Estrictamente personal, por Armando Morquecho Camacho //

Parte importante de la popularidad o bien, de la fortaleza discursiva de esta administración radica mayormente en las ambiciosas reformas constitucionales que fueron prometidas para la transformación de México, estas son: la reforma eléctrica, la reforma militar, y por último, la reforma electoral o política como algunos analistas la llaman.

En lo que respecta a las primeras dos mencionadas, ya sabemos cómo terminó la historia. Sin embargo, en cuanto a la reforma electoral, la historia aún no está escrita, y la batalla por mantener el orden político, democrático y electoral que ha dado legitimidad a nuestro sistema tampoco ha comenzado, aunque los protagonistas de esta batalla ya comenzaron con el calentamiento.

Pero ¿qué busca Morena con esta reforma electoral?

De entrada, el principal argumento para impulsar esta reforma es la instauración de una democracia limpia y en la que nunca más haya fraudes (nunca se ha comprobado uno) y para esto, la reforma contempla que el Instituto Nacional Electoral, se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual sería la única autoridad administrativa electoral del país, razón por la cual serían eliminados los Órganos Públicos Locales Electorales, que actualmente organizan una parte de las elecciones a nivel estatal, tal y como es el IEPC.

Aunado a esto, con el objetivo de contar con una democracia menos costosa y más ‘’representativa’’ la iniciativa busca que haya menos diputados locales y federales, y menos senadores. Asimismo, también se propone disminuir el número de consejeros y de las magistraturas de la Primera Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, figuras que ahora pasarían a ser cargos de elección popular.

En lo que respecta a los partidos políticos, también se propone eliminar el financiamiento público de estos, limitandolo únicamente a los tiempos electorales, mientras que en tiempos no electorales, los partidos políticos deberán rascarse con sus propias manos para obtener recursos para pagar salarios o financiar actividades partidistas, ya sea con las cuotas de la militancia o con donaciones de otro tipo.

En cuanto a la representación política, como ya se mencionó, la reforma pretende un recorte al número de diputados de 500 a 300 asientos, y de senadores de 128 a 96 asientes, y al mismo tiempo propone que sea la representación proporcional el único mecanismo de integración, eliminando también los distritos electorales de las 5 circunscripciones, para sustituirlos por 32 circunscripciones, lo que obligaría a los partidos a presentar listas de representantes por cada entidad.

Situación a la que debemos prestar mucha atención, ya que la idea de que la ciudadanía comience a votar por listas de partidos y no por candidatos en particular, primero impediría al ciudadano a elegir al candidato más preparado, y segundo, dinamitaría totalmente la idea de representatitivdad que debe emanar del Poder Legislativo, y que debe de unir al legislador, con el ciudadano.

Dicho lo anterior, para concluir con la columna de esta semana, me gustaría puntualizar en algunos aspectos:

En primer lugar, decir si esta reforma, o en general, cualquier reforma es positiva o disruptiva realmente es un debate estéril, ya que la única manera de conocer las ventajas y desventajas de algún proyecto, es echándolo andar, y por otro lado, asegurar que cualquier cambio constitucional es dañino para México, es una afirmación que debemos leer con mucho cuidado y que la oposición por otro lado, debería hacer con aun más precaución, ya que la Constitución de nuestro país es la más reformada del mundo, pero esto no es así a partir de esta administración, sino que es un dato que se ha estado gestando desde tiempo atrás.

Y es que tan solo de 1917 a la fecha, nuestra constitución ha sido reformada poco más de 700 ocasiones, lo cual pone a nuestra Carta Magna muy por delante de documentos constitucionales como la de Estados Unidos que de 1787 a la fecha solo ha tenido 27 enmiendas, o bien, la española de 1978 que ha sido reformada solamente en 3 ocasiones, situación que demuestra que en México, alterar el orden constitucional es un deporte nacional.

En segundo lugar, también es necesario tener muy presente que el hecho de que nuestro sistema electoral vigente sea estable, no significa que este no pueda mejorar o bien, que no sea susceptible de ser perfeccionado, ya que no se necesita ser militante de algún partido en concreto para reconocer que nuestro sistema puede tener algunas fallas, tal y como estoy seguro que sucede en muchas partes del mundo, algunas en las que por cierto anhelan un sistema como el nuestro.

Pero al margen de lo anterior, tampoco podemos perder de vista que hablar de una democracia menos costosa, con partidos menos costosos y con elecciones menos costosas, es un arma de doble filo, ya que si bien es cierto parte del desprestigio de los partidos radica en el costo tan grande que tiene su financiamiento, debemos recordar que en gran parte, ese financiamiento proveniente de nuestros impuestos es el que garantiza tener elecciones transparentes y sin la participación de agentes fácticos de poder como sucede en Estados Unidos, donde los candidatos son financiados por organizaciones y/o empresas que prácticamente les pagan por defender su agenda en el Senado o en la Cámara de Representantes.

Mientras que en lo que respecta a las autoridades electorales electas a través del voto popular, si bien es cierto que la solución siempre será más democracia y no menos, existen espacios cuya imparcialidad es fundamental a la hora de garantizar la legitimidad de nuestra democracia, por lo poner a votación estos cargos puede comprometer un aspecto tan valioso para la democracia como lo es la neutralidad.

Y en cuanto a la desaparición como tal de los plurinominales, debemos ser muy puntuales, ya que esta medida sería un retroceso, no solo porque los plurinominales son la materialización de la lucha que la oposición emprendió por años, sino también porque en cierta medida, esta medida implica que las minorías podrían carecer de voces y de representación dentro del Poder Legislativo.

Pero mucho ojo, por más alarmantes que estos puntos puedan parecer, esto no implica que esta propuesta se deba desechar a la primera, nuestro sistema electoral puede y debe ser perfeccionado de tal forma que se adecue a los cambios sociales. Sin embargo, las condiciones políticas del país se prestan para que el legislativo exhiba sus defectos, entre los que se encuentran la falta de diálogo y la poca capacidad de construir consenos.

Así que hoy por hoy, no queda más que esperar a ver en qué aterriza esta acalorada discusión.