OPINIÓN
Una propuesta para el IPEJAL, del experto Pedro Villegas: Excluir a funcionarios y dividir cuentas de burócratas y maestros
Por Mario Ávila //
Un modelo de pensiones que se rija por los principios de universalidad, de solidaridad y que sea intergeneracional, como el que opera en el IPEJAL, es el correcto en opinión del abogado laboralista Pedro Sebaste Villegas Rojas, director del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), quien a la vez planteó que para sacarlo de la crisis, se debe excluir a los funcionarios públicos que se jubilan con altos sueldos, es decir, en su opinión debería operar solo para los trabajadores de los servicios públicos, o bien estipular un tope máximo no mayor a 10 salarios mínimos.
Detalló que los funcionarios de mandos medios y la alta burocracia, como jueces, diputados, regidores o integrantes del gabinete, tendrían la posibilidad de contratar otro tipo de instrumentos financieros para velar por su futuro, dados los altos sueldos que perciben, para no sangrar las arcas del Instituto de Pensiones del Estado y con ello se puedan sanear sus finanzas y garantizar las pensiones actuales y futuras de los trabajadores de los servicios públicos.
Pedro Villegas, abogado, capacitador y experto en formación sindical, sin conocer a detalle el contenido de los estudios actuariales que le conceden vida útil al IPEJAL solo hasta el 2027, pero conocedor de la problemática nacional que ha permeado en la materia en las últimas décadas, se aventuró a comentar que una solución estaría también, en el hecho de dividir las cuentas con las que se pensionan los trabajadores en general y los maestros de la sección 47 del SNTE.
Explicó que este problema lo vivió de cerca en el caso de Nayarit, en donde los servidores públicos pidieron que se manejaran los recursos por separado y lo que está ocurriendo es que el dinero de la partida de los maestros está prácticamente agotada y se avecina un dilema grave, a causa de que los maestros no tenían tope en sus pensiones y además por costumbre, a cada maestro a punto de jubilarse se le beneficiaba aumentándole un nivel para que obtuviera una pensión mayor a lo que había aportado en su vida laboral.
El tema lo abordó para los lectores del semanario Conciencia Pública, el licenciado Pedro Sebaste Villegas Rojas, asesor de la Federación de Sindicatos de trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales Municipales e Instituciones Descentralizadas de los Estados Unidos Mexicanos (FESTEM), dado su amplio conocimiento en la materia y su amplia visión de lo que ocurre con el gremio en todo el territorio nacional.
Recordar que los poderes Ejecutivo y Legislativo han convocado a los trabajadores, a ser ellos los que tomen la decisión de dar su opinión para enmendar la ley del Instituto de Pensiones del Estado, ya que según los estudios actuariales, la expectativa de muerte del IPEJAL ocurriría en el 2027 o bien en el 2033 si funcionan las estrategias que se han implementado a raíz de la reformas a la ley, en el año anterior, con lo que se incrementaría en casi 40 mil nuevos trabajadores afiliados y se bajan las pensiones a un topo máximo de 105 mil pesos.
Sin embargo, esta invitación a reformar la ley del IPEJAL, se da en tiempos convulsos en los que después de un año como representante mayoritario de los trabajadores en el Consejo de Administración, destituyen a Juan José Hernández, secretario general del sindicato de los Hospitales Civiles y líder de la FESIJAL y le conceden el asiento a José Miguel Leonardo Cisneros, dirigente de la SAFE, tras de afiliar a 16 mil trabajadores del sistema de salud federal, que trabajan en Jalisco, pero son pagados con recursos federales y no cotizan en el IPEJAL.
Además, la propuesta de reforma se da también en el momento más álgido en la disputa que sostienen el líder moral de la UdeG, Raúl Padilla López y el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, a raíz de que en el presupuesto 2021 se reorientaron 140 millones de pesos que estaban etiquetados para el Museo de Ciencias Ambientales y se reasignaron a la construcción del Hospital Civil de Oriente, en Tonalá.
CRECER LA COTIZACIÓN Y AUMENTAR LA EDAD, ES LA CONSTANTE EN EL PAÍS
No solamente el estado de Jalisco está en problemas para pagar las pensiones, hay otros estados que si bien han visto problemas, no han dejado de cumplir con esa obligación, expuso abogado Pedro Villegas, quien además planteó: “Yo me atrevería a decir que en todos los estados que han tenido problemas su sistema de pensiones, ha prevalecido el concepto de la corrupción, en todos y ese ha sido el motivo por el cual todos los sistemas han estado reformándose y todos en el mismo sentido, intentan modificar aumentando un porcentaje mayor de cotización e incrementar la edad para adquirir el derecho a la jubilación”.
Muy pocos estados -dijo-, han hecho reformas que han ayudado a que a los trabajadores no le vaya tan mal, uno de ellos Veracruz que se reformó, pero no con el estándar de las modificaciones que todo mundo quiere hacer en los diferentes estados, la edad y las aportaciones. Incluso el tema común, que las administren los bancos, a través de las famosas afores. En Veracruz hasta donde yo tengo información la cosa fue diferente, se refirma la ley, pero no en ese mismo esquema, por eso se convirtió en una situación inusual, saliéndose del esquema de las reformas tradicionales, tomando en cuenta el sentir de las organizaciones sindicalistas, al grado de que encontraron un modelo distinto en donde hay aportaciones, pero no sangran la economía y los salarios de los trabajadores.
Esa ha sido la constante en todos lados -abundó-, ahora habría que decirte que hay estados que aportan por sus trabajadores, es decir no le piden ni un peso a los trabajadores, no hay ningún descuento en su salario, sino que el estado se encarga de soportar la erogación. Y por cierto esos son también las entidades en donde se ha estado queriendo reformar el tema de las pensiones, para que ahora los trabajadores aporten. Yo recuerdo entre ellos al estado de Morelos y Querétaro. Todos se están reformando en ese mismo sentido, por eso el rechazo a esas reformas de las organizaciones de los trabajadores.
LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS CUENTAS
Sobre la posibilidad de emigrar hacia la individualización de las cuentas, Villegas Rojas planteó drásticamente que esta situación sería negativa, “primero, no hay garantía de que un banco, que eso son las administradoras de los fondos para el retiro, te administre adecuadamente tus fondos; hay que recordar que ese esquema es el que se adoptó en Chile, donde se dieron cuenta que al final era un procedimiento que iba en detrimento de los trabajadores, porque la banca no garantiza que vayas a recibir una buena pensión, en virtud de que lo que la banca hace es especular con tu dinero, lo invierte, la banca no tiene dinero en el colchón, la banca lo circula, lo invierte en capital de riesgo.
LA AUSENCIA DE “CANDADOS” PROPICIA ABUSOS Y CRISIS
El modelo solidario del Ipejal, en el que todos aportan para la pensión de todos, es el correcto, en opinión de Pedro Villegas, quien plantea que debe haber un principio de universalidad, de solidaridad e intergeneracional, “ese espíritu lo tenían la Ley del IMSS y la Ley del ISSSTE, todavía antes del 2007; el problema es que en la mayoría de las leyes de pensiones en los estados, no hay ‘candados’, precisamente para establecer hasta qué rangos de salarios son los que se aportan.
“Por ejemplo, el ISSSTE está topando las cotizaciones hasta los 10 salarios, ahora 10 unidades de medida y actualización, hoy difícilmente los trabajadores ganan más de 10 veces el salario mínimo, es decir más de 27 mil pesos mensuales, los que ganan más que eso son funcionarios, son mandos medios y a ellos los topan con esa cantidad. Ese es el problema que yo observo en las leyes de los estados en materia de pensiones, hay una indiscriminación, a eso se le llama ‘pensiones doradas’ y efectivamente ingresa un funcionario y cotiza un año y salen con pensiones enormes. Yo creo que ahí es donde sí se necesita una verdadera reforma, en donde se impongan candados y se establezcan límites, no pensando en el común de los trabajadores, sino en funcionarios de otro nivel.
“Por ejemplo, yo recuerdo en el estado de Morelos hace unos cinco años, se empezó a discutir ese esquema y los primeros que se opusieron fueron los diputados, obvio, no les convenía eso. En síntesis, lo justo sería que el Instituto de Pensiones sea solo para los trabajadores o bien para los funcionarios que quieran aportar, a sabiendas que al momento de retirarse no pueden rebasar determinada cantidad. La idea es establecer un tope máximo en las pensiones, así es, porque estamos hablando de pensiones para los trabajadores.
“Con este esquema incluso hablándote de la experiencia del ISSTE, los que salen afectados son los científicos, los médicos, los investigadores, ya que en la mañana hacen investigadores y en la tarde son docentes y si juntan los dos salarios ganan arriba de 50 mil pesos y los compañeros salen afectados porque el tope máximo de las pensiones son de 27 mil pesos, ya no los 50 que aportaron, es un descontento con los compañeros, pero son los menos, el grueso de la clase trabajadora gana menos de 27 mil pesos”, aseguró el experto en sindicalismo.
EL DINERO DE LOS TRABAJADORES SE LO SIGUE LLEVANDO EL DIABLO
“El dinero se lo llevó el diablo”. Con esa frase, el abogado laboralista, Pedro Villegas, recuerda al líder de la CTM, Fidel Velázquez, en el caso del dinero ahorrado por los trabajadores, en particular para la subcuenta de vivienda que se depositaba en el Infonavit “y fue lo que dijo cuando se le preguntó de las aportaciones al Infonavit de los trabajadores que no tenían necesidad de adquirir un crédito, eso se acumulaba y eso al final de tu vida laboral, cuando tú te retirabas, te lo tenían que regresar.
“Cuando se le preguntó que pasa con esas aportaciones dijo que ese dinero se lo había llevado el diablo; ahora hay una disposición legal para regresarlas, antes había mucha discrecionalidad para cumplir o no con esa obligación, si querían te la regresaban y si no, tenías que pelearla a través de un juicio. Y entonces cuando le preguntaron qué pasaba con ese dinero que estaba acumulado, fue cuando dijo que se lo llevó al diablo, fue prácticamente como decir: Yo no lo sé, eso se despareció. Él se lavó las manos, porque eran parte los sindicatos de esa conformación tripartita del Infonavit. Y a raíz de esa situación, se implementó el famoso sistema de ahorro para el retiro”, según recuerda Pedro Villegas.
Y el dinero de los trabajadores se lo sigue llevando el diablo. Villegas Rojas asegura que un elemento fundamental para evitar la quiebra de los sistemas de pensiones, es ponerle fin a la corrupción, “eso es vital, porque este tema ha acabado no solamente con las finanzas de los órganos de pensiones, sino con muchas otras cosas en detrimento de los trabajadores, como los institutos de seguridad social, de vivienda, de salud, con fideicomisos y con cualquier cosa ha acabado el tema de la corrupción; el problema es que no se castiga a quien incurre en ese tipo de anomalías. Y por desgracia mientras haya ahí el colchón y esté disponible la cuenta, todos los funcionarios se imaginan cosas con ese dinero, agarran de ahí y el problema es que cuando ya no hay, los culpables son los trabajadores y a ellos son a los que debemos ajustarle el salario, ajustarle las aportaciones y extenderle el tiempo para que se jubilen, para que el dinero rinda”.
DE NADA SIRVE EL TOPE DE LOS 105 MIL PESOS
Cuestionado si sirve de algo a la salud financiera del IPEJAL el acabado con las pensiones VIP y haber impuesto un tope máximo de 105 mil pesos, Pedro Sebaste Villegas Rojas, director del Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), expuso que en su opinión, “esa cifra es abismal, no hay un trabajador que gane 105 mil pesos, se ganan entre 5 y 6 salarios mínimos, no se rebasa los 10 en el caso del trabajador de a pie, el que hace la talacha, esa es una realidad; ya los funcionarios medios y altos se llevan lo que se les da la gana.
“En esa lógica, el IPEJAL tendría que ser el órgano de pensiones solo para los trabajadores de los servicios públicos, no para los funcionarios, ahí está la clave; además, habrá que dividir las cuentas, porque Jalisco debe de tomar en cuenta lo qué pasó en el estado de Nayarit, los burócratas y los maestros estaban juntos, por excelencia, aunque la mayoría de los maestros tienen salarios buenos, por arriba de la media y lo que ocurrió fue que la organización de los trabajadores de los servicios públicos propició que se hicieran dos cuentas, una para pensionar a los trabajadores y otra para los maestros. Y el fondo de los maestros se acabó, los maestros ahorita ya tienen muchas dificultades, se lo acabaron ellos, porque cuando se iban no solamente les promediaban el salario que percibían en el último año, sino que ellos por costumbre se aumentaban un nivel más y entonces se iban con un salario mayor que no percibían y sobre el que no habían cotizado. Y ellos mismo se acabaron el recurso”, planteó el entrevistado.
Finalmente, a la pregunta de cuál sería el modelo óptimo de pensiones, que beneficie a los trabajadores y no a quienes administran los fondos, Pedro Sebaste Villegas Rojas, expuso: “Yo me quedaría con el esquema de un modelo cuyo principio se basa en la universalidad, todos tenemos derecho a la pensión jubilatoria; la solidaridad, que lo que se aporte sea para la jubilación del otro compañero y el principio intergeneracional, que los que en el futuro ingresen sean los que financien la pensión de los actuales trabajadores. Es decir, un modelo intergeneracional y solidario es el que debe de prevalecer.
“Lamentablemente se ha roto con eso porque todo lo que se hubiese logrado en base a las aportaciones de los trabajadores, todo lo que vinieron acumulando desde hace mucho tiempo, alguien lo agarró y entonces ya en lugar de financiar a los futuros trabajadores, dicen que son pérdidas, porque ese dinero ya no se encuentra. Un ejemplo de ello ustedes lo tienen ahí en Jalisco, las inversiones que se hicieron, fueron inversiones que no cuajaron, ese dinero se perdió, ese era dinero de los trabajadores. Entonces uno no puede pensar que ese dinero servirá para amortizar a la próxima generación, porque ya no hay. Ese es el verdadero problema de las pensiones, la corrupción y la impunidad”.
– Opinión, por Luis Manuel Robles Naya
Es una decisión ya tomada; la reforma electoral va, con todo el poder del gobierno, impulsándola a través de una comisión integrada por funcionarios públicos en su totalidad.
No es extraño que venga una revisión de las reglas y normas electorales después de procesos importantes como la elección presidencial y la del Poder Judicial, lo que llama la atención es que la iniciativa provenga de quien ganó, de quien utilizó y abusó del sistema electoral para llegar al poder y construir una artificial mayoría que hoy quieren hacer valer como legítima.
Por regla general, es la oposición la que busca generar condiciones más favorables en la competencia electoral para mejorar su posición en el tablero político, pero ahora, sorprendentemente, es el gobierno con sus estructuras quien la promueve, aduciendo que quiere hacer más justas y menos onerosas tanto las elecciones como la participación de los partidos, cuando a todas luces busca más ventajas para perpetuarse en el poder.
La iniciativa presidencial nace con la semilla de la sospecha y, si acatamos el dicho popular, piensa mal y acertarás; parece que la oposición y conocedores van por buen camino, si nos atenemos a los dichos y declaraciones del nombrado presidente de la comisión, Pablo Gómez, que a voz en cuello ha proclamado que harán valer su mayoría.
Esa aseveración suena a una abierta amenaza a las minorías y en la actitud de Gómez se percibe un tufo dogmático que suena más a consolidación de una hegemonía que a la configuración de un sistema democrático que permita la competencia equitativa y justa entre todos los participantes de las lides democráticas.
Oficialmente, la comisión ha señalado que la consulta tiene por objeto abordar 14 temas, como el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, el sistema de votación incluyendo urnas electrónicas, la representación proporcional, la difusión de ideas y propaganda gubernamental, la revocación de mandato y libertades políticas, entre otros.
El sospechosísimo, que es solo especulativo, pues aún no hay nada escrito ni formalizado, nos lleva a pensar que, en el primero de estos temas, el financiamiento y fiscalización de partidos y campañas, tratarán de hacer legales los carruseles de depósitos y retiros que tan bien operó el que fuera secretario particular de AMLO, al igual que los sobres amarillos, los descuentos laborales para la causa y las donaciones anónimas.
En el sistema de votación tendrán que hacer milagros para que votar sea un ejercicio accesible para millones de mexicanos pues la tendencia a hacer coincidentes elecciones federales con locales y encima la elección judicial llevándose a cabo en la misma fecha, hará de los centros de votación núcleos de confusión.
En el tema de la difusión de ideas y propaganda gubernamental y de partidos tal vez pretendan que en la plataforma informativa de presidencia sea legal incluir propaganda a favor del partido gobernante y que la presidente pueda denostar, descalificar, condenar a opositores y revelar cuentas y datos personales como lo hizo impunemente AMLO cada que pudo y quiso.
Un capítulo importante será el de los organismos electorales, en el que se ha dicho que pretenden que los consejeros del INE, a los cuales les cambiarían el nombre, sean elegidos por votación popular, es decir, por la mayoría que harán valer (Pablo Gómez dixit), terminando de cooptar al organismo antes independiente. Los tribunales electorales, sus magistrados, ya son por elección con lo cual la justicia electoral ahora estará en manos de la nueva mayoría.
Otra joya no menos reluciente, o más todavía, será la representación de las minorías que ahora, según ha trascendido, no serán electas por listas propuestas por los partidos, sino que las posiciones, sean 300 o menos como pretenden, se adjudiquen a la primera minoría resultante de cada elección.
Esto quiere decir que donde ganen por mayoría no tendrán problema, pero donde pierdan serán la primera opción para representación proporcional y así, entre ganadores y perdedores, ganar una sobrerrepresentación sin tener que recurrir a dictámenes amañados o malabares de leguleyo para obtener mayorías dominantes en el poder legislativo.
En fin, a la fecha todo es especulación, pero se le miran los dientes al lobo tras la piel de oveja de una reforma anunciada con buenas intenciones, pero repleta de manzanas envenenadas. La última palabra la tendrá el Congreso, según afirmó Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, pero sabemos que a nuestros ilustres diputados les gusta el trámite rápido y no se distinguen por su capacidad de análisis o de lectura, de comprensión.
La reforma va y solo esperamos que dejen el voto libre y la participación ciudadana en el conteo como remota garantía de que el voto será respetado, y que tengan cuidado con sus criterios de austeridad, porque la futura elección puede convertirse en el más pavoroso desorden que se haya conocido.
– Opinión, por Iván Arrazola
El informe sobre pobreza multidimensional elaborado por el INEGI ha generado un intenso debate en la opinión pública. Este tipo de pobreza no se mide únicamente por el nivel de ingresos, sino que considera múltiples carencias que afectan la calidad de vida de las personas, como el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos.
Desde esta perspectiva integral, que permite dimensionar la pobreza más allá de lo económico, los resultados muestran que alrededor de 13 millones de mexicanos dejaron atrás esta condición en los últimos seis años, una cifra que merece análisis detenido.
Este resultado se atribuye al aumento sostenido del salario mínimo, a las remesas y al fortalecimiento de programas sociales. Sin embargo, hay un factor menos mencionado y no menos decisivo: la dimensión política. Desde que la llamada Cuarta Transformación llegó al poder, se tomaron decisiones estratégicas que modificaron el diseño y la operación de las políticas sociales en México.
Una de las más relevantes fue la incorporación de los programas sociales a la Constitución, lo que los blindó frente a posibles cambios de gobierno y aseguró su permanencia como derecho exigible. Este movimiento no solo implicó una apuesta de largo alcance, sino que también obligó a las fuerzas políticas opositoras a respaldar la reforma, otorgándole un consenso inusual en la historia reciente del país.
El impacto político de esta decisión se tradujo en programas de alto alcance y visibilidad, como Jóvenes Construyendo el Futuro, diseñado para brindar a los jóvenes la oportunidad de aprender un oficio, o la duplicación de la pensión universal para adultos mayores, que se convirtió en el programa estrella del sexenio.
La masificación de estos apoyos, junto con el discurso que los acompañó, generó una narrativa de justicia social que caló en sectores históricamente desfavorecidos. No obstante, este despliegue requirió recortes significativos bajo el principio de austeridad republicana, el rediseño institucional que llevó a la desaparición de organismos y nuevas disposiciones como la limitación de los salarios de funcionarios públicos.
La política también explica por qué, a pesar de los avances estadísticos, persisten rezagos estructurales. El informe del INEGI revela que, aunque se redujo la pobreza extrema a siete millones de personas, el 48.2 % de la población sigue sin acceso a seguridad social, el 34.25 % carece de servicios de salud y el rezago educativo alcanza al 18.6 %.
Estos datos muestran que las transferencias directas son una herramienta eficaz para aliviar carencias inmediatas, pero no sustituyen la necesidad de fortalecer servicios públicos de calidad.
El factor político también se refleja en la facilidad con la que el gobierno ha operado cambios profundos sin enfrentar un costo elevado. Con mayorías legislativas que permitieron aprobar presupuestos y reformas sin necesidad de negociar con la oposición, el Ejecutivo logró avanzar en su proyecto prácticamente sin contrapesos. Esta ausencia de rendición de cuentas ha significado que incluso decisiones cuestionadas, como el cierre de estancias infantiles o los recortes a instituciones, no hayan representado un desgaste significativo para el oficialismo.
El caso de la educación resulta ilustrativo: mientras el rezago educativo a nivel nacional alcanza al 18 % de los niños en edad escolar, en comunidades indígenas la cifra es más dramática, con cuatro de cada diez menores fuera de la escuela. Pese a ello, la narrativa oficial ha centrado la atención en el número de personas que superaron la pobreza multidimensional, construyendo un relato que coloca al gobierno como el artífice de una hazaña histórica.
Sin embargo, este logro tiene matices. El informe advierte que los programas sociales no llegan con la misma intensidad a todas las regiones del país y que los estados del sur siguen registrando índices de pobreza superiores al 50 %. Ello sugiere que, si bien los apoyos generan un alivio inmediato, no siempre atacan de raíz las desigualdades estructurales ni garantizan la igualdad de oportunidades en el largo plazo.
La reducción de la pobreza multidimensional, celebrada como una de las mayores victorias del régimen, debe entenderse entonces como el resultado no solo de factores económicos y sociales, sino también, y de manera decisiva, de factores políticos.
No obstante, este avance también evidencia los riesgos de un modelo basado en transferencias económicas directas, sin un fortalecimiento paralelo de los servicios públicos y sin contrapesos institucionales que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
Los resultados del informe sobre pobreza multidimensional muestran un logro significativo, pero también plantean preguntas de fondo: ¿es sostenible este modelo de política social en el tiempo?, ¿podrá el país reducir la pobreza sin comprometer la calidad institucional y los derechos ciudadanos? La respuesta dependerá de si México logra equilibrar la eficacia política de las transferencias con la construcción de un sistema robusto de servicios y garantías sociales que trasciendan coyunturas y administraciones.
– A título personal, por Armando Morquecho Camacho
El 1 de septiembre marcará un momento histórico para México. Por primera vez, jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrarán en funciones tras haber sido electos mediante voto popular.
No se trata solo de un cambio en la forma de llegar a estos cargos, sino de un giro profundo en el que la legitimidad social y la relación con la ciudadanía pasan a jugar un papel tan visible como el conocimiento técnico y la trayectoria profesionales.
Hasta ahora, los jueces y magistrados ascendían a la carrera judicial mediante exámenes y concursos de oposición. Este modelo privilegiaba la formación académica, la experiencia en tribunales y el mérito profesional. Los ministros, por su parte, eran propuestos por el Ejecutivo y avalados por el Senado, con lo que cada nombramiento implicaba negociaciones políticas y acuerdos legislativos.
Sin embargo, incluso en el ámbito de la carrera judicial, las asignaciones a estados o circuitos no estaban exentas de influencias internas: el Consejo de la Judicatura y las dinámicas internas del Poder Judicial determinaban en muchos casos los destinos de quienes habían aprobado los exámenes. Este equilibrio entre mérito técnico y realidades institucionales definía hasta ahora el acceso y la carrera dentro del Poder Judicial.
El cambio que inicia este septiembre es profundo. La elección popular introduce un vínculo directo entre ciudadanía y justicia. Los jueces y ministros que asumen su cargo ya no son únicamente expertos reconocidos por sus colegas; son personas elegidas por votación, con una legitimidad social explícita.
Esto implica responsabilidades adicionales: deberán responder a la sociedad que los eligió, sin sacrificar la imparcialidad ni la técnica jurídica que exige su función. La legitimidad democrática y la independencia judicial ahora deberán coexistir de manera armoniosa, y será interesante observar cómo se logra este equilibrio en los próximos años.
La historia ofrece paralelismos útiles para entender este cambio. Durante la Revolución Francesa, la justicia dejó de ser un privilegio exclusivo del monarca y de la nobleza. Se instituyó para que ciertos jueces, como los jueces de paz, fueran elegidos por asambleas locales. La intención era acercar la justicia al pueblo y garantizar que los magistrados respondieran a las necesidades de las comunidades, sin perder el rigor técnico ni la formación profesional.
México enfrenta un desafío similar: combinar la legitimidad democrática con la imparcialidad y el conocimiento profundo de la ley. La experiencia francesa muestra que la elección popular puede fortalecer la confianza ciudadana, siempre que existan mecanismos claros para preservar la independencia del juez.
De esta manera, la entrada en funciones de estos jueces, magistrados y ministros tiene como principal tarea modificar la percepción que la sociedad tiene del Poder Judicial. Durante décadas, los tribunales se percibieron como espacios lejanos, inaccesibles y opacos.
El lenguaje técnico, los procedimientos largos y la distancia con la ciudadanía reforzaban la idea de un poder aislado. Ahora, la elección popular obliga a que los juzgadores sean comprensibles, transparentes y responsables frente a quienes los eligieron. La justicia deja de ser un mecanismo abstracto para convertirse en un instrumento que debe conectar con la vida cotidiana de la gente.
No obstante, la elección no reemplaza los retos estructurales del sistema judicial. La carga de trabajo, la lentitud de procesos, la infraestructura limitada y los recursos escasos siguen siendo problemas que afectan la eficiencia y la percepción de justicia.
Lo que cambia es el vínculo simbólico: los jueces ya no solo son figuras técnicas, sino representantes de la voluntad ciudadana en la toma de decisiones judiciales. Esa cercanía puede fortalecer la confianza, siempre que se mantenga la disciplina y la autonomía profesional que exige la ley.
El reto para esta generación es doble. Deben mostrar independencia y conocimiento, pero también construir puentes de confianza con la ciudadanía. Las expectativas populares son altas y, al mismo tiempo, la función judicial exige prudencia, análisis profundo y apego estricto a la ley.
Esta tensión será uno de los factores definitorios del éxito del modelo. La legitimidad democrática no puede debilitar la imparcialidad; al contrario, debe fortalecerla al demostrar que un juez electo puede decidir con justicia y rigor.
El 1 de septiembre no marca simplemente un relevo de cargos: inaugura un laboratorio institucional en el que la democracia y la justicia deberán coexistir. Los nuevos jueces, magistrados y ministros comenzarán a escribir la historia de una etapa en la que la balanza judicial se conecta con la voluntad ciudadana. La ciudadanía, por su parte, tendrá la oportunidad de evaluar cómo esta relación influye en la eficiencia, la transparencia y la confianza en la justicia. Este ejercicio será clave para consolidar un sistema judicial más cercano, legítimo y comprensible.
El futuro de esta reforma depende de la capacidad de los jueces para equilibrar la legitimidad social con la técnica profesional y del acompañamiento crítico de la ciudadanía. La justicia electa, al final, será tan fuerte y confiable como lo sea la sociedad que la observa, la exige y la respalda.
En definitiva, el 1 de septiembre inaugura una era inédita para México: un Poder Judicial que no solo ejerce la ley, sino que también nace del voto ciudadano. La toga, refrendada por la sociedad, tiene ahora la oportunidad de simbolizar una justicia más cercana, más humana y democrática.
Su éxito dependerá de la capacidad de quienes asumen estos cargos para equilibrar técnica, independencia y legitimidad social, y de la sociedad para acompañar con criterio y vigilancia este experimento sin precedentes.
La reforma electoral
La política detrás de la pobreza
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Entre la tiranía y el desprecio; Trump contra todos, la peligrosa ruta del mandatario
