Ayotzinapa en tres actos

Opinión, por Iván Arrazola //

Hay alternancia en el poder político, llega un gobierno de izquierda al poder y hay la voluntad para investigar un crimen que se cometió hace ocho años y que sigue generando indignación por la brutalidad con la que se cometió, porque el poder político estuvo involucrado en el caso en complicidad con el crimen organizado, pero sobre todo por una necesidad imperiosa de hacer justicia en este país, ¿Qué podría salir mal cuando las condiciones parecían dadas? Esa es la pregunta que hay que hacerse y que encuentra una sola respuesta, pesan más las razones del poder que las de hacer justicia.

El primer acto se da una vez que se comete el crimen, se realiza una investigación a la que se conoce como “verdad histórica”, esa verdad asegura que la noche de los hechos fue una banda del crimen organizado local la que perpetró el hecho en complicidad con la policía municipal, porque pensaban que los normalistas trabajaban para un grupo criminal contrario.

Una vez que la banda tuvo a los jóvenes en su poder los asesinó y sus cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula y arrojados al rio, el rastro de los cuerpos se perdió en el agua y por pruebas forenses se pudo identificar al menos un cuerpo de los 43 que murieron esa noche. Esa versión fue criticada por el grupo que hoy está en el poder que desde un inicio señaló que el responsable había sido el Estado.

El segundo acto comienza con la presentación de la “nueva verdad histórica”, una investigación elaborada por la administración de López Obrador y por uno de sus hombres de mayor confianza como lo es Alejandro Encinas. En esa versión se asegura que autoridades federales hicieron todo lo posible por ocultar la verdad y encubrir a los verdaderos culpables, entre los cuales se encuentran miembros del Ejército.

Al día siguiente de que se perpetró el hecho seis de los jóvenes fueron entregados a un coronel del Ejército el cual ordenó su asesinato, más revelador aún resulta que por medio de mensajes de celular se pudo conocer que varios de los cuerpos fueron desenterrados por los grupos del crimen organizado y enviados al 27 Batallón de Infantería para poder deshacerse de los cuerpos sin dejar rastro de ellos.

El nuevo informe parece acercarse a la verdad porque además se detiene a la persona que encabezó las investigaciones, el exprocurador Murillo Karam y su brazo derecho Tomas Zeron que se encuentra prófugo en Israel, todo parece indicar que la verdad histórica se derrumba y por fin se hará justicia.

Tercer acto. Un juez libra 83 órdenes de aprehensión a petición de la FGR, incluye a 20 miembros del Ejército, más de 40 miembros de la policía estatal y policías municipales del estado de Guerrero, más una docena de delincuentes de grupos del crimen organizado y autoridades judiciales y administrativas del estado de Guerrero. Previo al aniversario número ocho de la matanza de Ayotzinapa se filtra a la prensa la versión no testada del nuevo informe elaborada por Encinas, en el informe que originalmente había entregado no incluía la información sobre la participación del Ejército, la filtración de la versión no testada revela nombres y datos específicos sobre la participación de miembros del Ejército en la desaparición y asesinato de los jóvenes, en ese contexto también por medio de una filtración se da a conocer que la FGR solicita la cancelación de 21 órdenes de aprehensión entre ellas 16 dirigidas a miembros del Ejército.

Las nuevas revelaciones sobre el caso y la acción controversial de la FGR de solicitar la cancelación de las órdenes de aprehensión generaron indignación y reclamos por parte de los padres de los normalistas que consideran que con estas acciones el gobierno no busca llegar a la verdad y busca encubrir a miembros del Ejército.

López Obrador y su secretario de Gobernación, el poco ortodoxo Adán Augusto López, han tratado de matizar las nuevas revelaciones sobre la participación de las fuerzas armadas señalando que se trata de unas cuantas “manzanas podridas”, no es la institución en su conjunto. En el nuevo informe se habla de una relación de complicidad abierta entre los miembros de las fuerzas armadas y los grupos del crimen organizado, lo cual por lo menos ameritaría una investigación más profunda.

Todas estas revelaciones se dan en medio de un ambiente crispado por el intenso debate en el poder legislativo sobre si se debe militarizar la seguridad pública en el país. Posiblemente por conveniencia o por evitar mayores problemas con el Ejercito el presidente ha preferido enterrar la “nueva verdad histórica”.

Lo que el presidente parece desconocer es que este episodio en particular puede dañar gravemente la confianza en el Ejército, pero lo más grave es que la posibilidad de hacer justicia para los 43 se encuentra muy lejos, esto también debe de llevar a las fuerzas políticas a analizar con mayor profundidad si se puede confiar la seguridad pública en las fuerzas armadas, por lo pronto López Obrador tendrá que cargar con el peso de lo que hizo y dejó de hacer en este caso.