducto para llevar agua de la Presa Solís a la ciudad de León, Guanajuato y otras comunidades menores de la región, quedó inscrito en el Plan Hidrológico del Gobierno de la República, una vez que se canceló la posibilidad de dar a León, agua de la persa El Zapotillo, abastecida por el cauce del Río Verde y cuya agua quedó finalmente destinada solamente para las ciudades de Los Altos de Jalisco y para la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Entrevistado al respecto, el doctor Arturo Gleason planteó: “Creo que la preocupación de parte del Estado de Jalisco estriba en que efectivamente el Río Lerma abastece parcialmente a Chapala, esto es en época de secas las presas en Guanajuato, no solo Solís sino otras, hasta no llenarse derraman el agua. A menos de que abran las compuertas dejan pasar el agua hasta Chapala, que de entrada no está recibiendo un flujo constante de este río, que por cierto está muy contaminado”. 

Explicó que el Río Lerma nace en Almoloya, en el Estado de México y transita por cuatro entidades más antes de llegar a Chapala. En el trayecto, obviamente, esa agua se va quedando en el camino y solo cuando llueve se llenan las presas y dejan pasar el agua que les sobra y es la que llega a Chapala, “pero es muy poca”, aclaró. 

Dijo además que la preocupación estriba en que se le va a sacar un flujo mayor, aparte del que se le saca para los distritos de riego que se encuentran en la zona de Guanajuato, ahora para consumo urbano, es decir, a través de un acueducto se iría a la ciudad de León y algunas otras comunidades. 

Es una preocupación de Jalisco -abundó-, porque es un menor volumen de agua que llegará a Chapala, pero, por otro lado, también ese volumen de agua no es tanto, porque según lo dicho por el maestro Eduardo Juárez, del Instituto de Limnología, Chapala se abastece en gran parte por la lluvia que cae en la cuenca y los escurrimientos posteriores. 

«Por supuesto debe preocupar –expuso-, pero no debe quedarse nada más en que si le sacan más o le sacan menos, creo que la preocupación puntual por parte de la federación y los estados que están involucrados, es que la cuenca del Lerma primeramente tenga un manejo integral, que sea limpio, que se puedan medir los flujos de agua; no existen sistemas de medición».

«Por eso la preocupación es por encima, pero no hay una preocupación genuina de poder medir las extracciones, las medidas en tiempo real; se me hace que es una discusión que merece mayor rigor científico, en primer lugar para saber cuánta agua tiene el Lerma, identificar todas las extracciones y medirlas en tiempo real, para entonces clarificar todavía con mayor precisión, que sí se le va a sacar esa agua, pero sin comprometer al lago de Chapala», dijo. 

De ahí que el maestro Arturo Gleason planteara la necesidad de que la indignación del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, debería tener mayor fundamento si la hace con precisiones, con mediciones precisas que debieran hacer el Gobierno Federal y los estados. 

Y, por otro lado, denunció que el gobierno estatal debe hacer una reflexión también y un compromiso, en cuanto a no contaminar tanto el agua: «Porque en esa parte tampoco hay mucha indignación que digamos por parte de nuestro estado, ya que están autorizando un sinfín de fraccionamientos alrededor del lago en la parte que corresponde a Jalisco y están entrando aguas negras y agua pluvial con aguas negras, en tiempo de lluvia. Luego, está también ese tema de pretender construir otro acueducto hacia Guadalajara, y aunque dicen que no van a sacarle más agua, evidentemente sí lo van a hacer; entonces, a mi punto de vista debería ser una preocupación de Jalisco, pero con mayor fundamento”

Vale la pena recordar que Guanajuato fue despojado recientemente del agua que le correspondía del Río Verde, según los acuerdos pactados por los gobernadores de Jalisco y Guanajuato con el gobierno Federal, una vez que se canceló el proyecto de la construcción del acueducto de la presa El Zapotillo a la ciudad de León y el líquido de ese embalse quedó solo para el consumo de las ciudades de Los Altos y la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

Sobre este tema en particular, el doctor Gleason Espíndola expuso que Guanajuato podría estar en su derecho de tomar el agua que no recibió del Río Verde, ahora del Río Lerma, pero dejó en claro que ese discurso se quedaría en un nivel basado en las apreciaciones, “pero sí fuera basado en las mediciones puntuales, creo que debiera precisarse mejor este análisis, que así de simple, solo es muy superficial”. 

Obviamente –dijo-, lo que Jalisco quiere es tener más agua, sí, pero cuánta, cuánta se extrae, no se sabe con precisión; ahora, muchas veces, dicho esto por la comisión de cuenca del Lerma-Chapala-Santiago, algunos especialistas como la doctora Raquel Gutiérrez Nájera advierten que a veces no llega nada de agua de Lerma y esto no es nada nuevo, que no le llegue agua a Chapala, porque Guanajuato y Michoacán se quedan con el agua, tanto en las partes altas sobre todo en tiempos de secas, porque la agarran para regar y cuando ya hay agua, es cuando se derrama para el lago de Chapala. 

Yo creo -insistió-, que la discusión debe ser más precisa, más científica, sobre datos mucho más rigurosos, para entonces decir que sí se compromete al lago o si alcanza para darle a León, a lo mejor con ese criterio la Federación dice no, ya te di a ti el agua del Zapotillo y ahora debo dale chanza Guanajuato, creo que ahí se queda la discusión y desde mi punto de vista, debería de ser más profunda, más precisa, antes de manifestarnos así con indignación. 

Explicó que para ello, será necesario actualizar los acuerdos de distribución del agua entre los estados y la federación, en ambos ríos, del Lerma y del Verde: «Pero desde la controversia de la altura de la cortina de El Zapotillo se está debatiendo sin cifras, sin mediciones puntuales. Los cálculos, las apreciaciones de escritorio tienen su valor, pero para una toma de decisiones, para una discusión política seria y para finalmente hacer una repartición sin incurrir en inequidad, debe haber una repartición justa con base a las mediciones».

«Y yo aquí no lo veo, en la agenda no está en la discusión de ver si es necesario montar algunos sistemas de monitoreo para saber con precisión cuánta agua está escurriendo realmente al río Lerma, cuánto es realmente lo que está llegando a Chapala, cuánta es la extracción para la presa Solís y cuáles son los escenarios que podrían llegar a pasar», agregó. 

“Eso no existe, es una discusión meramente política, que, desde el punto de vista personal, creo que le falta mayor sustento científico para que haya una repartición justa”, sentenció el doctor José Arturo Gleason Espíndola.

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